Ana Lilia Macías Quiroz

Expediente 2204/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2204/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
15/02/2016

Partes del expediente

  • Ana Lilia Macías Quiroz
  • Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de febrero de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación del secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veinte de enero de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales procedentes. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, atendiendo que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su correspondiente informe justificado solicitó a este juzgador que decretara el sobreseimiento en el juicio ante la inexistencia de los actos reclamados por la quejosa; se provee De las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías se advierte que la quejosa Ana Lilia Macías Quiroz, en su demanda de amparo señaló como acto reclamado la dilación en que ha incurrido la autoridad responsable de proveer sobre la personalidad de las partes, la ratificación de la demanda, la contestación que dio el Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, y sobre la admisión de pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral D-239/2014. Al respecto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece "Artículo 63.El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado." Ahora, el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado negó categóricamente el acto que se le atribuye; lo que se corrobora con las constancias del expediente laboral D-239/2014 que remitió como justificante a su informe, constancias que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su arábigo 2, puesto que fueron expedidas por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, sin que se advierta diverso medio de convicción que desvirtúe esa negativa, por lo que lo procedente es sobreseer el presente juicio constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, la lectura del transcrito precepto de la ley de la materia, permite advertir que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia. En ese sentido, cabe resaltar que la demostración de la violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que quien promueve una demanda de amparo está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia del acto que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando la autoridad responsable lo acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa, se centrará en la inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea en sí mismo violatorio de derechos, por el contrario, si la autoridad niega el mismo, la carga de la prueba que recae en la quejosa versará sobre la existencia del acto reclamado, esto es, desacreditar la negativa vertida por la autoridad y enseguida, la inconstitucionalidad del mismo; por ende, si la parte impetrante es omisa en desacreditar la negativa de esas autoridades, no proporciona al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, que se insiste tienen valor probatorio pleno, se advierte que el siete de diciembre de dos mil quince, el tribunal responsable acordó lo relativo a la ratificación de la demanda y las pruebas ofrecidas por las partes, hecho que les notificó el veintiuno siguiente. En tal virtud, si la demanda del presente juicio fue presentada por Ana Lilia Macías Quiroz el nueve de diciembre de dos mil quince, es evidente que a esa fecha la omisión reclamada no existía, lo que lleva a este tribunal a verificar la inexistencia del acto reclamado y lo procedente del sobreseimiento del asunto. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que dicha negativa en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia; esto, habida cuenta que el sobreseimiento decretado atiende al estudio propuesto por la autoridad responsable en su informe de ley. En tales condiciones, se deja sin efecto las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de febrero de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio del Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que surta sus efectos legales procedentes. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, atendiendo que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su correspondiente informe justificado solicitó a este juzgador que decretara el sobreseimiento en el juicio ante la inexistencia de los actos reclamados por la quejosa; se provee De las constancias que obran dentro del presente juicio de garantías se advierte que la quejosa Ana Lilia Macías Quiroz, en su demanda de amparo señaló como acto reclamado la dilación en que ha incurrido la autoridad responsable de proveer sobre la personalidad de las partes, la ratificación de la demanda, la contestación que dio el Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, y sobre la admisión de pruebas ofrecidas por las partes dentro del juicio laboral D-239/2014. Al respecto el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece "Artículo 63.El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." De lo anterior se desprende que procede el sobreseimiento cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado." Ahora, el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado, al rendir su informe justificado negó categóricamente el acto que se le atribuye; lo que se corrobora con las constancias del expediente laboral D-239/2014 que remitió como justificante a su informe, constancias que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su arábigo 2, puesto que fueron expedidas por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones, sin que se advierta diverso medio de convicción que desvirtúe esa negativa, por lo que lo procedente es sobreseer el presente juicio constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Ahora bien, la lectura del transcrito precepto de la ley de la materia, permite advertir que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia. En ese sentido, cabe resaltar que la demostración de la violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que quien promueve una demanda de amparo está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia del acto que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando la autoridad responsable lo acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa, se centrará en la inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea en sí mismo violatorio de derechos, por el contrario, si la autoridad niega el mismo, la carga de la prueba que recae en la quejosa versará sobre la existencia del acto reclamado, esto es, desacreditar la negativa vertida por la autoridad y enseguida, la inconstitucionalidad del mismo; por ende, si la parte impetrante es omisa en desacreditar la negativa de esas autoridades, no proporciona al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, que se insiste tienen valor probatorio pleno, se advierte que el siete de diciembre de dos mil quince, el tribunal responsable acordó lo relativo a la ratificación de la demanda y las pruebas ofrecidas por las partes, hecho que les notificó el veintiuno siguiente. En tal virtud, si la demanda del presente juicio fue presentada por Ana Lilia Macías Quiroz el nueve de diciembre de dos mil quince, es evidente que a esa fecha la omisión reclamada no existía, lo que lleva a este tribunal a verificar la inexistencia del acto reclamado y lo procedente del sobreseimiento del asunto. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que dicha negativa en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia; esto, habida cuenta que el sobreseimiento decretado atiende al estudio propuesto por la autoridad responsable en su informe de ley. En tales condiciones, se deja sin efecto las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de febrero de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de enero de dos mil dieciséis. Vistos los autos que integran el presente cuaderno principal, de los que se advierte que se encuentran señaladas las once horas con quince minutos del día en que se actúa, para la celebración de la correspondiente audiencia constitucional, sin embargo, no ha lugar a celebrar la misma, en razón a que se encuentra transcurriendo el término que concede la ley para que la autoridad responsable rinda su informe justificado; en consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere para las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de febrero de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.

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