Ana Laura Velazquez Delgado

Expediente 1436/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1436/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
20/02/2018

Partes del expediente

  • Ana Laura Velazquez Delgado
  • Juan Hernandez Becerril

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    V. Toluca, Estado de México; veinte de febrero de dos mil dieciocho. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de treinta de enero del año en curso (fojas 151 a 158), en la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1.- El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el juicio (punto vigésimo primero, fracción II, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009) 2.- Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. 3.- El original y el duplicado de los incidentes de suspensión derivados del expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo primero y tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009). Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    V. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1436/2017-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Ana Laura Velázquez Delgado por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES. Como autoridad ordenadora señalo a: El C. Juez Sexto de lo Mercantil de Primera Instancia. El C. Notificador adscrito al Juzgado Sexto de lo Mercantil de Primera Instancia, con residencia en el Distrito Judicial de Toluca, México." ACTOS RECLAMADOS. La resolución interlocutoria de once de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número 308/2017, del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil de Primera Instancia, con residencia Judicial en Toluca, Estado de México. Así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como derechos humanos violados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del amparo. Recibida la demanda en este Juzgado de Distrito, se registró con el juicio de amparo indirecto 1436/2017-V; por auto de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y se señaló hora y día para la audiencia constitucional. CUARTO. Apersonamiento del tercero interesado. En auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por apersonado al presente juicio de amparo al tercero interesado Juan Hernández Becerril (foja 133). QUINTO. Audiencia Constitucional. Previo diferimiento de la audiencia constitucional se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Jugado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 35 y 37 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues el acto reclamado se dictó por una autoridad con residencia oficial dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, tal como lo prevé el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo; por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se deduce que el quejoso reclama: la resolución interlocutoria de once de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número 308/2017, del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil de Primera Instancia, con residencia Judicial en Toluca, Estado de México, así como su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridades responsables al rendir su informe justificado manifestaron que es cierto el acto que se les reclama (foja 22 y 23), aceptaron la existencia del acto que se es reclama. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que dice: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden resulta oportuno precisar algunos antecedentes del acto reclamado: Ana Laura Velázquez Delgado por conducto de sus endosatarios en procuración demandó en la vía ejecutivo mercantil a Juan Hernández Becerril diversas prestaciones (foja 27). El diecisiete de abril de dos mil diecisiete, previa prevención, el Juez responsable admitió la demanda en cuestión y ordenó llevar a cabo el auto de exequendo (foja 37 y 38). El dieciséis de junio de dos mil diecisiete, se dio cumplimiento al auto de exequendo y en lo que interesa se precisa: ".Señalo como bien susceptible de embargo el consistente en el 30% treinta por ciento del excedente del salario que percibe el señor Juan Hernández Becerril como custodio B dependiente de la Subsecretaría de Seguridad Pública del Centro Preventivo y Readaptación Social de Tenango del Valle, México." (fojas 60 y 61). La parte actora solicitó al Juez responsable se expidiera el oficio a la fuente del trabajo de la parte demandada, a efecto de realizar los pagos relativos por concepto de embargo (foja 70). El Juez responsable emitió un auto el cinco de julio de dos mil diecisiete, mediante el cual al hacer una revisión oficiosa de la diligencia de embargo, expuso que no cumplía con las formalidades de la legislación aplicable y dejó insubsistente el embargo, por los motivos ahí expuestos (fojas 71 y 72). La parte actora interpuso recurso de revocación contra la resolución que antecede (foja 77). El once de agosto de dos mil diecisiete, se dictó la resolución interlocutoria correspondiente, en la que el Juez responsable determinó que al resultar inoperantes e infundados los agravios expuestos, confirmó el auto recurso -no pasa desapercibido que en los puntos resolutivos se haya expuesto que los agravios los hizo valer Grupo Inmobiliario Teckio, S.A. de C.V., pues del contenido de la resolución se advierte que el nombre correcto es Ana Laura Velázquez Delgado por conducto de su endosatario-. Siendo este el acto reclamado (fojas 93 a la 100). El catorce de agosto de dos mil diecisiete, la autoridad responsable emitió la sentencia definitiva en el juicio de origen en el que condenó a la parte demandada en los términos ahí precisados (fojas 106 a la 111 vuelta). Ahora bien, en el presente juicio la quejosa Ana Laura Velázquez Delgado reclama la resolución interlocutoria de once de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número 308/2017, del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil de Primera Instancia, con residencia Judicial en Toluca, Estado de México; así como su ejecución; en consecuencia, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos del ordenamiento citado, por las razones que a continuación se indican. Los ordinales 61 fracción XXIII y 107, fracción V, de la ley de la materia prevén: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refiere el numeral en comento han sido precisados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. En apoyo se cita la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página once de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo LVI, Agosto de mil novecientos noventa y dos, que prevé: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En las relatadas condiciones, se actualiza la causal de improcedencia advertida, en razón de que dicho acto reclamado no es considerado como de imposible reparación, para considerar procedente el juicio de constitucional. Debe decirse que conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama, porque dicha actuación tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una ejecución irreparable hacia la parte quejosa, en virtud que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos cuyas consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado como la vida, la libertad, la propiedad, entre otras, y que tutela la Constitución General de la República por medio