Ana Laura Ortiz del Río
Expediente 979/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Ana Laura Ortiz del Río
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: ..... En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "Deje insubsistente la resolución que se combate. - Emita otra determinación, en la que reitere los argumentos que no fueron abordados en esta determinación, además, en cumplimiento al principio de congruencia desglose los pagos que tomó en cuenta para obtener el monto efectivamente cubierto durante el periodo a que estaba obligo el demandado incidentista. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva que en derecho corresponda." Dicho fallo causó ejecutoria el quince de noviembre de dos mil veintidós. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficios de dieciséis de noviembre y cinco de diciembre siguiente, signados por la secretaria de Acuerdos de las Salas Civiles Unitarias, al que adjuntó respectivamente copia certificada del auto y resolución dictados en esas mismas fechas en el toca *****; documentales con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con dichas documentales, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto al citado cumplimiento. De lo reseñado se concluye que la responsable dio cabal cumplimiento al amparo que se concedió, como se advierte de las documentales mencionadas, pues se dejó sin efectos la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós (acto reclamado), además, emitió otra determinación en la que atendiendo al principio de congruencia el magistrado responsable precisó que la cantidad de ***** pesos, que según el juez familiar adeudaba el deudor alimentista, era incorrecta, porque se condenó al obligado alimentista *****, al pago de ***** semanales, por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, luego, que desde el veinticuatro de febrero de dos mil doce, fecha en que causo ejecutoria la sentencia dictada el treinta de enero de esa misma anualidad, en la controversia familiar 979/2022, hasta el diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, existía un periodo de trescientas setenta y cinco semanas, que multiplicadas por ***** semanales, arrojaban un total de trescientos setenta y cinco *****, siendo la cantidad a que se encontraba obligado a cubrir el acreedor alimentista. De igual forma, la autoridad responsable graficó de manera anualizada los pagos que cubrió *****, respecto al periodo antes reseñado precisando las fechas de depósito, cantidades entregadas y el total cubierto por los años correspondientes del dos mil doce al dos mil diecinueve, realizando una confronta entre el monto a que estaba obligado y los pagos realizados, concluyendo que no existía adeudo alguno y por el contrario tenía un remanente a su favor por *****En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido de los oficios como de sus anexos que la autoridad responsable remitió con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Hágase saber que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, resulta innecesario que obren las copias certificadas constantes de dos tomos de pruebas que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió como complemento a su informe con justificación, por tanto, devuélvansele a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO: PARTE QUEJOSA. PROVEÍDO 23-DICIEMBRE-2022 Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: ..... En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "Deje insubsistente la resolución que se combate. - Emita otra determinación, en la que reitere los argumentos que no fueron abordados en esta determinación, además, en cumplimiento al principio de congruencia desglose los pagos que tomó en cuenta para obtener el monto efectivamente cubierto durante el periodo a que estaba obligo el demandado incidentista. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva que en derecho corresponda." Dicho fallo causó ejecutoria el quince de noviembre de dos mil veintidós. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficios de dieciséis de noviembre y cinco de diciembre siguiente, signados por la secretaria de Acuerdos de las Salas Civiles Unitarias, al que adjuntó respectivamente copia certificada del auto y resolución dictados en esas mismas fechas en el toca *****; documentales con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con dichas documentales, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto al citado cumplimiento. De lo reseñado se concluye que la responsable dio cabal cumplimiento al amparo que se concedió, como se advierte de las documentales mencionadas, pues se dejó sin efectos la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós (acto reclamado), además, emitió otra determinación en la que atendiendo al principio de congruencia el magistrado responsable precisó que la cantidad de ***** pesos, que según el juez familiar adeudaba el deudor alimentista, era incorrecta, porque se condenó al obligado alimentista *****, al pago de ***** semanales, por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, luego, que desde el veinticuatro de febrero de dos mil doce, fecha en que causo ejecutoria la sentencia dictada el treinta de enero de esa misma anualidad, en la controversia familiar 979/2022, hasta el diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, existía un periodo de trescientas setenta y cinco semanas, que multiplicadas por ***** semanales, arrojaban un total de trescientos setenta y cinco *****, siendo la cantidad a que se encontraba obligado a cubrir el acreedor alimentista. De igual forma, la autoridad responsable graficó de manera anualizada los pagos que cubrió *****, respecto al periodo antes reseñado precisando las fechas de depósito, cantidades entregadas y el total cubierto por los años correspondientes del dos mil doce al dos mil diecinueve, realizando una confronta entre el monto a que estaba obligado y los pagos realizados, concluyendo que no existía adeudo alguno y por el contrario tenía un remanente a su favor por *****En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido de los oficios como de sus anexos que la autoridad responsable remitió con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Hágase saber que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, resulta innecesario que obren las copias certificadas constantes de dos tomos de pruebas que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió como complemento a su informe con justificación, por tanto, devuélvansele a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese personalmente.
