Ana Laura Hernández Anaya y Otros.
Expediente 396/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Ana Laura Hernández Anaya y Otros.
- Ana Laura Hernández Anaya
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, nueve de julio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido, para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta mediante el cual se acusa recibo del diverso 4633/2020, del índice de este tribunal colegiado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, uno de julio de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término establecido por el artículo 104 de la Ley de Amparo, sin que ********************, respectivamente, hayan interpuesto reclamación en contra del proveído de once del mes y año en curso, por el que se desechó su demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado; en consecuencia, devuélvase el expediente ********************, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. De autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar; de ahí que, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de destrucción, en su momento oportuno, conforme a lo establecido en el precepto 21, inciso d) de dicho acuerdo general. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, once de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el que se rinde informe justificado; asimismo, se remite el original y copia del escrito de demanda de amparo directo promovida por Ana Laura Hernández Anaya, José Gregorio Sánchez Morales, Héctor Antonio Cortés Hernández, Genaro Peña Hernández, Carmelita Hernández Mendoza, Juana Nolasco Hernández, Sebastián Nava Méndez y Gilberto Juárez Sánchez, en su carácter de Síndico, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto Regidores, Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan y Secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, respectivamente; certificación relativa al artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo; constancias de notificación realizadas a las partes; así como el expediente 267/2019. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con el oficio de cuenta, el original del escrito de demanda de amparo y anexos fórmese el expediente relativo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como juicio de amparo directo 396/2021; asimismo, tramítese el expediente electrónico del presente asunto, con apego en el artículo 3° de la Ley de Amparo. Los quejosos Ana Laura Hernández Anaya, José Gregorio Sánchez Morales, Héctor Antonio Cortés Hernández, Genaro Peña Hernández, Carmelita Hernández Mendoza, Juana Nolasco Hernández, Sebastián Nava Méndez y Gilberto Juárez Sánchez, en su carácter de Síndico, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto Regidores, Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan y Secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, señalan en su demanda de amparo como acto reclamado la resolución dictada por el Magistrado Titular de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, el cinco de abril de dos mil veintiuno, en el expediente 267/2019. Ahora, del referido expediente se advierten los antecedentes siguientes: 1. Carlos Luna Vázquez, Silvino Hernández Vázquez y Olivia Lira Toledo, mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, interpusieron recurso de revisión en contra de la resolución de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación sustanciado en el procedimiento de responsabilidad administrativa 2/2017 de los radicados ante los integrantes del Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala. 2. Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la presidencia del tribunal administrativo responsable registró el asunto con el número 267/2019 y mediante proveído de veinticinco siguiente la tercera ponencia de la autoridad del conocimiento admitió a trámite el recurso de revisión, ordenó correr traslado a las autoridades demandadas y las requirió para que en el término de cinco días remitieran su informe sobre los actos recurridos y presentaran las pruebas que se relacionaran con el mismo. 3. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, el tribunal administrativo solicitó a los recurrentes manifestaran el nombre correcto de la autoridad responsable "Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan, Tlaxcala", apercibidos que de no hacerlo, se tendría por no señalada como autoridad responsable dada su inexistencia. Por otro lado, tuvo por recibidos los oficios signados por Faustino Carin Molina Castillo, en su carácter de Presidente del Municipio de Amaxac de Guerrero, así como por Ana Laura Hernández Anaya, José Gregorio Sánchez Morales, Héctor Antonio Cortés Hernández, Genaro Peña Hernández, Carmelita Hernández Mendoza, Gamaly Cortés Castillo, Juana Nolasco Hernández y Gilberto Juárez Sánchez, en su carácter de Síndico, Primer Regidor, Segundo Regidor, Tercer Regidor, Cuarto Regidor, Quinto Regidor, Sexto Regidor y Secretario del Ayuntamiento del municipio referido, respectivamente, mediante los cuales en cumplimiento al requerimiento de mérito, rindieron su informe. 4. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veinte, la responsable hizo efectivo el apercibimiento arriba mencionado, toda vez que la parte recurrente no contestó al requerimiento en cita, por lo que tuvo por no señalado como autoridad responsable al "Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan, Tlaxcala". 5. Seguida la secuela procesal, el cinco de abril del año en curso el Magistrado Titular de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala dictó la sentencia correspondiente, cuyos puntos resolutivos, en lo conducente, señalan lo siguiente: "PRIMERO. Se ha tramitado legalmente el Recurso de Revisión, promovido por CARLOS LUNA VÁZQUEZ, SILVANO (sic) HERNÁNDEZ VÁZQUEZ y OLIVIA LIRA TOLEDO, EN SU CARÁCTER DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL, EX SÍNDICO MUNICIPAL Y EX TESORERA, RESPECTIVAMENTE TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el CONSIDERANDO VII, de la presente resolución, se declaran la NULIDAD RELATIVA de la resolución de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el Recurso de Revocación que se substanció en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 02/2017, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Con fundamento en los artículos 93, 95 y 116 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria en términos del párrafo segundo del artículo 3º de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, toda vez que el desahogo de las audiencias, diligencias, dictado de resoluciones y demás actuaciones necesarias, así como la correspondencia, promociones, escritos, demandas, recursos, oficios, trámites y demás diligencias relacionadas con el expediente en que se provee, se realizarán en el inmueble ubicado en Libramiento Poniente sin número, Colonia Unitlax, Tlaxcala, Tlaxcala, donde se albergaban los Juzgados Civiles y Familiares del extinto Distrito Judicial de Hidalgo, a un costado de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, requiérase a los colitigantes para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, señalen domicilio en la capital del Estado de Tlaxcala, done reside este Órgano Jurisdiccional, para recibir notificaciones, apercibidos que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se harán por cédula o instructivo que se fijará en los estrados de este Tribunal, asentando razón de ello en autos. CUARTO. Con fundamento en el artículo 75 fracción I, inciso c) de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, notifíquese personalmente a la parte recurrente en su domicilio procesal señalado y a la autoridad señalada como responsable, en su domicilio oficial, asentando además razón de notificación en autos. QUINTO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Órgano Jurisdiccional y en su oportunidad, una vez cumplida la presente sentencia en sus términos, archívese el presente Expediente como asunto totalmente concluido." 6. En contra de dicha determinación, Ana Laura Hernández Anaya, José Gregorio Sánchez Morales, Héctor Antonio Cortés Hernández, Genaro Peña Hernández, Carmelita Hernández Mendoza, Juana Nolasco Hernández, Sebastián Nava Méndez y Gilberto Juárez Sánchez, en su carácter de Síndico, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto Regidores, Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan y Secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, interponen el presente juicio de amparo. De acuerdo con los antecedentes expuestos, se concluye que quienes promueven este juicio constitucional, son el Síndico, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto Regidores, Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan y Secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, quienes con su investidura de autoridad, acuden en defensa, no de un interés patrimonial, sino de una función pública, que es la relativa a que se declare la procedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa 2/2017 del índice del ayuntamiento de mérito y se revoque la sentencia que dio fin a dicho asunto; lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, en el que no se quitó el carácter de autoridad, e incluso, solamente se afectó el ejercicio de su función. Tiene aplicación, en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia 171/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 467, tomo XXIII, enero de 2006, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, ello en virtud de que, si bien la misma se integró conforme a la ley anterior, continúa en vigor al no oponerse a la ley vigente, de rubro y texto siguientes: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III del ordinal 27 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la