ANA LILA FISCAL ZARATE y Otros.
Expediente 80/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 21 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 80/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 25/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- ANA LILA FISCAL ZARATE y Otros.
- Ana Lila Fiscal Zarate
- Apolinar Hernández Garspar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Agréguese el comunicado del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admitió a trámite el medio de impugnación interpuesto, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito de ****; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81 fracción I inciso d), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo se tiene por interpuesto el recurso de revisión contra el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que por turno corresponda, así como el escrito electrónico de expresión de agravios para la substanciación del referido medio de impugnación, previa formación del cuaderno de antecedentes. Distribúyase entre las partes copia simple del mismo, dejando en esta Secretaría la de la contraria. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío del recurso interpuesto al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones necesarias y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá del mismo, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento ordenado en autos, en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado el veintiuno de febrero de la presente anualidad y en consecuencia, no se tiene como autoridad responsable al oficial administrativo "K" adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatzacoalcos Veracruz, quien realizó el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen. Por lo anterior, se advierte que sobreviene una causal de improcedencia, como se demostrará a continuación: PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio ejecutivo mercantil ... del índice del Juzgado Septuagésimo Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México (antes 1367/2018 radicado en el Juzgado Noveno de Cuantía Menor de esta ciudad) y reclaman el emplazamiento, la sentencia definitiva, así como su notificación por exhorto. SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El juicio en que se actúa es improcedente, en razón de que se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 5º, fracción II, y éstos a su vez con la fracción V, del numeral 63, todos de la Ley de Amparo. La disposición imperativa de la fracción XXIII, del artículo 61 citada, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 63 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación de lo previsto en el numeral 5º de la ley de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos citados se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos o garantías individuales de los particulares, considerados como tales. En este punto cabe destacar que la disposición constitucional en estudio, contiene una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que el poder constituyente y el legislador ordinario al establecer que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, únicamente mencionaron las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificó las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Federal y de las disposiciones que de ella emanan, ha establecido diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, es de mencionarse que de acuerdo con los criterios emitidos por el Alto Tribunal, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 emitida por el Tribunal Pleno, publicada en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º de la Ley de Amparo (la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios citados del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que incidan en la esfera de los particulares, considerados como tales. Por las consideraciones en que se sustenta, es aplicable al caso la tesis número I.3º.C.720 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "ACTUARIOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Para que se reconozca a una autoridad el carácter de responsable ejecutora, los actos que se le atribuyen deben estar comprendidos dentro de sus funciones legales, esto es, la facultad de ejecutar la sentencia definitiva o resolución que puso fin a juicio debe estar prevista dentro de las atribuciones que le otorgue el ordenamiento jurídico de carácter general, abstracto, obligatorio e impersonal, relacionado con la estructura orgánica de la autoridad a la que esté adscrito, puesto que las características de las autoridades responsables para los efectos del amparo son de imperio, de capacidad decisoria y de ejecución de la ley o del acto reclamado; luego, dado que no se previene que dentro de las facultades de los actuarios adscritos a un tribunal cuando actúa como autoridad de alzada sea la de ejecutar la sentencia de primera instancia que confirmó, modificó o revocó el tribunal de apelación y por lo mismo, tampoco reciben orden alguna por parte de su titular en el sentido de ejecutar la sentencia de primera instancia, dado que dicho tribunal de apelación no es el encargado de la ejecución de la sentencia definitiva y menos aún, del fallo primigenio, sino que sólo le corresponde resolver el recurso interpuesto en contra de la resolución de primer grado, lo que tiene que ver con su legalidad y su firmeza y, por su parte, en términos de la ley orgánica y códigos de procedimientos que regulan la función de los actuarios adscritos al mismo, sólo se les encomienda hacer del conocimiento de las partes la resolución recaída en el recurso de apelación, lo que además les ordena efectuar el ad quem, por ello, la única intervención que tienen será como notificadores de la sentencia de segundo grado y por tanto, no tienen el carácter de autoridad responsable ejecutora para los efectos del juicio de amparo directo, pues no se les puede atribuir la ejecución de fallo alguno. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa les atribuya genéricamente la ejecución de la sentencia, dado que corresponde al Tribunal Colegiado determinar quién tiene la calidad de autoridad en el juicio de garantías y si su función es como ordenadora o ejecutora en base al análisis en cada caso, de las características de la autoridad señalada como responsable para establecer si efectivamente existe un acto de autoridad y quién o quiénes participaron en él y en esa medida, emplazarles a juicio constitucional. Por tanto, solamente en la etapa de ejecución de un juicio, que inicia con posterioridad a que el fallo quedó firme, de infringir agravio la ejecución a alguna de las partes, podrá plantearse un diverso juicio de amparo en vía indirecta en que sea señalado como autoridad responsable la ejecutora a efecto de que tenga oportunidad de demostrar la legalidad del acto que se le imputa, o en su caso, exponga las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto o la improcedencia del juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, tanto más, si se considera que es el actuario y