Ana Lilia Sierra Casas

Expediente 377/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 15 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
377/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
15/05/2018

Partes del expediente

  • Ana Lilia Sierra Casas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, el Juez acuerda: de la certificación secretarial de cuenta, se observa que el término de cinco días otorgado a la parte quejosa Ana Lilia Sierra Casas, mediante auto de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, feneció sin que dicha impetrante haya desahogado el requerimiento efectuado en dicho auto. Ahora, analizada de nueva cuenta la demanda de amparo indirecto promovida por Ana Lilia Sierra Casas, se observa que previo acordar lo conducente a su contenido, es conveniente precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Ahora, del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que conduce al desechamiento de la misma, con fundamento en lo dispuesto por 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." (Énfasis Añadido). La causa de improcedencia se actualiza cuando se reclaman resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. En el presente caso debe decirse que el acto reclamado por la parte quejosa en esta instancia constitucional consistente en el auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, donde se acuerda un cambio de régimen de convivencia entre la quejosa con su menor hijo Joshua Gael García García, dentro del Juicio Ordinario Civil sobre guarda y custodia provisional, emitido dentro del juicio natural 1734/2017, del índice estadístico del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial; es una determinación que no constituye un acto definitivo para los efectos del juicio de amparo, y siendo esto así la ahora quejosa, como parte en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, previo a promover el presente juicio debió haber agotado el recurso de revocación que establece el artículo 914 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, mediante el cual pudo ser revocado el acto reclamado, pues el indicado numeral literalmente dispone lo siguiente: "ARTICULO 914. Los actos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por quien los dictó o por el funcionario que se sustituya en el conocimiento del negocio. También procede la interposición del recurso en segunda instancia contra esas resoluciones, cuando son dictadas en el toca respectivo". Respecto del recurso de revocación, los numerales 914, 915, 916, 917 y 918 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tamaulipas, destacan los siguientes aspectos: Procede contra los autos que no son apelables y los decretos, ya sea en primera instancia, bien en la alzada cuando aquéllas son dictadas en el toca respectivo. Conocerá de ellos el funcionario que los dictó o que se sustituya en el conocimiento del negocio. Dicho medio de impugnación se puede interponer en el acto de la notificación o a más tardar al día siguiente de haber quedado notificado el recurrente, conteniendo en ambos casos la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes. En dicho medio ordinario de defensa, no se concederá dilación probatoria alguna para substanciar la revocación, tomándose en cuenta los documentos al pedirla. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decide tan luego como sea promovida. A excepción del anterior caso, se dará vista a las otras partes por el término de tres días, para que en igual lapso se resuelva sin más trámite. La resolución que se dicte no admite recurso. En ese sentido, el suscrito Juzgador estima que el auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, donde se acuerda un cambio de régimen de convivencia entre la quejosa con su menor hijo Joshua Gael García García, dentro del Juicio Ordinario Civil sobre guarda y custodia provisional 1734/2017, del índice del Juez responsable, se clasifica en la categoría de los autos con base en el orden legal, que son recurribles, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 105 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, dispone que las resoluciones judiciales se clasifican en: I. Decretos, que son simples determinaciones de trámite. II. Autos, si de ellos pueden derivarse cargas o efectos sobre derechos procesales, así como si resuelve un incidente, alguna cuestión previa o punto procesal que implique contradicción entre las partes. III. Sentencias, si deciden el fondo del negocio, e igualmente las dictadas por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia o salas de éste resolviendo la cuestión principal planteada ante él o ellos, aun cuando la misma, en primera instancia, haya tenido el carácter de auto. Por tanto, es inconcuso que tomando en consideración los elementos anteriores, resulta jurídicamente válido afirmar que la determinación pronunciada por el Juez responsable el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, constituye un auto del que derivan cargas o efectos en los derechos de la parte aquí quejosa, y, consecuentemente, de acuerdo con el artículo 914 del Código adjetivo Civil del Estado de Tamaulipas, puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin exclusión alguna. De manera que, el auto recurrido no se trata de una sentencia o un incidente los cuales son combatibles a través del recurso de apelación, para que se surtiera la hipótesis de procedencia del juicio de garantías, previamente era menester agotar el recurso de revocación en comento, pues se trata de medio ordinario de impugnación establecido en la legislación procesal civil en comento, el cual es idóneo y eficaz para reparar las violaciones de las que se duele la promovente. Así las cosas, al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, por sus características y cualidades no puede ser utilizado por los gobernados de manera caprichosa o aleatoria con el fin de combatir los actos emanados de diversas autoridades; pues, si el ordenamiento legal que regula y donde se hace emanar el acto reclamado, contempla recursos o medios de defensa por los cuales éstos, pueden ser modificados, revocados o nulificados, es obligación del agraviado agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de amparo, más aun cuando la parte quejosa resulta ser parte dentro del procedimiento natural, calidad que se actualiza en el asunto que nos ocupa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.8°.C.15K, del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página quinientos trece, Tomo XV-II, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente expresa: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA." De