Ana Leticia Burguete Torreblanca

Expediente 821/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
821/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
14/10/2020

Partes del expediente

  • Ana Leticia Burguete Torreblanca

Actuaciones

  1. Principal

    DE CONFORMIDAD CON EL AVISO DE NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEIDO CUYA SINTESIS ES: "Vistas las constancias que integran los autos del juicio de amparo en que se actúa, de las que se desprende que el plazo de TRES DÍAS concedido a la parte quejosa mediante proveído del seis de agosto de dos mil veinte, ha transcurrido en su totalidad, sin que a la fecha en que se actúa haya realizado manifestación alguna al respecto, por lo que tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplido el fallo protector en atención a lo siguiente: Este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el treinta de abril de dos mil diecinueve, dictó la sentencia definitiva en el presente juicio, mediante la cual determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los siguientes efectos: Inconforme con la anterior determinación, la Subprocuradora de Asuntos Civiles, Penales y Resarcitorios de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México en representación del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México así como la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, recurrieron la sentencia dictada por este juzgado, medio de impugnación del cual correspondió conocer por razón de turno, al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registrándolo bajo el toca R.A. 258/2019, quien mediante resolución dictada en sesión del veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la Directora General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ...., respecto de los actos y las autoridades precisadas en el segundo considerando de la sentencia de amparo, para los efectos indicados en el último considerando del mencionado fallo." Una vez recibidos los autos originales del sumario en que se actúa, enviados por la Superioridad, mediante proveído del diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, este juzgado requirió a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, formulara el cálculo de la cantidad que debía ser devuelta a la parte quejosa con motivo del fallo protector. Requerimiento que la citada autoridad desahogó mediante oficio con folio 21857, precisando que la cantidad que se le debía devolver al quejoso con motivo del fallo protector ascendía a $...... En ese sentido, mediante auto del cuatro de octubre de dos mil diecinueve se dio vista a la quejosa con la cantidad precisada por la autoridad responsable para que manifestara lo que a su derecho conviniera, quien mediante escrito con folio 24698 manifestó su conformidad con la cantidad precisada en líneas que anteceden. De esta manera, mediante auto del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, con fundamento en los artículos 192, 194 y 197, de la Ley de Amparo, este juzgado requirió a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto que en el ámbito de su competencia y dentro de los plazos indicados, acreditaran, haber devuelto a la parte quejosa la cantidad de $....... con motivo de la concesión del amparo. Seguidos los trámites correspondientes, mediante oficio registrado con el folio 7543, la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, exhibió las constancias mediante las cuales adujo haber pagado a la parte quejosa la cantidad de $......., entre las cuales destacan: Copia certificada del recibo de pago y finiquito de fecha quince de julio del año en curso. Copia del cheque de la Institución bancaria BBVA Bancomer, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer por la cantidad de $....... expedido a favor de ...... Copia certificada del contrarecibo de cuenta por liquidar con número 105693 por la cantidad de $......, de la cual se advierte la forma de recibo del aquí quejoso con fecha quince de julio del año que transcurre. Atento a lo anterior, mediante auto del seis de agosto de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito dio vista a la parte quejosa con dichas documentales, a efecto que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento total a la ejecutoria de mérito, quedando debidamente notificada de dicho auto, tal como se desprende de la constancia de notificación personal que obra en autos, no obstante lo anterior, la parte quejosa no desahogó dicha vista. Por lo que atendiendo a las constancias que integran el expediente en que se actúa, este órgano de control constitucional considera cumplida la ejecutoria de amparo, toda vez que de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se advierte que se dio cumplimiento a lo requerido por este Juzgado de Distrito; es decir, pagó a la parte quejosa la cantidad de $....... por concepto de aguinaldo correspondiente a los años dos mil diecisiete y dos mil dieciocho. De ahí que, se puede afirmar que con las actuaciones exhibidas ante este órgano jurisdiccional, la ejecutoria de amparo fue acatada por la autoridad obligada. Por lo anterior, este Juzgado de Distrito estima que el fallo protector ha quedado puntualmente cumplido, toda vez que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, y notifíquese personalmente a la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de