Ana Lilia Vazquez Garcia
Expediente 513/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 513/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/05/2019
Partes del expediente
- Ana Lilia Vazquez Garcia
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en Chilpancingo, por medio del cual comunica el contenido del acuerdo de nueve de mayo del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo 552/2019 de su índice, a través del cual acusa recibo del oficio con el que le fue remitido el referido expediente e informa que no insiste en declinar la competencia planteada y admite a trámite la demanda de amparo promovida; atento a lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese este cuaderno de antecedentes como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en los puntos Segundo, fracción XX y Vigésimo, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de que este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo de que se trata, por tanto, procédase a su destrucción una vez que haya transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el primer párrafo del punto Vigésimo del Acuerdo General invocado. Finalmente, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente de que se trate. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, feneció sin que a la fecha haya desahogado el requerimiento de mérito. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado al respecto y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del presente auto y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, situación que prevalecerá hasta en tanto señale domicilio en esta Ciudad para ese efecto. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista
- Principal
Ciudad de México, quince de mayo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta procedente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 46/2019 librado por este juzgado a efecto de notificar a ************** el proveído de seis de mayo de dos mil diecinueve dictado en este expediente; y atento a su solicitud acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones pertinentes y dese de baja el exhorto de mérito. Ahora bien, vista la certificación de cuenta y las actuaciones del exhorto, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de tres días otorgado a la quejosa en el juicio de amparo en que se actúa, para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México; en consecuencia, una vez que fenezca el término correspondiente se proveerá lo conducente. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo Por oficio
- Principal
Ciudad de México, seis de mayo de dos mil diecinueve. Registro Téngase por recibido el oficio de cuenta al que se anexan los autos originales del juicio de amparo 552/2019 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho y en representación de su menor hija **********, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) y otra autoridad, por considerar que el conocimiento del mismo corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en virtud de las consideraciones que vierte dicho órgano jurisdiccional. Fórmense el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Asimismo, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con los siguientes datos: REGISTRO OCC EXPEDIENTE NEUN PARTE QUEJOSA 010954/2019 513/2019 24874100 **********, por su propio derecho y en representación de su menor hija **********. Autorizados en términos amplios, para oír y recibir notificaciones, así como para la utilización de medios electrónicos en la consulta del expediente De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en términos amplios de la parte quejosa a los siguientes profesionistas: Profesionista 1. ********** Dicha autorización se entiende para efectos de llevar a cabo todos los actos en juicio que correspondan a la parte quejosa, consistentes en interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas e, incluso, desistirse de ellas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, sin incluir aquéllos que impliquen disposición del derecho en litigio y los reservados a la persona del interesado, como lo es la facultad para desistirse del juicio de amparo y sus recursos. Por otro lado, se autorizan en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las restantes personas que menciona, para el único efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, conforme a la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes para que se impongan de las actuaciones de este expediente con la utilización de medios electrónicos. Autoridades responsables y actos reclamados Previamente a proveer sobre la demanda, debe destacarse que es criterio reiterado del Alto Tribunal que la demanda de amparo es un todo, por lo que su estudio integral no debe limitarse únicamente al escrito de demanda, sino que debe comprender los documentos y anexos que se acompañan. En ese sentido, es obligación de los juzgadores de amparo analizar e interpretar la demanda respectiva en su integridad, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; por lo que dicha tarea incluye el análisis del ocurso inicial y de sus anexos. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tiene como autoridades responsables y acto reclamado, el siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado 1. Director General del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). 