Ana Lilia Castillo Uriarte

Expediente 93/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
93/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
31/01/2018

Partes del expediente

  • Ana Lilia Castillo Uriarte

Actuaciones

  1. Principal

    ...se requieren constancias en términos del artículo 75 de la ley de amparo...

  2. Principal

    Agréguese a los autos del expediente en que se actúa, el oficio signado por la secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, quien en atención a lo solicitado mediante proveído de quince de junio de la presente anualidad, acusa recibo del oficio 4365/2017, mediante el cual se hizo de su conocimiento que este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia declinada en el juicio de amparo 25/2017-2A, de su estadística. Por lo tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que a la fecha en que se actúa el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, no ha informado su proceder en relación al amparo 25/2017-2A, de su índice, el cual fue promovido por Ana Lilia Castillo Uriarte, en el que inicialmente se declinó competencia en favor de este órgano jurisdiccional, la cual no fue aceptada por las razones precisadas mediante proveído de veintiséis de enero de la presente anualidad. Así, toda vez que resulta necesario para estar en aptitud de ordenar el destino legal correspondiente del expediente en que se actúa, solicítese vía fax al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, para que de no tener inconveniente legal alguno, por la misma vía, informe lo conducente en relación con lo precisado en el párrafo que antecede.

  4. Principal

    Agréguese a los autos del expediente en que se actúa, el oficio signado por la secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, mediante el cual remite la demanda de amparo promovida por Ana Lilia Castillo Uriarte, siete fotocopias de la misma y sus anexos. Asimismo, la secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, informa que el dieciocho de enero de la presente anualidad, en los autos del juicio de amparo 25/2017-2A, el órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrita, consideró que se surte la competencia por razón de territorio en favor del juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en turno en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, al estimar que los actos reclamados no tienen ejecución en aquella ciudad, pues sostiene que la quejosa Ana Lilia Castillo Uriarte, percibe el pago de su pensión en la sucursal de la institución bancaria BANCOMER, con domicilio en Juárez y Carranza sin número, Tecate, Baja California, considerando que se actualiza la hipótesis a que se refiere el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Ahora, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada, por los motivos que enseguida se expondrán. Cabe destacar que el citado numeral 37 de la ley de la materia, efectivamente señala las reglas básicas para fijar la competencia por razón de territorio, a saber: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. [Lo remarcado no es de origen]. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De acuerdo con el precepto invocado será competente para conocer de la demanda de amparo: a) El juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado (párrafo primero). b) El juez de distrito que prevenga en el conocimiento del asunto, cuando a otro también le resulte competencia, porque la ejecución del acto reclamado se lleve a cabo en su jurisdicción (párrafo segundo). c) El juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, siempre que el acto reclamado no requiera de ejecución material (párrafo tercero). Luego, de la lectura de la demanda de amparo promovida por Ana Lilia Castillo Uriarte, se aprecia que en esencia se reclama la aplicación negativa del contenido del artículo 51 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la referida ley, así como el contenido, alcance legal y efectos jurídicos del oficio número 004/5741/2016, de fecha dos de diciembre de dos mil dieciséis, del índice de la autoridad responsable, lo que se traduce en la práctica de descuentos por parte de la responsable, relativos a la pensión por viudez que percibe la quejosa. Así, cuando en el amparo indirecto se reclame una pluralidad de actos que deban tener ejecución material, o que incluso ya se ejecutaron, serán competentes para conocer del asunto en su integridad tanto el juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde se esté ejecutando el acto reclamado, como aquél en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Por tanto, no se comparte el criterio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en el sentido de que el acto reclamado se materializa en un lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Aunado, a que al encontrarse involucrado en la especie el derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el diverso numeral 17 constitucional, se concluye que la competencia se surte en favor del juez en cuya jurisdicción se presentó la demanda, porque de acuerdo con el sentido y alcance del derecho humano mencionado, la circunstancia de que la quejosa haya presentado su escrito de demanda ante la autoridad de amparo con competencia en uno de los territorios relacionados con el asunto, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal es el de más fácil acceso material para dicha justiciable, respecto del otro, dado que la promovente optó por acudir ante él y no con el otro. En esa tesitura, no se acepta la competencia propuesta por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, ya que si bien los actos reclamados pudieran tener ejecución en más de un distrito, Tijuana y Mexicali, ambos en Baja California, le resulta entonces competencia legal a dicho juzgador, pues fue ante él que inicialmente se presentó la demanda, tal y como lo estipula el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Por las consideraciones expuestas, con fundamento en los artículos 37, párrafo segundo, y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo promovida por Ana Lilia Castillo Uriarte; en consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se abra, devuélvase la demanda de amparo y anexos, que dieron origen al juicio de amparo 25/2017-2A del índice del juzgado declinante, para que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes determine si insiste o no en declinar su competencia, en su caso, proceda conforme a las disposiciones de la Ley de Amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, así como en el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar la información que considere en relación con el expediente en el que se actúa, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto, atendiendo las formalidades previstas en la legislación federal aplicable. Expediente electrónico Finalmente, en atención al acuerdo General 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, que prevé que los órganos jurisdiccionales están obligados a que los expedientes electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto

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