la fracción I, del artículo 201 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el tres de agosto de dos mil veinte entró en vigor el "Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19" aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión extraordinaria del veintiocho de julio de dos mil veinte, en específico los artículos 1° y 2°, fracción II, a través de los cuales se establecen reglas para la reanudación en su totalidad de las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación, permaneciendo las medidas de seguridad tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19, así como el levantamiento de la suspensión de plazos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. En ese sentido, y vista la demanda promovida por ***** por propio derecho, en contra de los actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por considerarlo violatorio del derecho fundamental previsto en el artículo 4°de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los diversos tratados internacionales que refiere; fórmese expediente, físico y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado con el número 821/2020. Ahora bien, toda vez que la cuestión relativa a la competencia legal de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. Por tanto, de un estudio integral efectuado a la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como actos y autoridades responsables los siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES: a) Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b) Director Normativo de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. c) Director Normativo de Salud del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. d) Director Normativo de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. e) Subdelegada Medica de la Delegación Regional Sur del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. f) Director de la Clínica de Medicina Familiar "Tlalpan" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. "ACTO RECLAMADO: Lo constituye la omisión por parte de las autoridades responsables de ejecutar los lineamientos y criterios emitidos en la Guía para la De-Reconversión en las Unidades Médicas: Nueva Normalidad, emitida por la propia responsable el día 31 de julio de 2020, como lo es el no permitir el reguardo domiciliario mediante el trabajo en casa, en razón de la imposibilidad de hecho y de derecho para que se me otorgue una la licencia médica a la suscrito (sic); con el objeto de proteger mi salud y consecuentemente mi vida, como lo mandata el artículo 4° Constitucional ante la epidemia por SARS-COV2 (COVID-19)". Asimismo, de los antecedentes narrados por la parte quejosa en su demanda de amparo, se observa que se encuentra adscrita a la Clínica de Medicina Familiar "Tlalpan" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en donde desempeña sus labores como Apoyo Administrativo en Salud-A2. En ese contexto, toda vez que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, con el propósito de dilucidar si este órgano jurisdiccional es competente para conocer de este asunto, es importante establecer que de un estudio efectuado a la demanda de amparo y al escrito de cuenta, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos reclamados previamente señalados. Una vez precisado el acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, se procede analizar si se tiene o no competencia legal para conocer del presente asunto, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Por territorio; b) Por materia; c) Por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los Jueces de Distrito adscritos a un juzgado especializado en cierta rama del derecho, únicamente conocen de amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además, repercute en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. De esta forma, la naturaleza del acto ha sido fundamental para establecer la competencia de los juzgados o tribunales por materia, buscando con ello garantizar la prontitud en la tramitación y fallo de los juicios, atendiendo a que la resolución de los asuntos por materia, requiere del conocimiento y experiencia de los que se dedican a cada una de ellas. Así, es menester destacar que los artículos 48, 49, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen y regulan la competencia por materia de los Jueces de Distrito, estableciendo entre otros, Jueces de Distrito en Materia Administrativa y Jueces de Distrito en Materia de Trabajo. Para mayor claridad se transcriben a continuación los numerales 52 y 55 de la ley orgánica mencionada, que determinan los supuestos de competencia, mismos que a la letra disponen: "Artículo 52. Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la De los preceptos reproducidos se constata que a los Jueces de Distrito en Materia Administrativa les corresponde conocer del amparo presentado contra los actos provenientes de un acto de autoridad o de un procedimiento de autoridad administrativa, en los cuales apliquen leyes federales, o de aquellos actos de procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido este; refutando leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa, o actos de autoridad distinta a la judicial, o bien para oponerse a actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido; además de las denuncias por incumplimiento a declaratorias de inconstitucionalidad respecto de normas de carácter administrativo. Por su parte, los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo tienen a su cargo la tramitación, trámite y resolución de los amparos que se promueven para reclamar resoluciones del orden laboral o de actos u omisiones en juicio o fuera de juicio o después de concluido éste en dicha materia; impugnando leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, así como de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias de inconstitucionalidad respecto de normas generales en materia de trabajo. Como se ve, estos numerales distribuyen la competencia con base en dos elementos fundamentales: la naturaleza del acto reclamado y el carácter de la autoridad responsable. La naturaleza del acto controvertido, como criterio de asignación de competencia, toma en consideración la creciente necesidad de conocimientos especializados respecto de las normas sustantivas que tutelan los intereses jurídicos involucrados en el debate. De acuerdo con esto, la esencia del acto reclamado cobrará mayor relevancia para definir la atribución específica de los juzgados de distrito, porque de ese modo se logra que la litis constitucional sea decidida por el órgano jurisdiccional más afín por razón de materia. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que para determinar la competencia por materia de un Juzgado de Distrito, se debe atender a la naturaleza del acto y no a la relación jurídica sustancial de las partes, pues tal aspecto será materia del fondo del asunto, por lo que para efectos de fijar la competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto, deben analizarse, como se dijo, las prestaciones reclamadas, los hechos narrados y los preceptos legales en que se apoye la demanda, entre otras cuestiones, para estar en aptitud de establecer cuál de los órganos resulta ser el adecuado para conocer del asunto respectivo, como serían en este caso, el que deba analizar el presente juicio. En ese sentido, resulta importante tener en consideración que los aspectos que se deben valorar en la competencia por razón de la materia consisten en la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o la naturaleza de la causa, es decir, las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso atendiendo a las diferentes ramas del derecho sustantivo. Por tanto, para que el juicio de amparo se considere en materia de trabajo, el acto reclamado debe afectar de manera directa e inmediata algún derecho consagrado en los derechos y prerrogativas previstas por el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación laboral y sus conflictos. Atendiendo a los criterios para determinar la competencia de los Juzgados de Distrito, se considera que el acto reclamado es de naturaleza laboral, en atención a lo siguiente: A efecto de esclarecer la competencia del asunto, en primer término, debe precisarse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del análisis integral del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados los constituyen la inobservancia de la Guía para la des-reconversión en las unidades médicas: nueva normalidad del treinta y uno de julio de dos mil veinte, al no permitirle el resguardo domiciliario por estimar que pertenece a uno de los grupo como considerados como sector vulnerable susceptible de contagiarse con el virus SARS CoV2 (Covid-19). Al respecto, resulta conveniente precisar que el diez de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró como emergencia de salud pública la propagación mundial de la enfermedad denominada coronavirus COVID-19, definiéndola como una pandemia; por lo que hizo un llamamiento a todos los países para que realizaran todos los esfuerzos necesarios a efecto de detener, contener, controlar, retrasar y reducir el impacto de este virus. En tal virtud, el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de marzo de dos mil veinte, reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria. Por ello, la Secretaría de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Co V2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en el que se establece lo siguiente: "ARTÍCULO PRIMERO. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo. Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. ARTÍCULO SEGUNDO. Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; (.)" El acuerdo referido dispone que para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las disposiciones del propio Acuerdo, y que las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo del artículo primero. De igual forma, dispone que para efectos del propio Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos graves. Adicionalmente, se observa que establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 16/12/21 (COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el inciso a) del artículo segundo, es decir, respecto de los grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella y de los usuarios de sus servicios, así como que las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo al que se refiere el propio Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en los sectores público, social y privado. Significativo resulta destacar que el acuerdo en comento establece diversas medidas preventivas que los sectores público, privado y social deben poner en práctica para reducir el contagio de virus SARS-CoV2, entre las que destaca evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente. Asimismo, cabe destacar que los grupos vulnerables incluyen mujeres embarazadas o en período de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. De igual forma, es importante precisar que el treinta y uno de julio de dos mil veinte, la Dirección Normativa de Salud del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió la Guía para la des-reconversión en las unidades médicas: nueva normalidad del treinta y uno de julio de dos mil veinte, en la que se establecieron los lineamientos para la reapertura gradual y ordenada de todos los servicios en unidades médicas, a partir del tres de agosto del año en curso, estableciendo diversas medidas de seguridad y cuatro ejes centrales entre los que se encuentra la reorganización de recursos humanos, manteniendo consideraciones a las personas vulnerables. De lo expuesto se advierte que los acuerdos referidos, si bien se advierte que fueron emitidos por autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, lo cierto es que ellas son aplicadas en el ámbito laboral, puesto que al incumplir con la Guía para la des-reconversión en las unidades médicas: nueva normalidad del treinta y uno de julio de dos mil veinte, la autoridad responsable, en calidad de patrón de la quejosa, inciden de manera directa e inmediata los derechos comprendidos en el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación laboral y sus conflictos, por lo que se estima que el acto reclamado en el presente sumario constitucional es de naturaleza laboral. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020, entre las sustentadas por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, determinó que del análisis de las acciones dirigidas a disminuir los riesgos de contagio en los centros de trabajo, se desprende que con motivo del modo de transmisión de la enfermedad, el Estado implementó varias medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de los sectores público y privado, instruyendo a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Refirió que las acciones se llevarían a cabo respetando los derechos laborales de los trabajadores, de ahí que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de los trabajadores al virus SARSCoV2. Destacó el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo,1 en el que se estableció que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo, por lo que los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir los accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia.2 Sobre tales bases, el Máximo Tribunal definió que si bien las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener 1 Artículo 4 del Convenio 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981. Ratificado por el Estado Mexicano el uno de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro. 2 Recomendación 164 sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981. como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. En consecuencia, las medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen una naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. De lo anterior, se advierte que el acto que por esta vía se combate reviste una naturaleza laboral, pues el bien jurídico o interés fundamental controvertido en este caso concreto, se relaciona con la materia del trabajo, dado que se están afectando derechos de ese carácter, protegidos por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, el competente para conocer del recurso en cuestión, es un Juzgado de Distrito especializado en materia de trabajo. En tales circunstancias, este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, estima que carece de competencia legal por razón de materia para conocer de la demanda de cuenta, puesto que como ha quedado establecido, la naturaleza del acto que por la presente vía se controvierte es de carácter eminentemente laboral. Sin que sea óbice a la presente determinación, el hecho de que las autoridades señaladas como responsables pudieran tener naturaleza administrativa, puesto que, como ya se dijo, el acto impugnado es eminentemente laboral, por lo que es claro que debe ser analizado por un Juez de Distrito especializado en esa materia, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación antes transcrito. En tales condiciones, este Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en el la Ciudad de México se declara legalmente incompetente, por razón de materia, para conocer de la demanda de amparo promovida por ***** por propio derecho, en contra de actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en virtud de que la naturaleza de los actos reclamados por esta vía, tiene su origen en una litis de carácter laboral y por tanto, tiene que analizarse bajo la óptica de disposiciones jurídicas aplicables en esa materia. La presente determinación respeta el principio de especialización que justifica la creación de órganos jurisdiccionales especializados y por ello el artículo 17 constitucional, en cuanto garantiza la expeditez en la impartición de justicia, dado que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia que tienen los que se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas del derecho, quienes, por