2. Director (a) de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). El oficio ********** de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la encargada del despacho de la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que contiene la negativa de otorgar el pago porcentual del beneficio económico denominado "haber de retiro" por concepto de pensión alimenticia en favor de la menor *********. Incompetencia por territorio En primer término, debe hacerse referencia al artículo 37 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto anterior se desprenden tres reglas de competencia de los jueces de distrito en función de la posible ejecución del acto reclamado, a saber: Si el acto reclamado conlleva ejecución, esto es, debe ejecutarse, se está ejecutando, o bien, se haya ejecutado, es juez competente el que ejerza jurisdicción dentro de los límites del lugar de dicha ejecución. Si el acto reclamado conlleva ejecución y ésta tiene lugar en diferentes distritos, o bien, comenzó a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, será juez competente aquél ante quien se presente la demanda de amparo; y, Si el acto reclamado no conlleva ejecución material, será juez competente aquél ante quien se presente la demanda. En ese sentido, debe decirse que mediante Acuerdo CCNO/9/2019 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al turno de nuevos asuntos a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y en Materia civil, todos en la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de febrero de dos mil diecinueve, se asignó a este juzgado auxiliar la competencia para conocer y resolver de los juicios de amparo cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, conforme al número y cualidad de juicios especificados en el propio acuerdo Sobre el particular, el considerando quinto y los artículos 1, 2, 3 y 4 de dicho Acuerdo prevén: "QUINTO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito Auxiliares de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, tienen una doble función; como auxiliares apoyando en el dictado de sentencias a los Juzgados de Distrito de número; y como órganos jurisdiccionales ordinarios, tramitando y resolviendo asuntos de competencia específica que les ha sido asignada por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual, cuentan con una plantilla de personal amplia. En ese sentido, los referidos órganos jurisdiccionales, apoyarán a los Juzgados de Distrito en Materia Civil y en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, que cuentan con mayor número de asuntos en trámite, recibiendo un número determinado de nuevos asuntos que tramitarán y resolverán, además de dictar todas las providencias posteriores hasta su archivo definitivo; y ACUERDO Artículo 1. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil con residencia en la Ciudad de México, recibirá los asuntos de nuevo ingreso, y a partir del once de febrero de dos mil diecinueve, turnará por día los primeros ocho juicios de amparo al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, de manera indefinida y hasta que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos determine lo contrario, con el objeto de que los tramite y resuelva. Artículo 2. La Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México, recibirá los asuntos de nuevo ingreso, y a partir del once de febrero de dos mil diecinueve, turnará por día los primeros ocho juicios de amparo al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, de manera indefinida y hasta que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos determine lo contrario, con el objeto de que los tramite y resuelva. Artículo 3. Los nuevos asuntos que se presenten en las Oficinas de Correspondencia Común aludidas, a través del sistema computarizado de recepción y distribución que se utiliza para esos efectos, serán turnados en términos de los artículos 1 y 2 del presente Acuerdo, con excepción de los asuntos relacionados en términos de lo previsto en el artículo 45, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, los cuales serán turnados al Juzgado de Distrito en la materia que corresponda y que cuente con los antecedentes. Artículo 4. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, tramitarán y resolverán los asuntos de que se trata, además dictarán todas las providencias posteriores hasta el archivo definitivo. [.]" De la transcripción anterior, se desprende la encomienda a este órgano auxiliar de apoyar a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el trámite y resolución de los juicios de amparo de su competencia, hasta su archivo definitivo. Para ello, a efecto de delimitar los asuntos que, por razón de territorio, son competencia de tales órganos, resulta indispensable hacer referencia al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, modificado mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de dos mil diecisiete. El mencionado Acuerdo, en la cuestión de interés, preceptúa: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: Distrito Federal. [.] CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: I. PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito con residencia en el Distrito Federal ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de aquél. Los Juzgados Federales Penales Especializados en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones ejercerán jurisdicción territorial, en toda la República Mexicana. De los artículos transcritos, se desprende que el territorio nacional se divide en treinta y dos circuitos, correspondiendo al entonces Distrito Federal -ahora Ciudad de México- el Primer Circuito. Asimismo, se advierte que los jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México ejercerán jurisdicción dentro de los límites comprendidos en dicho territorio. En ese sentido, de la intelección de dichos preceptos, así como de las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se afirma que los jueces de distrito con residencia en la Ciudad de México son competentes, por