Ana Lilia Cruz Mendoza
Expediente 838/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ana Lilia Cruz Mendoza
- Director del Impuesto Predial Y Catastral del Ayuntamiento de Ocuituco, Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de junio de dos mil diecisiete. se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por Sanjuana Ramos Quiros, apoderado de la parte tercero interesada, mediante el cual solicita se le expida copia certificada de la sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo; al respecto, con fundamento en el artículo 3°, de la Ley de Amparo, expídase copia certificada de las constancias que refiere, previa razón de recibo obre agregada en autos. Asimismo, se hace de su conocimiento que el uso o divulgación inadecuada de la información obtenida, será bajo su más estricta responsabilidad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ORDINAL 27 FRACCIÓN III Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA EL SIGUIENTE ACUERDO: Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Ana Lilia Cruz Mendoza, contra actos del Director del Impuesto Predial y Catastral del Ayuntamiento de Ocuituco Morelos, y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 838/2017, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la admisión, o en su caso incompetencia, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 Constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte inequívocamente que el sobreseimiento. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I y 107, fracción II, estos dos últimos interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo 8° de la Constitución Federal, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; (.)." De los preceptos legales antes transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones dentro o fuera de juicio siempre que estos violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, con el requisito de que se produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa. En el caso la parte promovente reclama una violación al artículo 8° Constitucional, en razón de que aduce que las autoridades responsables Director del Impuesto Predial y Catastral, Presidente y Síndico Municipal del Ayuntamiento de Ocuituco Morelos, no le ha dado respuesta a un escrito que les presentó el nueve de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual solicitó se le informe si existe anotación marginal alguna, sobre la propiedad y/o orden judicial que no permita realizar movimiento y/o pago de impuesto respectivo alguno, sobre dicho inmueble. Ahora, el citado artículo 8º de la Carta Magna consagra el derecho de petición, que la doctrina ha clasificado dentro de las garantías de acción, con la limitante de que no está reconocida al individuo frente a otros particulares, sino únicamente en relación a los funcionarios y empleados públicos, y en tal virtud que su estructura no consiste en un simple respeto de los miembros del poder público, en un no hacer, ante el ejercicio de esa libertad, sino precisamente en una obligación de hacer, ya que se impone a los funcionarios y empleados públicos la obligación de contestar a las peticiones que reúnan los requisitos de haberse formulado por escrito, de manera pacífica y en forma respetuosa; sin que por ello sea dable considerar que la respuesta de la autoridad forzosamente constriña un resolver en sentido favorable al solicitante. Conviene en este contexto, tener presente el contenido literal del precepto que se dice violado, del siguiente tenor: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De lo anterior, se desprende que el aludido precepto constitucional contiene los siguientes lineamientos: a) Que los funcionarios y empleados públicos deben respetar el derecho de dar respuesta a toda petición. b) No obstante tal derecho, estarán exentos de hacerlo cuando los particulares no lo hagan por escrito y de manera respetuosa; o que tratándose de materia política, las peticiones no sean requeridas por ciudadanos de la república. c) Que a toda solicitud deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido éste. d) Que dicha autoridad lo deberá dar a conocer al peticionario en un plazo breve, pudiendo variar la forma de hacerlo según sea el caso. Conforme al precitado artículo 8º constitucional los funcionarios respetarán el ejercicio del derecho de petición, y a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, pues todo funcionario estará siempre obligado a respetar el derecho de petición garantizado mediante su inclusión en la constitución federal, ya que se debe tener presente que cualquier solicitud que como funcionario se le enderece está dirigida a él como autoridad y no a la persona física, y que la garantía constitucional está por encima de cualquier disposición secundaria de la ley civil, mercantil o de cualquier otra naturaleza, porque se reitera, cuando un funcionario actúa en cualquier orden, público o privado, está obligado como representante del gobierno a actuar de buena fe. Sentadas las anteriores premisas se tiene que, el derecho de petición consagrado en el artículo 8º constitucional, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de acudir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades; es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. Ahora, si bien, no existe una ley reglamentaria al artículo 8° de la Constitución Federal que de manera expresa regule su ejercicio y lo que debe entenderse por breve término, cierto es que la labor jurisprudencial ha establecido algunos parámetros en relación a tal concepto, y al respecto, se ha establecido, por ejemplo, que pasados cuatro meses sin que haya habido respuesta, la autoridad está violando el artículo citado. No obstante, algunas leyes de procedimiento administrativo establecen plazos más cortos o efectos diversos, como la afirmativa o negativa ficta, para determinadas peticiones de los particulares elevadas a las autoridades. En el caso, la Ley de Justicia Administrativa del Estado, en sus artículos 1° y 40, fracción V, establece que: "en el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley." Además, señala que "en los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Por su parte, la fracción V, del citado artículo 40 de dicha ley, establece que "el Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer de los juicios que se promuevan contra la resolución negativa ficta recaída a una instancia o petición de un particular y que se entenderá que se configura tal resolución negativa ficta cuando las autoridades estatales o municipales o sus organismos descentralizados, no den respuesta a una petición o instancia de un particular en el término que la Ley señale o a falta de éste en el de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que se haya formulado la petición. (.)". De lo anterior, se advierte que la sanción de negativa o afirmativa fictas surge una vez transcurridos treinta días hábiles a partir de la petición, por lo que es dable concluir que dicho término es el máximo legalmente otorgado a las autoridades estatales o municipales del Estado de Morelos para dar respuesta a las peticiones que les formulen los particulares. Así que, hasta en tanto dicho plazo no transcurra, no se podrá considerar que existe una violación al "breve término" que establece el artículo 8° constitucional, pues la ley que regula los actos y omisiones de las autoridades administrativas del Estado de Morelos, como la señalada como responsable en la demanda que dio origen a este juicio, establece un plazo que constitucionalmente no se encuentra precisado en días o meses, así que aquél de treinta días hábiles es al que debe sujetarse la actividad de las autoridades citadas; entendido lo anterior, se considera que no existe una afectación real y actual a la esfera jurídica de la parte peticionaria que la faculte para acudir al juicio de amparo a reclamar un agravio. Cierto, la parte quejosa se duele de que las autoridades responsables, no han dado respuesta a su escrito de petición presentado el nueve de mayo de dos mil diecisiete, aduciendo que ello viola en su perjuicio lo preceptuado en el aludido artículo 8° constitucional; sin embargo, del escrito de petición que dirigió a las autoridades responsables que adjuntó a su demanda de amparo, mismo que cuenta con el sello original de recepción, a la que se le otorga valor probatorio pleno en término de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que entre la fecha de presentación de dicho ocurso y la data en que se recibió la demanda que nos ocupa en la Oficialía de Partes Común de los Juzgado de Distrito del Decimoctavo Circuito (veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete), mediaron únicamente once días para que las autoridades estudien el escrito, lo acuerden y lo de a conocer a la parte solicitante; así que, evidentemente no existe a la fecha, un agravio personal y directo en la esfera jurídica de la parte quejosa que haga procedente el juicio de amparo reclamándose violación al artículo 8° constitucional, pues se aprecia claramente que dicho plazo no excede el "breve término" otorgado por la Constitución Federal, ni los treinta días que como termino máximo otorga la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos para que la autoridad otorgue tal respuesta a la parte peticionaria, no existiendo una abierta dilación u omisión de la autoridad responsable. Así es, en el caso, no se ha rebasado de manera patente los elementos establecidos en la Constitución Federal cuando establece que la respuesta debe ser emitida en un "breve término", ni tampoco los límites de razonabilidad ni racionalidad. Por ello, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los artículos 5°, fracción I y 107, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario todos de la Ley de Amparo, relacionados con el artículo 8° de la Constitución Federal, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Apoya la anterior determinación, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el seis de mayo de dos mil dieciséis, Decima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011580, del rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Domicilio procesal y autorizados. En otro orden de ideas, como lo solicita se tienen por señalados los estrados de este juzgado para los efectos de oír y recibir notificaciones y por autorizados a las personas que cita para los efectos que precisa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Guillermo Amaro Correa, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Julián Pantaleón Suárez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
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