Ana Laura Valtierra Ornelas
Expediente 60/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ana Laura Valtierra Ornelas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad de México, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de veintidós de abril de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 4 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, ocho de abril de dos mil veintiuno. Visto del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no obra en el sumario la constancia de notificación relativa al oficio 21073/2020, que contiene el requerimiento formulado en acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, por tanto, en obvio de incurrir en violaciones procesales, reexpídase la citada comunicación dirigida al Secretario de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura en el Estado de Oaxaca. Por otra parte, tomando en cuenta que en mediante oficio I.110.UAJ.DGAE.A.2355.2020, acordado en auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, las autoridades responsables Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres (que absorbió las facultades de la Dirección General Adjunta de Prevención y Atención a Desastres Naturales), propusieron como causas de improcedencia las establecidas en el artículo 61, fracciones XVI y XXI, de la Ley de Amparo, que al ser de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la ley de la materia, pues señalaron que desapareció el programa de atención a los afectados con motivo del sismo ocurrido el siete de septiembre de dos mil diecisiete y por ende, había quedado concluido, por lo que era legalmente imposible atender cualquier acción a través del citado programa con recursos del Fondo de Desastres Naturales. Este Juzgador considera que debe allegarse de las constancias respectivas, para determinar lo que legalmente proceda, en relación a dicha cuestión. Al respecto, es aplicable, por analogía, la jurisprudencia de rubro siguiente: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. (Registro digital: 176291. Instancia: Primera Sala. Novena Época. Materias(s): Común. Tesis: 1a./J. 163/2005. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 319. Tipo: Jurisprudencia). Atendiendo a lo propuesto por tales autoridades, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y el Titular de la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, así como al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Institución Fiduciaria en el fideicomiso número 2003 (dos mil tres), denominado "Fondo de Desastres Naturales", a la Secretario de Gobernación y al Secretario de Hacienda y Crédito Público, para que, dentro del ámbito de sus facultades legales, y en el plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remitan originales o copias certificadas de las constancias que demuestren fehacientemente los aspectos siguiente: 1) La fecha exacta en que desapareció o quedó extinguido concluyó el Programa de atención a los afectados con motivo del sismo ocurrido el siete de septiembre de dos mil diecisiete y en su caso, por qué ordenamiento legal fue sustituido el mismo; 2) El ordenamiento legal que contenga esa determinación y la norma general jurídica que lo hubiere absorbido o sustituido; 3) La denominación de las autoridades que quedaron a cargo del nuevo programa y están obligadas a darle continuidad y cumplimiento a los quejoso afectados; 4) En qué fecha dejó de tener vigencia, quedó extinguido o concluyó su vigencia o propósito el contrato de fideicomiso denominado Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y sus convenios modificatorio, que proveyó de recursos económicos para la entrega de los apoyos a los afectados en su vivienda por los sismos acontecidos el siete y diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete; 5) Si existe otro instrumento legal que se hubiere pactado en sustitución de tal programa y para los fines ahí señalado, el cual deberán señalar su denominación. 6) Que los quejosos Eneida Castillo López y Jorge Antonio López Enríquez, con motivo de las cláusulas tercera y segunda de los contratos fechados el doce de noviembre y dos de diciembre, ambos de dos mil veinte, recibieron las cantidades de dinero por $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional) y $80,000.00 (ochenta mil pesos), así como, las estipuladas en los contratos de adhesión correspondientes. 7) Que al resultar jurídicamente y materialmente imposible obtener mayores recursos del Fondo de Desastres Naturales, por qué consideraran que se atiende al tenor del Programa Nacional de Reconstrucción (el cual deberán exhibir), así como remitan los convenios de adhesión para el Programa Nacional de Reconstrucción, por el concepto de reconstrucción y vivienda, pactados con la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) -en atención a que los integrados en el disco compacto remitido oportunamente, carece de la certificación electrónica respectiva o bien, de la firma digital respectiva, motivo por el cual carece de valor pleno-; 8) Que el disco compacto que remitieron, carece de la certificación electrónica o la firma digital respectiva; no obstante, que contiene "código de barras con identificador electrónico" , con lo cual no se cumple con aquéllos requisitos, por lo que, deberán remitirlo debidamente con alguno de tales elementos digitales o bien, enviar cada una de esas constancias en copa certificada o en su caso, justifique porqué lo remitió de esa manera. Al respecto es aplicable la tesis número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS ARA RESOLVER EL ASUNTO. (Registro: 199454, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, V, Febrero de 1997, Página: 108). Se apercibe a cada una de las citadas autoridades que en caso de ser omisa, se les impondrá en lo individual y por separado multa de cincuenta veces la unidad de cuenta para la Ciudad de México, y en caso de reiterar su conducta omisiva al respecto se duplicará dicha multa, hasta llegar a las mil unidades de cuenta, con base en lo dispuesto en el numeral 259, de la Ley de Amparo. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, once de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta signada por Òscar Sanabria Ávila, Auxiliar de Actuario adscrito a la Unidad de Notificadores Común a Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgadores de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el oficio 28008/2020, respecto del auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, dirigido al Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, toda vez que al presentarse en dichas oficinas, le indicaron que únicamente están recibiendo notificaciones en el correo electrónico ccpsubegresos@finanzas.cdmx.gob.mx. Con fundamento en el citado artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obre como corresponda e instrúyase al actuario para que remita vía correo electrónico el referido oficio a la dirección que se indica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
(RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 23/02/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE Ciudad de México, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías promovida por Ana Laura Valtierra Ornelas, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 60/2021-III. Con fundamento en el artículo 21, del "Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Del estudio integral de la demanda de mérito que autoriza el artículo 114 de la Ley de Amparo, se aprecia que ésta contiene irregularidades que deben subsanarse por la parte promovente, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 108, fracciones III, IV y V, 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente, para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) Del contenido del capítulo relativo a las autoridades responsables, se desprende que señala como autoridad ordenadora a la ".SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, UNIDAD DE TRANSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, COMANDANTE DE LA GUARDIA NACIONAL." y como autoridad ejecutora a la ".UNIDAD DE TRANSICIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA; COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA GUARDIA NACIONAL."; señalamiento que no resulta claro, en tanto que, aunque refiere se trata de la autoridad ordenadora y ejecutora, en la denominación que proporciona parece referirse a tres ordenadoras y tres ejecutoras; por tanto, deberá indicar si se trata de una sola autoridad ordenadora y una ejecutora, supuesto en el que tendrá que indicar si esa es su denominación correcta; o bien, si son tres ordenadoras y tres ejecutoras, caso en el cual resulta imperativo que exhiba el número faltante de copias de su demanda. Asimismo, deberá considerar que el oficio que contiene la negativa de pago que reclama, fue signado por Marlen Arce de la O, Servidora Pública de la Unidad de Transición, en ausencia del Titular de la Unidad de Transición; de tal manera que no existe otra autoridad que haya intervenido en su emisión y a la cual deba atribuírsele. Es aplicable la siguiente tesis: AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACION DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISION QUIENES SON LAS. (Registro: 214867, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, XII, Septiembre de 1993, página: 186) b) Por otra parte, del capítulo de actos reclamados se desprende que señala ".LA NEGATIVA AL PAGO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL CON LA POLICÍA FEDERAL.", mismo que atribuye a la autoridad responsable ORDENADORA; sin embargo, como se dijo en el inciso anterior, no es clara la denominación de ésta, aunado a que, del propio acto reclamado contenido en el oficio SSPC/UT/0390/2021, de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, acompañado a la demanda que se atiende, se desprende que éste fue suscrito por Marlen Arce de la O, Servidora Pública en la Unidad de Transición, en suplencia por ausencia del Titular de dicha dependencia, por tanto, deberá indicar una a una y de manera específica a las autoridades responsables y el acto reclamado que en concreto reclame de cada una de ellas; lo anterior, a efecto de que estén en aptitud de rendir su informe justificado sobre el o los actos que se les imputan y, por consiguiente, contribuir a que este juzgador fije la litis en el juicio. Resulta aplicable por analogía a las anteriores consideraciones, la Tesis número XX.57K, que es del rubro siguiente: ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. (Registro 202,853, Tesis número XX.57K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 871, del Tomo III, marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.) c) A fin de que este Juzgador se allegue de mayores datos que le permitan apreciar con claridad los actos reclamados y tomando en consideración que es obligación de la parte promovente manifestar bajo protesta de decir verdad todos aquéllos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados, y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal, deberá indicar el motivo de su renuncia, además de exhibir el documento que la contenga. Lo anterior, con la advertencia que en caso de que este Juzgador encuentre pruebas y elementos suficientes que evidencien la falta de veracidad de sus manifestaciones sobre los hechos que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado y que ello lo realice con mala intención o con el único propósito de entorpecer la administración pronta y expedita de justicia, se procederá de conformidad con lo previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que sanciona con pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado. d) Por otra parte, toda vez que del capítulo de suspensión no se advierte de manera clara los efectos para los cuales solicita la medida cautelar, se le requiere para que los señale de manera clara, concreta y específica. e) Asimismo, deberá exhibir original y cinco copias de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las autoridades responsables (dos), al Fiscal Ejecutivo Titular (una) y para tramitar el incidente de suspensión (dos); más una por cada una de las autoridades que desahogada la prevención relativa les revista el carácter de responsables y así las señale. Se cita en apoyo por su aplicación analógica, la jurisprudencia P./J.36/2001, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. (Registro: 189,977, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Página: 79) Lo anterior, con el apercibimiento que de no desahogar las prevenciones contenidas en los incisos a), b), c) y e), SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE GARANTÍAS de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo; y, en caso de no desahogar el inciso d), no se acordará respecto a la suspensión del acto reclamado. Importa destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Amparo, los requerimientos que anteceden únicamente podrán ser desahogados por la promovente del amparo, no así por la persona que ésta autorice en términos del artículo 12 de la citada Ley, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, del rubro siguiente: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. (Registro: 161909, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIII, Junio de 2011, Página: 68, Materia: Común) Así como la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), del siguiente rubro: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. (Registro: 2007285, Décima Época, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I; Materia Común, página: 210) En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al ordenamiento citado, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos amplios de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mario David Escudero Arriaga y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que señal apara tales efectos, así como a Raúl López Brito, limitación que se le establece hasta en tanto el profesionista registre su cédula profesional que lo acredite como licenciado en Derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y hecho lo anterior lo hagan del conocimiento en el expediente en que se actúa, a través de nueva promoción. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, de cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de las subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Por otra parte, no es el caso de tener como medios de comunicación para recibir las notificaciones derivadas del presente asunto, los correos electrónicos señalados, toda vez que no son vías ni formas para recibir notificaciones conforme a la Ley de Amparo, pues ésta únicamente prevé notificaciones de forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. No obstante, con fundamento en el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19"; ténganse los correos electrónicos que señala, para entablar únicamente comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la quejosa Ana Laura Valtierra Ornelas en el domicilio ubicado en calle Manzanillo número cien, Interior 403-2 (cuatrocientos tres - dos), colonia Roma Sur, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCIA.- NOTIFIQUESE
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