igual forma resulta aplicable a lo anteriormente expuesto, la jurisprudencia establecida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el semanario judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 2, Sexta Parte, visible a página 37, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por consiguiente, en el caso, este Juzgado estima que se actualiza la causal de improcedencia invocada tomando en consideración que el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, donde se acuerda un cambio de régimen de convivencia entre la quejosa con su menor hijo Joshua Gael García García, dentro del Juicio Ordinario Civil sobre guarda y custodia provisional 1734/2017, del índice del Juez responsable, no constituye un acto definitivo para los efectos del amparo, toda vez que previamente a su interposición, atento al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, la hoy quejosa, en su carácter de parte procesal dentro del juicio natural del que deriva el acto combatido, debió haber agotado el recurso de revocación, para obtener, en su caso, la reparación de las violaciones que alega en esta vía, medio de defensa previsto en el artículo 914 del Código Adjetivo Civil del Estado, por lo que al no haberlo hecho la acción constitucional que endereza en el presente juicio de amparo, resulta improcedente en términos de lo dispuesto por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En tal virtud, si la hoy promovente estimó ilegal diecisiete de abril de dos mil dieciocho, ésta se encontraba obligada a agotar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo mediante el recurso de revocación, a través del cual pudo obtener su invalidación, ya que no se le puede equiparar a un tercero extraño al procedimiento de origen al ser parte en el juicio natural y, por ende, con tal carácter se integró a la litis. Resta decir que el acto que la quejosa reclama no se ubica dentro del capítulo de excepciones que prevé la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues: No es un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, ni resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso. No se trata de persona extraña al procedimiento. Además, la ley que rige el acto que reclama, establece el medio de defensa y recurso ordinario para combatirlo (revocación), teniendo así, la posibilidad de obtener la reparación de las violaciones que aduce a través del recurso de revocación el cual debió agotar previamente a solicitar la protección constitucional, atento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, y al no haberlo hecho así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Debe precisarse que la hipótesis de excepción al principio de definitividad que al efecto se contiene en el diverso 171, segundo párrafo, de la ley de la materia, relativa a cuando se trate de actos que versen sobre acciones del estado civil, que afecten al orden y estabilidad de la familia, o derechos de menores, entre otros; únicamente es aplicable contra actos materia del juicio de amparo directo. Lo anterior, en razón de que sólo en ese supuesto el promovente queda relevado de preparar el juicio de amparo, dado que tal excepción no puede hacerse extensiva a los casos en los que por la vía del amparo indirecto, se reclamen actuaciones de tribunales civiles ejecutados dentro de juicio que sean de imposible reparación; máxime cuando del contenido e interpretación del consabido artículo 171, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y del diverso 107, fracción III, inciso a), último párrafo, de la Constitución Federal, se concluye que fue voluntad del Poder Constituyente y del legislador ordinario, que tal supuesto fuere procedente únicamente en vía de amparo directo. Consideraciones que además, quedaron plasmadas en la jurisprudencia emanada de la contradicción de tesis 80/99-PS, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; cuyo rubro es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES." Criterio que se robustece, en la parte que interesa, con la jurisprudencia de la mencionada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, página 729, Registro 2001155, donde se precisa que no obstante que el acto reclamado genere algún perjuicio que sea de imposible reparación, resulta indiscutible que debe observarse el principio de definitividad que rige en materia de amparo; criterio cuyo rubro establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL." Aunado a lo anteriormente considerado, no se soslaya el criterio emanado de la contradicción de tesis 265/2013, resuelta por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, que dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". En apoyo esta determinación, se cita además la tesis con número de registro 160277, que dice lo siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable. Así como la diversa jurisprudencia con número de registro 189125, que establece lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación. Tomando en cuenta que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, son presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en que un menor de edad se encuentre involucrado. En efecto, en el criterio en comento, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que cuando la contienda del juicio de amparo verse sobre actos de ejecución irreparable, deben observarse las reglas de procedencia establecidas en la propia ley de amparo, por lo que el principio de definitividad al constituir un presupuesto distinto y autónomo al de la irreparabilidad del acto, debe colmarse para atender la procedencia del juicio constitucional, aun cuando se vea afectada la esfera jurídica de un menor de edad, pues esto no genera una excepción a la regla de la definitividad, ya que esta se refiere al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo. Cabe abundar que la condición de menor de edad, cuyo interés superior protegen las leyes mexicanas, no puede utilizarse como fundamento para ignorar el cumplimiento de requisitos de procedencia del juicio de amparo, pues la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que la regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto; pero no para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio constitucional. Lo anterior cobra relevancia de conformidad con la tesis 1a. CCLXXVI/2012, también sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Página 530, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, Registro 2002359, de rubro; "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.

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