referida ley a Engelbert Rodríguez Martínez y Moisés Copalcuatzi Ayometzi, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Se apercibe a las autoridades responsables y, en su caso, tercero interesadas, que de negarse a recibir los oficios mediante los cuales se les practiquen las notificaciones correspondientes a este asunto, se tendrán por hechas en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto; y de ser el caso procedan en conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En conformidad con lo establecido en los artículos 6° de la Constitución Federal; 1°, 3°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; por tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Así como que pueden consultar e imprimir en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx los acuerdos y resolución que se dicten en este asunto. Por lo expuesto y con apoyo en el dispositivo 179 de la ley en mención, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por Ana Laura Hernández Anaya, José Gregorio Sánchez Morales, Héctor Antonio Cortés Hernández, Genaro Peña Hernández, Carmelita Hernández Mendoza, Juana Nolasco Hernández, Sebastián Nava Méndez y Gilberto Juárez Sánchez, en su carácter de Síndico, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto Regidores, Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan y Secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, respectivamente, contra la resolución dictada por el Magistrado Titular de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, el cinco de abril de dos mil veintiuno, en el expediente 267/2019.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, once de junio de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta por el que se rinde informe justificado; asimismo, se remite el original y copia del escrito de demanda de amparo directo promovida por Ana Laura Hernández Anaya, José Gregorio Sánchez Morales, Héctor Antonio Cortés Hernández, Genaro Peña Hernández, Carmelita Hernández Mendoza, Juana Nolasco Hernández, Sebastián Nava Méndez y Gilberto Juárez Sánchez, en su carácter de Síndico, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto Regidores, Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan y Secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, respectivamente; certificación relativa al artículo 178, fracción I, de la Ley de Amparo; constancias de notificación realizadas a las partes; así como el expediente 267/2019. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Con el oficio de cuenta, el original del escrito de demanda de amparo y anexos fórmese el expediente relativo, regístrese en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como juicio de amparo directo 396/2021; asimismo, tramítese el expediente electrónico del presente asunto, con apego en el artículo 3° de la Ley de Amparo. Los quejosos Ana Laura Hernández Anaya, José Gregorio Sánchez Morales, Héctor Antonio Cortés Hernández, Genaro Peña Hernández, Carmelita Hernández Mendoza, Juana Nolasco Hernández, Sebastián Nava Méndez y Gilberto Juárez Sánchez, en su carácter de Síndico, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto Regidores, Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan y Secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, señalan en su demanda de amparo como acto reclamado la resolución dictada por el Magistrado Titular de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, el cinco de abril de dos mil veintiuno, en el expediente 267/2019. Ahora, del referido expediente se advierten los antecedentes siguientes: 1. Carlos Luna Vázquez, Silvino Hernández Vázquez y Olivia Lira Toledo, mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, interpusieron recurso de revisión en contra de la resolución de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el recurso de revocación sustanciado en el procedimiento de responsabilidad administrativa 2/2017 de los radicados ante los integrantes del Ayuntamiento de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala. 2. Por acuerdo de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, la presidencia del tribunal administrativo responsable registró el asunto con el número 267/2019 y mediante proveído de veinticinco siguiente la tercera ponencia de la autoridad del conocimiento admitió a trámite el recurso de revisión, ordenó correr traslado a las autoridades demandadas y las requirió para que en el término de cinco días remitieran su informe sobre los actos recurridos y presentaran las pruebas que se relacionaran con el mismo. 