Ana Laura Lucero García
Expediente 25/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 25/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ana Laura Lucero García
Actuaciones
- Principal
ista la cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto de once de enero actual, en que se desechó la demanda de amparo promovida por Ana Laura Lucero García. Con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado para los efectos legales correspondientes. Archívese el presente expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído. Este asunto no se considera de relevancia documental.
- Principal
Recepción y registro de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Único Menor Mixto de Valle de Santiago, Guanajuato, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese con el número 25/2023-VI. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de distrito debe examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; toda vez que en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento, con demérito de los recursos materiales y humanos. Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Acto reclamado. Analizada la demanda de amparo, se observa que la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Único Menor Mixto de Valle de Santiago, Guanajuato, en el incidente de nulidad de actuaciones que la justiciable promovió en el juicio ejecutivo mercantil M-*****/2022, en contra de la diligencia practicada el quince de agosto del año pasado donde únicamente se le emplazó a ese juicio, el cual, alega, fue realizado en forma distinta a la prevista por la ley. En el caso, de oficio, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se explica. El primero de los numerales en cita establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente contra los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Los actos para ser calificados como irreparables necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Así como que tal interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tal panorama en el caso no se actualizan los supuestos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para considerar al acto aquí analizado como de imposible reparación, pues no afecta de manera directa, inmediata y actual alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales suscritos por nuestro país, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio natural, por haberse consumado de manera irreversible la violación de derecho alguno. De modo que si el acto reclamado es una actuación intraprocesal acaecida durante el trámite del juicio ejecutivo mercantil de origen, los efectos que trajo consigo únicamente son de índole adjetivo, que de suyo no actualizan la procedencia de la presente vía constitucional, porque en términos del numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo no es razón suficiente para estimar procedente este juicio constitucional. Se afirma lo anterior, dado que la violación procesal que señala como acto reclamado no afecta materialmente derechos de carácter sustantivo de la parte quejosa, pues todos sus efectos son susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia del referido procedimiento mercantil. Máxime, en el caso de que esa resolución le resulte desfavorable, el acto que aquí reclama podrá impugnarlo en el juicio de amparo directo que, en su caso, promueva en contra de dicha sentencia. Si bien el presente juicio de amparo se promueve en la vía indirecta y no directa, resulta atendible el artículo 172 de la Ley de Amparo, en su fracción I, en la cual se considera violación procesal cuando no se haya citado al juicio o se haya citado en forma distinta de la prevenida por la ley. Lo que se estima aplicable al caso pues la quejosa ya compareció a juicio natural, tan es así, que promovió un incidente de nulidad de actuaciones, por lo que se encuentra en aptitud de esperar a que se dicte sentencia definitiva. Por tanto, es dable concluir que el acto reclamado no es acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que, en su caso, entrañaría una violación de carácter intraprocesal que, de trascender al resultado del fallo, sería reclamable en amparo directo. Decisión. En este orden de ideas, se concluye que la acción de amparo es improcedente, con base en los preceptos legales multicitados; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Único Menor Mixto de Valle de Santiago, Guanajuato, y otra autoridad. Domicilio procesal de la quejosa. En virtud de que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, y en atención a que ningún precepto de la ley de amparo, ni de la que es supletoria, contemplan como domicilio esa hipótesis, se tiene que no cumplió con lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado en forma supletoria; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la citada legislación, ésta y las subsecuentes notificaciones hágansele a través de la lista de acuerdos que se publique en los estrados de este juzgado, en tanto subsane dicha omisión. Por otro lado, se le tiene brindando la cuenta de correo electrónico que indica para aquellos casos en los que este juzgado estime necesario establecer contacto.
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