ese motivo, pueden ponderar en forma expedita y más autorizada las distintas soluciones en los casos concretos. Ello es así, pues resultaría contrario al principio de especialización judicial el hecho de que un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa conociera actos que emanan de juicio de carácter laboral, ya que jurídicamente no podría abocarse con la misma expeditez, conocimiento y experiencia, a dilucidar si los mismos son constitucionales o no, lo que en un momento dado sí lo podría hacer el Juez de Distrito conocedor de amparo en materia laboral, y de los cuales depende directamente la existencia de los actos administrativos que se impugnan. En consecuencia, de conformidad con los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en cumplimiento al primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir los autos en versión digital de la demanda de amparo y anexos que acompaña, a través del apartado de interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por ser el que se encuentra de guardia, a quien se considera competente por los motivos y fundamentos expuestos. En esa medida, se solicita atentamente al Juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. SUSPENSIÓN DE PLANO En otro orden de ideas, cabe destacar que los efectos para los que se solicitó la suspensión son respecto de las consecuencias de los actos que se reclaman en la presente vía, esto es, la omisión de ejecutar los lineamientos y criterios emitidos en la Guía para la des-reconversión en las unidades médicas: nueva normalidad del treinta y uno de julio de dos mil veinte, lo que se traduce en no permitir el resguardo domiciliario mediante el trabajo en casa de la parte quejosa al encontrarse en un grupo vulnerable. Cabe destacar que la parte quejosa argumenta en su demanda, por una parte que pertenece a un grupo de los considerados vulnerables en el citado acuerdo, al afirmar que padece Diabetes Mellitus tipo 2 de diez años de evolución y obesidad grado 3; asimismo, afirma no se le permite continuar con el resguardo domiciliarlo, con lo cual se pone en riesgo su salud e incluso su vida. Por tanto, a fin de proveer sobre la suspensión de plano y de oficio, conviene señalar que el artículo 1° constitucional consagra el principio pro persona, el cual establece que los derechos humanos deben interpretarse en la forma más amplia en favor de los gobernados. A su vez, que es obligación del Estado Mexicano salvaguardar el derecho a la salud, para lo cual deben emitirse las resoluciones necesarias para lograr este fin, lo que se desprende del análisis sistemático de las disposiciones relativas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias, así como los demás instrumentos internacionales relacionados con tal temática. Así, se estima necesario precisar que los actos reclamados impactan en su derecho a la salud e incluso en el derecho a la vida, por ello se acordará de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. No se soslaya que la parte solicitante del amparo, se duele de actos omisivos, esto es, actos que el quejoso considera que las autoridades responsables no han realizado y que le deparan un perjuicio en su salud; actos que por sí no conllevan una ejecución; sin embargo, sí son susceptibles de suspenderse. Lo anterior es así, toda vez que la doctrina constitucional ha venido evolucionando en beneficio de los derechos humanos, y considera que los actos omisivos sí pueden suspenderse, con la finalidad de salvaguardar esos derechos, siempre y cuando se actualicen la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, pues se deben analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 286, cuyo rubro y texto establecen lo siguiente: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Además, cabe mencionar que el artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho a la protección a la salud, en los términos siguientes: "Artículo 4º. [.] Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." De la transcripción que antecede se colige que el derecho a la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, a través de la implementación de acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la sociedad en general, lo que implica información, prevención, atención, control de enfermedades y otorgamiento de medicamentos y otros insumos esenciales requeridos para el diagnóstico y tratamiento de los padecimientos, cuya existencia y disponibilidad debe estar garantizada. Así, en el texto constitucional reproducido en párrafos anteriores, por una parte se reconoce el derecho fundamental del que gozan todos los gobernados a tener servicios de salud, los cuales deben ser proporcionados por el Estado a través de instituciones públicas que se establezcan para tal efecto. Ahora bien, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece lo siguiente: "Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad." Por su parte, el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", establece: "Artículo 10 Derecho a la salud 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados Partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables." De los instrumentos normativos preinsertos, se pone de relieve que el derecho a la protección a la salud es reconocido incluso en el ámbito internacional, por lo que es obligación de los Estados garantizar