3. Por acuerdo de cuatro de febrero de dos mil veinte, el tribunal administrativo solicitó a los recurrentes manifestaran el nombre correcto de la autoridad responsable "Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan, Tlaxcala", apercibidos que de no hacerlo, se tendría por no señalada como autoridad responsable dada su inexistencia. Por otro lado, tuvo por recibidos los oficios signados por Faustino Carin Molina Castillo, en su carácter de Presidente del Municipio de Amaxac de Guerrero, así como por Ana Laura Hernández Anaya, José Gregorio Sánchez Morales, Héctor Antonio Cortés Hernández, Genaro Peña Hernández, Carmelita Hernández Mendoza, Gamaly Cortés Castillo, Juana Nolasco Hernández y Gilberto Juárez Sánchez, en su carácter de Síndico, Primer Regidor, Segundo Regidor, Tercer Regidor, Cuarto Regidor, Quinto Regidor, Sexto Regidor y Secretario del Ayuntamiento del municipio referido, respectivamente, mediante los cuales en cumplimiento al requerimiento de mérito, rindieron su informe. 4. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veinte, la responsable hizo efectivo el apercibimiento arriba mencionado, toda vez que la parte recurrente no contestó al requerimiento en cita, por lo que tuvo por no señalado como autoridad responsable al "Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan, Tlaxcala". 5. Seguida la secuela procesal, el cinco de abril del año en curso el Magistrado Titular de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala dictó la sentencia correspondiente, cuyos puntos resolutivos, en lo conducente, señalan lo siguiente: "PRIMERO. Se ha tramitado legalmente el Recurso de Revisión, promovido por CARLOS LUNA VÁZQUEZ, SILVANO (sic) HERNÁNDEZ VÁZQUEZ y OLIVIA LIRA TOLEDO, EN SU CARÁCTER DE EX PRESIDENTE MUNICIPAL, EX SÍNDICO MUNICIPAL Y EX TESORERA, RESPECTIVAMENTE TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el CONSIDERANDO VII, de la presente resolución, se declaran la NULIDAD RELATIVA de la resolución de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el Recurso de Revocación que se substanció en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 02/2017, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. TERCERO. Con fundamento en los artículos 93, 95 y 116 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria en términos del párrafo segundo del artículo 3º de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, toda vez que el desahogo de las audiencias, diligencias, dictado de resoluciones y demás actuaciones necesarias, así como la correspondencia, promociones, escritos, demandas, recursos, oficios, trámites y demás diligencias relacionadas con el expediente en que se provee, se realizarán en el inmueble ubicado en Libramiento Poniente sin número, Colonia Unitlax, Tlaxcala, Tlaxcala, donde se albergaban los Juzgados Civiles y Familiares del extinto Distrito Judicial de Hidalgo, a un costado de las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, requiérase a los colitigantes para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que surta sus efectos la notificación del presente proveído, señalen domicilio en la capital del Estado de Tlaxcala, done reside este Órgano Jurisdiccional, para recibir notificaciones, apercibidos que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal se harán por cédula o instructivo que se fijará en los estrados de este Tribunal, asentando razón de ello en autos. CUARTO. Con fundamento en el artículo 75 fracción I, inciso c) de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, notifíquese personalmente a la parte recurrente en su domicilio procesal señalado y a la autoridad señalada como responsable, en su domicilio oficial, asentando además razón de notificación en autos. QUINTO. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Órgano Jurisdiccional y en su oportunidad, una vez cumplida la presente sentencia en sus términos, archívese el presente Expediente como asunto totalmente concluido." 6. En contra de dicha determinación, Ana Laura Hernández Anaya, José Gregorio Sánchez Morales, Héctor Antonio Cortés Hernández, Genaro Peña Hernández, Carmelita Hernández Mendoza, Juana Nolasco Hernández, Sebastián Nava Méndez y Gilberto Juárez Sánchez, en su carácter de Síndico, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto Regidores, Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan y Secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, interponen el presente juicio de amparo. De acuerdo con los antecedentes expuestos, se concluye que quienes promueven este juicio constitucional, son el Síndico, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto Regidores, Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan y Secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, quienes con su investidura de autoridad, acuden en defensa, no de un interés patrimonial, sino de una función pública, que es la relativa a que se declare la procedencia del procedimiento de responsabilidad administrativa 2/2017 del índice del ayuntamiento de mérito y se revoque la sentencia que dio fin a dicho asunto; lo que hace que el amparo resulte improcedente. Lo anterior es así, en virtud de que el medio de control constitucional fue creado para defender los derechos