Ana Lilia Tejeda Martínez

Expediente 272/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 44 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
272/2015
Año
2015
Actuaciones
44
Última actuación
21/12/2016

Partes del expediente

  • Ana Lilia Tejeda Martínez y Otros.
  • Ana Lilia Tejeda Martínez
  • Juan Marco Catalán Sandoval
  • Gobernador del Estado de Guerrero. Ciudad.
  • Mayra Alejandra Tejeda Ríos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, promoviera inconformidad contra el auto de dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en el que este Juzgado Federal declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha lo haya hecho así, no obstante de estar legalmente notificado para ello, como se desprende de la constancia relativa; en consecuencia, se le tiene por consentido dicho auto. Con apoyo en los diversos artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, toda vez que el presente es un asunto total y definitivamente concluido, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo, documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. El presente expediente es susceptible de depuración, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio 2152, recibido el catorce de octubre del actual, en la oficialía de este Juzgado Federal, la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta Ciudad, envió copia certificada de la resolución de catorce de octubre del año que transcurre, dictada en la causa penal número 08/2015-I, en la que dejó sin efectos los autos de formal prisión de catorce y veinticuatro de febrero de dos mil quince, y en su lugar emitió la antes referida, a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el dispositivo 2° de dicho ordenamiento, por ser emitida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Mediante proveído de diecisiete de octubre del que transcurre, la Titular de este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la parte quejosa con dicho oficio y con la constancia que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó por lista a la parte quejosa el veintiuno de octubre del año en curso, desahogando oportunamente dicha vista, por lo que este juzgado federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Ana Lilia Tejeda Martínez, Juan Marco Catalán Sandoval, Ma. Cristina Martínez Pérez y Rodolfo Luviano Araujo; por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese orden de ideas, en sentencia emitida en audiencia concluida el diecisiete de noviembre de dos mil quince, este órgano jurisdiccional negó y concedió la protección constitucional a Ana Lilia Tejeda Martínez, Juan Marco Catalán Sandoval, Ma. Cristina Martínez Pérez y Rodolfo Luviano Araujo, inconformes con tal determinación, por auto de tres de diciembre del año próximo pasado, se tuvo a dichos quejoso interponiendo recurso de revisión en contra de dicha sentencia, y mediante ejecutoria de dieciocho de agosto del año que cursa, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, confirmó la sentencia recurrida, negó y concedió el amparo y protección constitucional a los quejosos Ana Lilia Tejeda Martínez, Juan Marco Catalán Sandoval, Ma. Cristina Martínez Pérez y Rodolfo Luviano Araujo, y toda vez que la concesión fue para los siguientes efectos: "a) Que la responsable deje sin efectos los autos de formal prisión de catorce y veinticuatro de febrero de dos mil quince, dictados en la causa penal 08/2015-I de su índice, y; b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, emita uno diverso, que puede ser en el mismo sentido o en otro, siempre que subsane las omisiones formales resaltadas en el cuerpo de esta sentencia, pues debe realizar el correspondiente estudio integral de todas y cada una de las constancias que la integran y resolver lo que en derecho corresponda". Ahora bien, mediante oficio 2152, de catorce de octubre del año que cursa, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, dictada en la causa penal 08/2015-I, en la que dejó sin efectos los autos de formal prisión de catorce y veinticuatro de febrero de dos mil quince, y con plenitud de jurisdicción emitió la antes referida subsanando las deficiencias formales apuntadas en la sentencia de mérito, analizó y valoro cada uno de las pruebas ofrecidas en la causa penal de origen. Es decir, respecto de la quejosa Ana Lilia Tejeda Martínez, reclasificó el delito de lesiones por el de lesiones en riña previsto por el artículo 105 fracción I, sancionado por el diverso 110 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, teniendo por acreditado el cuerpo del delito en riña, con la documental consistente en copias certificadas de la causa penal 20/2014, del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, por el delito de lesiones en agravio de Ana Lilia Tejeda Martínez, en el cual obra el certificado médico de lesiones a favor de la aquí quejosa, a los cuales le otorgo valor probatorio pleno de conformidad con lo establecido por el artículo 124, en relación con el diverso 120 del Código de Procedimientos Penales del Estado, así como con las manifestaciones ministeriales de Elva Guadalupe Sandoval Vázquez y Rodolfo Luviano Araujo, testigos de cargo en la diversa causa penal 20/2014, a los cuales les concedió valor probatorio en términos de los artículos 121 y 122 del citado ordenamiento. Asimismo, tuvo por acreditado el primer elemento del cuerpo del delito de lesiones, que se le imputa a los aquí quejosos Ma. Cristina Martínez Pérez, Juan Marcos Catalán Sandoval y Rodolfo Luviano Araujo, ilícito previsto por el artículo 105 del Código Penal del Estado, con toda y cada una de las constancias y pruebas que integran la averiguación previa, en el cual obra la fe de persona lesionada, de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, practicada por el Ministerio Público Investigador, concediéndole valor probatorio en términos de los artículo 58 y 128 del Código de Procedimientos Penales, concatenado con los certificados médicos de lesiones de veintisiete y veintiocho de noviembre de dos mil catorce, emitidos por el doctor Alejandro Hidalgo Benítez, a favor de Mayra Alejandra Tejeda Ríos y Juan Carlos Tapia Martínez, otorgándole valor probatorio en términos del artículo 126 del citado ordenamiento legal, así como el veintidós fotografías a colores, tamaño postal, tomadas