de las garantías fundamentales y los derechos humanos, por lo que en estos casos, no pueden repararse esas violaciones a través del amparo uniinstancial dada la propia naturaleza del acto que acarrearía imposible reparación; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio, ya que tratándose de la resolución interlocutoria de once de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número 308/2017, del índice del Juzgado Sexto de lo Mercantil de Primera Instancia, con residencia Judicial en Toluca, Estado de México, en la que confirma el auto de cinco de julio de dos mil diecisiete, por el cual de una revisión oficiosa de la diligencia de embargo hecha en autos del juicio natural, expuso que no cumplía con las formalidades de la legislación aplicable y dejó insubsistente el embargo, no deja sin defensa a la parte quejosa, ni afecta sus derechos sustantivos. A mayor abundamiento, no puede ser considerado como acto de imposible reparación el acto reclamado, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la parte afectada obtiene una sentencia favorable, pues en razón de la misma, puede ordenarse un nuevo embargo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), publicada en la página 2416, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación , Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV, Décima Época, con registro 2013976, cuyo rubro y texto son: DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." Apoya a lo anterior la jurisprudencia número XI.T.Aux.C. J/1, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 1642, tomo XXX, julio de dos mil nueve, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: ACTOS EN JUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUPUESTOS QUE DEBE PONDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA DETERMINAR SOBRE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con los criterios establecidos por nuestro Máximo Tribunal respecto del concepto de acto de imposible reparación, como argumento de autoridad, se advierte que para que el Juez de Distrito pondere sobre la procedencia de un amparo indirecto respecto de un acto dictado dentro de juicio, no debe apreciar si la infracción puede o no reclamarse cuando se dicte la resolución definitiva, ya que el Alto Tribunal del país, en jurisprudencia obligatoria, se pronunció en cuanto a la naturaleza jurídica que deben tener los actos en juicio, en el sentido de que solamente existen dos supuestos normativos de procedencia del amparo indirecto: a) cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental (regla general) o, bien b) si se trata de una violación exorbitante del procedimiento; de tal suerte que la posibilidad de que una supuesta infracción al procedimiento pueda o no impugnarse cuando se reclame la sentencia definitiva, no constituye hipótesis normativa de procedencia del juicio de garantías biinstancial, habida cuenta que tal facultad sólo compete a los Tribunales Colegiados de Circuito cuando conozcan del juicio de amparo directo, a los que corresponde estimar si procede o no analizar la infracción que se reclame, de acuerdo con los requisitos que prevé la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, para tal efecto, dado que, inclusive, podría darse el supuesto de que existan violaciones procesales en juicio que no se pudieran reclamar en alguna de las dos vías de amparo". Asimismo, apoya a la presente determinación la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 40 26/89, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 280, Tomo: IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto disponen: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." Por lo tanto, es evidente que el acto reclamado no debe considerarse como emitido dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado o derechos humanos tutelados en los tratados internacionales, protegidos por las garantías consagradas en la Carta Magna, que deban impugnarse a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V del ordinal 107 de la ley de la materia, interpretado a contrario sensu. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Y al no reclamarse de la autoridad responsable ejecutora, vicios propios de ejecución del acto reclamado, se hace extensivo el sobreseimiento decretado. Es aplicable la jurisprudencia publicada en la página 286, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 91-96 Sexta Parte, Séptima Época, cuyos rubro y texto son: AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución." Asimismo, no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la quejosa, en razón de que dicho aspecto corresponde al estudio del fondo, lo que no es dable verificar si se resuelve sobreseer en el juicio de amparo, como en la especie aconteció. Lo anterior se encuentra contemplado en la jurisprudencia 1027, visible en la página 707, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, del rubro siguiente: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Es aplicable la tesis publicada en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Tomo 3, agosto de 2013, Décima Época, cuyo rubro es: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA." Y la diversa publicada en la página 2274, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 3, Décima Época, cuyo rubro es: RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN A DICHO DERECHO HUMANO." En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ana Laura Velázquez Delgado, contra los actos y autoridades precisadas en el resultando primero, y por las razones expuestas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa y tercero interesada. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hoy treinta de enero de dos mil dieciocho, día en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    V. Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 2° de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 661/2017-V, deducido del presente juicio de amparo, del cual se obtiene que se notificó personalmente a la parte tercera interesada la instauración del presente juicio de amparo; acuse de recibo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    V. Toluca, Estado de México; veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el tercero interesado Juan Hernández Becerril mediante el cual se apersona al presente juicio de amparo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y designa autorizados. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngase por apersonado al tercero interesado en mención al presente sumario. De igual forma, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que precisa; de conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; asimismo, téngase por autorizados a María Teresa de Jesús Rodríguez Medrano y Oscar Merced Olivares Salazar, en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, en virtud de que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas que designa en términos restringidos del citado artículo, por así manifestarlo expresamente. Es aplicable la tesis publicada con la clave I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2006, Tomo XXIII, Novena Época, que establece: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA." Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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