Ana Laura Ulloa Munguía

Expediente 645/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
645/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
14/09/2015

Partes del expediente

  • Ana Laura Ulloa Munguía

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    MESA "6" VISTO LA CUENTA QUE ANTECEDE, EL JUEZ ACUERDA, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE EL DÍA DE LA FECHA HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO DE AMPARO, DE DONDE EMANAN LOS PRESENTES INCIDENTES; EN TAL VIRTUD, EN CUANTO AL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEDUCIDO DEL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA SE NEGÓ POR LO QUE RESPECTA A TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS, CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN III, PRIMER PÁRRAFO, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO CONJUNTO QUE NOS OCUPA, SE HACE CONSTAR QUE SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO EL ARCHIVO DEL JUICIO PRINCIPAL COMO ASUNTO CONCLUIDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO.

  2. Principal

    MESA "6" VISTA LA CUENTA QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LA QUEJOSA ANA LAURA ULLOA MUNGUÍA, SE INCONFORMARA CON EL AUTO DEL DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, EN EL QUE SE SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS; EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 355 Y 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2° DE ESTA LEGISLACIÓN, SE DECLARA QUE DICHA DETERMINACIÓN HA QUEDADO FIRME PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES; POR LO QUE, HÁGANSE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO RESPECTIVO. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE LA MATERIA SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO. AHORA BIEN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 8º Y 14, FRACCIÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 2º, FRACCIÓN XV, 5°, 7º Y 8°, DEL REGLAMENTO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, 6º Y 7º DEL ACUERDO GENERAL 68/2004 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, A TRAVÉS DEL CUAL SE IMPLEMENTA LA PUBLICACIÓN EN INTERNET DE LAS SENTENCIAS EJECUTORIAS Y RESOLUCIONES PÚBLICAS RELEVANTES, GENERADAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, A FIN DE INCENTIVAR EL INTERÉS DE LA POBLACIÓN EN EL CONOCIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, PARA FOMENTAR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 37, 38 Y 88 DEL ACUERDO GENERAL 84/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, SE ORDENA A LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO QUE SE ELABORE LA CORRESPONDIENTE VERSIÓN PÚBLICA SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS QUE AL EFECTO ESTABLECE EL "PROTOCOLO PARA LA ELABORACIÓN DE VERSIONES PÚBLICAS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS GENERADOS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO, A PARTIR DE LA IDENTIFICACIÓN Y EL MARCADO DE INFORMACIÓN RESERVADA, CONFIDENCIAL O DATOS PERSONALES" APROBADO POR MAYORÍA DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, MEDIANTE SESIÓN DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL NUEVE Y SE ENVÍE AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). COMO EN LAS ACTUACIONES QUE SE INTEGRA EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE PROVEE, NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES, ASÍ COMO TAMBIÉN SE HACE CONSTAR QUE ESTE EXPEDIENTE CARECE DE RELEVANCIA JURÍDICA, HISTÓRICA O DOCUMENTAL, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO, FRACCIÓN I, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTÚA SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE CINCO AÑOS DE HABERSE ORDENADO SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. ASIMISMO, EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO VIGÉSIMO, FRACCIÓN III, DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA TRANSFERENCIA, DIGITALIZACIÓN, DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE LOS EXPEDIENTES GENERADOS EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO, SE HACE CONSTAR QUE EL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DERIVADO DEL EXPEDIENTE EN QUE ACTÚA, SERÁ SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, PREVIA SU DESINCORPORACIÓN, UNA VEZ QUE TRANSCURRAN MÁS DE SEIS MESES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA SUS EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE JUICIOS DE AMPARO QUE SE LLEVA EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL APARTADO VIGÉSIMO QUINTO DEL ACUERDO CONJUNTO INVOCADO. TAL SITUACIÓN, HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y PROVÉASE LO CONDUCENTE EN EL CUADERNO ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RESPECTIVO.

