Ana Lilia Fraga Guzmán

Expediente 868/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
868/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Ana Lilia Fraga Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por *****************************; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, toda vez que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese por lista electrónica. Así lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso, del propio Consejo, en unión de Luis Eduardo Villa Jaimes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Citatorio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la quejosa el proveído del veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por *************************, por derecho propio, contra actos del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 868/2020-III. La quejosa señala como acto reclamado la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión por incapacidad permanente. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el artículo 1o., fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese tenor, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquellas las que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. c) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2011, determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. Bajo ese orden, la referida Sala concluyó que las determinaciones emitidas respecto de las peticiones de los asegurados o sus beneficiarios en relación con las prestaciones de seguridad social que otorga la ley, no tienen el carácter de actos de autoridad; por una parte, porque si bien dicho Instituto cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al decidir sobre esos aspectos solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J.134/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1511, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL." En tales condiciones, si en el caso lo que se reclama en la presente instancia constitucional es la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión por incapacidad permanente, es claro que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, por lo cual el juicio constitucional no es procedente en su contra. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No ha lugar a tener como domicilio el que señala, en virtud de que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Federal, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días señale domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo se practicarán las subsecuentes notificaciones por medio de lista electrónica. Tomando en consideración el sentido de la presente determinación, se comisiona a uno de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que notifique personalmente este proveído a la parte quejosa. Se tienen como autorizadas a las personas que menciona, para los efectos que precisa. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Michel Navarrete Archundia, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe." (Se anexa el proveído al final de la lista de publicación).

  3. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por *************************, por derecho propio, contra actos del Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades; realícense las anotaciones correspondientes bajo el número 868/2020-III. La quejosa señala como acto reclamado la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión por incapacidad permanente. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo preceptuado en los numerales 1o., fracción I, y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el artículo 1o., fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese tenor, el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, señala quién o quiénes pueden ostentar la calidad de autoridades responsables en el juicio de control constitucional, siendo aquellas las que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En efecto, las notas que distinguen un acto u omisión de autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales, los cuales creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular u omita tal clase de actos, de manera tal que de realizarlos crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior acorde con la jurisprudencia 2a./J.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 161133, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." En esa tesitura, existen tres tipos de relaciones jurídicas, a saber: a) De coordinación: Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado. b) De supra a subordinación: Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. c) De supraordinación: Son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación, por encima de los particulares. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2011, determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De órgano asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero que otorga la Ley del Seguro Social. Bajo ese orden, la referida Sala concluyó que las determinaciones emitidas respecto de las peticiones de los asegurados o sus beneficiarios en relación con las prestaciones de seguridad social que otorga la ley, no tienen el carácter de actos de autoridad; por una parte, porque si bien dicho Instituto cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad (coordinación), y al decidir sobre esos aspectos solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social dispone que las controversias entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia 2a./J.134/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1511, de rubro: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL." En tales condiciones, si en el caso lo que se reclama en la presente instancia constitucional es la omisión de dar contestación a la solicitud de pensión por incapacidad permanente, es claro que el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad para efectos del amparo, por lo cual el juicio constitucional no es procedente en su contra. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. No ha lugar a tener como domicilio el que señala, en virtud de que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Federal, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días señale domicilio en la residencia de este órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo se practicarán las subsecuentes notificaciones por medio de lista electrónica. Tomando en consideración el sentido de la presente determinación, se comisiona a uno de los Actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que notifique personalmente este proveído a la parte quejosa. Se tienen como autorizadas a las personas que menciona, para los efectos que precisa. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Michel Navarrete Archundia, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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