Ana Laura Mendoza Medina
Expediente 232/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 15 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 30/09/2021
Partes del expediente
- Ana Laura Mendoza Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia de sobreseimiento emitida en este asunto el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo respectivo del tercero interesado Q.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, habida cuenta que de acuerdo al dispositivo 82 de la legislación en comento, al haber obtenido resolución favorable únicamente podría adherirse a la revisión interpuesta por la parte quejosa, lo que no sucedió. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J.6/2017, (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, visible a página 556, del libro 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del mes de febrero de 2017, tomo I, cuyo rubro y texto dicen: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal. De igual forma, se cita la tesis I.6º.T.119.L, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Laboral, Décima Época, visible a página 3001, del libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del mes de noviembre de 2014, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "NEGATIVA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO. La sentencia dictada en un juicio de amparo indirecto, en la que el Juez de Distrito resolvió negar el amparo solicitado, no afecta en su esfera jurídica a la parte tercera interesada; por lo tanto, si ésta interpone el recurso de revisión en contra de aquélla, debe desecharse por improcedente, toda vez que la resolución dictada por el a quo, no le irroga perjuicio alguno." En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Finalmente, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, ténganse por recibidas y sólo agréguense a sus autos para que obren como correspondan las constancias remitidas vía interconexión por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, relativas a nuestro exhorto 70/2021-II, con número de orden 89/2021-II; toda vez que, en proveído de trece de julio del año en curso, se tuvo por recibida dicha comunicación oficial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 232/2021-II, promovido por Ana Laura Mendoza Medina, contra actos de la Junta Especial número seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado, con residencia en esta ciudad; y, R e s u l t a n d o: Primero. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el nueve de marzo de dos mil veintiuno, recibido en este órgano de control constitucional en esa misma data, Ana Laura Mendoza Medina, promovió juicio de amparo indirecto, en el que como autoridad responsable y acto reclamado señaló el siguiente: "Autoridad responsable: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con domicilio en Avenida Obregón, número 39, entre claveles y Gardenias, Col. Jardín en esta ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Acto Reclamado: La dilación al procedimiento consistente en la omisión de dictar el laudo correspondiente del Dentro del Expediente 471/E066/2015" Segundo. Mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se le dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar al tercero interesado y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, después de lograr el emplazamiento ordenado tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo en vigor, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 03/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. Segundo. Es de establecerse que conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se determina la obligación que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan una fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como de la valoración de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De lo anterior se deduce que para impartir una recta administración de justicia, si en el escrito de demanda no se aprecia en forma concreta el acto reclamado, el Juez puede interpretarla en su integridad, precisando exactamente la intención del peticionario de garantías, cumpliendo así con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Apoya lo antes expuesto, la jurisprudencia número 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de dos mil (2000), Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Atento a lo anterior, de una interpretación integral del contenido del escrito inicial de demanda, se tiene que el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, es: La omisión de la responsable en dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo concluyendo con el dictar el lauto que en derecho proceda dentro del juicio laboral número 471/E066/2015. Tercero. La autoridad responsable Junta Especial número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación a través de su presidente, admitió el acto que se le reclama; sin embargo, de las constancias que allegó adjuntas a dicho informe como justificación, se advierte su inexistencia. Constancias que por estar certificadas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones constituyen documentos públicos y tienen eficacia plena en términos de los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". En el caso concreto, en el presente juicio la quejosa se duele esencialmente de la omisión por parte de la autoridad responsable de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 471/E066/2015; por lo tanto, de las constancias remitidas por el Presidente de la Junta del conocimiento, en el informe justificado arriba indicado, este órgano de control constitucional advierte que en relación con el citado acto que por esta vía se reclama; se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo vigente, toda vez que se desprende que no existe el acto reclamado de la forma planteada, consistente en la omisión de dictar el laudo en el citado juicio laboral, derivado de la petición por escrito realizada el pasado veintiocho de octubre de dos mil veinte, como se verá a continuación. El artículo 63, fracción IV, del ordenamiento legal invocado, señala: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:. ".IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." En efecto, el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir el informe justificado, a nombre y en representación de la junta como órgano colegiado, si bien aceptó el acto que se le reclama, consistente en la omisión de dictar el laudo, en el juicio laboral 00363/6/2011; también es cierto, que de la copia certificada de las constancias que adjuntó no se advierte el escrito aludido por la parte quejosa; asimismo, la impetrante tampoco anexó a esté juicio constitucional el acuse de dicho ocurso; por lo