Ana Lilia López Vázquez
Expediente 263/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ana Lilia López Vázquez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el ocho de junio de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico; por ende destruible. Por otra parte, dado que no es necesaria la conservación de las copias simples de la demanda exhibidas por la parte quejosa, procédase a su destrucción.
- Principal
PÚBLICO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, CON EFECTOS DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO COMPARECIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO PARA TALES EFECTOS: Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el ocho de junio de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico; por ende destruible. Por otra parte, dado que no es necesaria la conservación de las copias simples de la demanda exhibidas por la parte quejosa, procédase a su destrucción.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Ana Lilia López Vázquez, contra actos de la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas (SEDUZAC) y otras autoridades; el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en lo conducente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En el caso, la quejosa señala como autoridades responsables a la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas (SEDUZAC), Secretario de Educación del estado de Zacatecas. C. profesor Ubaldo Ávila Ávila, Director de Educación Básica Federalizada. C. profesor Alfredo Ortiz del Río, Jefe de personal de apoyo en SEDUZAC. C. José Inés Ramírez Aguilera. Coordinador Administrativo de SEDUZAC. C. profesor José Luis Santoyo González; y, el acto reclamado lo hace consistir en: ". el silencio administrativo en que ha incurrido al omitir dar contestación al escrito que presentó la quejosa ante dicha autoridad con fecha 21 veintiuno de abril de 2016 dos mil diez y seis, (sic)." Y, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que: 1. Ana Lilia López Vázquez, se desempeñan como Administrativo de la Escuela Secundaria Técnica número once "Berlisario Domínguez" de Tepechitlán, Zacatecas, con clave A01806. 2. Ma. del Rosario García Tovar, quien se desempañaba con la clave A01807, se jubiló, por lo cual quedó vacante la clave que correspondía a dicha trabajadora. 3. El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, Ana Lilia López Vázquez, presentó un escrito en el que solicita a las autoridades que ahora señala como responsables Secretaría de Educación del estado de Zacatecas (SEDUZAC), Secretario de Educación del estado de Zacatecas, Director de Educación Básica Federalizada, Jefe de personal de apoyo en SEDUZAC y Coordinador Administrativo de SEDUZAC, su recategorización de la clave A01806 que ocupa a la clave A01807, que quedó vacante en la Escuela Secundaria Técnica número once "Berlisario Domínguez" de Tepechitlán, Zacatecas. 4. Las autoridades señaladas como responsables Secretaría de Educación del estado de Zacatecas (SEDUZAC), Secretario de Educación del estado de Zacatecas, Director de Educación Básica Federalizada, Jefe de personal de apoyo en SEDUZAC y Coordinador Administrativo de SEDUZAC, hasta la fecha no han dado contestación a la petición formulada por la aquí quejosa Ana Lilia López Vázquez; lo que ahora constituye el acto reclamado. De lo anterior se desprende, que los actos que la quejosa Ana Lilia López Vázquez, reclama de la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas (SEDUZAC), Secretario de Educación del estado de Zacatecas, Director de Educación Básica Federalizada, Jefe de personal de apoyo en SEDUZAC y Coordinador Administrativo de SEDUZAC, se traducen en esencia en la omisión por parte de la referidas autoridades de recategorizarla de la clave A01806 que ocupa, a la clave A01807, que quedó vacante en la Escuela Secundaria Técnica número once "Berlisario Domínguez" de Tepechitlán, Zacatecas; sin embargo, tal omisión obedece a la actividad de dichas autoridades con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal dentro de su marco legal, y por ello, en este caso no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Se afirma ello, en razón que la propia quejosa en su demanda indica que acudió ante las autoridades señaladas como responsables para solicitarles le recategoricen en la clave que ostenta ya que cuenta con la A01806 y aspira a la A01807, en atención a que en su centro de trabajo ha quedado vacante esta última por la jubilación de la compañera Ma. del Rosario García Tovar, que para ello proporcionó su datos personales, tales como: su nombre, RFC, echa de ingreso a la SEC, clave que ostenta, clave que aspira, puntuación escalafonaria, así como copia simple del talón de cheque de la quincena de abril de dos mil dieciséis, para efecto de comprobar su vigencia en su centro de trabajo, es decir que se encuentra activa; y, que las autoridades responsables no ha dado respuesta a su petición incurriendo en un silencio administrativo, aun cuando ya transcurrieron más de treinta días desde que realizó su petición por