  3. Principal

    MESA "6" VISTA LA RAZÓN LEVANTADA POR EL ACTUARIO ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, LUIS MORA HERNÁNDEZ, DE LA QUE SE DESPRENDE QUE TRANSCURRIÓ EL TÉRMINO OTORGADO A LA AGRAVIADA ANA LAURA ULLOA MUNGUIA, A FIN DE QUE SE PRESENTARA EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO PARA SER NOTIFICADA DEL ACUERDO DE DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE DICTADO POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO; POR TANTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DEL PACTO FEDERAL, NOTIFÍQUESE A LA REFERIDA QUEJOSA EL ACUERDO MENCIONADO POR MEDIO DE LISTA. ACUERDO: "MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. Como una consideración previa, es menester precisar que con fundamento en lo dispuesto en el artículo TERCERO TRANSITORIO, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril del año en curso, el presente juicio de amparo, se tramitara hasta su conclusión, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis, salvo lo que se refiere a la caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. Por otra parte, visto el estado que guarda el sumario constitucional en que se provee; toda vez que de los anexos que acompañó el Juez Sexagésimo Penal del Distrito Federal, se advierte que en fecha diez de julio de dos mil quince, dio contestación a su escrito de fecha ocho de julio de dos mil quince, en la causa penal número 22/2015, lo que acreditó con las copias certificadas que al efecto remitió, que al ser copias certificadas se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esas condiciones, este Juzgador de Distrito considera que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que han cesado los efectos del acto que por esta vía se impugna, consistente en la omisión para decretar la libertad personal por acogerse al beneficio de tratamiento en libertad, en la causa penal 22/2015. Tiene aplicación al caso la tesis jurisprudencial número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Así como la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . XXI Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Bajo esa óptica, la causal de improcedencia en comento, se refiere a la cesación de efectos del acto que se reclama en el juicio de amparo, a lo cual, es pertinente señalar, que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación Constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II de la Ley de Amparo en vigor, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija, todo ello, en atención al principio de potencialidad restitutiva, consagrado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial 2ª /J. 59/99, publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Segunda Sala, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, del oficio y constancias que remitió la responsable se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, pues en fecha diez de julio de dos mil quince, dio contestación a su escrito de fecha ocho de julio de dos mil quince, en la causa penal número 22/2015, al decretar tener por acogida al sustitutivo de tratamiento en libertad y ordenar su inmediata libertad; Por tanto, se puede deducir que en la especie, la omisión para decretar la libertad personal por acogerse al beneficio de tratamiento en libertad, en la causa penal 22/2015, reclamada en el asunto que nos ocupa ha dejado de surtir sus efectos por parte de la autoridad responsable, actualizándose así la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional considera que al caso concreto, lo conducente es conforme a la fracción V del numeral 63, en relación con el diverso 61, fracción XXI, todos de la Ley de Amparo, es de SOBRESEERSE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, promovido por ANA LAURA ULLOA MUNGUÍA, en contra de la omisión para decretar la libertad personal por acogerse al beneficio de tratamiento en libertad, en la causa penal 22/2015, reclamada a la Juez Sexagésimo Penal del Distrito Federal, por configurarse la causal de improcedencia en estudio. En la inteligencia de que tal situación no priva de defensa al peticionario de garantías, en virtud de que la determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es la cesación de efectos, lo que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia Constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan las pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. En las condiciones anotadas, es dable dejar sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día diez de septiembre del año en curso. Cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386 del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Novena Época, de rubro y tenor siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite, conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE...."

  4. Principal

    MESA "6" VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS AUTOS Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE DE LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA SE ADVIERTE QUE NO ES POSIBLE CELEBRAR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE SE ENCUENTRA SEÑALADA PARA ESTA DATA, EN VIRTUD DE QUE ESTÁ TRANSCURRIENDO EL TÉRMINO DE OCHO DÍAS PARA QUE LA QUEJOSA ANA LAURA ULLOA MUNGUIA, SE IMPUSIERA DEL INFORME JUSTIFICADO QUE SE LE PUSO A LA VISTA EN PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, TÉRMINO QUE FENECERÁ EL DÍA DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE FUE NOTIFICADO EL DÍA TREINTA DE JULIO DE DOS MIL QUINCE; EN ESE TENOR, SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SEÑALADA PARA EL DÍA DE LA FECHA Y SE FIJAN LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, PARA SU CELEBRACIÓN.

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