Ana Laura López Estrada

Expediente 731/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
731/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
19/07/2019

Partes del expediente

  • Ana Laura López Estrada
  • Director General del Registo Civil del Estado de Chiapas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECINUEVE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecinueve de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto de veintisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 47 a la 50), en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado de este juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 4. Requiérase a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que exhibió en este juicio; lo anterior, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, y Vigésimo, fracción III, Capitulo Quinto, apercibida que, en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dos de abril de dos mil diecinueve. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, a fin de que se impongan de su contenido; y dése nueva cuenta con el mismo en la audiencia constitucional, en términos de lo dispuesto por el numeral 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remite en copia certificada, sin perjuicio de hacer relación de ella el día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación de la autoridad responsable Director del Registro Civil en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite constancias certificadas relativas al acto reclamado, dando cumplimiento a lo requerido en auto de veinte de junio del año en curso (fojas 38 y 39). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la negativa de las autoridades responsables de recibir el escrito de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que anexó oficio *********** dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia de Yajalón, Chiapas y la resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, de la Sala Regional Colegiada Mixta, zona 03 del Tribunal de Justicia del Estado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. En ese orden, este juzgador determina que en relación con el acto consistente en la negativa de las autoridades responsables de recibir el escrito de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que anexó oficio ******** dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia de Yajalón, Chiapas y la resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, de la Sala Regional Colegiada Mixta, zona 03 del Tribunal de Justicia del Estado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas; se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Establece el numeral invocado: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material por haber dejado de existir el objeto materia del mismo". De la literalidad del precepto reproducido se deduce que, para que opere la causal de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho, en el que, aun subsistiendo el acto reclamado, el objeto y materia ha dejado de existir. De acuerdo a los elementos que componen dicha hipótesis legal, es necesario que el acto reclamado sea cierto y subsista durante la tramitación del juicio de amparo. Es importante destacar que la acción de extinción del objeto o la materia recae precisamente sobre el acto reclamado, además de que surge con posterioridad a la emisión del acto. Efectivamente, en este asunto se actualiza la hipótesis de improcedencia de que se trata, pues no obstante que la negativa de las autoridades responsables de recibir el escrito de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que anexó oficio ********* dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia de Yajalón, Chiapas y la resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, de la Sala Regional Colegiada Mixta, zona 03 del Tribunal de Justicia del Estado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, subsiste, lo cierto es que este ya fue superado. Lo anterior, en razón que de las constancias remitidas por la autoridad se advierte que el Director del Registro Civil en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, giró instrucciones al Oficial número 01 del Registro Civil de Yajalón, Chiapas, a fin de que en el término de setenta y dos horas diera cumplimiento a lo solicitado por la quejosa ******** mediante escrito de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, con apoyo en las documentales consistentes en el oficio ******* dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia de Yajalón, Chiapas y la resolución de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, de la Sala Regional Colegiada Mixta, zona 03 del Tribunal de Justicia del Estado de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a fin de que se llevara a cabo la rectificación y modificación del acta de nacimiento del menor de quien se omite su nombre para proteger su identidad. Por ello de las mismas, se desprende que la negativa de recibir el escrito de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve aún existe; sin embargo, el fin para exhibir dichas constancias ante la responsable era para que se rectificara el acta de nacimiento del menor de quien se omite su nombre para proteger su identidad, circunstancia que ya aconteció, toda vez que el doce de junio de dos mil diecinueve, se expidió el certificado de nacimiento previamente modificado del menor de quien se omite su nombre para proteger su identidad, firmado por la Oficial número 01 del Registro Civil de Yajalón, Chiapas. En tales condiciones, este juzgador estima que se actualizan los indicados elementos de la causal en estudio, pues no obstante de que existe la negativa de las autoridades responsables de recibir el escrito de fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, tal acto no puede surtir ningún efecto legal por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, habida cuenta de que posterior a dicho acto reclamado la autoridad responsable ordenó la rectificación y modificación del acta de nacimiento del menor de quien se omite su nombre para proteger su identidad. Sin que este juzgador, de manera alguna valide la constitucionalidad de tal diligencia, debido a que tal determinación no forma parte de la litis en este juicio. Por tanto, resulta dable determinar que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de que el motivo de dicha negativa ya desapareció, por tanto, el amparo que en su caso se concediera carecería de efectos, por tanto, ya no es susceptible de reparación; aún y cuando la sentencia que en su caso se dictare, declarara que dicho acto reclamado es inconstitucional, no podrá cumplir su finalidad de restituir al demandante del amparo en el pleno goce de su garantía violada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada bajo el número 2a. XCIX/2000, visible en la página 357, del tomo XII, agosto de 2000, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". Luego, al haberse acreditado de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN ESTE ASUNTO FUERA DE AUDIENCIA. Además, no pasa desapercibido, el hecho de que el informe justificado rendido por la autoridad responsable Director del Registro Civil en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, se tuvo por rendido en auto de veinte de junio del año en curso, y que con esta fecha se esté agregando las constancias remitidas por la citada autoridad responsable, y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable Oficial número 01 del Registro Civil de Yajalón, Chiapas, no ha rendido su informe previo, no obstante de encontrase debidamente notificado para ello; sin embargo, se hace innecesario realizar las gestiones para la obtención de dicho informe, toda vez que de las documentales que remite la autoridad Director del Registro Civil en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, se desprende que en cumplimiento a la responsable ordenadora rectificó y modificó el acta de nacimiento del menor de quien se omite su nombre para proteger su identidad, ya que a nada práctico conduciría, ante la notoriedad de la causa de sobreseimiento ya descrita, lo que implica que el sentido adoptado no le irroga ningún perjuicio. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del uno de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.

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