Ana Laura Vega Martínez
Expediente 196/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 196/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ana Laura Vega Martínez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Ana Laura Vega Martínez, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible en virtud de que se desechó la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese....MESA 6
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido por el Juez Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 50/2021, de su índice, formado con motivo del diverso 92/2021 (orden 95/2021), del índice de este órgano jurisdiccional, en el que se solicitó notificar a la quejosa Ana Laura Vega Martínez, de lo que este juzgador toma debido conocimiento para los efectos legales conducentes; por lo que, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese a los autos en que se actúa, para su correcta integración, como lo solicita, acúsese de recibo. Notifíquese....MESA 6
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Ana Laura Vega Martínez, por propio derecho, contra actos que reclaman del Fiscal General de Justicia del Estado de México y otras autoridades. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 196/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo. Ahora, en el caso se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo en relación con los numerales 5° y 6° del mismo ordenamiento, así como 107, fracción I de la Constitución Federal -interpretado a contrario sensu-, mismos que son del contenido siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Constitución Federal Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De los citados preceptos se advierte que, únicamente puede promover el juicio de amparo, la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto reclamado, pues en caso contrario y, al no haber afectación en la esfera jurídica del promovente, se actualiza su improcedencia, por no satisfacerse el principio de instancia de parte agraviada que rigen el juicio constitucional. Es decir, la legitimación para promover el amparo, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley, al interés jurídico del particular, el cual, se encuentra constituido por la existencia o actualización de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, que puede afectarse por el acto de autoridad cuando se viole aquél, o bien, por el desconocimiento del mismo, por lo que, sólo el titular de ese derecho legítimamente protegido, estará en aptitud de acudir ante el órgano de control constitucional en demanda de que cese la violación de sus derechos. Bajo ese contexto, se considera que el citatorio que reclama la parte quejosa que le fuera enviado mediante telégrafo por el Agente del Ministerio Público Mesa Tercera de Trámite Carpetas de Investigación, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el once de noviembre de dos mil veintiuno, para que asistiera a su ubicación, para hacerle de su conocimiento la imputación que obra en su contra y agotar un mecanismo de alternativo de solución, el día diecinueve de marzo del citado año a las diez horas; no ocasiona un perjuicio a su esfera jurídica de derechos, al ser un presupuesto procesal necesario para la integración de la carpeta de investigación a la que se encuentra relacionada y que como se verá enseguida, no afecta sus derechos sustantivos. El artículo 21 de la Constitución Federal y el diverso numeral 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función [.]. CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Artículo 90. Citación. Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia [.]. De los dispositivos referidos se advierte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21, establece que la facultad para investigar los delitos corresponde al Ministerio Público y a los Policías, estos últimos bajo la conducción y mando de aquél, en el ejercicio de esta función. Asimismo, que la autoridad ministerial tiene facultad para emitir citaciones durante la etapa de investigación, en tanto que, todas las personas, a excepción del Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces y, las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia, están obligadas a presentarse, cuando sean citadas por el Ministerio Público. Atento a lo anterior, se concluye que la citación que reclama, no ocasiona un perjuicio a la esfera jurídica de la quejosa pues corresponde a una facultad de la Representación Social y, al emitir dicho citatorio, no involucra que el Ministerio Público tenga la facultad para emitir un análisis jurisdiccional de los hechos delictuosos, ni de la probable participación de la justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debía comparecer ante esa autoridad, para llegar la propuesta de un mecanismo de solución, cuestión que se encuentra relacionada con la secuencia de las fases de investigación respectiva. Actuar que es acorde a sus atribuciones constitucionales; de tal modo, que a la quejosa no se le causa un perjuicio de índole jurídico, máxime que no se advierte ningún tipo de apercibimiento o consecuencia en el caso de no asistir; considerar lo contrario, implicaría entorpecer las facultades y obligaciones conferidas a la autoridad ministerial, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, pues interesa a la colectividad, que se investiguen los hechos probablemente constitutivos de ilícitos, por lo que, al no existir un derecho tutelado de la gobernada para impugnar actos como los que ahora nos ocupan, no se surte el interés jurídico, para combatirlos mediante el juicio de amparo. Siendo así además, porque del citatorio tampoco se advierte que haya sido exigida su presencia con algún tipo de apercibimiento en cuanto a la libertad de la gobernada, pues como se expuso, únicamente se trata de ofrecer un medio alterno de solución, sin que se haga alusión a la participación de alguna autoridad jurisdiccional. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia PC.VI.P. J/5 P (10a.), de Plenos de Circuito de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo III, página 1341, de contenido siguiente: ORDEN DE CITACIÓN EMITIDA POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA SEGUIDA EN EL SISTEMA PENAL MIXTO O TRADICIONAL. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO CONTIENE APERCIBIMIENTO EN CASO DE INASISTENCIA. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de citación emitida por el Ministerio Público en la averiguación previa seguida en el sistema penal mixto o tradicional, cuando en dicho citatorio no se contiene apercibimiento en el supuesto de que el gobernado no asista a la cita, porque contra las diligencias llevadas a cabo por la representación social tendentes a la integración de una averiguación previa, por regla general, como lo ha establecido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el juicio de amparo es improcedente; y si bien esa regla admite excepciones, ello será cuando se afecten -o exista la posibilidad de que se afecten- derechos sustantivos de los gobernados. Así como el criterio que sostiene que Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante la tesis II.2o.P.51 P (10a.), de la Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2601, de literalidad siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. En las condiciones anteriores, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, toda vez que no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. No ha lugar a tener como domicilio el que señala en el escrito de demanda ubicado en Av. Dr. Río de la Loza número 115, interior 1, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, debido a que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado Federal; por lo que se le requiere para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, proporcione uno dentro de la residencia de este órgano, apercibido que de no hacerlo se le harán las subsecuentes por medio de lista, incluso las de carácter persona. En ese sentido, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, además, de conformidad con el acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario de su adscripción y se constituya en el domicilio de la parte quejosa, y proceda a notificarle de manera personal la presente determinación. Al respecto, a fin de llevar a cabo la referida diligencia, con fundamento en el artículo 107 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, envíese la comunicación oficial al juez exhortado a través del Sistema Integral de Seguimiento Expedientes, misma que deberá ser dirigida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. Solicitando al homólogo federal, que una vez que se encuentre diligenciado el exhorto en comento, remita por la misma vía electrónica a este órgano jurisdiccional, a la brevedad posible, únicamente el auto por el que radique dicho exhorto, la diligencia encomendada, así como el oficio por el cual ordene su devolución. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a las profesionistas que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, hasta en tanto, acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Acceso al expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información; y en virtud de que el promovente se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "MALUMALU", como lo solicita se le autoriza únicamente para tener acceso y consultar vía internet las actuaciones del presente juicio de amparo, en términos de los artículos 14, 34 y 35 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte y en vigor a partir del día siguiente. Medios electrónicos. Con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones el uso de medios electrónicos para imponerse de las actuaciones realizadas en el presente expediente. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del penúltimo párrafo, del artículo mencionado. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.MESA 6
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