Ana Laura Clemente Grajales
Expediente 419/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 419/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/07/2021
Partes del expediente
- Ana Laura Clemente Grajales
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado de autos se advierte que, ha trascurrido el plazo establecido en el artículo 86, de la Ley de Amparo y que ninguna de las partes se inconformó contra el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, dictado el veintinueve de junio de este año. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. Se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la parte tercera interesada, autoridad responsable y agente del ministerio público adscrita, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la determinación pronunciada (sobreseimiento) se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que fue publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, pues se ubica en la hipótesis establecida en su artículo 21, fracción a), por ser un asunto sobreseído; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que en el presente no se formó incidente de suspensión, se deja de proveer lo relativo. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 21 antes mencionado, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, y una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.
- Principal
Visto; el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado, anexando copia certificada del laudo dictado en el juicio laboral J/O/1067/2016, en apoyo al mismo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta y su anexo. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tiene por admitida la documental que remite la autoridad oficiante, consistente en copia certificada del laudo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral J/O/1067/2016, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, constancias a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, porque se tratan de actuaciones certificadas por un fedatario en el ejercicio de su encargo. En ese orden de ideas, respecto al acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral número J/O/1067/2016, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. De la causal antes invocada, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que el mismo exija. De acuerdo con lo anterior, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso en estudio, la parte quejosa hace valer como acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión de dictar laudo en el juicio laboral número J/O/1067/2016. De ahí que, al haberse dictado el laudo correspondiente, es inconcuso que el acto reclamado que prevalecía a la data en que se instó el juicio de amparo, dejó de producir sus efectos, por los motivos anteriormente precisados. Dicha situación se equipará a la restitución a la peticionaria de amparo, en el goce de sus derechos humanos que estimó violados, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, ya que la actuación, que sobrevino durante la substanciación de este juicio constitucional, produjo que se satisficieran los derechos tutelados por la norma constitucional invocada como violada. En esa tesitura, debe decretarse el sobreseimiento del juicio, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y epígrafe señalan: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No se soslaya el hecho de que la autoridad responsable refiera en su informe que dicto laudo en el expediente laboral J/O/1361/2014, pues se trata de un mero error mecanográfico, lo cual se evidencia de las copias certificadas que anexa, aunado al hecho de que en el citado informe también hace alusión al expediente correcto siendo este el J/O/1067/2016. Finalmente, no causa agravio alguno a la parte quejosa, el hecho de que en la presente resolución no se haya analizado los conceptos de violación hechos valer en contra del acto reclamado, toda vez que, como ha quedado precisado se sobreseyó al actualizarse la causal de improcedencia evidenciada, lo que impide a esta autoridad entrar al estudio de los motivos de inconformidad. En apoyo al anterior razonamiento, se cita la jurisprudencia, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que haya ha lugar a requerir las constancias de notificación del laudo de veinticinco de junio del año en curso, en el juicio laboral número J/O/1067/2016, pues este juzgado notificara a la parte quejosa la resolución alcanzada, aunado a que la falta de notificación no fue reclamad en autos. Apoya a lo anterior por las razones que expone, la tesis 3a. LII/94, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 83 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Octubre de 1994, con registro 206576, que establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. LA NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON ELLA, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACION FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y se actúa de conformidad con el artículo 111 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." (Énfasis añadido) Finalmente, visto el resultado alcanzado, se deja sin efectos la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
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Vistos; I.- La certificación que antecede de la que se aprecia que en atención al acuerdo 007/2021, del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, de siete de junio de la anualidad en curso, por el que determina reanudar gradualmente las actividades con la nueva normalidad de dicho órgano jurisdiccional, al disminuir el riesgo sanitario de COVID-2019 y por el que se modifican los acuerdos 001/2020, 002/2020, 003/2020, 004/2020, 001/2021, 002/2021, 003/2021, 004/2021, 005/2021 y 006/2021, el cual entró en vigor a partir del ocho de junio del año que transcurre, en lo que interesa, se estableció la apertura gradual y parcialmente de la Oficialía de Partes de Amparos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, (Secretaria General de Acuerdos y Conflictos Colectivos), con un horario de atención de las 9:00 a 10:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, únicamente para la recepción de oficios de juicios de amparos, para conocimiento que no impliquen o corran términos procesales en el amparo mismo que se entenderán conforme al protocolo sanitario. Asimismo, del citado acuerdo se advierte que a este órgano de control constitucional le fue asignado los días martes a fin de que le sean recepcionadas las misivas correspondientes, en los términos señalados. II.- La razón del actuario judicial y auxiliar de actuario adscrito a la Unidad de Notificadores Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, mediante el cual informan la imposibilidad para entregar el comunicado 10192/2021 del índice de este juzgado, dirigido a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, y Actuario adscrito, sitos en esta ciudad; en virtud de que, fue informado por una persona de sexo masculino que dijo ser auxiliar administrativo, quien le indicó que únicamente recibirán oficios que sean para conocimiento, es decir que no impliquen o corran términos procesales, toda vez que los términos y plazos jurisdiccionales se encuentran suspendidos, en cumplimiento al Acuerdo 007/2021, del Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, de fecha siete de junio de esta anualidad, por lo que por indicaciones de su superior jerárquico no pueden recibir oficios de término. Al efecto, se acuerda: En atención a los puntos que anteceden, se ordena el reenvío de los oficios en comento por conducto de la Unidad de Notificadores Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa de Figueroa, a fin de que una vez que las autoridades laborales estén en condiciones de recibir dichas comunicaciones, se haga la entrega de las mismas. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 419/2021-III, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 104 y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; así como 1, 33, fracción IV, 37, y 107, 115 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Autoridad responsable - Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Acto reclamado De la demanda de garantías se advierte que reclama: - La omisión de dictar laudo en el juicio laboral número J/O/1067/2016. V. Incidente de suspensión. Sin que se aperture el mismo, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. VI. Audiencia. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL NUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. VII. Informes y constancias. Pídase a la autoridad señalada como responsable el informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de todas y cada una de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá, en la sentencia respectiva multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la ley de la materia. VI. Prevenciones. Relativa a la obligación de informar la actualización de causa de sobreseimiento. Hágase del conocimiento de las partes que si ocurre alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato y, de ser posible, deberán acompañar las constancias que la acrediten, de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta a trescientos días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), de conformidad con el artículo 64 en relación con los diversos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Recepción de oficios y apercibimiento. Para la eficacia de las notificaciones en el juicio de amparo en que se actúa, hágase del conocimiento de la autoridad señalada como responsable, que de conformidad con el artículo 28, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, en caso de negarse a recibir los oficios que se le giren, bajo el argumento de que la denominación es incorrecta, imprecisa o incompleta, pero se advierta que materialmente sí es la autoridad responsable a quien se dirige el oficio, se tendrá hecha la notificación y será responsable de la falta de cumplimiento del proveído o resolución que el propio oficio contenga. Sobre el cambio de denominación de las autoridades responsables. En el caso de que la denominación de la autoridad a la que se dirigen los oficios haya cambiado, será motivo insuficiente para negarse a recibir las comunicaciones, ya que la responsable al rendir el respectivo informe deberá hacer las aclaraciones correspondientes en cuanto a su nombramiento; lo que se tomará en consideración por este órgano jurisdiccional al realizar las notificaciones subsecuentes. Se apercibe a la autoridad que de no dar cumplimiento a lo anterior, será acreedoras a una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida y Actualización), en términos del artículo 245 de la ley de la materia. Los anteriores requerimientos tienen como finalidad cumplir con lo dispuesto en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que imponen a todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de velar por el respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; entre los que se encuentra el derecho público subjetivo que toda persona tiene -dentro de los plazos y términos que fijen las leyes y el cumplimiento de ciertas formalidades- para acceder de manera expedita, esto es, sin obstáculos, a la tutela jurisdiccional. VII. Intervención de la Agente del Ministerio Público. Dése a la representación social de esta adscripción, la intervención que legalmente le corresponde. VIII. Exhortación para mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19: Se les invita a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; asimismo, para que propongan formas especiales y expedidas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de estimarse necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. IX. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. X. Domicilio, autorizados y medios electrónicos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en Calle Central Sur, número 254, Despacho 304, Edificio y/o condominios Zimmermann, Colonia Centro, en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo, parte final, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Robertier Francisco Vázquez Monterrosa, Luis Ramón Vázquez Gurria, Alejandra Nayeli Vázquez Gurria, Morthon López Calderón, Moisés Arévalo Cruz, Moisés Antonio González Palacios, Eleazar de la Rosa Estrada y Martha Mandujano Cruz, por así haberlo solicitado la quejosa. Finalmente, con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza su aplicación en el presente expediente, en el entendido que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporciona se le fincara responsabilidad en términos de la legislación Penal Federal. Tiene aplicación el criterio contenido en la tesis de rubro y texto siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. XI. Tercero interesado. Con sustento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada a Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas, emplace por oficio a juicio a la parte tercera interesado corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo y escritos aclaratorios, sus anexos y del presente auto, asimismo, le informe la instauración del juicio de amparo y el derecho que tiene de apersonarse en él, ofrecer pruebas y formular alegatos. XII. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas las documentales exhibidas por la parte quejosa a su escrito inicial de demanda, las cuales se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, mismas que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Asimismo, este juzgado se reserva de proveer respecto de la solicitud de la parte quejosa en el sentido de que la responsable remita el original del expediente laboral J/O/1067/2016. XIII. Notificación por lista a la autoridad en su carácter de responsable o tercero interesada. Se hace del conocimiento de la autoridad que conforme a una interpretación integral del artículo 26, fracciones II y III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones de los acuerdos de trámite de menor trascendencia que al efecto se dicten en este expediente se le practicarán por medio de la lista que al efecto se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, ello atendiendo a la jurisprudencia número 176/2012 de la décima época, consultable en la página 1253 del Libro XVI del mes de Enero de 2013, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" que resulta aplicable por igualdad de razón, en la que se señala que atendiendo a la trascendencia que un proveído o resolución pueda tener en la secuela procedimental, el juzgador tiene la facultad de decidir la forma en la que deba comunicarse a las partes, entre ellas, cuando la autoridad tenga el carácter de responsable o tercero interesado, a quien también se le puede practicar comunicaciones por medio de lista; sin perjuicio de que si así lo considera este titular la notificación de tales acuerdos se realicen por oficio. XIV. Transparencia y acceso a la información. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
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