Ana Lilia Abarca Rodríguez

Expediente 705/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
705/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
13/06/2017

Partes del expediente

  • Ana Lilia Abarca Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; trece de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete (foja 18), mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Ana Lilia Abarca Rodríguez, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el diverso artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. Se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de las personas autorizadas para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. Finalmente, no obstante que el presente auto debe notificarse de manera personal a la parte quejosa, como lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, lo cierto es que mediante acuerdo doce de mayo de dos mil diecisiete (fojas 9 a 13), se tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte la lista que se publica en este Juzgado de Distrito; por tanto, realícese la notificación de este auto por medio de lista. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México; asistido de la Secretaria, Azucena Lazalde Iñiguez, quien da fe. Doy fe.

  2. Principal

    I.- Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite los autos del juicio de amparo indirecto 565/2014-I del índice de este Juzgado de Distrito, promovido por Administradora de Transporte Público Nueva Generación, Sociedad Anónima de Capital Variable y su anexo, consistente en tres legajos de copias certificadas; asimismo, remite testimonio certificado de la ejecutoria dictada por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en sesión celebrada el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia emitida en el aludido indirecto de amparo; cuyos resolutivos son: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Administradora de Transporte Público Nueva Generación, sociedad anónima de capital variable, en términos del considerando cuarto de la sentencia que se recurre". Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto legal 2°, agréguense a los autos y tómese conocimiento de la determinación emitida por el tribunal de alzada en el aludido medio de impugnación, para que surtan los efectos legales correspondientes y en consecuencia, se declara que la sentencia emitida en el juicio en que se actúa ha causado ejecutoria por ministerio de ley; glósense las constancias originales que obran en el cuadernillo de antecedentes; y, acúsese recibo al tribunal de alzada de la totalidad de las constancias que remite. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Devuélvase a la autoridad responsable Delegado Regional Ixtapan de la Sal de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, los tres legajos de copias certificadas que remitió como complemento a su informe justificado en relación a los actos reclamados por la quejosa en vía de ampliación. Atento a lo anterior, con fundamento en la fracción II, del ordinal 297, del código adjetivo citado, requiéraseles para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, acuse recibo de la constancia de mérito, con el apercibimiento que en caso de ser omisa o no informar la imposibilidad jurídica o material que tengan para ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, en relación con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, los cuales facultan a este órgano jurisdiccional para hacer uso de medidas de apremio necesarias para hacer cumplir sus determinaciones dentro del plazo concedido; podrá hacerse acreedora a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización. Ahora, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En ese orden de ideas, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: - El presente asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo de referencia), pues, se sobreseyó en el presente asunto. - Igualmente, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, último párrafo, del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de depuración, pues se negó y concedió la medida cautelar solicitada. - Transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar. - Se glosa solo el cuaderno original del incidente, toda vez que el duplicado es susceptible de depuración y destrucción dentro del término de seis meses, de conformidad a lo dispuesto en la fracción III, del punto Vigésimo del citado acuerdo; en consecuencia, resguárdese en el archivo de este Juzgado de Distrito, hasta en tanto se proceda a su destrucción material. - No existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia). - A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  3. Principal

    V.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo 2°, se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Jorge Valentín Carbajal Peña, en su carácter de autorizado del quejoso José Luis Hernández Domínguez, por el cual solicita copias certificadas de todo lo actuado en el presente juicio de amparo y de diversas constancias. Con apoyo en los artículos 278 y 279 de la antecitada codificación procesal, como lo solicita el promovente, expídanse a su costa las copias solicitadas que se encuentren en autos, en el ocurso que se atiende, en el entendido de que quien se presente a recogerlas deberá asentar razón en autos para debida constancia legal por su entrega.

  4. Principal

    Toluca, México; doce de mayo de dos mil diecisiete. Por recibida la demanda de amparo promovida por Ana Lilia Abarca Rodríguez, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Emiliano, Sergio, Emanuel y José Luis, todos de apellidos Domínguez Abarca, personalidad que se le reconoce en términos de las copias certificadas de las actas de nacimiento exhibidas; mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Secretario de Marina y Fuerzas Armadas y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 705/2017. Ahora, respecto de los actos reclamados señalados como golpes, malos tratos, incomunicación, desaparición forzada, azotes y tormento de cualquier especie, en términos de los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito estima que no se encuentra en posibilidad de pronunciarse respecto de la suspensión de plano y de oficio, pues al momento de la presentación de la demanda éstos no se están ejecutando. Asimismo, en relación con la manifestación de "tormento psicológico", se considera que dicha circunstancia no se debe considerar como acto reclamado destacado, pues del análisis integral de la demanda, se advierte que el mismo es un calificativo establecido por la promovente del amparo, respecto de las actuaciones de las autoridades que refiere en su capítulo de hechos y abstenciones. Sustenta lo anterior, la tesis aislada II.3o.A.23 K (10a.), con número de registro 2007130, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la página 1554 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, Materia Común, Décima Época, que establece: "ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO. De los criterios jurisprudenciales y aislados sustentados por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, para fijar correctamente los actos reclamados que serán materia del análisis constitucional, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por virtud de su sentido de indivisibilidad, sin atender a los calificativos que, en su enunciación, se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero si fuera el caso que, aun eso fuera insuficiente, entonces los juzgadores deberán armonizar -además de los datos que emanen del escrito inicial- la información que se desprenda de la totalidad del expediente del juicio, buscando lograr que su sentido sea congruente con todos esos elementos e identificando los reclamos con alguno de los supuestos de procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es decir, debe preferirse lo que quiso decir el quejoso y no lo que en apariencia dijo, a partir de una valoración rígida o literal del capítulo respectivo) y, todo ello, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia, sin que pueda considerarse que esto implique una suplencia de queja, sino la recta precisión de un presupuesto que será la base de la litis del juicio constitucional. Esta valoración debe ser especialmente cuidadosa, cuando se trata de determinar si fueron varios los reclamos autónomos del quejoso o si se está ante una impugnación conexa de varios actos indisolublemente relacionados, respecto de los cuales sería indebido un juzgamiento aislado por cada reclamo aparente; por todo lo anterior, si dichos aspectos y método no fueron observados por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto sujeta a revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano revisor, de oficio y sin necesidad de agravio, deberá corregirlos para evitar que el proceso constitucional culmine con una sentencia incongruente que no corresponda a la realidad de lo impugnado por el quejoso." Así como la diversa jurisprudencia 132, con número de registro 1002198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 156 del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." En otro orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y, si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 108, fracciones II, IV, V y VIII, en relación con el precepto 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, es procedente requerir a la parte quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: Primero. Con fundamento en la fracción IV del artículo 108 de la Ley de Amparo, señale con precisión el acto que reclama en esta vía, ello, en atención a lo siguiente: En el escrito de demanda que se analiza, en el capítulo relativo al acto reclamado la quejosa señala lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: Los infundados, inmotivados e inconstitucionales actos de molestia continuos, constantes en contra de mis hijos EMILIANO de tres años de edad, SERGIO de nueve años de edad, EMANUEL de doce años de edad y JOSE LUIS de quince años de edad, hijos menores de edad y de apellidos DOMINGUEZ ABARVA, de mi persona, de mi familia, de mi domicilio, de mis posesiones, causándonos daños y perjuicios, existir daños en mis hijos por estar afectados psicológicamente cuando ven a un policía y con el temor fundado de ser privados de la libertad, agredidos, violentando nuestro derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, golpes, malos tratos, incomunicación, desaparición forzada, azotes, golpes y tormento de cualquier especie que se nos realice sin que pueda hacer valer mis derechos ante el acto correspondiente en términos de ley y temiendo incluso por la integridad de mis hijos, la vida de ellos y de mi persona, como se detallará más adelante." De lo expuesto se obtiene que el acto reclamado no se encuentra debidamente precisado, pues la promovente refiere, de manera inicial, reclamar actos de molestia en contra de sus hijos, de su persona, de su familia, de su domicilio y de sus posesiones, lo cual indica les causa daños y perjuicios, y que los menores están afectados psicológicamente cuando ven a un policía incluso, de manera posterior, aduce que teme por la integridad de sus