a los agraviados en diferentes parte del cuerpo y de las cuales se advierten que presentan evidencias que fueron agredidos físicamente, confiriéndoles valor probatorio en términos de los artículos 121 y 122 del Código en cita. En relación al segundo elemento, consistente en que el daño o alteración en la salud de los pasivos fueron ocasionados por causas externas imputables a los activos del delito, se encuentran acreditados con el escrito de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, suscritos por los agraviados Juan Carlos Tapia Martínez y Mayra Alejandra Tejeda Ríos, ratificado ante el Ministerio Público Investigado, el veintisiete del mismo mes y año, de los cuales se advierte que la conducta fue desplegada por los inculpados María Cristina Martínez Pérez, Juan Marcos Catalán Sandoval y Rodolfo Luviano Araujo, así como con las declaraciones de los testigos Joana Gisela Tejeda Ríos y Andrés Ramírez Tejeda, otorgándoles valor probatorio de conformidad con los numerales 121 y 122 del código de la materia, en relación con el 127 de dicho ordenamiento. Finalmente, el Juez responsable se pronunció sobre la probable responsabilidad penal de los inculpados Ana Lilia Tejeda Martínez, en la comisión del delito de lesiones en riña en agravio de Mayra Alejandra Tejeda Ríos; Juan Marcos Catalán Sandoval, por el delito de lesiones en agravio de Juan Carlos Tapia Martínez; María Cristina Martínez Pérez, por el delito de lesiones en agravio de Mayra Alejandra Tejeda Ríos, y respecto a Rodolfo Luviano Araujo, en la comisión del delito de lesiones en agravio de Juan Carlos Tapia Martínez, los cuales tuvo por acreditados en términos de los artículos 121, 122, 127 y 128 del Código de Procedimientos Penales, en relación con la fracción III del artículo 17 del Código Penal del Estado de Guerrero, ya que de manera directa y dolosa desplegaron la conducta determinante que produjo el resultado típico, con los medios de convicción consistentes en la imputación firme y directa que en su contra hacen los agraviados Juan Carlos Tapia Martínez y Mayra Alejandra Tejeda Ríos, concatenados con las declaraciones ministeriales de los testigos Joana Gisela Tejeda Ríos y Andrés Ramírez Tejeda, asimismo, precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se suscitaron los hechos, otorgándoles valor probatorios en términos de los artículos 121, 122 y 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero; asimismo, restó valor probatorio a las declaraciones preparatorias rendidas por los inculpados Ana Lilia Tejeda Martínez y Juan Marco Catalán Sandoval, el nueve de febrero de dos mil quince, en el cual negaron los hechos que se les atribuye, así como los testimonios de los testigos de descargo Elva Guadalupe Sandoval Vázquez y Salomé Martínez Pérez, al denotar un interés en beneficiar a los inculpados Ana Lilia Tejeda Martínez y Juan Marcos Catalán Sandoval. Ahora bien, respecto a la probable responsabilidad de María Cristina Martínez Pérez, en la comisión del delito de lesiones, en agravio de Mayra Alejandra Tejeda Ríos, así como la probable responsabilidad de Rodolfo Luviano Araujo, por el mismo delito en agravio de Juan Carlos Tapia Martínez, los tuvo por acreditados con los mismos medios de convicción que sirvieron de base en la comprobación de la probable responsabilidad de los coinculpados Ana Lilia Tejeda Martínez y Juan Marcos Catalán Sandoval, es decir con la imputación firme y directa que en su contra hicieron los agraviados Juan Carlos Tapia Martínez y Mayra Alejandra Tejeda Ríos, otorgándoles valor probatorios en términos de los artículos 121, 122 y 127 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, así como con las documentales ofrecidas por la defensa dentro de la ampliación del término constitucional, consistentes en copias certificadas de la causa penal 20/2014, del índice del Juzgado Mixto de Paz del Municipio de Eduardo Neri, Guerrero, de la averiguación previa número BRA/EDS/03/542/2014, del sumario de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo y de la diversa causa penal 16/205-II, del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal de este distrito judicial, a los cuales le otorgo valor probatorio en términos del artículo 124 del Código de la materia, en relación con el diverso 120 de dicho ordenamiento; asimismo, resto valor probatorio las declaraciones preparatorias rendidos por los inculpados María Cristina Martínez Pérez y Rodolfo Luviano Araujo, el nueve de febrero de dos mil quince, en el cual negaron los hechos que se les atribuye. Sin que sea óbice lo aducido por el autorizado de los quejosos en su escrito de diecinueve de octubre de la presente anualidad; en el sentido de que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable por los motivos que expone, pues contrario a lo que manifiesta la autoridad responsable, analizó y valoro cada uno de los medios de pruebas ofertadas por las partes. En consecuencia, toda vez que la suscrita juzgadora no advierte que el cumplimiento a la ejecutoria de amparo rebase los limites o alcances fijados en el mencionado fallo, o que la conducta de la responsable implique carencia o falla con relación a los efectos para los cuales se concedió, es decir, no advierte exceso o defecto en su cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR.

  3. Principal

    Visto el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa; atento a su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones que vierte en relación a la vista que se le dio en acuerdo de diecisiete de octubre del año en curso y dígasele que este órgano de control constitucional en el momento procesal oportuno, se pronunciara con relación al cumplimiento o no de la ejecutoria de amparo, a cargo de la autoridad responsable.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por la Jueza Segunda de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad; atento a su contenido, téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días para que manifieste lo que a su derecho convenga; corriéndole traslado con copia certificada del oficio antes mencionado y anexos a la misma; con el apercibimiento que de no hacerlo así, este Juzgado Federal emitirá pronunciamiento respecto si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria.

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