Ana Lilia Munguía García
Expediente 1015/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/11/2021
Partes del expediente
- Ana Lilia Munguía García
Actuaciones
- Principal
L. En Toluca, Estado de México, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la secretaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, certifica: que el término para interponer queja contra el auto que desechó la demanda, transcurrió del veintiséis de octubre al tres de noviembre del año en curso; se precisa que del plazo efectuado se excluyeron los días inhábiles, que al día de hoy no se interpuso ese recurso, que no obra documento original exhibido por la parte quejosa, y que no obran constancias que deban ser devueltas, Doy fe. Acto seguido, la Secretaria da cuenta a la Jueza con la certificación que antecede y el estado procesal de autos. Doy fe. La Secretaria.Toluca, Estado de México, veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4, del Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un expediente el cual se desechó la demanda de amparo. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Recepción de demanda Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por Ana Lilia Munguía García, por propio derecho, contra el acto y autoridades responsables que enseguida se precisan: Acto reclamado - La indebida notificación de forma legal del procedimiento especial de orden familiar de divorcio incausado, en el expediente 1154/2021 del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Autoridades responsables 1. Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. 2. Notificador adscrito al Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México. Radicación de la demanda Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 1015/2021 y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Análisis de procedencia Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: ?????????? "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes.". Desechamiento Del análisis oficioso de las constancias que integran el presente asunto, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados antes precisados. Lo anterior es así, pues el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio constitucional es improcedente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De la interpretación del precepto legal parcialmente transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el amparo es un juicio extraordinario; por tanto, resulta obvio que se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. En esto precisamente estriba el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que lo hace procedente únicamente respecto de actos definitivos, esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, principio que consagra la Carta Magna en el inciso a), fracción III de su artículo 107 en relación con las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el cual puedan ser modificadas o reformadas, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte a las defensas del ?????????????? agraviado y trascienda al resultado del fallo, siempre que en materia civil se haya impugnado la violación en el curso del procedimiento mediante el recurso ordinario establecido por la ley e invocada como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera. La esencia de este principio resalta por sí misma, pues procura que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual, si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, es por ello que se busca impedir la utilización innecesaria del proceso constitucional o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios y, en muchos de los casos, que se produzcan resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos, he aquí la importancia del referido principio de definitividad. Por todo ello, se pretende que el acto reclamado sea definitivo, es decir, que mediante el sistema ordinario ya no pueda ser anulado, para el efecto de que los jueces de amparo examinen las inconstitucionalidades alegadas como último recurso. Este principio se traduce en una exigencia que afecta la procedencia de la acción de amparo, el cual se consagra esencialmente en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por ello, se estima que la notificación del acuerdo de radicación de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, que deriva del expediente 1154/2021 del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, corresponde al no cumplimiento del principio de la definitividad que se examina, consiste precisamente en la improcedencia del juicio intentado. Así, de la intelección del precepto legal que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, los siguientes: I. El acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; II. Contra dicho acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; III. Por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado. IV. Ese recurso o medio de defensa esté previsto legalmente dentro del procedimiento en el cual se emitió la actuación reclamada. En esta tesitura, si la parte quejosa señala como acto reclamado la indebida notificación de forma legal del procedimiento especial de orden familiar de divorcio incausado, en el expediente 1154/2021 del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; éste no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues, se estima que el auto reclamado puede ser modificado, revocada o confirmada a través del incidente de nulidad de notificación. Lo anterior es así, pues el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece: ?????????????? "Artículo 1.187.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida." Por tanto, antes de acudir a esta instancia constitucional, la quejosa debió agotar el incidente de nulidad de notificación contra ese acto reclamado, pues el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dispone que cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, al establecer la legislación la procedencia del incidente, resulta evidente que debió promover el incidente de referencia, circunstancia que no aconteció. Tal apreciación evidencia que el medio de defensa legal idóneo para combatir el acto reclamado es el incidente de nulidad de notificación; pero como la parte agraviada no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional que se atiende, contraviene el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable, por similitud jurídica, la jurisprudencia 573, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 515, del Tomo Vl, del Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 2000, Octava Época, con número de registro 918107, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." De igual modo, es aplicable la tesis publicada en la página 649, del Tomo lll, Segunda Parte-2, del Semanario Judicial de la Federación, de Enero-Junio de 1989, Octava Época, con número de registro 229039, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR NO AGOTARLOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Si bien en términos de los artículos 430 y 432 del Código de Procedimientos Civiles, sólo son apelables los autos que recaigan en asuntos cuyo valor exceda de cincuenta días de salario mínimo vigente en la región o cuyo valor no sea susceptible de valuarse en dinero; sin embargo, el numeral 416 de la propia ley, prevé que los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser revocados por el Juez o Tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, en cuyas condiciones, si el agraviado no agotó el recurso de revocación, dejando así satisfecho el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Lo anterior no implica una denegación de la justicia, pues si bien, en el presente asunto se reclama la indebida notificación de forma legal del procedimiento especial de orden familiar de divorcio incausado, en el expediente 1154/2021 del índice del Juzgado Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, dicho actuar no se encuentra en los supuestos de excepción al principio de definitividad y, por ende, no es opcional la interposición del recurso de revocación; por ello, deberá estarse a las formalidades rectoras del procedimiento de la ley de la materia. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia III.2o.C.3 K (10ª), emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Enero de 2013, Libro XVI, Tomo 3, Décima Época, con número de registro 2002537, que establece: ????????????? "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Por tanto, se colma la causal de improcedencia de que se trata y para sustentarlo se invoca el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE1". Consecuentemente, con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio, autorizados y correo electrónico 1 Localizable en la página cincuenta y cinco, segunda parte, tomo XVI, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, sexta época. En virtud que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se le tiene como señaladas las listas que se fijan en los estrados de este juzgado federal para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se tiene como autorizados a las personas que señala, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando se encuentran registradas sus cédulas en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Finalmente, se tiene por señalado el correo electrónico que indica, el cual será ocupara como medio de contacto, en caso de que este juzgado lo considere pertienente. Juicio en línea (Acuerdo General 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. En términos del Acuerdo General 9/2021, hágase del conocimiento del promovente que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. ?????????????? Consulta de Expediente Ahora, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias, revisión de expedientes como en el caso); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. Información Pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con relación a los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 de Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Digitalización En términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE); y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Se habilitan días inhábiles Con la finalidad de evitar dilaciones innecesarias en la substanciación de este juicio, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, en concomitancia con los numerales 282 y 313 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se habilitan en todo momento días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene????????????para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa.
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