Ana Lilia Ramos Corona

Expediente 2412/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2412/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Ana Lilia Ramos Corona

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 2675/2018-5, del índice de este juzgado, a los cuales anexa testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, en el toca de revisión 113/2019 de su índice, lo que se ordena agregar a los presentes autos para los efectos legales correspondientes. Ahora bien, el punto resolutivo de la ejecutoria dictada en el toca de revisión que es del tenor literal siguiente: "...PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a *, en contra de los actos de las autoridades que quedaron precisadas en el resolutivo primero de la propia sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *, además de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el resolutivo segundo de dicho fallo, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos quinto y sexto del mismo; también en contra del acto consistente en la cédula de infracción folio 234187627, emitida por el Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria" Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la anterior ejecutoria para los efectos legales procedentes y acúsese el recibo correspondiente, sin glosar el cuaderno de antecedentes relativo dado la voluminosidad del mismo, para un mejor manejo, con excepción de las constancias originales que obren en este y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Se requiere cumplimiento. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que el fallo amparador ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: ".Notifiquen a la parte quejosa el contenido de las cédulas de notificación de infracción siguientes:271241046, 236846555, 264531250, 265171753, 269553960, 234187627, 256236370, 257663531, 257908186, 233342327 y 233821136." Además de lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito: ".luego al ser inconcuso que la cedula de notificación de infracción folio 234187527, violenta los artículos 14 y 16 constitucionales, procede la concesión del amparo a fin de que el Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco la deje insubsistente, así como cualquier recargo que se hubiera generado con motivo de su emisión." En virtud de lo anterior, y en cumplimiento al oficio de cuenta requiérase a las responsables Secretario y Director General Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco (ahora Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco), para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, en el término de tres días siguientes al en que queden legalmente notificados del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de amparo. Lo cual deberán acreditar con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentran realizando para tal fin, lo anterior, a efecto de calificar el cumplimiento de amparo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tengan, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostentan y serán puestos a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso mediante el cual amplía la demanda de amparo, por tanto, con fundamento en los artículos 107 y 111, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y demás relativos y aplicables de la Ley en cita, se admite la ampliación de demanda por conceptos de violación en torno a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Ahora bien, toda vez que la citada ampliación fue promovida oportunamente, con copias de la misma, córrase traslado a las partes para los efectos legales correspondientes. Sirve de apoyo la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página trescientos treinta y siete, tomo XII, Agosto de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPLIACION DE LA DEMANDA DE AMPARO, LA AMPLIACION DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACION, CONSTITUYE UNA VERDADERA. La demanda de garantías, para ser considerada como tal, debe satisfacer todos los requisitos enumerados por el artículo 116 de la Ley de Amparo, entre los cuales, la fracción V de este dispositivo, contempla los conceptos de violación. Así, resulta necesaria la confluencia del conjunto de esos requisitos para poder integrar una demanda de amparo, ya que de no ser así, incluso ante la falta de uno solo de ellos, el documento que resultare en esas condiciones, no resulta procedente en admisión como demanda de amparo. El sustento jurídico de la anterior aseveración se encuentra en el artículo 146 de la ley de la materia, de cuya letra se obtiene que, cuando en el escrito de demanda se hubiese omitido alguno de los requisitos a que se refiere el citado artículo 116 y una vez prevenido el promovente para que llenare los requisitos omitidos y éste no lo hiciera así, la consecuencia será tener por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecta al patrimonio o derecho patrimonial del quejoso, y fuera de esos casos, dará lugar a que se corra traslado al Ministerio Público, para que en vista de lo que disponga, el juez decida sobre la admisión o desechamiento de la demanda. De lo anterior se concluye que, la demanda de amparo, debe ser considerada siempre en su integridad, es decir, como un todo, donde se conjugan los requisitos exigidos por el artículo 116 de la Ley de Amparo, de manera tal que, ninguno de esos requisitos puede tampoco concebirse de manera autónoma y desvinculada del resto de la demanda. Por tal razón, es inadmisible el argumento de que la ampliación de los conceptos de violación, es un caso distinto a la ampliación de la demanda, pues siguiendo los razonamientos precedentes, se tendrá que la ampliación de cualquiera de los requisitos de la demanda, implica también, necesariamente, la ampliación formal y material de la misma, de donde se sigue que, la ampliación de los conceptos de violación presentada por el quejoso, necesariamente entraña también ampliación de la demanda de amparo, porque aquéllos son parte integrante de ésta, y dichos razonamientos de inconformidad ampliados, no pueden ser considerados en forma independiente y separada de la demanda de la cual forman parte, pues de hacerlo así, quedarían fuera de la misma y por consiguiente, con su contenido no podrían conformar la litis del amparo". Intervención a las partes del juicio de amparo. Autoridad(es) responsable(s). Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) mencionada(s) con antelación, para que en el plazo de quince días rinda(n) informe justificado respecto de la ampliación de demanda : Apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE DEBE SOLICITAR CUANDO EN LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA SE FORMULAN NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. De acuerdo con los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, el quejoso puede ampliar su demanda para formular nuevos conceptos de violación respecto del acto reclamado en la demanda inicial, siempre que no haya fenecido el plazo para presentarla, caso en el cual, se debe solicitar a las autoridades responsables su informe con justificación, a efecto de que estén en posibilidad de expresar las razones y ofrecer las pruebas que estimen conducentes para desvirtuar los argumentos enderezados a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de su actuación, en la inteligencia de que la omisión de rendir el informe relativo únicamente conllevará imponer la multa prevista en la fracción II del artículo 260 del citado ordenamiento legal, habida cuenta que la existencia del acto reclamado se presumirá sólo si omiten rendir el informe correspondiente a la demanda inicial." Apercibida(s) que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Además, al rendir el informe de ley, deberá(n) citar el número de oficio con el cual se les notifica la admisión de la demanda. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en caso de que tenga(n) conocimiento o que con su conducta provoque(n) la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe(n) que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique(n) de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple(n) con esa obligación, se le(s) impondrá una multa equivalente a TREINTA unidades de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por treinta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Consideraciones respecto de las notificaciones a la(s) autoridad(es) responsable(s). De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Apercibimiento a las autoridades. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido de que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso al domicilio correcto, al rendir el respectivo informe; o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa equivalente a CIEN días unidades de medida de actualización, lo anterior con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Representación Social. En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracción IV, y artículo 26, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, el trámite del presente asunto; debiendo asentar en el acta respectiva que queda a su disposición copia autorizada de la demanda en la secretaría de este Juzgado de Distrito. Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO PRINCIPAL. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE SEÑALA: Se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución emitida en sesión de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del toca de queja **, correspondiente al recurso de queja interpuesto en el presente asunto, en cuyo punto resolutivo establece: ".ÚNICO. Se desecha el recurso de queja.". Al respecto, se ordena agregar al expediente el oficio de cuenta y testimonio anexo, para los efectos legales a que haya lugar, no así el legajo certificado de cuenta, por corresponder a constancias que ya obran en autos. Remítase el acuse de estilo correspondiente al Tribunal oficiante y notifíquese a las partes la resolución de mérito. Asimismo, se levanta la suspensión de procedimiento decretada mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 277), y se provee: En primer término, se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la continuación de la audiencia constitucional. Por otra parte, se levanta la reserva decretada mediante proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve (foja 277), y se tiene por recibido el escrito signado por el autorizado en amplios términos del tercero interesado, mediante el cual solicita se resuelva el incidente de acumulación por inhibitoria. En atención a lo anterior, dígasele que el mismo, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo, será resuelto en el momento procesal oportuno. Finalmente, se tiene por recibido el escrito singado por ** parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual ofrece como prueba el hecho notorio que invoca; en atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de resultar procedente, este se tomará en consideración en el momento procesal oportuno. **