hijos, la vida de ellos y de su persona; sin embargo, omite señalar cuál es la actuación u omisión de las autoridades señaladas como responsables que pretenden reclamar y, que de ser procedente, se aborde el estudio respectivo. Y, si bien, en el capítulo de hechos y abstenciones, la promovente refiere cuestiones relacionadas con la presencia de diversas autoridades en la demarcación territorial donde habita e incluso señala que han ido a su domicilio a buscar a su esposo, lo cierto es que de los hechos narrados no es posible obtener cuál es el acto que pretende reclamar. Circunstancias, las anteriores, que crean incertidumbre a este órgano jurisdiccional, para establecer de manera precisa y concreta, los actos que pretende controvertir la parte agraviada y por el cual acude a instar la presente acción de amparo. Así, las circunstancias transcritas crean incertidumbre a este órgano jurisdiccional, para establecer de manera precisa y concreta, el acto que controvierte la parte agraviada y por el cual acude a instar la presente acción de amparo; razón por la que, deberá indicar el acto que en concreto reclama en el presente expediente y, en todo caso, realizar las aclaraciones pertinentes. Lo anterior es así, pues es necesario que se realice la aclaración y precisión correspondiente, a fin de fijar la litis de manera correcta en el presente asunto. Por consiguiente en los términos que se presentó la demanda, no sería factible proveer al respecto, evidenciando una irregularidad en ésta, lo cual de conformidad con el criterio sustentado por el más Alto Tribunal de nuestro país, es un todo y debe ser estudiada en forma íntegra, por lo tanto, deberá precisar lo referido. Es aplicable la tesis aislada XX.57 K, con número de registro 202853, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 871 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Materia Común, Novena Época, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Segundo. En términos del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, precise la participación que tuvo la responsable señalada como "Comandante de la 19/a Zona Militar", en la emisión y/o ejecución del acto o actos que señale como reclamados. Se justifica lo anterior, en razón de que en conformidad con los principios del juicio de amparo, es indispensable que la parte quejosa señale con claridad y precisión el acto que en concreto le atribuyen a cada una de las responsables, para que se encuentre en aptitud de defenderlo, porque a través del mismo se podrá juzgar sobre su legalidad en los términos en cómo se hace la reclamación, lo que en el caso no acontece y contraviene lo establecido en la fracción IV, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Toda vez que del capítulo denominado de autoridades responsables la señala como tal; sin embargo, no se indica de manera específica el acto que se le atribuye, ni su intervención en la emisión o ejecución del acto que señala como reclamado, aunado a que de los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, tampoco se advierte la participación de la misma. En lo conducente, resulta aplicable la tesis aislada con número de registro 376119, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5199 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXIV, Materia Comín, Quinta Época, que establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES QUE NO INTERVINIERON EN LOS ACTOS RECLAMADOS. Si a una de las autoridades señaladas como responsables en el amparo, no se le imputa acto concreto alguno, de los reclamados por el quejoso, debe sobreseerse en el juicio de garantías, por lo que respecta a dicha autoridad, en acatamiento a lo preceptuado en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Al respecto, se hace del conocimiento a la parte quejosa las penas en que incurre en el caso de que exprese hechos falsos u omita los que consten en relación con el acto reclamado, contenidos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 261.- Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: - - - I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y - - - II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." En la inteligencia que del escrito con el que cumpla lo solicitado deberá de exhibir, de ser posible, las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia P/J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, publicada en la página 79, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril del año dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189977, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se procederá en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. En otro orden de ideas, respecto a su solicitud en el sentido de que se dé vista a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a fin de que coadyuven en la defensa de sus derechos humanos, dígase que no ha lugar a acordar favorable dicha circunstancia, toda vez que el juicio de amparo no es el mecanismo adecuado para dicha circunstancia. Por otra parte, conforme a lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones a la parte quejosa, incluso las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional, por así solicitarlo expresamente. Se tiene por autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo a José Manuel Sierra Bernal, mientras que a las demás personas, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos de lo establecido en la última parte del artículo 24 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y por medio de lista a la parte quejosa, en términos de lo acordado en el presente auto. Así lo acordó y firma, Everardo Maya Arias, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con la Secretaria Alejandra Domínguez Santos, que autoriza y da fe. Doy fe.

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