no el Juez, quien materialmente practica las diligencias o actos que se le reclaman." En ese tenor, es claro que el actuario adscrito a cualquier órgano jurisdiccional del ámbito federal o local, también le recae el carácter de autoridad responsable, pues conforme al código procesal civil, sus actuaciones son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de los lineamientos legales que regulan tales actos. Lo anterior se robustece con el criterio obligatorio 3ª./J.33/90, consultable en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." En el particular, en su escrito inicial de demanda, el peticionario de amparo señaló únicamente, como autoridades de los actos que en esta vía combate, al Juez Septuagésimo Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, sin embargo, durante el trámite del presente juicio de amparo se advirtió como autoridad involucrada en el reclamo, al oficial administrativo "K" adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatzacoalcos Veracruz, pues fue el encargado de realizar el emplazamiento de la parte demandada. Con ello, se previno a la parte quejosa para que indicara si era su deseo señalarlo como responsable, sin que hiciera manifestación alguna, no obstante de habérsele notificado personalmente el uno y veinticuatro de marzo de la presente anualidad; por ello, este juzgador se encuentra impedido para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado sobre la autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, pues el resultado del eventual examen que se realizará al acto reclamado respecto de la autoridad -que sí fue llamada al proceso- de ningún modo podría hacerse extensivo a otras, dado que sería jurídicamente imposible analizar la actuación de quien no intervino en la contienda constitucional, e imponer el deber de dejar insubsistentes sus actos, cuando no fueron parte formal dentro del procedimiento. De este modo cobra mayor relevancia el hecho de que los peticionarios de amparo no hubieran señalado como responsable a la autoridad encargada de emplazarlos a juicio, pues el suscrito no podría analizar oficiosamente e introducir el estudio de un acto practicado conforme a una normativa ajena a esta entidad, oficiosamente. Por lo tanto, si el acto reclamado consistente en la diligencia de exequendo practicado en el juicio de origen, es atribuible única y exclusivamente al oficial administrativo "K" encargado de su encomienda; ante la omisión de la parte quejosa de señalar a la autoridad que intervino en esa actuación judicial, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de amparo. Se cita como sustento la jurisprudencia 108 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa VII.A.T.J/6, del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Sin que sea obstáculo para el sentido de esta determinación que se admitiera la demanda, en razón de que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Máxime, que las causas de sobreseimiento y de improcedencia en el juicio constitucional son de orden público y de estudio preferente, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, consultable en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI y 63, fracción V de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, queda sin efectos la fecha señalada para la celebración de audiencia constitucional, así como los requerimientos y apercibimientos decretados en autos. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA.
- Principal
(CITATORIO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LA REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, AL CITATORIO QUE SE DEJÓ EL 4 DE ABRIL DE 2023, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA DETERMINACIÓN DE 31 DE MARZO DE 2023, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó el requerimiento ordenado en autos, en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado el veintiuno de febrero de la presente anualidad y en consecuencia, no se tiene como autoridad responsable al oficial administrativo "K" adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatzacoalcos Veracruz, quien realizó el emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen. Por lo anterior, se advierte que sobreviene una causal de improcedencia, como se demostrará a continuación: PRIMERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa se ostenta tercera extraña por equiparación al juicio ejecutivo mercantil ... del índice del Juzgado Septuagésimo Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México (antes 1367/2018 radicado en el Juzgado Noveno de Cuantía Menor de esta ciudad) y reclaman el emplazamiento, la sentencia definitiva, así como su notificación por exhorto. SEGUNDO. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El juicio en que se actúa es improcedente, en razón de que se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 5º, fracción II, y éstos a su vez con la fracción V, del numeral 63, todos de la Ley de Amparo. La disposición imperativa de la fracción XXIII, del artículo 61 citada, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 63 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación de lo previsto en el numeral 5º de la ley de la materia. Del análisis sistemático de los preceptos citados se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de una autoridad, entendiéndose por tal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos o garantías individuales de los particulares, considerados como tales. En este punto cabe destacar que la disposición constitucional en estudio, contiene una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que el poder constituyente y el legislador ordinario al establecer que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, únicamente mencionaron las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de garantías, pero no especificó las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. Es por eso que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución Federal y de las disposiciones que de ella emanan, ha establecido diversos precedentes a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de amparo. Al respecto, es de mencionarse que de acuerdo con los criterios emitidos por el Alto Tribunal, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico que afecta por sí y ante sí, y de manera unilateral crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas, evidentemente, en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del texto de la tesis PXXVII/97 emitida por el Tribunal Pleno, publicada en la página 118 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, febrero de 1997, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En otras palabras, además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º de la Ley de Amparo (la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado), de acuerdo con la definición que sobre el particular se realiza en los criterios citados del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que incidan en la esfera de los particulares, considerados como tales. Por las consideraciones en que se sustenta, es aplicable al