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: En atención a la certificación secretarial que antecede, y de una revisión de los autos que integran el presente sumario se advierte que en proveído de fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve (foja 399 y 400), se otorgó un término a las partes para que, de ser su deseo, adicionaran el cuestionario de la prueba pericial en materia topográfica ofertada por la parte quejosa, así como para que designaran perito de su parte, mismo que transcurrió para la última de las partes notificadas del trece al quince de noviembre del año en curso, toda vez que el auto en comento se lo notificó el doce de noviembre pasado. Ahora bien, en mérito a lo anterior se hace efectivo el apercibimiento formulado en auto de trece de septiembre de dos mil diecinueve (foja 399 y 400), para las partes que no adicionaron el cuestionario propuesto por la parte quejosa, y dígaseles que la prueba pericial en materia topográfica ofertada por la parte quejosa sólo se desahogará con el dictamen que emita el perito oficial y con el que emitan los peritos designados por las demás partes que hicieron valer tal derecho; asimismo, que la prueba pericial mencionada se desahogará en base al cuestionario presentado por la parte quejosa y las adiciones que hayan formulado las demás partes, con la salvedad que se analizará en líneas subsecuentes. Cumple requerimiento se admite adición. Téngase por recibido el oficio signado por el Apoderado o Procurador Especial del H. Ayuntamiento Constitucional del Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual cumple con el requerimiento formulado en auto de diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve (foja 456), y remite las copias necesarias para correr traslado a las partes con el cuestionario que pretende adicionar el propuesto por la parte quejosa, para el desahogo de la prueba pericial en materia topográfica admitida en autos. Ahora bien, analizado que fue el cuestionario en comento, se califican de legales las adiciones, con excepción de las marcadas con los puntos 7 y 8, las cuales se reprueban, pues lo que pretenden acreditar con ellas no es materia de debate en el presente juicio de amparo -la posible obstrucción y entorpecimiento del libre tránsito derivado del título de concesión DGZF-200/13 del que la quejosa defiende su derecho, no es materia del acto reclamado-. Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis I.1o.A.14 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia" . Distribúyanse entre las partes los puntos sobre los cuales versará dicha adición para los efectos legales a que haya lugar. Se requiere dictamen perito parte quejosa. Ahora bien, de autos se desprende que el perito designado por la parte quejosa aceptó el cargo conferido; por tanto, requiérasele para que dentro del término de diez días (de conformidad con el artículo 148 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de materia supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, emita su opinión técnica, en relación a las adiciones del cuestionario propuestas por la autoridad responsable, con excepción de los cuestionamientos reprobados, o en su defecto, manifieste la imposibilidad que tiene para realizarla, así como también ratifique la misma, ante la presencia judicial. Lo anterior es con el apercibimiento, que de no hacerlo, se tendrá por perdido el derecho de que obre de su parte dictamen en relación a los puntos de la adición en perjuicio de quien lo señaló, así como se le impondrá multa equivalente a CINCUENTA unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos 50/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cincuenta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Finalmente, con las adiciones en comento dése vista al perito oficial a fin de que se pronuncie si éstas varían el monto de sus honorarios, apercibido que de no manifestarse en el término de tres días legalmente computados, se entenderá que los honorarios propuestos originalmente no varían en razón a la adición con la que se le da vista. Notifíquese; y personalmente al diestro oficial José Refugio Oliden Tornero, a la parte quejosa y a su perito, así como por oficio a la parte tercera interesada y las responsables.

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