Ana Laura Neri de la Cuesta

Expediente 1448/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1448/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
01/02/2022

Partes del expediente

  • Ana Laura Neri de la Cuesta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a uno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra del auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo y que feneció el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo para tal efecto; por tanto, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME el citado proveído, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35, segundo párrafo del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el pedimento ministerial firmado electrónicamente por el licenciado ********************, Fiscal Revisor Titular de la Agencia Adscrita a este Juzgado en Materia de Amparo, recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento, en atención a que en fecha treinta de septiembre del año en curso, sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto. Ahora, en el presente sumario, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, se señala lo siguiente: "Al Presidente de la Junta Especial Número Ocho al omitir notificar el requerimiento de pago y embargo, dictado en fecha 28 de abril del 2021 así como y habilitar actuario para la realización del embargo correspondiente, dentro de los autos del expediente 46/8/2014. Al Actuario adscrito a la junta especial número ocho, la realización del embargo con la omisión de las responsable causan agravio a la suscrito por lo que se pide a esta autoridad el amparo." Así, se tiene que en la especie, haciéndose un análisis integral de la demanda de amparo, así como de la constancia aportada por la responsable, se tiene que de lo que se duele la parte quejosa Ana Laura Neri de la Cuesta, por parte de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, es la omisión de la autoridad de continuar con la ejecución del laudo, esto en relación al requerimiento de pago y embargo. Luego, de las documentales anexadas al oficio que se provee, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con base en las siguientes reflexiones. El artículo y fracción de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y; (.)". Del precepto en cuestión se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ochenta y nueve, del tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad.". En efecto, el juicio de amparo resulta improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Así, para la actualización de la señalada causa de improcedencia se debe ponderar que, en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía que estime violada, o bien, ningún efecto jurídico tendría la sentencia concesoria, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual dicho acto se emitió. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por ese acto de autoridad estaba incorporada temporalmente a la esfera jurídica del solicitante del amparo, porque la situación jurídica de la que emanaba dicha prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Al respecto es ilustrativa, por las razones que informa, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39 del tomo VI, materia común, del Apéndice dos mil, del Semanario Judicial de la Federación, de epígrafe y contenido siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Así como la tesis de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 858, tomo CIV, quinta época, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo." En el caso, como ya se precisó, la parte quejosa relama la omisión de notificar el requerimiento de pago y embargo, dictado en el expediente laboral 46/8/2014. Sin embargo, resulta que el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se hizo constar ante la Junta responsable, la presencia del apoderado legal de la parte demandada en el juicio natural y tercero perjudicado en el presente juicio de amparo, Edgar Alberto Peláez Barros, quien compareció a efecto de dar cumplimiento al laudo pronunciado en el juicio laboral. Al respecto, en la misma diligencia consta la presencia de la parte actora Ana Laura Neri de la Cuesta, quien recibió el cheque número 0000299, por la cantidad de $189,447.22 (ciento ochenta y nueve mil, cuatrocientos cuarenta y siete pesos 22/00 moneda nacional), exhibido por el apoderado legal de la demandada, otorgando a la trabajadora un término de tres días, a fin de que manifiesta alguna dificultad con el cobro, apercibida que en caso de no hacerlo, se entenderá que el mismo fue cobrado y una vez transcurrido dicho término se ordena el archivo del expediente como concluido por cumplimiento de laudo. En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se cita en vía de ilustración, la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE", (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386). En mérito de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, misma que se fijó para las diez horas del cuatro de octubre de dos mil veintiuno. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa, y por correo electrónico al Fiscal de la Federación adscrito al Juzgado. Así lo acuerda y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    SENTENCIA: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 684/2020, promovido por Antonio Martínez Rodríguez, contra los actos precisados en el segundo considerando, y por las razones expuestas en los considerando tercero y quinto de la presente sentencia. SEGUNDO. Se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Notifíquese personalmente.

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