Ana Leticia del Carmen Vazquez Perez

Expediente 1056/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1056/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
10/06/2022

Partes del expediente

  • Ana Leticia del Carmen Vazquez Perez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veinte de mayo del año en curso; con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original, ni se tramito el incidente de suspensión, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, de las que se advierte que el veinticinco de abril del año en curso, dicha autoridad determinó no dictar auto de requerimiento de pago de embargo, en contra de la parte demandada Junta de Agua Potable y Alcantarillo de Yucatán, en virtud de que el laudo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, quedó insubsistente por acuerdo de esa propia fecha, veinticinco de abril de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo número 687/2021, promovido por la demandada Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, en el juicio laboral de origen 154/2019. Ahora bien, se trae a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de cumplir con los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, para acordar sobre el auto de requerimiento de pago y/o embargo proveyendo la eficaz e inmediata ejecución del laudo, en el juicio laboral 154/2019, mismo que solicitó mediante escrito de diez de noviembre de dos mil veintiuno. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta a la parte peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama en la omisión de cumplir con los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, para acordar sobre el auto de requerimiento de pago y/o embargo proveyendo la eficaz e inmediata ejecución del laudo, en el juicio laboral 154/2019, mismo que solicitó mediante escrito de diez de noviembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, adjuntó a su oficio de cuenta, se desprende que proveyó el escrito de la parte quejosa, el veinticinco de abril del año en curso, siendo que dicha autoridad determinó no dictar auto de requerimiento de pago de embargo, en contra de la parte demandada Junta de Agua Potable y Alcantarillo de Yucatán, en virtud de que el laudo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, quedó insubsistente por acuerdo de esa propia fecha, veinticinco de abril de dos mil veintidós, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo número 687/2021, promovido por la demandada Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán, en el juicio laboral de origen 154/2019. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que proveyó respecto de la contestación a su escrito en el juicio de origen, dando con ello atención a lo solicitado por la hoy quejoso a través del memorial descrito en párrafos previos, con posterioridad a la presentación de la demanda, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable de dictar el acuerdo que debiera recaer sobre su escrito, dictado en autos del juicio laboral 154/2019, lo que en el caso se subsana con el acuerdo de mérito. Por consiguiente, se decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal. En consecuencia, se deja sin efecto la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia constitucional el DIEZ HORAS CON NUEVE MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe previo rendido por el titular del Instituto Nacional de Salud Pública, con sede en Cuernavaca, Morelos, y anexos que acompaña. Sin necesidad de realizar pronunciamiento alguno en cuanto a su contenido, toda vez que hace referencia a la suspensión provisional otorgada a la parte quejosa, en tato que en audiencia incidental de veintidós de marzo próximo pasado, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se tuvo por presuntivamente cierto el acto reclamado de dicha responsable y se concedió la suspensión definitiva instada por la parte amparista. No obstante lo anterior, se tiene por señalado el correo que aparece en el informe de cuenta, como de la autoridad responsable a quien representa, a través del cual se puede entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, mientras dure la contingencia. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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