Ana Lilia Gutierrez Magaña
Expediente 564/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 564/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ana Lilia Gutierrez Magaña
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Como de la certificación que antecede se advierte que a la fecha transcurrió el término otorgado a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se procede a realizar el pronunciamiento respectivo de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia número 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el tomo XI, Marzo del año 2000, 26/2000, visible en la página 243, que literalmente dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Luego, como se advierte de la constancia secretarial de cuenta, mediante resolución de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se concedió el Amparo y Protección de la Justicia, este juzgado CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a -, para los efectos antes precisados. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, y Secretaría de Salud de Michoacán y Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, con sedeen esta ciudad, para que dieran cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. Enseguida, virtud al incumplimiento por parte de las responsables, se les requirió nuevamente en auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, a fin de que dentro del término de veinticuatro horas, contados a partir de su notificación, cumpliera con la ejecutoria de amparo. En respuesta tal requerimiento, en proveído de veintidós de septiembre del año en curso, se tuvo al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, informando que sus representadas asignaron a la quejosa -, la clínica en la cual está dada de alta, denominada DIF CHILCHOTA, ubicada en carretera nacional número 226, colonia el madrigal, C.P. 59780, para que se le proporcione la terapia sustitutiva renal extracorpórea (hemodiálisis), que requiere para vivir, anexando el acuerdo administrativo que le fue requerido en la ejecutoria dictada en autos; sin que la quejosa haya hecho manifestación alguna al respecto, no obstante de estar debidamente notificada de dicho auto. Por consiguiente, al no advertirse que haya exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se declara que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN LO ESENCIAL; sin perjuicio de que la quejosa esté en condiciones de impugnar la presente determinación, o en su caso, por la vía correspondiente recurra el auto dictado por la responsable en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Sobre el particular resulta aplicable la tesis 2ª. CXVI/97, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de la Novena Época, consultable a fojas 144, Tomo: VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- "El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal, u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente de dictar; con fundamento en los artículos 196 párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como CONSERVABLE, el cual será transferido una que vez cumpla tres años contados a partir de este acuerdo, dado que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, Fracción II, 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; asimismo, se advierte de la constancia secretarial que no se formaron cuadernos incidentales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y por ende representante legal del Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, mediante el cual informa que sus representadas asignaron a la quejosa -, la clínica en la cual está dada de alta, denominada DIF CHILCHOTA, ubicada en carretera nacional número 226, colonia el madrigal, C.P. 59780, para que se le proporcione la terapia sustitutiva renal extracorpórea (hemodiálisis), que requiere para vivir, anexando el acuerdo administrativo que le fue requerido en la ejecutoria dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, computado a partir de la legal notificación del presente auto, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este Tribunal de Amparo resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos que sean aportados por las autoridades responsables. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacan, trece de septiembre de dos mil veintitres. Vista la constancia secretarial de cuenta, de donde se desprende que el término de tres días concedido a las responsables Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, y Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de amparo ya transcurrió, sin que hasta esta data hayan dado cumplimiento, ni manifestado el impedimento legal que hayan tenido para ello. En consecuencia, requiérase nuevamente a las responsables por conducto de la Secretaría de Salud de Michoacán y Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Michoacán, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se dicte un acuerdo administrativo en el que ordene, a quien corresponda, se tomen las medidas necesarias a efecto de que a la quejosa -, se le proporcione el tratamiento que requiera para la insuficiencia renal, diabetes e hipertensión que padece, lo cual deberá ser de manera gratuita, oportuna y continua, acuerdo que deberá agregar al expediente clínico de la quejoso y remitir de inmediato copia certificada a este tribunal, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del tiempo concedido, de inmediato se les impondrá una multa de doscientos días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 fracción I, en relación con el 259 de la Ley de la Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta de donde se desprende que el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, otorgado a las partes legitimadas para recurrir la resolución dictada en fecha veintisiete de julio de dos mil veintitrés, en la que se concedió la protección de la justicia federal en el presente juicio de garantías, ya feneció, sin que se hicieran uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en términos del referido precepto 192 y del diverso numeral 258, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Director del Hospital General de Zamora, Michoacán, y Secretaría de Salud de Michoacán y Público Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán, con sedeen esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente provisto, cumplan con el fallo que concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, o de no informar el impedimento que hayan tenido para cumplir con la misma, se les impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
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