tanto se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 63 concerniente a que de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado. Aunado a que la autoridad responsable adjuntó el oficio 684/2021, emitido el veintinueve de marzo del año en curso, en el cual solicitó al Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, información respecto a la aquí quejosa Ana Laura Mendoza Medina, en relación a si ha sido inscrita ante dicha institución y en caso de negativa comunique a qué cantidad asciende la omisión de pago de cuotas por parte de los demandados durante el periodo comprendido del dieciséis de septiembre de dos mil once a la fecha en que se rinda el informe; entonces, la Junta del conocimiento a la fecha de la presentación de la demanda no se encontraba en aptitud de dictar el laudo de mérito puesto que se advierte del sumario la falta de desahogo de pruebas. En consecuencia, se concluye que en el caso, no existe el acto reclamado ya indicado, de la forma planteada, puesto que en el expediente laboral 471/E066/2015, no se advierte el escrito aludido por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda; asimismo, la impetrante tampoco anexó a esté juicio constitucional el acuse de dicho ocurso y de las constancias que se adjuntaron se advierte que se encuentran pendientes pruebas por desahogar ante la autoridad responsable según lo expuesto en el párrafo que antecede. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 50/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la página trescientos cuatro, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO." Además, la Tesis: I.7o.A.699 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Abril de 2010, página 2724, con Registro digital: 164806, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PARA DEMANDAR SU PROTECCIÓN, SI EL QUEJOSO EXHIBE COMO ÚNICA PRUEBA EL ORIGINAL DEL ACUSE DE RECIBO DE SU ESCRITO, PERO LA FIRMA DE ÉSTE APARECE EN HOJA DIVERSA Y EN COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. El artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela el derecho de petición, que se traduce en la prerrogativa que le asiste al particular de obtener una respuesta escrita, congruente y en breve plazo por parte de una autoridad, siempre que su solicitud sea presentada por escrito, de manera respetuosa y pacífica, sin que el servidor público requerido esté vinculado a contestar favorablemente a los intereses de aquél. Por ello, si para demandar la protección al mencionado derecho a través del amparo el quejoso exhibe como única prueba el original del acuse de recibo de su libelo, pero la firma de éste aparece en hoja diversa y en copia fotostática simple, ello es insuficiente para acreditar su identidad y voluntad, al no poder adminicularse con algún otro elemento probatorio que las demuestre y, por tanto, el juicio de garantías es improcedente y debe sobreseerse de conformidad con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, en virtud de que, dada la naturaleza propia del acto reclamado, es innegable que corresponde al particular demostrar que formuló su solicitud por escrito ante la autoridad, mediante signos distintivos como es su firma autógrafa o, en ciertos casos, la impresión de su huella digital." (lo subrayado y resaltado es propio) En consecuencia, al actualizarse la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo. Apoya lo expuesto, la tesis aislada VII.1o.C.4 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 433, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VI, Julio de 1997, Materia Común, Novena Época, que en su rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." Asimismo, se invoca el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis consultable en la página 408 del tomo IX, Abril de 1992, octava época del Semanario Judicial de la Federación, que en su rubro y texto señala: "ACTOS RECLAMADOS. DEBEN TENERSE POR NEGADOS AUN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AFIRMEN SU EXISTENCIA, SI DE AUTOS RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando la autoridad señalada como responsable haya manifestado que los actos que los quejosos le imputaron son ciertos, éstos deben tenerse por negados, si del propio informe justificado de esa autoridad o de algún otro documento o constancia de autos se desprende que ésta no ha dictado o ejecutado los actos que se le reclamaron." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Ana Laura Mendoza Medina. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hoy treinta de agosto dos mil veintiuno, en que terminó su engrose, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario quien autoriza y da fe. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional del juicio de amparo número 232/2021-II, promovido por Ana Laura Mendoza Medina, en el cual se encuentra pendiente de engrosar la resolución correspondiente; por tanto, a fin de proveer lo conducente fórmese cuaderno por separado. Por otra parte, téngase por recibido el oficio 1558/2021 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que se encuentra imposibilitado de dictar el laudo dentro del juicio laboral 471/E06/2015, debido a que se encuentran pruebas pendientes por desahogar; por tanto, en términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, trece de julio de dos mil veintiuno. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase por recibido y agréguese al expediente para que obre como corresponda el oficio 7797/2021, remitido vía interconexión, por el Secretario del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado nuestro exhorto 70/2021-II, con número de orden 89/2021-II; sin que resulte necesario girar acuse de recibo, toda vez que así lo refiere la autoridad oficiante. Al respecto, dése de baja en la estadística la citada comunicación oficial, debiéndose hacer las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que se lleva para tales efectos. Ahora bien, vistas las constancias que integran el exhorto que se recibe, se aprecia que ha transcurrido el término concedido para que la tercera interesada O.P.D., Servicios de Salud de Tamaulipas, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que se haya pronunciado al respecto. En tal razón, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado por auto de nueve de marzo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aun las que revistan el carácter de personales, se le hagan por medio de lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado, sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de dicha ley. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Armando González Urbina, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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