Ana Laura Grimaldo Martínez
Expediente 762/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 762/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ana Laura Grimaldo Martínez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí; por medio del cual, acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 762/2021-II, del índice de este Juzgado y, comunica que por acuerdo de diecinueve de agosto de este año, aceptó la competencia que le fue declinada, misma que radicó con el número de amparo indirecto 788/2021-IV, de su índice, por los motivos que expone. En virtud de lo anterior, este Juzgado toma conocimiento para los efectos legales. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ** Por otra lado, visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se desprende que por acuerdo de once de agosto último, este órgano Federal se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Ana Laura Grimaldo Martínez, quien se ostentó como apoderada legal de la moral Placas de Lámina y Calcomanías Oficiales, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del Secretario del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal de San Luis Potosí y otras autoridades responsables, por los motivos ahí expuestos; sin embargo, de la promoción de mérito, se desprende que el Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en San Luis Potosí, aceptó la competencia que fue declinada; por tanto, en el sumario en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b), que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: . b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver el asunto. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a la parte quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Así, lo proveyó y firma, René Ramos Pérez, Juez Décimo de Distrito en el Estado de México, quien actúa con Abel Mejía Campos, Secretario que da fe.
- Principal
AVISO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DEL JUZGADO Y POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRONICA OFICIAL A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 11/8/2021, QUE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -----------, quien se ostenta como apoderada legal de la moral Placas de Lámina y Calcomanías Oficiales, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del Secretario del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal de San Luis Potosí, y otras autoridades responsables, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 762/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48, de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda; se considera que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, en razón de que los actos reclamados tienen repercusión material fuera del ámbito competencial donde este Juzgado ejerce jurisdicción, con base a las siguientes consideraciones. En principio, la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la Ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de la materia, este Juzgado Federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber. a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Precisado lo anterior, tenemos que del numeral 37, de la Ley de Amparo, se advierten tres hipótesis para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito: Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, con independencia de la residencia de la autoridad emisora. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, es decir ante quien se presente la demanda de amparo. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de dicho acto será aquel ante quien se presente la demanda de amparo. De lo anterior, tenemos que si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto. Conviene destacar que en términos generales, por "ejecución", se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad de la autoridad responsable tendiente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un Juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Ahora, de la demanda de amparo que se analiza se obtiene que la parte quejosa, reclama en esencia: La ilegalidad del proceso relativo al concurso de licitación pública estatal -efectuado en San Luis Potosí- N° DGA-ACAASPE-LPE-023-2020, segunda convocatoria, llevado a cabo por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí; La discriminación de la que fue parte, al haberse negado su participación en el citado proceso de licitación, derivado de una de las bases establecidas en ese concurso, emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí; y, La negativa por parte de la responsable Titular de la Unidad de Transparencia de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, de expedirle copia certificada de todo lo actuado en la licitación aludida. Por lo anterior, debe concluirse que el lugar donde se iniciaron y materializaron los actos indicados en los incisos a) y b), se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, pues, el proceso de licitación que originó los actos de molestia que aquí reclama la quejosa, consistentes en el proceso mismo de la licitación, así como en los requisitos necesarios para poder participar en dicho concurso, tuvieron verificativo en el Estado de San Luis Potosí; y, en cuanto al tercer acto del inciso c), es un acto omisivo de abstención por parte de la responsable de expedirle las copias que solicita, autoridad que también tiene su residencia en el Estado de San Luis Potosí. Por tanto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la competencia precisada en la primera regla del numeral 37, de la Ley de Amparo. En consecuencia, la competencia para conocer del juicio de amparo corresponde al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN TURNO, ello, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítanse el escrito inicial de demanda y sus anexos, al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN TURNO, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto determine si acepta o no la competencia que se declina en su favor y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en prevención a un conflicto competencial. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle -------------, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal 5400. Respecto a los autorizados que refiere, se les tiene como tales, en términos amplios, a aquellos que cuenten con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por exclusión, únicamente se les tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones, a quienes no cubran dichos supuestos. Además, se tiene a la parte quejosa, proporcionando su correo electrónico omartorres63r@gmail.com, ello, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, artículo 22, para el caso de que sea necesario entablar el contacto respectivo. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a once de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -----------, quien se ostenta como apoderada legal de la moral Placas de Lámina y Calcomanías Oficiales, Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del Secretario del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Administración Pública Estatal de San Luis Potosí, y otras autoridades responsables, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 762/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48, de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda; se considera que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo, en razón de que los actos reclamados tienen repercusión material fuera del ámbito competencial donde este Juzgado ejerce jurisdicción, con base a las siguientes consideraciones. En principio, la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la Ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, de la Ley de la materia, este Juzgado Federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número l.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36. Tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, a saber. a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Precisado lo anterior, tenemos que del numeral 37, de la Ley de Amparo, se advierten tres hipótesis para determinar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito: Por regla general, la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, con independencia de la residencia de la autoridad emisora. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un Distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención, es decir ante quien se presente la demanda de amparo. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de dicho acto será aquel ante quien se presente la demanda de amparo. De lo anterior, tenemos que si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, de lo contrario, es decir, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar en donde tenga verificativo la ejecución del acto. Conviene destacar que en términos generales, por "ejecución", se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación judicial; la actividad de la autoridad responsable tendiente a dejar las cosas en el sitio en que se encontrarían de no haber existido incumplimiento. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene un Juez de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus resoluciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. Ahora, de la demanda de amparo que se analiza se obtiene que la parte quejosa, reclama en esencia: La ilegalidad del proceso relativo al concurso de licitación pública estatal -efectuado en San Luis Potosí- N° DGA-ACAASPE-LPE-023-2020, segunda convocatoria, llevado a cabo por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí; La discriminación de la que fue parte, al haberse negado su participación en el citado proceso de licitación, derivado de una de las bases establecidas en ese concurso, emitidas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí; y, La negativa por parte de la responsable Titular de la Unidad de Transparencia de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, de expedirle copia certificada de todo lo actuado en la licitación aludida. Por lo anterior, debe concluirse que el lugar donde se iniciaron y materializaron los actos indicados en los incisos a) y b), se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, pues, el proceso de licitación que originó los actos de molestia que aquí reclama la quejosa, consistentes en el proceso mismo de la licitación, así como en los requisitos necesarios para poder participar en dicho concurso, tuvieron verificativo en el Estado de San Luis Potosí; y, en cuanto al tercer acto del inciso c), es un acto omisivo de abstención por parte de la responsable de expedirle las copias que solicita, autoridad que también tiene su residencia en el Estado de San Luis Potosí. Por tanto, en el caso que nos ocupa, se actualiza la competencia precisada en la primera regla del numeral 37, de la Ley de Amparo. En consecuencia, la competencia para conocer del juicio de amparo corresponde al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN TURNO, ello, de conformidad con el artículo 37, de la Ley de Amparo y con apoyo además en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis de la Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sétima Parte, página 88, Materia Común, que al tenor dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 48, de la Ley de Amparo, remítanse el escrito inicial de demanda y sus anexos, al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN TURNO, para que en observancia a las disposiciones contenidas en dicho precepto determine si acepta o no la competencia que se declina en su favor y, en su caso, se sirva acusar el recibo correspondiente. Con copia de las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en prevención a un conflicto competencial. En diverso aspecto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle -------------, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, Código Postal 5400. Respecto a los autorizados que refiere, se les tiene como tales, en términos amplios, a aquellos que cuenten con su cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y por exclusión, únicamente se les tiene por autorizados para oír y recibir notificaciones, a quienes no cubran dichos supuestos. Además, se tiene a la parte quejosa, proporcionando su correo electrónico omartorres63r@gmail.com, ello, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, artículo 22, para el caso de que sea necesario entablar el contacto respectivo. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · 7,552 expedientes
- Ana Laura Bernal Camarena359/2018
- Ana Laura Bernal Camarena261/2019
- Ana Laura Bernal Camarena532/2018
- Ana Laura Bernal Camarena88/2019
- Ana Laura Bernal Camarena537/2019
- Ana Laura Fabiola Martínez González693/2023
- Ana Laura Gutiérrez González397/2019
- Ana Laura Sánchez González1416/2018
- Ana Lidia Reyes Martínez677/2022
- Ana Lilia Rodríguez Arriaga1454/2023
- Ana Lilia Villegas Rodríguez259/2019
- Ana Luisa Gómez Díaz1672/2016