Ana Laura del Rayo Acevedo Osorio
Expediente 933/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 933/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/12/2023
Partes del expediente
- Ana Laura del Rayo Acevedo Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad de México, cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, a efecto de que señalaran las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano colegiado que conozca del recurso de queja interpuesto en representación de las autoridades responsables del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito Institución de banca de desarrollo, contra del auto de treinta de octubre de este año, sin que hicieran manifestación alguna al respecto. Por tanto, en razón que se cuenta con las constancias de notificación del acuerdo por el que se tuvo por interpuesto el recurso de queja y de las necesarias para su sustanciación, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe justificado comuníquese al tribunal colegiado de circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en turno, que es cierto el acto que se impugna, cuya emisión se apoya en las consideraciones contenidas en el propio acuerdo recurrido. Al efecto, remítase el original y copia del oficio con folio 19163, así como copia certificada de las constancias necesarias de este juicio de amparo al tribunal colegiado, en turno, para la substanciación del citado medio de impugnación, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. De igual manera, infórmese al tribunal colegiado que en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, el expediente electrónico se encuentra integrado, ya que se han incorporado al mismo todas las promociones, documentos, autos y resoluciones, el cual está a su disposición en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, instrúyase a la oficial judicial "A" para que realice los movimientos informáticos necesarios para ello. Diferimiento Para dar margen a que el órgano colegiado emita la determinación que en derecho corresponda, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de febrero de dos mil veinticuatro, para la celebración de ésta. Sin que pase inadvertido que el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional se encuentra fijada fuera del plazo que establece la ley de la materia; sin embargo, dicha circunstancia obedece a la carga de trabajo que a la fecha existe en este órgano jurisdiccional y que genera la saturación de la agenda de control de audiencias, así como al aviso derivado de la sesión de veinticinco de septiembre de este año, donde la Comisión de Carrera Judicial aprobó el punto de acuerdo relativo al calendario de vacaciones de los juzgados de Distrito, correspondiente al segundo semestre de dos mil veintitrés, en términos del artículo 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. En la inteligencia que la notificación a las autoridades, ya sea en su carácter de responsables o de terceras interesadas, se hará por lista que se publica en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las quejosas en auto de treinta de octubre dos mil veintitrés, a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento de la sentencia, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida. Ahora, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, en sesión de diecinueve de septiembre de este año, dictada en el amparo en revisión 393/2017 de su estadística resolvió: "[.] PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa, por las razones precisadas en la parte decisoria de esta sentencia [.]". Cabe precisar que el tribunal colegiado en el considerando cuarto de la ejecutoria, señaló lo siguiente: "IX. Cuestiones firmes. Debe quedar firme por falta de impugnación de la parte a quien pudiera perjudicar, las razones de sobreseimiento reflejado en el resolutivo primero, tal como se estableció en los considerandos cuarto y sexto. (.) De igual manera, adquieren firmeza las razones bajo las cuales se concedió el amparo, desarrolladas en el último considerando del fallo recurrido reflejadas en el resolutivo tercero, respecto al tema inherente a la revisión electrónica (Artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015). En ese sentido, del análisis de las constancias de autos se advierte que en la sentencia se concedió el amparo para el efecto siguiente: "Respecto del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación En ese sentido, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Resulta aplicable, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2a./J.161/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, aprobada en sesión privada del 19 de octubre de 2016, que a la letra señala: REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. Sin que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, se haga extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento; toda vez que dichas disposiciones reglamentarias desarrollan supuestos normativos diversos del procedimiento de fiscalización al que se considera violatorio del derecho fundamental de audiencia de la parte quejosa. [.]" Por lo que el efecto protector de la sentencia ejecutoriada consiste en que el jefe del Servicio de Administración Tributaria, en caso de haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica a las quejosas ********************y éstas no hayan ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Ahora, para acreditar el acatamiento de la sentencia la autoridad responsable mencionada manifestó en el oficio registrado con folio 16438, en la parte que interesa, lo siguiente: En ese sentido, se informa a su Señoría que, de acuerdo a la información proporcionada por la Administración Central de Planeación y Programación de Auditoria Fiscal Federal, de las quejas: ... No les ha sido instaurado el procedimiento de revisión electrónica, a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, así como su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes. Al respecto, es necesario destacar que el oficio mencionado se hizo del conocimiento de las quejosas, sin que hubieran realizado manifestación alguna respecto de su contenido. Por tanto, esta juzgadora estima que el cumplimiento del fallo ha quedado sin materia, lo que impide que pueda llevarse a cabo su ejecución, pues no se está en aptitud legal de exigirlo dado que no se instauró procedimiento de revisión electrónica a dichas quejosas. Háganse las anotaciones en el libro electrónico y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluído. Notifíquese y personalmente a las quejosas.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Recurso de queja Téngase por recibido el oficio remitido en representación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito Institución de banca de desarrollo y de las autoridades señaladas como responsables dependientes de esa institución, con el que interpone recurso de queja contra el auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, atento a su contenido se acuerda lo siguiente: Se tiene por interpuesto el recurso de queja de las citadas autoridades contra el auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 100 y 101 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes incluido al fiscal Ejecutivo Asistente, copia del oficio de agravios y requiéraseles para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal colegiado. Una vez trascurrido dicho plazo, con las constancias señaladas por las partes, remítase el citado medio de impugnación mediante acuerdo en el que se deberá rendir el informe justificado. En relación a su solicitud de que sea suspendido el procedimiento, dígasele a esas autoridades que tal circunstancia se acordará en el momento procesal oportuno. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
- Principal
Ciudad de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la quejosa, hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este expediente, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el juicio y se negó la protección de la justicia Federal, ha causado estado. Archivo del asunto. Háganse las anotaciones en el libro electrónico y dado que este expediente se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como asunto concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este expediente es conservable, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a) del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se sobreseyó en el juicio de amparo y se negó la protección de la justicia Federal, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años que establece el numeral 17, del citado acuerdo. Cuadernos incidentales Por otra parte, manténganse por separado los cuadernos relativos al incidente de suspensión y por lo que hace al duplicado, en términos de lo señalado por el citado acuerdo general con fundamento en la fracción II, inciso a), del artículo 19, una vez que haya transcurrido el término de seis meses que prevé dicha disposición, procédase a su destrucción, en atención a que existe el original. Respecto al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del acuerdo general en cita, se determina que es conservable, debido a que se concedió la medida cautelar solicitada, en razón de lo acordado en líneas precedentes, se ordena agregar copia autorizada de este acuerdo a los cuadernos incidentales. Asimismo, atento a lo ordenado en el artículo 34 del mencionado acuerdo, háganse las anotaciones en la carátula del expediente. Notifíquese.
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