Ana Laura Hernández Flores
Expediente 85/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 85/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ana Laura Hernández Flores
Actuaciones
- Principal
MESA II. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que acompaña copia certificada de la sesión de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, dictada por los Magistrados de su adscripción, en el conflicto competencial 16/2019, de su estadística, en la cual se consignan el siguiente punto resolutivo: "ÚNICO. Es legalmente competente el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por ***.". Al respecto, se acuerda: Se ordena realizar las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y acusar recibo de estilo a la superioridad. Por lo anterior, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de destrucción... háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA II. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del que se advierte que en auto de veintinueve del actual, el aludido Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por *******, al estimar que corresponde conocer del presente asunto a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal; al respecto, se acuerda: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 85/2019-II-B. COMPETENCIA Resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del presente asunto, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público; por tanto, preferentes. En principio debe señalarse que el suscrito no acepta la competencia declinada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por las consideraciones siguientes: Al efecto, conviene citar el contenido del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior se aprecia, que los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal son competentes para conocer de los juicios de amparo, que se promuevan en los siguientes casos: 1. Contra resoluciones judiciales del orden penal; 2. Contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio fuera del procedimiento penal; 3. Contra actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4. Conforme a la fracción VII, del artículo 107, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, 5. Contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo. 6. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda y de su escrito de ampliación de demanda, se desprende que los actos reclamados por la parte quejosa en el presente asunto, son los siguientes: De Paula Corona Verduzco, en su calidad de Directora General Adjunta Jurídica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la omisión, que subsiste de dar contestación a su petición de siete de diciembre de dos mil dieciocho (.). b) De Miguel Ángel Huerta Zamora, en su calidad de Gerente de Seguridad del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, la omisión de dar contestación a su petición de siete de diciembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, el Juez Décimo Noveno de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, señala que los actos reclamados por la parte quejosa son intrínsecamente penales, dado que la pretensión de la quejosa, es que se atiendan diversos escritos en los que realizó diversas solicitudes con la finalidad de acreditar la posible comisión de un delito, pues ha solicitado videograbaciones, documentos e informes, con la finalidad de allegarse de evidencias y pruebas, para demostrar la existencia del delito de violación sexual y corrupción. En ese sentido, este Juzgado, no comparte el criterio sostenido, dado que, como se precisó en párrafos que anteceden, los actos precisados anteriormente son de naturaleza administrativa, en razón a que la omisión de respuesta a los escritos de siete de diciembre pasado, son atribuidos a autoridades de carácter administrativo. Bajo esta tesitura, el presente asunto no se ubica en algunos de los supuestos de la fracción I del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque los actos que se reclaman, no constituye una resolución judicial del orden penal; no afecta la libertad personal de la quejosa; no es un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos; no se trata de una resolución dictada en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados o en los de responsabilidad civil por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; y, no se promueve contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. Máxime, que de la lectura integral de la demanda no se advierte que exista una averiguación previa o carpeta de investigación, en la que se investiguen los delitos que refiere en sus antecedentes. Por tanto, quien esto provee no acepta la competencia declinada, razón por la cual se ordena la devolución de los presentes autos al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que provea lo conducente y lo informe a este juzgado federal, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 26, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el que señala en su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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