Ana Laura Saenz Royval

Expediente 117/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
117/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Ana Laura Saenz Royval

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio firmado por la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación de la Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, mediante el cual, remite documental para acreditar el requerimiento efectuado a la Dirección Jurídica de la Secretaría de Hacienda del Estado, lo que se tiene por informado para los efectos legales a que haya lugar. Se provee. Al respecto, téngase a la autoridad oficiante informando lo precisado y por exhibida la documental anexa al ocurso de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Requerimiento. No obstante, en el caso concreto se estima insuficiente la intervención de la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua. Lo anterior es así, pues la citada autoridad, como superior jerárquico, únicamente se limitó a informar que envió un oficio a la Directora Jurídica de la Secretaría de Hacienda, a fin de instruir a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, así como a las unidades orgánicas correspondientes de dicha Secretaría, para que de forma inmediata den cumplimiento a la ejecutoria relativa a este juicio de amparo. Sin embargo, no demuestra ni de manera indiciaria, que haya realizado alguna otra diligencias tendiente a lograr que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo y restituya de manera pronta y completa, al quejoso en su derecho violado. Sobre el tema, es de precisarse que no basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, pues debe demostrar que agotó todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo. En efecto, el actuar del superior jerárquico debe implicar el despliegue de todas las atribuciones que tenga a su alcance para gestionar y obtener el cumplimiento de la sentencia y no solamente como una autoridad recordatoria e insistente, ya que su intervención debe ir más allá, precisamente porque se encuentra sujeta a las mismas obligaciones y sanciones en caso de no demostrarse que realizó todo lo posible para vencer la renuencia de sus subalternos De lo contrario, de conformidad con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 194, de la Ley de Amparo, el superior jerárquico correspondiente, al ser igualmente responsable en obtener el cumplimiento que las que supervisa, es acreedor a las mismas sanciones que corresponden a las obligadas a cumplir que se tilden como renuentes. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, bajo la tesis 1a./J. 108/2022 (11a.), Undécima Época, Materia Común, con registro digital 2025145, intitulada: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. PARA CONSIDERAR COLMADAS SUS OBLIGACIONES, ES INSUFICIENTE QUE LA PERSONA SUPERIOR JERÁRQUICA DE LAS AUTORIDADES OBLIGADAS AL CUMPLIMIENTO SE CONCRETE A INFORMAR QUE ENVIÓ UN OFICIO PARA INSISTIRLES EN EL ACATAMIENTO." En consecuencia, tomando en consideración que en autos aún no obra informe del cumplimiento cabal dado al fallo protector, previo a hacer efectivo el apercibimiento correspondiente al superior jerárquico, requiérase de nueva cuenta a la Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días hábiles, contado a partir del momento en que quede notificada del presente proveído, remita a este Juzgado de Distrito copia certificada, completa y legible de las constancias que considere pertinentes a fin de acreditar que desplegó todas las atribuciones a su alcance para gestionar y obtener que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercibimiento.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto. II. Ejecutoria. Con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los numerales, 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. III. Anotación respectiva y archivo del asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. IV. Destino del expediente. Con fundamento en los artículos 21, inciso a) y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, hágase constar en la carátula de este expediente que el mismo carece de relevancia documental, que no consta documento original, y que es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el presente juicio. Así, de conformidad con lo que se dispone en el primer párrafo del numeral citado en primer lugar, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; ello, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado numeral. De igual forma, el presente acuerdo no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, motivo por el que no se considera de información reservada. V. Resolución de disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en el presente juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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