- Principal
CITATORIO: PARTE TERCERO INTERESADA. PROVEÍDO 23-DICIEMBRE-2022 Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: ..... En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "Deje insubsistente la resolución que se combate. - Emita otra determinación, en la que reitere los argumentos que no fueron abordados en esta determinación, además, en cumplimiento al principio de congruencia desglose los pagos que tomó en cuenta para obtener el monto efectivamente cubierto durante el periodo a que estaba obligo el demandado incidentista. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, resuelva que en derecho corresponda." Dicho fallo causó ejecutoria el quince de noviembre de dos mil veintidós. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficios de dieciséis de noviembre y cinco de diciembre siguiente, signados por la secretaria de Acuerdos de las Salas Civiles Unitarias, al que adjuntó respectivamente copia certificada del auto y resolución dictados en esas mismas fechas en el toca *****; documentales con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con dichas documentales, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto al citado cumplimiento. De lo reseñado se concluye que la responsable dio cabal cumplimiento al amparo que se concedió, como se advierte de las documentales mencionadas, pues se dejó sin efectos la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintidós (acto reclamado), además, emitió otra determinación en la que atendiendo al principio de congruencia el magistrado responsable precisó que la cantidad de ***** pesos, que según el juez familiar adeudaba el deudor alimentista, era incorrecta, porque se condenó al obligado alimentista *****, al pago de ***** semanales, por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos, luego, que desde el veinticuatro de febrero de dos mil doce, fecha en que causo ejecutoria la sentencia dictada el treinta de enero de esa misma anualidad, en la controversia familiar 979/2022, hasta el diecinueve de mayo de dos mil diecinueve, existía un periodo de trescientas setenta y cinco semanas, que multiplicadas por ***** semanales, arrojaban un total de trescientos setenta y cinco *****, siendo la cantidad a que se encontraba obligado a cubrir el acreedor alimentista. De igual forma, la autoridad responsable graficó de manera anualizada los pagos que cubrió *****, respecto al periodo antes reseñado precisando las fechas de depósito, cantidades entregadas y el total cubierto por los años correspondientes del dos mil doce al dos mil diecinueve, realizando una confronta entre el monto a que estaba obligado y los pagos realizados, concluyendo que no existía adeudo alguno y por el contrario tenía un remanente a su favor por *****En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido de los oficios como de sus anexos que la autoridad responsable remitió con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Hágase saber que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Finalmente, resulta innecesario que obren las copias certificadas constantes de dos tomos de pruebas que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado, remitió como complemento a su informe con justificación, por tanto, devuélvansele a la citada autoridad, sin que haya necesidad de solicitar acuse de recibo, dado que la constancia de entrega del oficio con el que se remitan, resulta apta para acreditar su recepción. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el oficio 1251, que remite la Secretaria de Acuerdos de las Salas Civiles Unitarias, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que le fue formulada por auto de fecha quince de noviembre de dos mil veintidós y remite copia certificada legible de la resolución que emitió el cinco de diciembre del presente año. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista de manera personal a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, expresen lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente en derecho. Por último y con apoyo en los numerales 51 y 60, párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre del presente año, funge como nueva Titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, la licenciada Ruth Haggi Huerta García, lo cual fue informado a este órgano jurisdiccional mediante oficio SEADS/719/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal. Apoya esta determinación, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XXXII, página 312, julio de 2010, número de registro electrónico 164217.de rubro y texto siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" Notifíquese personalmente.
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