caso la tesis número I.3º.C.720 C del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "ACTUARIOS COMO AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. Para que se reconozca a una autoridad el carácter de responsable ejecutora, los actos que se le atribuyen deben estar comprendidos dentro de sus funciones legales, esto es, la facultad de ejecutar la sentencia definitiva o resolución que puso fin a juicio debe estar prevista dentro de las atribuciones que le otorgue el ordenamiento jurídico de carácter general, abstracto, obligatorio e impersonal, relacionado con la estructura orgánica de la autoridad a la que esté adscrito, puesto que las características de las autoridades responsables para los efectos del amparo son de imperio, de capacidad decisoria y de ejecución de la ley o del acto reclamado; luego, dado que no se previene que dentro de las facultades de los actuarios adscritos a un tribunal cuando actúa como autoridad de alzada sea la de ejecutar la sentencia de primera instancia que confirmó, modificó o revocó el tribunal de apelación y por lo mismo, tampoco reciben orden alguna por parte de su titular en el sentido de ejecutar la sentencia de primera instancia, dado que dicho tribunal de apelación no es el encargado de la ejecución de la sentencia definitiva y menos aún, del fallo primigenio, sino que sólo le corresponde resolver el recurso interpuesto en contra de la resolución de primer grado, lo que tiene que ver con su legalidad y su firmeza y, por su parte, en términos de la ley orgánica y códigos de procedimientos que regulan la función de los actuarios adscritos al mismo, sólo se les encomienda hacer del conocimiento de las partes la resolución recaída en el recurso de apelación, lo que además les ordena efectuar el ad quem, por ello, la única intervención que tienen será como notificadores de la sentencia de segundo grado y por tanto, no tienen el carácter de autoridad responsable ejecutora para los efectos del juicio de amparo directo, pues no se les puede atribuir la ejecución de fallo alguno. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte quejosa les atribuya genéricamente la ejecución de la sentencia, dado que corresponde al Tribunal Colegiado determinar quién tiene la calidad de autoridad en el juicio de garantías y si su función es como ordenadora o ejecutora en base al análisis en cada caso, de las características de la autoridad señalada como responsable para establecer si efectivamente existe un acto de autoridad y quién o quiénes participaron en él y en esa medida, emplazarles a juicio constitucional. Por tanto, solamente en la etapa de ejecución de un juicio, que inicia con posterioridad a que el fallo quedó firme, de infringir agravio la ejecución a alguna de las partes, podrá plantearse un diverso juicio de amparo en vía indirecta en que sea señalado como autoridad responsable la ejecutora a efecto de que tenga oportunidad de demostrar la legalidad del acto que se le imputa, o en su caso, exponga las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto o la improcedencia del juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 149 de la Ley de Amparo, tanto más, si se considera que es el actuario y no el Juez, quien materialmente practica las diligencias o actos que se le reclaman." En ese tenor, es claro que el actuario adscrito a cualquier órgano jurisdiccional del ámbito federal o local, también le recae el carácter de autoridad responsable, pues conforme al código procesal civil, sus actuaciones son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de los lineamientos legales que regulan tales actos. Lo anterior se robustece con el criterio obligatorio 3ª./J.33/90, consultable en la página 186 del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos." En el particular, en su escrito inicial de demanda, el peticionario de amparo señaló únicamente, como autoridades de los actos que en esta vía combate, al Juez Septuagésimo Quinto Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, Juez y Actuario adscritos al Juzgado Sexto de Primera Instancia de la Ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, sin embargo, durante el trámite del presente juicio de amparo se advirtió como autoridad involucrada en el reclamo, al oficial administrativo "K" adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Coatzacoalcos Veracruz, pues fue el encargado de realizar el emplazamiento de la parte demandada. Con ello, se previno a la parte quejosa para que indicara si era su deseo señalarlo como responsable, sin que hiciera manifestación alguna, no obstante de habérsele notificado personalmente el uno y veinticuatro de marzo de la presente anualidad; por ello, este juzgador se encuentra impedido para estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado sobre la autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, pues el resultado del eventual examen que se realizará al acto reclamado respecto de la autoridad -que sí fue llamada al proceso- de ningún modo podría hacerse extensivo a otras, dado que sería jurídicamente imposible analizar la actuación de quien no intervino en la contienda constitucional, e imponer el deber de dejar insubsistentes sus actos, cuando no fueron parte formal dentro del procedimiento. De este modo cobra mayor relevancia el hecho de que los peticionarios de amparo no hubieran señalado como responsable a la autoridad encargada de emplazarlos a juicio, pues el suscrito no podría analizar oficiosamente e introducir el estudio de un acto practicado conforme a una normativa ajena a esta entidad, oficiosamente. Por lo tanto, si el acto reclamado consistente en la diligencia de exequendo practicado en el juicio de origen, es atribuible única y exclusivamente al oficial administrativo "K" encargado de su encomienda; ante la omisión de la parte quejosa de señalar a la autoridad que intervino en esa actuación judicial, procede sobreseer en el presente juicio con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61 en relación con el diverso 5º, fracción II, de la Ley de amparo. Se cita como sustento la jurisprudencia 108 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa VII.A.T.J/6, del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." Sin que sea obstáculo para el sentido de esta determinación que se admitiera la demanda, en razón de que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que vulnera el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y los términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Máxime, que las causas de sobreseimiento y de improcedencia en el juicio constitucional son de orden público y de estudio preferente, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, consultable en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI y 63, fracción V de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, queda sin efectos la fecha señalada para la celebración de audiencia constitucional, así como los requerimientos y apercibimientos decretados en autos. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA."
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