Ana Lilia Gallegos Lares
Expediente 1260/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1260/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/06/2023
Partes del expediente
- Ana Lilia Gallegos Lares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes dentro del término legal concedido, no se inconformaron en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma CAUSA EJECUTORIA para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obre agregada la constancia de notificación del presente proveído, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General; por lo anterior, toda vez que se sobreseyó el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, este expediente es destruible. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años establecido en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, realizará la transferencia correspondiente; realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE.
- Principal
se R E S U E L V E ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ANA LILIA GALLEGOS LARES, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero y considerando segundo del presente fallo, por los razonamientos jurídicos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, remitido por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, mediante el cual remite copia de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 619/2022 derivada del juicio de amparo indirecto 1260/2022 del índice de este Juzgado de Distrito; luego, hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia resolvió: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, tomando en consideración que mediante auto de veintidós de julio de dos mil veintidós, se suspendió el procedimiento, hasta en tanto se resolviera lo relativo al recurso de queja interpuesto por el Director Jurídico Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad de Tepic, por lo que dicha circunstancia ya aconteció, reanúdese el procedimiento; consecuentemente, se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Por otra parte, a efecto de economizar espacio en el área destinada para el archivo de este órgano jurisdiccional, procédase a la destrucción del legajo certificado remitido a fin de substanciar el citado medio de impugnación, por resultar innecesarias para la tramitación de este asunto. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 624/2021, promovido por MARTHA PATRICIA AGUIRRE REYES, contra actos del Contralor Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, con residencia en Tepic y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole para tal efecto, copia simple de la demanda de amparo; se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe previo, serán sancionadas con una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé la fracción I, del artículo 260 de la referida codificación, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. Se señalan las DOCE HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, en su demanda de amparo la parte quejosa reclama destacadamente la falta de emplazamiento y/o Ilamamiento a algún procedimiento administrativo en el que se haya determinado la suspensión de los haberes que percibía con motivo de su cargo de auxiliar administrativo adscrita al Departamento de Servicios Generales del Ayuntamiento Constitucional de Tepic. Precisado lo anterior, debe señalarse que la quejosa sí acredita su interés suspensional en el incidente que nos ocupa, para justificar lo anterior adjuntó una constancia laboral expedida por el Jefe de Departamento de Servicios Generales del Ayuntamiento Constitucional de referencia, de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. La constancia de referencia fue debidamente compulsada de la copias certificadas que la parte quejosa adjuntó a su demanda, por lo que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Ahora, cabe mencionar que la suspensión en el juicio de amparo es una providencia cautelar que tiene por objeto fundamental mantener viva la materia del amparo, conservando las cosas en el estado en que se encuentran, impidiendo que el acto de autoridad impugnado en la vía constitucional se ejecute o produzca sus efectos o consecuencias y se llegue a consumar de manera irreparable antes de que se resuelva en forma definitiva si es o no contrario a la ley fundamental. Así, la suspensión tiende a evitar al agraviado, durante la tramitación del juicio de amparo, los perjuicios que la ejecución del acto pudiera ocasionarle, incluso aquellos que pudiesen ser únicamente de difícil reparación. La importancia de la referida institución jurídica se aprecia si se tiene en cuenta que sin ella el acto reclamado podría ser de difícil reparación o podría llegar a consumarse irreparablemente, lo que haría nugatoria la protección constitucional, pues en un supuesto así, ya no podrían volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, como lo ordena el artículo 77 de la Ley de Amparo.1 Es importante apuntar que la suspensión por regla general no tiene efectos restitutorios, pues éstos son exclusivos de la sentencia que otorgue a la quejosa la protección solicitada, esto es, sólo de ser jurídica y materialmente posible, se le podrá restablecer provisionalmente en el goce del derecho violado, como lo prevé en su segundo párrafo el artículo 147 de la Ley de Amparo 2. 1 Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: - - - I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y - - - II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.). 