Ana Laura Ruiz Ibarra
Expediente 2052/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2052/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ana Laura Ruiz Ibarra
- David Rafael Ugalde Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA 8.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese el informe justificado, rendido por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco, con sede en esta ciudad, haciendo la aclaración que la denominación correcta es Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tabasco; en tal razón, con el contenido de estos, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo.
- Incidental
MESA 8. SE R E S U E L V E: Único: Se NIEGA a Ana Laura Ruiz Barrabia y/o Ana Laura Ruiz Barrabi, Daniela Odio Carbajo, David Rafael Ugalde Palacios, Roberto Díaz Sardón y Yeniel Morales Morell, la suspensión definitiva que solicitaron.
- Principal
MESA 8.VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la certificación de cuenta, de la que se advierte que los quejosos, no dieron cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en el lapso concedido para ello; en tal virtud, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto, y no se tienen como autoridades responsables domiciliadas fuera de la jurisdicción de este juzgado a las que citaron en su escrito inicial de demanda; en tal virtud, se da trámite a la demanda instada por los impetrantes de amparo Ana Laura Ruiz Barrabia y/o Ana Laura Ruiz Barrabi, Daniela Odio Carbajo, David Rafael Ugalde Palacios, Roberto Díaz Sardón, Yeniel Morales Morell, por los actos que reclamaron del Instituto Nacional de Migración Tabasco (TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO), CON SEDE EN ESTA CIUDAD, por estimar violatorios de los artículos 1, 11, 17 párrafo segundo, 33 primer párrafo y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, el que también podrá remitir al correo oficial 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio de constitucionalidad de impartición de justicia pronta y expedita, apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se hará acreedora a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos) valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se le hace saber a la autoridad que tiene la obligación de recibir el oficio aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dese la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. PRUEBAS Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa, ofreciendo como pruebas en el presente asunto la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, las que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórense al momento de dictarse la sentencia respectiva. Ahora bien, en cuanto a las documentales, consistentes en copias de los pasaportes que mencionan, dígase, que no se les tienen por ofrecidas las mismas, en virtud, de que no las exhiben. En lo que respecta a la prueba superveniente que mencionan, dígase que una vez exhibidas se acordará lo conducente. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. Tramitase por separado y duplicado el incidente de suspensión respectivo, por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo.
- Incidental
MESA 8.VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, como está ordenado en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 136, 138, 139, 140, 142 y 144 de la Ley de Amparo, fórmese el incidente de suspensión promovido por Ana Laura Ruiz Barrabia y/o Ana Laura Ruiz Barrabi, Daniela Odio Carbajo, David Rafael Ugalde Palacios, Roberto Díaz Sardón, Yeniel Morales Morell, contra actos que reclaman del Instituto Nacional de Migración Tabasco (TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE INSTITUTO NACIONAL EN EL ESTADO DE TABASCO), CON SEDE EN ESTA CIUDAD, que estiman violatorios de los artículos 1, 11, 17 párrafo segundo, 33 primer párrafo y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 138, fracción III, en relación con el 140, ambos de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda, pídase a la autoridad responsable el informe previo, al que deberá rendir por duplicado y dentro del término de cuarenta y ocho horas, vía fax al número 01 (993) 3-10-50-23, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria, debiendo manifestar si es o no cierto el acto reclamado, remitiéndose al efecto copia simple de la demanda de amparo; apercibida que en caso de omisión, se presumirá cierto el acto reclamado. Asimismo, dígase a la autoridad que si omite rendir su informe previo, con fundamento en el artículo 260 fracción I, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del presente año; asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad las penas en que incurre al afirmar hechos falsos u omitir el que le conste en relación con el acto reclamado, penas estas previstas en el artículo 262 fracción I de la ley aplicable, y la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común, tomo VI, septiembre de 1997, página 695, bajo el rubro: "INFORME PREVIO, MULTA POR NO RENDIRLO O ENVIARLO EXTEMPORÁNEAMENTE". FIJACIÓN DE HORA Y FECHA PARA AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan las nueve horas con veintidós minutos del veinte de diciembre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia incidental. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora, los impetrantes, hacen consistir los actos reclamados en: "[.] El treinta de noviembre de dos mil diecinueve, acudimos a la Subdelegación Federal Zona Sur, del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, para solicitar se nos expidiera formato número único del trámite de solicitud de estancia, para iniciar procedimiento administrativo, y otorgarnos salvoconducto migratorio, para salir en cualquiera de sus fronteras del Estado Mexicano, y estaban cerradas las oficinas, además que nos enteramos a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales que se encuentran cerradas las oficinas de migración y que ya no están otorgando documento de salvoconducto y que van a deportar a todo ciudadano extranjero, actualmente nos encontramos en estado de vulnerabilidad, de inseguridad, y físicamente de manera precaria. Reclamamos la no deportación y la privación de la libertad, y se nos conceda la libertad de tránsito sobre el territorio mexicano, y contra cualquier detención judicial y/o administrativa, proveniente de las distintas autoridades federales, estatales, municipales y toda autoridad mexicana. [.]" Sin embargo, en su libelo de amparo, fundan su petición en el hecho de que son ciudadanos cubanos y están en territorio mexicano con la finalidad de realizar trámites migratorios y regularizar su estancia en este país, por lo que temen por su seguridad y libertad, ya que pueden ser detenidos por agentes migratorios y deportados y/o expulsados de México, sin permitirle realizar los trámites que requiere. FUNDAMENTO De acuerdo al artículo 107, fracción X, Constitucional, y 128 de la Ley de Amparo, para concederse la suspensión del acto reclamado, deben cumplirse con los siguientes requisitos: a. Que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b. Que exista la solicitud del quejoso, lo que lleva aparejada la existencia del interés jurídico y la afectación; c. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, d. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al quejoso con su ejecución. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Por lo que hace al acto reclamado consistente en que se les permita el libre tránsito sobre el territorio mexicano, lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, ya que la privación de la libertad a la que podrían estar sujetos los impetrantes de amparo, deriva de un acto administrativo de control migratorio que acontece en los lugares de tránsito internacional de personas, respecto del cual no procede conceder la suspensión, ya que se trata de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración; siendo así, la medida precautoria no surtirá efecto alguno, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder Ia suspensión solicitada, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Ello porque, si bien el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, instituye que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes; sin embargo, tales libertades no son absolutas, pues no tiene el alcance de que los quejosos puedan transitar por todo el territorio nacional, ya que para ello es necesario que previamente cumplan los requisitos que establece la normatividad en materia migratoria. Pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA Por otra parte, a fin de que los quejosos Ana Laura Ruiz Barrabia y/o Ana Laura Ruiz Barrabi, Daniela Odio Carbajo, David Rafael Ugalde Palacios, Roberto Díaz Sardón, Yeniel Morales Morell, realicen sus trámites migratorios y regularicen su estancia legal en este país, se concede la suspensión provisional que se solicita, para el efecto de que no sean privados de su libertad personal y queden a disposición de este juzgado en cuanto a ésta, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. Atento a lo anterior, dígase a los promoventes que deberán presentarse ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sean requeridos para ello, sin que lo anterior implique su deportación, destierro o repatriación, toda vez que en los autos del juicio principal del que deriva el presente incidente, se decretó la suspensión de plano respecto de los referidos actos reclamados. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. A fin de que la medida cautelar que se concede continúe surtiendo sus efectos, de manera provisional y discrecionalmente, en virtud de que de la lectura de la demanda de amparo no se advierten elementos de prueba que permitan tomar como base los mismos, se fija como garantía la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos), que deberán exhibir cada uno de los quejosos dentro de los cinco días siguientes al de su notificación, apercibidos que de no cumplir con la obligación impuesta dejará de surtir efectos la suspensión concedida, ello en concordancia con lo establecido por el artículo 136 de la Ley de Amparo. La garantía podrá presentarse en póliza de fianza o billete de depósito, o en cualquiera de las formas permitidas por la ley, a falta de éstos. Si se opta por la primera, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado; en el entendido que su vigencia deberá ser además por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio constitucional del que deriva este incidente, por seis meses a partir del día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio, por lo que si la vigencia vence antes de la conclusión de éste, la suspensión dejará de surtir efectos, sin necesidad de previo acuerdo. En el supuesto de que elijan exhibirla en billete de depósito, deberá figurar el nombre de los quejosos como depositantes, y de igual forma, en el rubro relativo al "concepto" se habrá de especificar que tiene como objeto que continúe surtiendo sus efectos la suspensión provisional en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2052/2019-8, formado con la demanda promovida por Ana Laura Ruiz Barrabia y/o Ana Laura Ruiz Barrabi, Daniela Odio Carbajo, David Rafael Ugalde Palacios, Roberto Díaz Sardón, Yeniel Morales Morell, además deberá contener la firma, clave (número) y sello de la institución emisora del billete, pues de no satisfacer esos requisitos, no se le tendrá por constituida. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona por así haberlo solicitado. DELEGADO Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, téngase por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con los dispuesto en los artículo 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordinarios invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este incidente; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsable, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal.
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