Ana Leti Ruiz Padilla
Expediente 2558/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2558/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/12/2019
Partes del expediente
- Ana Leti Ruiz Padilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio suscrito por la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con sustento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos el oficio y anexo de cuenta y, ténganse por hechas las manifestaciones que refiere dicha autoridad; en la inteligencia de que se estará a la espera del total cumplimiento a la sentencia protectora de garantías. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el ocho de octubre del año en curso (fojas 113-115), dicha autoridad manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de nueve de octubre del año en curso (foja 116), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el quince de octubre del año en curso (foja 119), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del diecisiete al veintiuno de este mes, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***". Así pues, por sentencia de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve (fojas 30-55), se determinó conceder al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Inconforme con lo anterior, la autoridad responsable Recaudador Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, interpuso recurso de revisión, el cual se sustanció ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, cuyos integrantes mediante ejecutoria de veintidós de agosto del año en curso, determinaron desechar el recurso de mérito, por lo que se dejó firme la sentencia recurrida; y, por tanto la concesión de amparo fue para los efectos siguientes: ".se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los ordinales 11, 12, 13 y 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, que prevén el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por el concepto de inscripción de documento público o privado, con sustento en el artículo 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por la quejosa, acreditada mediante el formato de pago adminiculado con el recibo del pago realizado ante el banco Scotiabank por la solicitante del amparo (fojas 11-12), a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, devuelva a la quejosa lo que pagó por impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, derivados del pago de inscripción de documento público o privado. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 pesos, por el concepto de inscripción de documento público o privado cantidad que se estableció en el recibo de pago, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el artículo 22, en su fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a la contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el arábigo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar el ente responsable denominado Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: No aplicar a la parte quejosa lo previsto en el numeral 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley y que las autoridades responsables vigilaran que no se aplicaran al promovente del amparo, en el presente ni en el futuro, tales numerales legales; y, Devolverle el remanente que excediera de la aplicación de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima por el acto de inscripción que realizó, respecto de la cantidad de $2,746.13 (dos mil setecientos cuarenta y seis pesos 13/100 moneda nacional), que pagó por conceptos de inscripción de documento público, fomento a la educación, asistencia social e impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit; cantidad que debía ser actualizada. Luego, la autoridad responsable, informó a este Juzgado Federal la forma en que pretendió dar cumplimiento al fallo protector, a saber, comunicó que el tres de octubre de dos mil diecinueve, devolvió a la parte quejosa por medio de cheque número 1458, la cantidad de $2,470.21 (dos mil cuatrocientos setenta pesos 21/100 moneda nacional), situación que acreditó con los anexos antes indicados. Por tanto, se procede a analizar si con la cantidad devuelta la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector emitido en autos. Entonces, se tiene que al monto de $2,746.13 (dos mil setecientos cuarenta y seis pesos 13/100 moneda nacional), se le resta la cuota mínima a pagar de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100, moneda nacional), por el acto registral realizado por la parte quejosa, dando como resultado la cantidad de $2,456.13 (dos mil cautrocientos cincuenta y seis pesos 13/100 moneda nacional), la cual debía de encontrarse actualizada, en virtud que de conformidad el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el quince de marzo de dos mil diecinueve y el tres de octubre del año en curso, se efectuó la devolución mediante cheque a la parte quejosa, por el cual la autoridad responsable devolvió la contribución reclamada en su totalidad; por lo que, el periodo de actualización comprende del quince de marzo al tres de octubre del año en curso. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de septiembre del año en curso (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de este año fue 103.079; y, para el mes de septiembre del año en curso 103.670. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0057 En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $2,470.12 (dos mil cuatrocientos setenta pesos 21/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $13.99 (trece pesos 99/100, moneda nacional). En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la parte promovente del amparo $2,470.21 (dos mil cuatrocientos setenta pesos 21/100 moneda nacional). Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, ONCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Presidente Árbitro y Actuario Notificador, ambos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informan haber dado cumplimiento al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del término de TRES DÍAS contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se haga en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este juzgado federal el veinticuatro de octubre del año en curso (fojas 71-74), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de veinticinco de octubre del año en curso (foja 75), se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído se notificó a la parte promovente el veintiocho de octubre de la presente anualidad (foja 77); por lo tanto, el término de tres días otorgado transcurrió para dicha parte del treinta de octubre al cuatro de noviembre de la presente anualidad y en dicho lapso no se realizaron manifestaciones sobre el cumplimiento realizado por la responsable. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El ....". Por sentencia dictada el veintinueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 37-44), se concedió el amparo y protección de la justicia federal, en los siguientes términos: ".se concede el amparo solicitado para el efecto de que, en caso de que la demanda laboral presentada por la aquí quejosa el veinticuatro de abril pasado cumpla con los requisitos de procedibilidad establecidos en el estatuto que rige al acto reclamado, en observancia del principio de justicia pronta, el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, señale fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, la cual deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en el artículo 134 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit. Y hecho lo anterior, deberá ordenar al actuario adscrito a esa junta laboral, efectuar las notificaciones respectivas, quien deberá practicarlas dentro de los plazos establecidos en la ley que rige al acto reclamado." De lo anterior se colige que las autoridades responsables para dar cumplimiento total al fallo protector, deberían realizar los siguientes actos: 1. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, en caso de que la demanda laboral presentada por el aquí quejoso cumpliera con los requisitos de procedibilidad, señalará fecha y hora para el verificativo de la audiencia de conciliación, la cual deberá realizarse dentro de los plazos establecidos en el artículo 134 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal del Estado de Nayarit. 2. Por su parte, el actuario adscrito al tribunal laboral responsable, debería realizar la notificación correspondiente. Ahora bien, mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado el veinticuatro de octubre del año en curso (fojas 71-74), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada del auto de diecisiete de septiembre de la presente anualidad (foja 72), dictado dentro de los autos del juicio laboral 202/2019, de su índice, del que se observa que en ese fecha desahogó la audiencia de conciliación prevista en el artículo 134 del mencionado estatuto jurídico; asimismo, de dicha diligencia se observa que la responsable asentó que la parte demandada Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Lagunillas, Nayarit, no compareció, no obstante de estar debidamente notificado para ello, por lo que al no existir un arreglo conciliatorio, remitió el expediente a la secretaría de ese tribunal para que procediera al arbitraje en términos de lo previsto en el numeral 139 del estatuto aplicable. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado, aún y cuando no obre las constancias de notificación de la fecha de la audiencia de conciliación, pues en la etapa procesal en el que se encuentra el juicio de origen, al haberse celebrado dicha audiencia, es inconcuso, que se cumplieron con los efectos del fallo, que consistieron en que se señalara fecha para su desahogó y se efectuara la notificación correspondiente. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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