2 Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. - - - Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. - - - El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo. Acotado lo anterior, tenemos que el artículo 128 de la Ley de la materia dice: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: - - - I. Que la solicite el quejoso; y - - - II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. (.). De conformidad con lo transcrito, para la concesión de la suspensión es necesario que concurran los siguientes requisitos: que la solicite la quejosa y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En relación con el primero de los requisitos, está satisfecho, en tanto que la parte quejosa solicitó la suspensión provisional en su demanda de amparo, para el efecto de que se le siga pagando sus haberes económicos correspondientes, que venía recibiendo como Auxiliar Administrativo adscrita al Departamento de Servicios Generales del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit. El segundo de los supuestos también se cumple, pues no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. A efecto de categorizar lo que debe entenderse por interés social y orden público, se transcribe la jurisprudencia sustentada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. 3 Respecto de estos conceptos -orden público e interés social-, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 132/2004-SS,4 sostuvo lo siguiente: El orden público e interés social son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así como disposiciones de orden público deben entenderse aquellas plasmadas en los ordenamientos legales que tengan como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés 3 Informe de labores 1973, Séptima Época, registro 805484, parte II, página 44. 4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 18581, Segunda Sala, tomo XXI, enero de 2005. social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva o bien, le evite un trastorno o un mal público. De los criterios jurisprudenciales transcritos, se advierte que se contrarían disposiciones de orden público o se sigue perjuicio al interés social, cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por tanto, con la medida cautelar que solicita el quejoso se evitaría que el acto reclamado en el juicio constitucional se continúe ejecutando en su perjuicio -la supresión de sus haberes económicos -, causándole daños que pudieran ser de difícil o imposible reparación, ya que el hecho de dejar de percibir ingresos pone en riesgo su propia subsistencia y la de los que de él dependan. Lo anterior, en tanto que si se llegase a conceder el amparo por estimar que el acto reclamado es inconstitucional, podría suceder que los derechos no resguardados sean difícilmente reparables o no puedan ser reparados al haberse consumado de manera irreparable, ya que si durante la tramitación del juicio de amparo la quejosa sufre un daño irreparable en su patrimonio, sin que la protección constitucional pudiera remediar esa situación. En un supuesto así, es claro que el amparo concedido no les reportaría beneficio alguno, lo que demuestra que la suspensión no lograría su finalidad jurídica, esto es, que la justicia federal sea eficaz con el amparo. Además, de permitir a la quejosa continuar recibiendo sus haberes económicos que se le brindaban por desempeñar como Auxiliar Administrativo adscrita al Departamento de Servicios Generales del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, no se afectaría al interés social o al orden público. Sustenta lo anterior, a contrario sensu, la Jurisprudencia 2a./J. 52/2002, de la Segunda Sala del alto tribunal del país, de título y contenido siguientes: ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. CUANDO ES EVIDENTE Y MANIFIESTA SU AFECTACIÓN, NO SE REQUIERE PRUEBA SOBRE SU EXISTENCIA O INEXISTENCIA. Si bien es cierto que en el incidente de suspensión las partes tienen el derecho de allegar al Juez de Distrito las pruebas que la Ley de Amparo permite para acreditar la existencia del acto reclamado y la afectación o no afectación al orden público y al interés social con motivo de la suspensión del acto reclamado en el amparo, también lo es que los elementos probatorios son innecesarios cuando dicha afectación es evidente y manifiesta, por lo que en tal supuesto si las partes aportan pruebas para acreditar tal extremo y éstas les son desechadas, ninguna afectación les causa tal acto, ya que el juzgador debe atender a la evidente y manifiesta afectación aludida, para denegar la suspensión solicitada. 5 Aunado a lo anterior, si como ya se dijo, hasta este momento, no se advierte que pueda ocasionarse algún perjuicio al interés social o al orden público con la concesión de la suspensión provisional, por lo que prevalece la protección al derecho de percibir ingresos económicos que venía recibiendo con motivo del Auxiliar Administrativo adscrita al Departamento de Servicios Generales del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit. Es aplicable al caso, por las razones que la informan, la Jurisprudencia 2a./J. 204/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y texto siguientes: 5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro: 186504, tomo XVI, Julio de 2002, página 296 SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. , sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. En consecuencia, con fundamento en los artículos 128 y 138, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a la quejosa MARTHA PATRICIA AGUIRRE REYES, respecto del acto que destacadamente reclamó relativo a la suspensión de sus haberes económicos correspondientes, para el único efecto de que, en caso de no existir un procedimiento administrativo por escrito en el que haya sido notificada la quejosa del inicio del mismo, las autoridades responsables no le suspendan el derecho a percibir el salario y demás haberes económicos, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva y según el sentido de la misma. En el entendido de que la medida cautelar concedida, surtirá efectos siempre y cuando la orden de suspensión de los haberes que percibe la quejosa no derive de una orden por escrito emanada de un procedimiento de responsabilidad o de cualquier naturaleza en que se haya decretado la suspensión o inhabilitación de la justiciable en su cargo, y que en dicho procedimiento la quejosa haya sido emplazada y notificada de la resolución que determinó suspenderle su pago; tampoco surtirá efecto legal alguno si la suspensión de sus haberes económicos derivó del despido de la quejosa del cargo de auxiliar administrativo adscrita al Departamento de Servicios Generales del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, y que dicho despido le haya sido oportunamente notificado. Se concede la suspensión, dado que en la especie no se cuenta con elementos que evidencien una destitución o cese en su cargo como Auxiliar Administrativo adscrita al Departamento de Servicios Generales del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit; por lo que, en una ponderación de la apariencia del buen derecho, cobran relevancia las manifestaciones hechas por la quejosa en el escrito de demanda de amparo, las cuales deben ser suficientes para considerar la verosimilitud del derecho para efectos de conceder la medida cautelar, con alcance de tutela anticipada, lo anterior sin prejuzgar sobre lo que se resuelva en definitiva. Se cita por identidad jurídica la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, que se comparte, bajo los datos y rubro siguientes: Tesis: VII.2o.T.88 L (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Tribunales Colegiados de Circuito Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV Pag. 2525 Tesis Aislada (Común, Laboral) SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CONFORME AL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO, ESA MEDIDA CAUTELAR DEBE OTORGARSE CONTRA LA ORDEN VERBAL DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA GUBERNAMENTAL DENOMINADO PROSPERA , PARA QUE PROVISIONALMENTE SE LE REINSTALE EN SU SEDE, SIN PERJUICIO DE LO QUE SE RESUELVA EN DEFINITIVA. A efecto de ponderar la apariencia del buen derecho y el interés social, tratándose de la suspensión provisional del acto reclamado, cobran especial relevancia las manifestaciones hechas por el quejoso en su demanda de amparo, las cuales deben ser suficientes para considerar la verosimilitud del derecho para efectos de conceder o no la medida, con alcance de tutela anticipada. Así, cuando el quejoso señala que las autoridades ordenadoras emitieron orden verbal de cambio de sede o adscripción como responsable de atención del programa gubernamental denominado PROSPERA , de una ciudad a otra, y que ya fue ejecutada por la responsable; estas manifestaciones, con base en un juicio objetivo y racional, deben conducir a la convicción de que el acto reclamado puede ser inconstitucional, pues realizando un cálculo de probabilidades, es posible prever, sin prejuzgar, que la sentencia de amparo declarará el derecho en sentido favorable a quien solicita la medida cautelar (ello, al margen de la procedencia o no del juicio de amparo contra un acto de esta naturaleza, porque tal circunstancia no es materia de la litis suspensional, en tanto que la demanda fue admitida). Lo anterior es así, ya que el cambio de lugar en que se desempeña un trabajador burocrático, es un acto de molestia que implica someter su ejercicio a los supuestos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque esa afectación en la situación y ámbito de las personas puede perjudicar sus posesiones, entendidas como toda situación derivada de una relación jurídica que puede ser administrativa o asimilada a la de trabajo. Por tanto, una vez realizado el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, es posible conceder la suspensión en este momento procesal, con efectos de una resolución anticipada de la tutela que se espera del juicio, pues debe prevalecer el derecho humano del quejoso que se ve afectado por el acto de autoridad, sobre todo, porque la concesión de la suspensión provisional no tendrá por efecto impedir o privar a la colectividad de disfrutar de los beneficios que otorga el aludido programa gubernamental; esto es, no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, sino que su efecto será únicamente para que se le restituya en el lugar en que tenía su fuente de trabajo y seguir prestando sus servicios en beneficio de las personas que gozan del precitado programa, todo ello, atendiendo a las circunstancias concretas del derecho que se estima alterado en su situación particularizada ante el acto de autoridad, pues conforme al artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, atento a la naturaleza del acto reclamado, es jurídica y materialmente posible restablecer provisionalmente a la recurrente en el goce de su derecho violado, mientras se dicta la suspensión definitiva y, en su caso, sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. No es exigible garantía alguna para que surta efectos la medida cautelar concedida a la parte quejosa, toda vez que en la especie no existe interés alguno que garantizar, ni tampoco tercero interesado que pudiera resultar afectado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que la parte quejosa acompaña al escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento de celebrarse la audiencia incidental. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizado en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, a César Miguel Fragoso Amezcua. Asimismo, se autoriza la reproducción electrónica de las actuaciones que obran en el presente expediente, reproducción que deberá ser realizada mediante el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser, o cualquier otro medio electrónico de innovación tecnológica que lo permita, por conducto de la persona que para tal efecto autoriza, previa toma de razón que se deje en autos. En la inteligencia de que para poder comparecer a este órgano jurisdiccional a efectuar la reproducción electrónica que refiere, tendrá que agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea, específicamente en el micrositio Agenda OJ , de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Registro Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros interesados respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. NOTIFÍQUESE.
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