escrito. Así pues, como con anterioridad se asentó y como la propia quejosa Ana Lilia López Vázquez, lo afirma en su escrito de demanda el acto que reclama de la Secretaría de Educación en el estado de Zacatecas (SEDUZAC), Secretario de Educación del estado de Zacatecas, Director de Educación Básica Federalizada, Jefe de personal de apoyo en SEDUZAC y Coordinador Administrativo de SEDUZAC, se traduce en la omisión de recategorizarla de la clave A01806 que ostenta a la A01807, que aspira, en relación a la plaza con que cuenta como Administrativo en la Escuela Secundaria Técnica número once "Berlisario Domínguez" de Tepechitlán, Zacatecas, virtud a que en el citado centro de trabajo quedó vacante la clave A01807, por la jubilación de Ma. del Rosario García Tovar, para lo que otorgó sus datos personales, entre ellos la puntuación escalafonaria y el talón de cheque de la quincena de abril de dos mil dieciséis, para comprobar que se encuentra activa en su centro de trabajo, omisión que se encuentra realizada por dichas autoridades con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones laborales de esa institución con su personal dentro de su marco legal, y por ello, en este caso no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Ello no implica que la referida dependencia, en otros supuestos atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter en función del ejercicio público, como podría ser en el caso legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación. Lo que en el caso no acontece, pues si bien es cierto el acto aquí reclamado se encuentra ejecutado por un organismo o funcionario de gobierno estatal, también lo es que estos tienen doble personalidad, por la función pública y encargo que desempeñan y, por el hecho de ser depositarios, administradores o representantes de los intereses económicos que constituyen el patrimonio del Estado; advirtiéndose así, que el acto aquí reclamado se encuentra ejecutado por la institución con el carácter de persona moral oficial de derecho privado, en base a las relaciones laborales que guardan con la quejosa en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; acto que queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; sino que como ya se indico se debe atender al plano en que la autoridad actúa. En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por Ana Lilia López Vázquez, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones la licenciada Judith Andrade Plascencia, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y como lo solicita la quejosa a Víctor Hugo López Vázquez, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos más no así para promover; y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Vagón, cuatrocientos quince (415), fraccionamiento Ferrocarriles en Guadalupe, Zacatecas.
- Principal
PUBLICO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS, CON EFECTOS DE NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO COMPARECIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO PARA TALES EFECTOS Vista la demanda de amparo promovida por Ana Lilia López Vázquez, contra actos de la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas (SEDUZAC) y otras autoridades; el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que en lo conducente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En el caso, la quejosa señala como autoridades responsables a la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas (SEDUZAC), Secretario de Educación del estado de Zacatecas. C. profesor Ubaldo Ávila Ávila, Director de Educación Básica Federalizada. C. profesor Alfredo Ortiz del Río, Jefe de personal de apoyo en SEDUZAC. C. José Inés Ramírez Aguilera. Coordinador Administrativo de SEDUZAC. C. profesor José Luis Santoyo González; y, el acto reclamado lo hace consistir en: ". el silencio administrativo en que ha incurrido al omitir dar contestación al escrito que presentó la quejosa ante dicha autoridad con fecha 21 veintiuno de abril de 2016 dos mil diez y seis, (sic)." Y, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se desprende que: 1. Ana Lilia López Vázquez, se desempeñan como Administrativo de la Escuela Secundaria Técnica número once "Berlisario Domínguez" de Tepechitlán, Zacatecas, con clave A01806. 2. Ma. del Rosario García Tovar, quien se desempañaba con la clave A01807, se jubiló, por lo cual quedó vacante la clave que correspondía a dicha trabajadora. 3. El veintiuno de abril de dos mil dieciséis, Ana Lilia López Vázquez, presentó un escrito en el que solicita a las autoridades que ahora señala como responsables Secretaría de Educación del estado de Zacatecas (SEDUZAC), Secretario de Educación del estado de Zacatecas, Director de Educación Básica Federalizada, Jefe de personal de apoyo en SEDUZAC y Coordinador Administrativo de SEDUZAC, su recategorización de la clave A01806 que ocupa a la clave A01807, que quedó vacante en la Escuela Secundaria Técnica número once "Berlisario Domínguez" de Tepechitlán, Zacatecas. 