fundamentales, que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en favor de los gobernados contra actos de autoridad que las vulneren; y sólo por excepción, un órgano del Estado puede acceder a dicho medio extraordinario de impugnación cuando actúa en defensa de su patrimonio, despojado de su investidura de autoridad para colocarse en un plano de particulares; supuesto que en este caso no se actualiza, pues la autoridad inconforme obtuvo una sentencia contraria a sus intereses dentro del recurso de revisión, en el que no se quitó el carácter de autoridad, e incluso, solamente se afectó el ejercicio de su función. Tiene aplicación, en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia 171/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 467, tomo XXIII, enero de 2006, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, ello en virtud de que, si bien la misma se integró conforme a la ley anterior, continúa en vigor al no oponerse a la ley vigente, de rubro y texto siguientes: "ÓRGANO DEL ESTADO QUE PROMUEVE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTAN SOLAMENTE EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES PÚBLICAS. El Estado puede solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, por conducto de los funcionarios o representantes designados en las leyes, únicamente cuando se ven afectados los intereses patrimoniales de las personas morales oficiales, conforme al artículo 9o. de la Ley de Amparo. Sin embargo, cuando la potestad pública ocurre en demanda de garantías a través de uno de sus órganos, por considerar lesionado el ejercicio de sus funciones por un acto del mismo poder, sin que su esfera patrimonial sufra alguna alteración, de acuerdo con el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 4o. y 9o. del mismo ordenamiento, resulta improcedente el respectivo juicio de garantías porque en tal supuesto los actos reclamados sólo afectan el ejercicio de la función pública, pero no atañen a la esfera jurídica de derechos que como gobernado tiene un funcionario público, pues aun cuando los actos reclamados no hayan favorecido sus intereses, no pierde su calidad de autoridad para adquirir automáticamente la de particular, ya que no existe precepto constitucional o legal que autorice una ficción en ese sentido por el solo hecho de que pudiera ocasionársele algún perjuicio." De lo antes anotado, es evidente que la demanda de amparo que nos ocupa debe desecharse por notoriamente improcedente, ya que se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 1º y 7º, todos de la Ley de Amparo. Acorde con lo previsto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala, en la inteligencia que de ser incierto o inexacto se le notificarán por lista las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, con fundamento en el inciso a) de la fracción III del ordinal 27 de la ley de la materia. Asimismo, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la referida ley a Engelbert Rodríguez Martínez y Moisés Copalcuatzi Ayometzi, toda vez que de la certificación secretarial se advierte que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Se apercibe a las autoridades responsables y, en su caso, tercero interesadas, que de negarse a recibir los oficios mediante los cuales se les practiquen las notificaciones correspondientes a este asunto, se tendrán por hechas en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En términos de lo dispuesto en el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de la adscripción lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto; y de ser el caso procedan en conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En conformidad con lo establecido en los artículos 6° de la Constitución Federal; 1°, 3°, 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 92 y 93 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; por tanto, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales. Así como que pueden consultar e imprimir en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx los acuerdos y resolución que se dicten en este asunto. Por lo expuesto y con apoyo en el dispositivo 179 de la ley en mención, se resuelve: Único. Se desecha la demanda de amparo promovida por Ana Laura Hernández Anaya, José Gregorio Sánchez Morales, Héctor Antonio Cortés Hernández, Genaro Peña Hernández, Carmelita Hernández Mendoza, Juana Nolasco Hernández, Sebastián Nava Méndez y Gilberto Juárez Sánchez, en su carácter de Síndico, Primer, Segundo, Tercer, Cuarto, Sexto Regidores, Presidente de Comunidad de San Damián Tlacocalpan y Secretario del Ayuntamiento, todos del Municipio de Amaxac de Guerrero, Tlaxcala, respectivamente, contra la resolución dictada por el Magistrado Titular de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, el cinco de abril de dos mil veintiuno, en el expediente 267/2019.
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