razón de territorio, para conocer y resolver los asuntos en los que la ejecución del acto reclamado tenga un punto de conexión dentro de la Ciudad de México, ya sea porque en dicho territorio deba ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado o haya comenzado a ejecutarse. Asimismo, siguiendo el referido numeral 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado no conlleva ejecución material alguna, serán competentes los jueces de distrito ante los que se presenta la demanda de amparo respectiva. Asimismo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 145/2015 (10ª) de la Segunda Sala, para determinar la competencia de los órganos de amparo es necesario atender a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, toda vez que este criterio es el que tomó en cuenta el legislador al delimitar la competencia de los juzgadores federales en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No se acepta la competencia planteada. Precisado lo anterior, este juzgado de distrito no acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de que se trata, atento a las siguientes consideraciones: La parte quejosa reclama el oficio **********de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la encargada del despacho de la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que contiene la negativa de otorgar el pago porcentual del beneficio económico denominado "haber de retiro" por concepto de pensión alimenticia en favor de la menor *********. En el caso, es importante señalar que Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo por los siguientes motivos: ".pone de manifiesto que de manera categórica la parte quejosa impugna la negativa de las autoridades Director General y Directora de Prestaciones Económicas, ambos del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), residentes en la ciudad de México, de realizar el descuento del 25% (veinticinco por ciento), sobre el monto del ingreso que recibe **********, por concepto de haber de retiro, en virtud de haber pertenecido al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, derivada de la petición realizada mediante escrito de seis de diciembre de dos mil dieciocho. De lo que se obtiene que la tramitación del descuento del porcentaje por concepto de haber de retiro, debe continuarse ante la Directora de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), residente en la ciudad de México, pues es la autoridad a la que le corresponde la continuación del trámite de dicho descuento, cuya jurisdicción corresponde al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en Turno, con residencia en la Ciudad de México, en términos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno de la Judicatura Federal. En esa tesitura, se concluye que el competente para conocer del presente asunto, promovido por **********, por propio derecho y en representación de su menor hija **********, es el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en Turno, con residencia en la Ciudad de México, pues si bien el acto reclamado en esta vía constitucional es de carácter negativo, también lo es que, tiene efectos positivos, dado que, al haber negado la autoridad responsable a realizar el descuento del 25% (veinticinco por ciento), sobre el monto del ingreso que recibe **********, por concepto de haber de retiro, en virtud de haber pertenecido al Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, derivada de la petición realizada mediante escrito de seis de diciembre de dos mil dieciocho, trae como consecuencia que el proceso de otorgamiento continúe, precisamente ante la responsable, cuya residencia se encuentra en la Ciudad de México; circunscripción territorial que no corresponde a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, sino a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa con sede en ese lugar (Ciudad de México). De ahí que, se determine que este Juzgado federal es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo." Ahora bien, este juzgado de distrito no comparte el criterio del juzgado declinante en virtud de que del acto que reclama la parte quejosa en esta instancia constitucional consistente en el oficio **********de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, emitido por la encargada del despacho de la Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, que contiene la negativa de otorgar el pago porcentual del beneficio económico denominado "haber de retiro" por concepto de pensión alimenticia en favor de la menor **********, debe conocer el juzgado de distrito ante el que se presentó la demanda de amparo, esto es, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, esto es así, toda vez que si bien dicha negativa afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, al negársele el ejercicio del derecho como es a disfrutar de la pensión alimenticia en favor de la menor **********, ello está intrínsecamente ligado al domicilio de la beneficiaria de la mencionada pensión por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta. Bajo este tenor, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas que gozan del ejercicio del derecho como es a disfrutar de la pensión alimenticia, como es en el caso que nos ocupa, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resienta su ejecución, por lo que, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la parte quejosa, máxime que, en el caso, se demanda destacadamente la falta de pago -negativa de otorgar el pago porcentual del beneficio económico denominado "haber de retiro" por concepto de pensión alimenticia en favor de la menor **********, porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Además de que, si bien el acto reclamado constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechazó la pretensión ejercida por la parte quejosa, pero cuyos efectos son positivos, lo que se traduce en el pago de la pensión alimenticia en favor de la menor **********, ello se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio de la parte quejosa, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción. Esto es así, acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se permite al promovente del amparo la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales que estima violados. Sirven de apoyo, por el sentido que orientan, los siguientes criterios: La jurisprudencia 2a./J. 152/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Octubre de 2009, página 95, número de registro 166109, de rubro y texto siguientes: PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La jurisprudencia V.2o.P.A. J/1 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 1630, número de registro 2009952, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. El pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario, por ser razonablemente el lugar donde la cobra y disfruta, al no asistir ya a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el juicio de amparo se reclame el artículo 60 Bis B de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con motivo de su primer acto de aplicación, atribuido al director general de dicho organismo por el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", ese acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desarrolla en su domicilio, y será éste el lugar en que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la competencia por territorio para conocer del juicio correspondiente, se surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que, al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuente el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. La jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.), del Pleno del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, Julio de 2016, Tomo II, página 1506, número de registro 2012070, de rubro y texto siguientes: PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados. Y, la jurisprudencia PC.XVI.A. J/23 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 1397, número de registro 2019174, de rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción." Como resultado de lo anterior, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades responsables, se considera que el conocimiento de este juicio corresponde al juzgado de distrito ante el que se presentó la demanda de amparo, esto es, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, motivo por el cual, este juzgado federal no acepta la competencia planteada. Devolución de autos Por las razones expuestas como ya se dijo, este juzgado de distrito no acepta la competencia planteada para conocer y resolver este juicio de amparo. Por tanto se ordena devolver el expediente relativo al juicio de amparo 552/2019 así como las copias de traslado respectivas, al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, solicitándole que tenga a bien comunicar la determinación que tome al respecto, mediante el acuse de recibo de estilo correspondiente. A fin de acordar lo subsecuente, con copia de la demanda y copia autorizada de este proveído, se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo. No pasa desapercibido para este juzgador que mediante Acuerdo General 20/2009 del Consejo de la Judicatura Federal se creó el Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el cual se dispuso que los órganos pertenecientes a dicho centro -como lo es este órgano auxiliar- tendrían jurisdicción en toda la república y competencia mixta. Sin embargo, esto no significa que este juzgado auxiliar no pueda declararse incompetente por razón de territorio, toda vez que en el propio Acuerdo se dispuso que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal determinaría mediante acuerdo qué órganos jurisdiccionales serían apoyados por estos órganos auxiliares. En cumplimiento a ello, por Acuerdo CCNO/9/2019 la citada Comisión asignó a este juzgado federal la competencia para conocer y resolver los asuntos cuyo conocimiento corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México; con lo que se estableció una regla especial al Acuerdo General 20/2009 y se delimitó la competencia al auxilio del trámite y resolución de los amparos en materia administrativa en la Ciudad de México. Por ello, este juzgador considera que se encuentra en aptitud legal de analizar la competencia del juzgado auxiliado y, en caso, declararse legalmente incompetente, toda vez que la encomienda establecida en el multicitado Acuerdo CCNO/9/2019 fue dotar a este juzgado de distrito de competencia ordinaria para conocer y resolver los juicios de amparo que deben ser del conocimiento de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Al respecto, no pasa desapercibido para este juzgador la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 115/2010 de la Primera Sala, así como de la diversa 2a./J. 107/2017 (10ª) de la Segunda Sala, las cuales, respectivamente, establecen: ÓRGANOS AUXILIARES. DEBEN ANALIZAR LA COMPETENCIA AL DICTAR SENTENCIA. El órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para fallar asuntos en apoyo a otros juzgados de amparo debe analizar la competencia, ya que puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo, en virtud de que el estudio de las cuestiones relacionadas con la competencia constituye uno de los presupuestos para el dictado de las sentencias, y la facultad para ello no puede disociarse de la de emitir el fallo. Jurisprudencia 1a./J. 115/2010, registro 163072) TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AUXILIARES. NO PUEDEN DECLARARSE INCOMPETENTES POR RAZÓN DE LA MATERIA [ABANDONO DE LA TESIS 2a. XI/2012 (10a.) (*)]. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares cuentan con competencia mixta para resolver los asuntos que les sean remitidos en cualquier materia y así lograr el objetivo de su creación, consistente en beneficiar al justiciable mediante la impartición de justicia pronta y expedita, conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, a la vez, abatir el rezago en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, cuando a un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar se le remite un caso para resolverlo, es evidente que es competente para hacerlo, con independencia de si estima que el órgano jurisdiccional del que proviene es competente por materia o no, pues a diferencia de éste, el auxiliar no tiene limitada su competencia por materia, por lo que no puede declararse incompetente por esa razón. Jurisprudencia 2a./J. 107/2017 (10ª) (registro 2014865) Del análisis comparativo, se desprende una discrepancia entre las tesis sostenidas por la Primera y Segunda Salas del Alto Tribunal, toda vez que mientras aquélla impone obligación a los juzgadores auxiliares de analizar la competencia del juez auxiliado, dado que constituye un presupuesto procesal que no puede disociarse de las actuaciones que lleva a cabo en auxilio; la Segunda Sala, por su parte, sostiene que los órganos jurisdiccionales auxiliares no pueden declararse incompetentes por materia o territorio, en virtud de que no tienen limitada su competencia. De este modo, si bien conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia es obligatoria, entre otros órganos, para los jueces de amparo, lo cierto es que este juzgador advierte discrepancia entre tales criterios, los cuales son de la misma jerarquía e igualmente obligatorios. Lo anterior, aunado a que la disidencia de mérito ya fue denunciada a través la contradicción de tesis 230/2017 y se encuentra pendiente de resolución por el Tribunal Pleno. Por tanto, a la fecha no existe un criterio obligatorio que sea uniforme al respecto. Así las cosas, ante la discrepancia de jurisprudencias igualmente obligatorias, este juez de distrito se inclina por observar el criterio de la Primera Sala establecido en la jurisprudencia 1a./J. 115/2010, consistente en que los órganos auxiliares deben analizar la competencia del juez auxiliado y, de ser el caso, declararse legalmente incompetentes. Suspensión Toda vez que en este asunto no se reclama ningún acto de los establecidos en el artículo 15, en relación con el diverso 48, ambos de la Ley de Amparo, no ha lugar a pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados. Domicilio fuera de la jurisdicción Toda vez que el domicilio señalado por la parte quejosa se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano, con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura, notifíquesele vía exhorto por conducto del Juzgado de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, en turno, en el siguiente domicilio: Domicilio ********** Asimismo, requiérase a la parte quejosa, por conducto del fedatario de su adscripción al momento de la notificación, para que dentro del plazo de tres días, conforme al artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, si a su interés conviene señale domicilio en el lugar del juicio, apercibida que para el caso de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las de carácter personal, se practicarán por lista, con apoyo en los numerales 26, fracción III, y 27, fracción II de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que la quejosa o su legítimo representante, de manera directa y no a través de un autorizado, puedan solicitar que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, siempre que hubieran obtenido la Firma Electrónica, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, infórmese a la quejosa que podrá presentar cualquier medio de impugnación durante la tramitación del juicio, haciendo uso de la vía postal, electrónica o personalmente ante la oficina de correspondencia de este órgano judicial. Habilitación de días y horas inhábiles Se habilitan días y horas inhábiles para que se practique cualquiera de las notificaciones que se ordenen en este expediente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Transparencia Se hace del conocimiento de la parte quejosa que tiene expedita la posibilidad para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a la publicación de sus datos personales, siempre que en esta última hipótesis lo informe de manera expresa, de conformidad con los artículos 31, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Jurisprudencia La jurisprudencia y las tesis aisladas que se empleen durante la tramitación del presente juicio de amparo, que hayan sido emitidas durante la Novena Época, son válidamente aplicables en términos del Transitorio Sexto de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10ª), la cual establece: JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto. Jurisprudencia 2a./J. 10/2016, Registro 2010982. Domicilio del juzgado Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional auxiliar, así como la Oficina de Correspondencia Común a la que pertenece, se encuentran dentro del edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, ubicado en Eduardo Molina número 2, acceso 9, nivel plaza, colonia Del Parque, Ciudad de México, Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por exhorto Ministerio Público Federal Por lista Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo Por oficio
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