4. Las autoridades señaladas como responsables Secretaría de Educación del estado de Zacatecas (SEDUZAC), Secretario de Educación del estado de Zacatecas, Director de Educación Básica Federalizada, Jefe de personal de apoyo en SEDUZAC y Coordinador Administrativo de SEDUZAC, hasta la fecha no han dado contestación a la petición formulada por la aquí quejosa Ana Lilia López Vázquez; lo que ahora constituye el acto reclamado. De lo anterior se desprende, que los actos que la quejosa Ana Lilia López Vázquez, reclama de la Secretaría de Educación del estado de Zacatecas (SEDUZAC), Secretario de Educación del estado de Zacatecas, Director de Educación Básica Federalizada, Jefe de personal de apoyo en SEDUZAC y Coordinador Administrativo de SEDUZAC, se traducen en esencia en la omisión por parte de la referidas autoridades de recategorizarla de la clave A01806 que ocupa, a la clave A01807, que quedó vacante en la Escuela Secundaria Técnica número once "Berlisario Domínguez" de Tepechitlán, Zacatecas; sin embargo, tal omisión obedece a la actividad de dichas autoridades con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal dentro de su marco legal, y por ello, en este caso no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Se afirma ello, en razón que la propia quejosa en su demanda indica que acudió ante las autoridades señaladas como responsables para solicitarles le recategoricen en la clave que ostenta ya que cuenta con la A01806 y aspira a la A01807, en atención a que en su centro de trabajo ha quedado vacante esta última por la jubilación de la compañera Ma. del Rosario García Tovar, que para ello proporcionó su datos personales, tales como: su nombre, RFC, echa de ingreso a la SEC, clave que ostenta, clave que aspira, puntuación escalafonaria, así como copia simple del talón de cheque de la quincena de abril de dos mil dieciséis, para efecto de comprobar su vigencia en su centro de trabajo, es decir que se encuentra activa; y, que las autoridades responsables no ha dado respuesta a su petición incurriendo en un silencio administrativo, aun cuando ya transcurrieron más de treinta días desde que realizó su petición por escrito. Así pues, como con anterioridad se asentó y como la propia quejosa Ana Lilia López Vázquez, lo afirma en su escrito de demanda el acto que reclama de la Secretaría de Educación en el estado de Zacatecas (SEDUZAC), Secretario de Educación del estado de Zacatecas, Director de Educación Básica Federalizada, Jefe de personal de apoyo en SEDUZAC y Coordinador Administrativo de SEDUZAC, se traduce en la omisión de recategorizarla de la clave A01806 que ostenta a la A01807, que aspira, en relación a la plaza con que cuenta como Administrativo en la Escuela Secundaria Técnica número once "Berlisario Domínguez" de Tepechitlán, Zacatecas, virtud a que en el citado centro de trabajo quedó vacante la clave A01807, por la jubilación de Ma. del Rosario García Tovar, para lo que otorgó sus datos personales, entre ellos la puntuación escalafonaria y el talón de cheque de la quincena de abril de dos mil dieciséis, para comprobar que se encuentra activa en su centro de trabajo, omisión que se encuentra realizada por dichas autoridades con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones laborales de esa institución con su personal dentro de su marco legal, y por ello, en este caso no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Ello no implica que la referida dependencia, en otros supuestos atendiendo a la naturaleza de los actos emitidos, sí pueda tener tal carácter en función del ejercicio público, como podría ser en el caso legalmente considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación. Lo que en el caso no acontece, pues si bien es cierto el acto aquí reclamado se encuentra ejecutado por un organismo o funcionario de gobierno estatal, también lo es que estos tienen doble personalidad, por la función pública y encargo que desempeñan y, por el hecho de ser depositarios, administradores o representantes de los intereses económicos que constituyen el patrimonio del Estado; advirtiéndose así, que el acto aquí reclamado se encuentra ejecutado por la institución con el carácter de persona moral oficial de derecho privado, en base a las relaciones laborales que guardan con la quejosa en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; acto que queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; sino que como ya se indico se debe atender al plano en que la autoridad actúa. En las narradas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por Ana Lilia López Vázquez, por propio derecho, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Téngase por autorizados para oír y recibir notificaciones la licenciada Judith Andrade Plascencia, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y como lo solicita la quejosa a Víctor Hugo López Vázquez, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos más no así para promover; y como domicilio para tal efecto el ubicado en calle Vagón, cuatrocientos quince (415), fraccionamiento Ferrocarriles en Guadalupe, Zacatecas.
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