Ana Laura Lara Godínez y Otros.

Expediente 877/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
877/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Ana Laura Lara Godínez
  • Ana Laura Lara Godínez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, anexa copia certificada de las cédulas de notificación realizada a las partes del auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio laboral 290/2019; circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Requiérase con apercibimiento de multa en caso de no dar cumplimiento, a la autoridad responsable citada, por conducto de la Presidenta Miriam Cortés Cisneros, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir en que haya sucedido la fecha (veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés) señalada para el desahogo de la prueba de inspección ofrecida por la parte actora, dentro del juicio laboral 290/2019, informe lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, remite copia certificada del auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés, del que se advierte que se señaló una nueva fecha para llevar a cabo el desahogo de la prueba de inspección. Por tanto, requiérase con apercibimiento de multa en caso de no cumplir a la autoridad responsable para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, remita copias certificadas de las constancias de notificación realizada a las partes del auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual anexa copia certificada del auto de once de octubre de dos mil veintitrés, del que se advierte que hizo efectivo el apercibimiento de once de julio del año actual, a la parte demandada y declaró desierta la prueba testimonial con cargo a Esteban Blanco Bautista, Emmanuel Sánchez Rodríguez y Manuel Morga Ángel, dentro del juicio laboral 290/2019; circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales conducentes. Por otra parte, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero con sede en esta ciudad, por conducto de la Presidenta Miriam Cortés Cisneros, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir en que haya sucedido la fecha (trece de noviembre de dos mil veintitrés) señalada para el desahogo de la diversa prueba de inspección ofrecida por la parte actora, dentro del juicio laboral 290/2019, informe lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción a este juzgado federal de la licenciada Maribel Castillo Moreno, a partir del uno de octubre de dos mil veintitrés; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Maribel Castillo Moreno, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, asistida del Secretario Iván Martínez González, que da fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubieran recurrido la sentencia definitiva dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, por conducto de la Presidenta Miriam Cortés Cisneros, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir de la notificación del presente proveído, remita copias certificadas que denoten el cumplimiento de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, que la obliga a realizar lo siguiente: "En el juicio laboral 290/2019, desahogue la prueba testimonial a cargo de Esteban Blanco Bautista, Emanuel Sánchez Rodríguez y Manuel Morga Ángel; o bien, ante la imposibilidad para lograr su desahogo, emita una determinación final. En el entendido que para la prueba testimonial deberá señalar fecha cercana, en virtud que, ya se encuentra rebasado en demasía el término de doce meses que tiene la autoridad responsable para emitir el laudo. Por lo que hace a la prueba de inspección ofertada por la actora, deberá verificar que se prepare de manera debida para su desahogo el trece de noviembre de dos mil veintitrés, y en caso de no poderse desahogar por causas no imputables a la autoridad responsable, deberá señalar fecha próxima para su desahogo y cerciorarse que se lleven a cabo todos los medios necesarios para su correcta diligenciación." Hecho lo anterior, de inmediato deberá informar a este juzgado y, remitir las constancias correspondientes, sin necesidad de un ulterior requerimiento. Debe precisarse que el término concedido a la autoridad responsable para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se otorgó tomando en consideración que los efectos de la ejecutoria los cuales fueron precisados en párrafos precedentes, como lo exige la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se amplía el plazo de tres días y se fija el estrictamente determinado con antelación. Es aplicable a lo antes expuesto la Jurisprudencia I.3o.C.J/7 (10a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Décima Época, Registro: 2005325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. El plazo de tres días es la regla general que establece el artículo citado para cumplir una ejecutoria de amparo. Dicho plazo puede ampliarse tomando en cuenta la complejidad o dificultad para dar cumplimiento al efecto del amparo; pero siempre debe fijarse un plazo razonable y estrictamente determinado. Estas dos hipótesis se complementan y armonizan, porque es un hecho notorio que no todos los actos judiciales susceptibles de reclamarse a través de amparo directo o indirecto, tienen las mismas características de facilidad, dificultad o complejidad. En ese contexto se justifica que, al otorgar el plazo para el cumplimiento, se tenga en cuenta la realización de actos de distinta índole y grado de dificultad, que debe efectuar una autoridad jurisdiccional para dictar una nueva resolución. Otro parámetro requiere atender a que las leyes procesales que rigen la actuación de la autoridad prevén un plazo máximo para el dictado de determinadas resoluciones y que, incluso, pueden prorrogarse en atención a la voluminosidad del asunto, por lo que éste es un factor a ponderar por el órgano judicial de amparo. También debe examinarse que el plazo de tres días que, como regla general, establece la Ley de Amparo es suficiente para que una autoridad jurisdiccional dicte una nueva resolución en la que únicamente tenga que seguir los lineamientos específicos de la ejecutoria de amparo. El legislador, en las leyes procesales, estableció un plazo máximo para dictar una resolución y debe considerarse que ese plazo mínimo ordinario no puede servir de parámetro único para el cumplimiento, porque dado el efecto del amparo que declara inconstitucional el acto, éste debe dejarse insubsistente y dictar otro y no puede considerarse como otro asunto ordinario, por haber sido violatorio de garantías. Cuando el cumplimiento de la ejecutoria de amparo otorga plenitud de jurisdicción y la autoridad judicial debe realizar el estudio de agravios extensos y un gran volumen de constancias, realizar la valoración de múltiples pruebas, la elección de la norma o la interpretación y aplicación de las disposiciones legales, todo ello en forma debidamente fundada y motivada como lo exige la garantía de legalidad que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sí debe ampliarse el plazo de tres días y fijarse uno estrictamente determinado. Éste será mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que la resolución que se dicte será en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias." Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortés Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de la Ley de Amparo. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico del órgano laboral responsable, dado que el mismo, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculado de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle cómo ha de resolver y cumplir sus juicios. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Patricia Elizabeth Bautista Avila, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por licencia oficial de la Titular de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, autorizada en sesión celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/5311/2023, ante el Secretario Iván Martínez González, que autoriza y da fe.

Quedan 6 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano