Ana Lilia Fernández Cantón
Expediente 821/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 821/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana Lilia Fernández Cantón
- Bárbara Mora López y Otros.
- Ana Lilia Fernández Cantón y Otros.
Actuaciones
- Principal
La quejosa *** solicita la devolución de diversos documentos que anexó a su demanda de amparo...devuélvase a la parte quejosa las documentales a que hace referencia...
- Principal
... se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer... se declara que CAUSÓ ESTADO para los efectos legales procedentes... archívese este asunto como concluido....
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LOS PROMOVENTES, EL ACUERDO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención efectuada en autos (fojas 35 a 39); al respecto, este órgano jurisdiccional emite el siguiente pronunciamiento: CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA De los artículos mencionados se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, la cual es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias, con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la Ley de Amparo abrogada, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo es la que con fundamento en una ley de origen público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 199459 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P. XXVII/97 Página: 118 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen., cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De lo anterior, se advierte que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Cabe mencionar que en la ejecutoria que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, al respecto aprobó la siguiente tesis: Época: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como se advierte de la anterior transcripción, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y: d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En esos términos, a efecto de determinar la procedencia del juicio de amparo que promueve la parte quejosa, se debe constatar si el acto que reclama afecta de manera unilateral la esfera jurídica del promovente, si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad. HECHOS En el caso concreto, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: Acto de legalidad El cese de los efectos del nombramiento de *** como empleada al servicio del ***, en cumplimiento al procedimiento seguido en forma de juicio, establecido en los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley Número 364 de la Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Acto de constitucionalidad La inconstitucionalidad de los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Ley Número 364 de la Ley Estatal del Servicio Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aplicados en un procedimiento seguido en forma de juicio que concluyó en el cese del nombramiento de la quejosa como empleada al servicio del Ayuntamiento Constitucional de Huatusco, Veracruz. CONCLUSIÓN En ese sentido, respecto del acto reclamado señalado en el inciso a), este órgano jurisdiccional respetuosamente considera que el acto que el promovente reclama no corresponde con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que deriva de la relación laboral que vincula a la parte quejosa con el ***, como trabajador y patrón. Asimismo, el acto reclamado no corresponde con una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter de índole laboral, por lo que difiere sustancialmente de la que se entabla entre autoridad y gobernado; en ese sentido la problemática que existe, en su caso, puede ser resuelta a través de una solución en la vía ordinaria laboral o administrativa, mas no a través del juicio de amparo, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Tiene aplicación la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 202602 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Abril de 1996 Materia(s): Laboral Tesis: I.6o.T.26 L Página: 347 AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito. No es óbice a lo anterior, que el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de Ley de Amparo, prevé la posibilidad que los particulares puedan adquirir la calidad de autoridad responsable, pues para esto, los actos equivalentes a los de autoridad requieren de la existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación jerárquica respecto del quejoso; lo cual, como ya se expuso, no acontece en el presente asunto. En razón de lo anterior, el juicio de amparo no es el idóneo para combatir el acto que el quejoso reclama, en todo caso, tiene expeditos sus derechos para hacer valer el medio de impugnación ordinario que considere pertinente, ante la autoridad laboral o administrativa competente. Ahora bien, al actualizarse la causa de improcedencia analizada respecto del acto precisado en el inciso a) del apartado respectivo, relacionado con la aplicación de las normas impugnadas, lo procedente es hacer extensivo el desechamiento respecto del acto señalado con el inciso b) relacionado con la posible inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz, ya que no puede desvincularse su estudio del acto de aplicación de la norma, del cual resultó improcedente el amparo, máxime que en el caso esa inconstitucionalidad se hace derivar de su aplicación en el cese del nombramiento del trabajador quejoso. Tienen aplicación las tesis siguientes: Época: Novena Época Registro: 191311 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Constitucional Tesis: 2a./J. 71/2000 Página: 235 LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN., cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Época: Séptima Época Registro: 237263 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 205-216, Tercera Parte Materia(s): Constitucional Tesis: Página: 175 LEYES O REGLAMENTOS. AMPARO PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación, necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.
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