el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. En concordancia con lo anterior, resulta relevante mencionar que el pasado once de marzo del año en curso, la Organización Mundial de la Salud, declaró que la enfermedad por virus COVID-19 es oficialmente una pandemia, por lo que ante dicho panorama, el Secretario de Salud, en observancia al mandato de garantizar la protección de la Salud consagrado en el artículo 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Federal expidió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, en cuyo Artículo SEGUNDO, inciso a) señaló los grupos vulnerables que no deben asistir a su centro de trabajo, entre lo que se encuentran: "ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico;" De igual forma la Guía para la des-reconversión en las unidades médicas: nueva normalidad del treinta y uno de julio de dos mil veinte, en el apartado de reorganización del recurso humano establece que el retorno del personal, será escalonado a las unidades médicas, siempre salvaguardando la integridad y preservación de la salud de los trabajadores, considerando como personas vulnerables aquellos que por su edad, condición física, psíquica o estado de salud o inmunidad son susceptibles de sufrir o desarrollar una 16/08/21 14:39:07 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.9f.aa complicación por covid 19, señalando que dentro de esas personas vulnerables se encuentran, entre otras: Lo anterior tiene singular relevancia, pues de la narrativa expuesta en el escrito inicial de demanda, se advierten manifestaciones hechas por el quejoso en el sentido que pertenece al grupo vulnerable ya que padece Diabetes Mellitus tipo 2 de diez años de evolución y obesidad grado 3, lo cual se corrobora de las documentales anexas al escrito inicial de demanda consistentes en copia simple de la constancia de enfemedad expedido el cuatro de agosto dos mil veinte, por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a nombre de Ana Leticia Burguete Torreblanca; mismas que crean convicción en este Juzgador sobre la enfermedad padecida por la quejosa, que lo sitúa aparentemente dentro del grupo vulnerable mencionado en la Guía antes citada. En ese sentido, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la suspensión de plano para que las autoridades responsables, suspendan la obligación del quejoso Ana Leticia Burguete Torreblanca, de acudir a su centro de trabajo para efecto de cubrir su jornada laboral, sin que ello implique un descuento por ausencia, pues debe garantizarse que perciba el sueldo respectivo del puesto que ostenta, pues el no tomar en cuenta que pertenece a un grupo vulnerable se puede traducir en el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19) e incluso en la propagación en el territorio mexicano, con lo que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se cumpla con Guía para la des-reconversión en las unidades médicas: nueva normalidad del treinta y uno de julio de dos mil veinte; con la finalidad de garantizar los derechos humanos, de la quejosa e incluso los de la colectividad. Lo que pone en riesgo su vida, acto que se encuentra contemplado en el artículo 15 de la Ley de Amparo, pues de seguir asistiendo a su centro de trabajo, se causarían daños de imposible reparación a su salud, poniendo en riesgo su vida, e incluso a la colectividad, pues al pertenecer aparentemente a un grupo vulnerable con motivo de la enfermedad que padece (Diabetes Mellitus tipo 2), es factible que se contagie con mayor facilidad del virus COVID-19; de ahí que deben tomarse todas las medidas pertinentes para evitar la propagación de la pandemia. En la inteligencia de que la medida cautelar que ahora se otorga, no suspende cualquier otro acto diverso que no sea materia de la demanda de amparo, y estará vigente hasta en tanto se dicte la sentencia que en derecho corresponda en el presente asunto. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, así como a la urgencia de la medida cautelar concedida en autos, y los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que den cumplimiento a la mencionada medida cautelar, y de ser el caso, emitan las instrucciones necesarias a efecto de acatar tal mandamiento. Debiendo acreditar con constancias fehacientes a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que hayan realizado a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, inclusive ante autoridades diversas a las señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencias de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. Se apercibe a las autoridades antes referidas de que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, este órgano jurisdiccional estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.12o.A.8 K, sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1289, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: Cabe precisar que las diligencias de notificación a las partes deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Por otra parte, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. Finalmente, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso de ser necesario, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales que se ordenen en este asunto. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 7,109 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano