Ana Laura Carillo Pitones
Expediente 2423/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2423/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ana Laura Carillo Pitones
Actuaciones
- Principal
....REPUBLICACION...R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dos de junio de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del 1) Congreso del Estado de Tamaulipas, 2) Gobernador del Estado de Tamaulipas, y 3) Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; 4) Cámaras de Diputados y 5) Senadores del Congreso de la Unión, y 6) Presidente de la República Mexicana; que estimó violatorios de los derechos fundamentales establecidos a su favor en los artículos 1, 5, 14, 16, 25, 31, fracción IV, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; actos que no se transcriben por no haber disposición que lo imponga. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, el que la admitió a trámite en proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, previo desahogo aclaratorio de la demanda; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; no se tuvo a persona alguna con el carácter de tercero interesado; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por así disponerlo los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales; 49 y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción I, incisos b), d) y g), de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se promueve contra normas de carácter general y la demanda de amparo se promovió en esta localidad, en donde tiene su domicilio fiscal local la empresa quejosa. SEGUNDO. De acuerdo con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión de los actos reclamados, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda y el aclaratorio del mismo, para determinar la verdadera intención de la parte promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Con base en dichas premisas, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa, se hacen consistir en: TERCERO. Las autoridades responsables 1) Congreso del Estado de Tamaulipas y 2) Gobernador del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; 4) Cámaras de Diputados y 5) Senadores del Congreso de la Unión, y 6) Presidente de la República Mexicana), al rendir sus informes justificados aceptaron en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones la existencia de los actos que les reclama la parte quejosa; por tanto, deben tenerse como ciertos dichos actos. Aunado a lo anterior, debe decirse que la certeza de las disposiciones legales reclamadas constituye un hecho notorio que no está sujeto a prueba, de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues basta su publicación en un medio de difusión oficial, para que este órgano de control constitucional tenga por ciertos dichos actos para efectos de este juicio, sin necesidad de que se exhiba el ejemplar del diario que los contenga. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J 65/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 260 de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". CUARTO. Previo al estudio de fondo del asunto, es necesario analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que se adviertan de oficio, pues al ser la procedencia del juicio de amparo un presupuesto procesal, su estudio es preferente, de conformidad a la técnica jurídica que se consigna en el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente. El Congreso del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en su informe justificado sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que aduce que la demanda de amparo se presentó el tres de junio de dos mil veintidós, cuando el último día que tenía para la presentación de la misma lo fue el dos del mismo mes y año, tomando en consideración que el acto de aplicación se realizó el doce de mayo del propio año. Sobre el particular, los artículos 17, fracción I, y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; ." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De la interpretación jurídica de los preceptos antes transcritos, se infiere que atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, con las excepciones ahí consignadas. Pues bien, como puede verse de la demanda de derechos fundamentales, la parte quejosa ocurre a esta instancia constitucional, a partir del primer acto de aplicación respecto del impuesto reclamado. Lo anterior, deja de manifiesto que la acción constitucional intentada se encuentra dentro del término quince días que establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo. Ello es así, pues como la propia parte quejosa refiere en su demanda de amparo y lo acredita con el recibo de pago relativo al impuesto reclamado, dicho acto de aplicación se efectuó el doce de mayo de dos mil veintidós. Por tanto, el primero de los quince días que tenía la parte quejosa para presentar la demanda de amparo, lo fue el trece de mayo de dos mil veintidós, y el último de esos quince días, lo fue el dos de junio del mismo año; excluyendo de dicho cómputo los días catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de mayo del año anterior, por ser inhábiles. Ahora, la demanda de amparo fue presentada vía electrónica el dos de junio de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como se puede apreciar de la constancia relativa a la evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica de la demanda de amparo. Así es, de tal documental, en el apartado de la fecha, se advierte que la demanda de amparo se presentó el dos de junio de dos mil veintidós, tomando en cuenta el huso horario del lugar desde el que fue enviada; de ahí que, se reitera, la misma fue presentada en tiempo. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia 1a./J. 43/2023 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 232/2022; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 26, Junio de 2023, Tomo IV, página 3802, Materia Común, con registro digital 2026577, que dice: "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTOS VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. EN EL CÓMPUTO DE LOS PLAZOS PARA SU PRESENTACIÓN, DEBE TOMARSE EN CUENTA EL HUSO HORARIO DEL LUGAR EN EL QUE SE INTERPUSIERON, CUANDO LA HORA GENERADA EN LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA IMPIDA AL RECURRENTE GOZAR DE LAS VEINTICUATRO HORAS DEL DÍA DE SU VENCIMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar la oportunidad de diversos recursos previstos en la Ley de Amparo y que fueron presentados a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, arribaron a decisiones contrarias para determinar si acorde con el artículo 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para efectos del cómputo de los plazos respectivos, se debía tomar el huso horario que se apreciaba del acuse de envío de la evidencia criptográfica respectiva o el diverso huso horario del lugar desde el que fue enviado el medio de impugnación. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando exista evidencia de que un medio de impugnación de los que prevé la Ley de Amparo fue presentado vía electrónica, desde un lugar que se rija por un huso horario diverso al que obre en el acuse de envío plasmado en la evidencia criptográfica que arroje el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y ello le represente a su promovente la imposibilidad de gozar de las veinticuatro horas del día del vencimiento del plazo para su interposición, excepcionalmente corresponderá al órgano jurisdiccional al que se encuentra dirigido, al momento de efectuar el cómputo respectivo, realizar la conversión de descontar el tiempo de diferencia que corresponda, con respecto al aludido huso horario que se aprecie de la evidencia criptográfica de envío. Justificación: Para efectos de los plazos de interposición de los recursos en materia de amparo a través de la vía electrónica, el artículo 21, segundo párrafo, de la Ley de Amparo garantiza que su envío pueda llevarse a cabo hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento, esto es, durante todo ese día completo. Por su parte, el artículo 52 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establece que, para efectos del cómputo respectivo, debe considerarse el día y la hora de envío que se encuentren plasmados en la aludida evidencia criptográfica. Sin embargo, nada se prevé sobre el huso horario que deba tomarse en cuenta cuando el medio de impugnación sea presentado por la mencionada vía electrónica, desde un lugar que se rija por un huso horario diverso al que obre en el acuse de envío señalado en la evidencia criptográfica y, a su vez, exista la posibilidad de que, en atención a ese huso horario diverso, el promovente no pueda gozar de la plenitud de las veinticuatro horas en comento. Por ello, para evitar que eso acontezca y garantizar a quienes se encuentren ante la señalada situación de desventaja el ejercicio de su derecho a una tutela judicial efectiva y, por ende, la completitud del día de vencimiento para la interposición oportuna de los medios de impugnación, es necesario integrar a la normatividad en mención la obligación del órgano jurisdiccional de realizar la conversión precisada al realizar el cómputo correspondiente cuando exista evidencia, acorde con el prudente arbitrio judicial, de que la interposición se realizó en un lugar regido por un huso horario distinto." Lo anterior, hace que se declare infundada la causal de improcedencia invocada por la autoridad mencionada en párrafos que anteceden. QUINTO. Siguiendo con las causales de improcedencia, quien esto resuelve considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, respecto del 3) Secretario de Finanzas, con asiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en lo concerniente al acto consistente en la recaudación del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado en el Estado de Tamaulipas. Lo anterior, pues de las pruebas anexadas por la parte quejosa a su demanda de amparo, se advierte que el pago del impuesto en comento fue realizado por la propia parte accionante, como también lo manifestó bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes de dicha demanda; sin que, al efecto, se advierta la intervención de la Secretaría de Finanzas. Así es, con ello se demuestra que la citada autoridad no intervino en la materialización del acto en comento. En todo caso, el caudal probatorio deja de manifiesto que la parte quejosa autoliquidó el pago del impuesto de mérito. En tal virtud, la recepción del pago del impuesto reclamado no es determinante para considerar que tiene el carácter de autoridad responsable, dado que su actuación no constituye un acto imperativo, unilateral y/o coercitivo que por sí afecte al causante, pues se limita a la mera recepción. Por tanto, la recepción del pago del impuesto de trato no es un acto por medio del cual se crean, modifican o extinguen situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular, determinada e imperativa, pues desempeña un acto meramente material de recepción de manos de la empresa quejosa o de quien pague en su nombre; de ahí que se actualice la causal de improcedencia invocada por no revestirle el carácter de responsable en relación con el citado acto de aplicación. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, Materia Común, página 367, registro digital 171860, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En tales condiciones, no serán analizados los argumentos de fondo o de improcedencia que haya vertido dicha dependencia en su informe justificado. De igual forma, este juzgador estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en tanto que no se formularon conceptos de violación en relación con la orden de publicación reclamada. Tales numerales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; . VIII. Los conceptos de violación. ." De lo antes transcrito, se advierte que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley o de la Constitución Federal, esto es, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis señaladas en el referido dispositivo. Por su parte, el diverso numeral 108 del mismo ordenamiento legal, en su fracción III, establece como requisito de la demanda de amparo, cuando la parte quejosa reclame el refrendo del decreto promulgatorio o la publicación de alguna ley, que se señale a las autoridades que realicen dichos actos, únicamente cuando sean combatidos por vicios propios; y en su fracción VIII, que, en dicha demanda, deberán expresarse los conceptos de violación. En el caso particular, se actualiza dicha causa de improcedencia, tomando en consideración que de la lectura integral de la demanda de amparo no se advierte que la parte quejosa haya formulado manifestación alguna para combatir la orden de publicación reclamada; lo cual conforme a la ley de la materia resulta un requisito indispensable para que las autoridades que hayan intervenido en dicho acto estén en posibilidad de defender la constitucionalidad del mismo; lo que en el caso no acontece. Así es, la parte quejosa no expuso conceptos de violación en relación con dicho acto que reclama, y en esa virtud, el suscrito juzgador se encuentra imposibilitado legalmente para discernir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. En otro aspecto, este juzgador considera que respecto de los artículos 45, 46, 47, 48, 50, 51, 51 Bis, Ter y Quater, y 52 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, reclamados, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." En efecto, la parte quejosa alega que los artículos antes anotados tienen estrecha vinculación con el ordinal 49, párrafo primero, de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, pues regulan la mecánica para el cobro del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado. Y alega fundamentalmente que, por la reforma de este último numeral, le permite reclamar la constitucionalidad de aquellos que resulten directamente afectados, es decir, los que regulan el sistema específico en que se ubica. Sin embargo, debe hacerse la precisión que tratándose de leyes tributarias, la relación entre unidades normativas puede ser de carácter ordinaria o esencial; en el primer caso, es cuando la modificación a alguna de sus partes no incide en su eficaz funcionamiento. En cambio, si tal modificación altera el funcionamiento, sentido y alcance de alguna o algunas de sus partes, se estará ante una relación de carácter esencial, caso en que procederá analizar también la parte o partes de la estructura normativa afectada, con el objeto de estudiar su legalidad o constitucionalidad. Así, del Decreto No. LXIII-92, se observa, en lo que interesa, que reformó únicamente el artículo 49, párrafo primero, de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, el cual si bien modificó la tasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, ello no afecta de manera esencial la mecánica para integrar la base del mismo; por ende, su relación con los demás numerales ahora impugnados, es de carácter ordinario. Es decir, la sola modificación de la tasa del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado no altera la mecánica para integrar la base del mismo, ni afecta su sentido o alcance, por tanto, la emisión del Decreto No. LXIII-92 que se combate, no da derecho a la parte quejosa a reclamar la constitucionalidad de los artículos 45, 46, 47, 48, 50, 51, 51 Bis, Ter y Quater, y 52 de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número P./J. 114/99, localizable en la página 18, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia Constitucional, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 192910, que establece: "AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS. La razón por la que se admite la procedencia del juicio de garantías en contra de una norma general que es reformada, es que de acuerdo con el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto nuevo (principio de autoridad formal), por lo que, en principio, sólo respecto de ella se actualiza la procedencia del amparo y no en contra de los demás preceptos de una ley, los que deben estimarse ya consentidos por el gobernado si no los reclamó dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo. Por consiguiente, un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. De esta guisa, resulta que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinada ley, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el reformado en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma." En tal virtud, debe sobreseerse en el juicio respecto de los actos reclamados y autoridades que se les reclama, indicados en este considerando, como lo dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, quien esto resuelve está impedido legalmente para analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en relación con el fondo respecto de los actos por los cuales se sobreseyó, pues de hacerlo tal proceder sería incongruente en virtud que la consecuencia principal del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. De igual forma, cabe indicar que este órgano jurisdiccional no se ocupará del análisis de los alegatos que, en su caso, se hayan formulado en cuanto al fondo del asunto respecto de los actos por los que se sobreseyó, toda vez que los mismos no forman parte de la litis constitucional, además de que este órgano no se encuentra obligado a dar contestación a dichos argumentos, tal como se establece en la jurisprudencia 1315, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal, Apéndice de 2011, Octava Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, consultable a página 1480, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Sin más causales de improcedencia que analizar, procédase al estudio de fondo del asunto, respecto del numeral 49, párrafo primero, de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. SEXTO. No causa indefensión a la parte quejosa el que no se transcriban sus conceptos de violación, dado que no se le priva del derecho de recurrir esta resolución y alegar lo conducente para evidenciar, en su caso, la ilegalidad de la misma, habida cuenta que no lo exige el artículo 74 de la Ley de Amparo, al momento de dictar la sentencia respectiva, y tampoco se incumple con los principios de congruencia y exhaustividad, en virtud de que se estudiarán los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que haya hecho valer. Lo anterior aún más queda corroborado con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010; visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. El análisis del proceso legislativo de la reforma al artículo 49, párrafo primero, de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, así como de los conceptos de violación, conduce a las siguientes consideraciones. En el decimoprimer concepto de violación, se alega, fundamentalmente, que del aumento del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, del dos al tres por ciento, no permite conocer con claridad los fines extrafiscales que persigue, y por ende, resulta violatorio del principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna. Lo anterior, dice la parte quejosa, porque se incrementó el pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado para fortalecer programas y propuestas inherentes a "seguridad ciudadana" y "bienestar social", sin que se explique cuáles son estos fines, lo que genera un estado de incertidumbre para los contribuyentes, quienes desconocen el destino preciso que se darán a los fondos o recursos que se capten con dicho aumento. Los argumentos que se acaban de sintetizar son fundados. En efecto, de acuerdo al numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de las personas de contribuir para los gastos públicos, así sea de la Federación, de la Ciudad de México, o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, lo que se traduce en la plena libertad que se otorgó al legislador para elegir el objeto tributario de una ley, mismo que debe ser indicativo de capacidad contributiva del sujeto pasivo, y siempre con la condición de que respete los principios de proporcionalidad, equidad y destino de gasto público. En este sentido, conviene transcribir la parte medular de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, presentada el diez siguiente ante el Congreso del Estado de Tamaulipas, por el Gobernador Constitucional de esta Entidad Federativa, la cual es del tenor: ".En relación al Título II, Capítulo V, del "Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado" de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, se propone reformar el artículo 49, a fin de incrementar la tasa del impuesto al 3.0 por ciento, a fin de fortalecer la estructura fiscal del Gobierno del Estado de Tamaulipas y continuar con la ejecución de obras de infraestructura y acciones de impacto social;." Asimismo, resulta pertinente anotar la parte relativa del dictamen de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del Congreso del Estado de Tamaulipas, de doce de diciembre de dos mil dieciséis, que dice: ".En lo relativo a la tasa del 3.0 por ciento del Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal Subordinado, lo consideramos una medida tributaria viable en atención a los principios de austeridad y disciplina financiera y, sobre todo, a la necesidad de fortalecer los programas y propuestas inherentes a seguridad ciudadana y bienestar social, que son los renglones a privilegiar en la planeación del gasto durante el ejercicio fiscal del año 2017." De lo recién reproducido se desprende que el aumento del impuesto reclamado obedece a un fin extrafiscal, en virtud de que la contribución de mérito aparece implementada como un instrumento eficaz de política social que el Estado está interesado en impulsar, en el entendido de que un impuesto con esa finalidad es el que se establece con un objeto distinto del recaudatorio, es decir, mediante este tipo de impuestos el Estado no persigue como objetivo fundamental allegarse de recursos para afrontar el gasto público (aunque los recursos que se obtengan con motivo de tales impuestos deben destinarse a dicho gasto), sino que busca impulsar, orientar o desincentivar ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no para el desarrollo armónico del país. Tratándose de contribuciones con fines extrafiscales, el legislador debe ineludiblemente establecerlos en la exposición de motivos, en los dictámenes o en la misma ley, lo que se persigue con su imposición, lo que resulta así porque al establecer el Estado los tributos respectivos, puede implementar una serie de mecanismos que respondan a dichos fines, pero tendrá que ser el legislador, quien en este supuesto debe reflejar su voluntad en el proceso de creación del impuesto, en virtud de que en un problema de inconstitucionalidad de leyes, a lo que debe atenderse, sustancialmente, es al producto de la voluntad del órgano encargado de crear la ley, no las posibles ideas que haya pensado o posibles finalidades (objetivos) que se haya propuesto realizar. Sobre el particular, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 46/2005 de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 157, Tomo XXI, Mayo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 178454), del tenor: "FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. Una nueva reflexión sobre el tema de los fines extrafiscales conduce a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que si bien es cierto que el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para sufragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), por lo que ineludiblemente será el órgano legislativo el que justifique expresamente, en la exposición de motivos o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, el Estado al establecer las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación de los recursos para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador quien en este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la contribución, en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse sustancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se toma en cuenta que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines extrafiscales de la contribución, el órgano de control contará con otros elementos cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemente de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases marginales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial de auxilio y, por tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución respectiva." No obstante, existen casos excepcionales en los que el órgano de control constitucional advierta que la contribución va encaminada a proteger o ayudar a clases débiles, por ejemplo, tratándose de la disminución del importe del impuesto predial a personas pensionadas, de la tercera edad o con capacidades diferentes, o bien a las madres solteras, en el que el fin extrafiscal es evidente, al tratarse de un fin especial de auxilio; en estos casos, no será necesario que en la iniciativa, dictámenes o el legislador en la propia ley, exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar un hecho notorio la finalidad que persigue la contribución relativa. En ese tema, es aplicable la tesis P. XXXIII/2007 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 20, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 170741), con el siguiente rubro y texto: "FINES EXTRAFISCALES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LOS ESTABLEZCA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de actos de autoridad legislativa, el requisito de fundamentación se satisface cuando aquella actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere y la motivación se colma cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que deben regularse jurídicamente, sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran los ordenamientos deban ser materia de una motivación específica, pues ello significaría una actividad materialmente imposible de llevar a cabo. Ahora bien, si de la simple lectura de una norma tributaria se advierte, prima facie, que está orientada a impulsar, conducir o desincentivar ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no para el desarrollo armónico del país, y los fines que pretende son fácilmente identificables en tanto se desprenden con claridad del propio precepto sin necesidad de hacer un complicado ejercicio de interpretación, es incuestionable que el juzgador puede sostener que el precepto relativo establece fines extrafiscales aunque sobre el particular no se haya hecho pronunciamiento alguno en la exposición de motivos o en el proceso legislativo respectivo." En el caso que nos ocupa, se incumplió con lo anterior, pues ni en la iniciativa de reforma de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, presentada por el Gobernador Constitucional de esta Entidad Federativa, ni en el dictamen de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del Congreso Tamaulipeco, de doce de diciembre de dos mil dieciséis, y menos aún en la ley reclamada, se señalaron claramente los fines extrafiscales que se persiguen con la imposición del tributo reclamado, es decir, con el aumento del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado. De ahí que, no sea posible determinar la finalidad u objetivos que con el mismo se pretende, lo que se corrobora si se tiene en cuenta que incluso se ignora la connotación que la soberanía en cita quiso dar a los conceptos de "estructura fiscal del Gobierno del Estado de Tamaulipas", "obras de infraestructura", "acciones de impacto social", "seguridad ciudadana" y "bienestar social"; circunstancia que sin duda impide identificar el fin extrafiscal específico, por ser manifiesta la falta de precisión de los conceptos motivo del impuesto reclamado. Entonces, como el legislador local estableció la norma tributaria combatida única y exclusivamente a cargo de las personas que realicen pagos por concepto de impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, esto es, los patrones, sin que exista justificación jurídica para ello, ni en la ley, ni en sus antecedentes de creación, no es posible constatar si la parte quejosa participa o no en los gastos públicos de manera equitativa en relación con los demás gobernados, y en consecuencia, en la especie no es posible corroborar el cumplimiento al principio de justicia fiscal que preserva el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Es aplicable al respecto y por analogía, la tesis XVII.2o.P.A.7 A (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 2441, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época (registro 2005685), del tenor: "IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. AL NO SEÑALARSE EN EL ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2012, NI EN SU PROCESO LEGISLATIVO LOS FINES EXTRAFISCALES QUE PERSIGUE LA SOBRETASA DEL 5% QUE DICHO PRECEPTO PREVÉ A AQUELLA CONTRIBUCIÓN, ES IMPOSIBLE CORROBORAR SI CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.- En la iniciativa a través de la cual el Gobernador del Estado de Chihuahua planteó al Congreso del Estado el proyecto de la ley de ingresos mencionada ni en las consideraciones vertidas sobre el particular por la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública de este órgano legislativo, y menos aún en el artículo decimoséptimo de dicho ordenamiento, se señalan claramente los fines extrafiscales que persigue la sobretasa del 5% al impuesto sobre nóminas que dicho precepto prevé, ya que, incluso se ignora, por su falta de precisión, la connotación que dicha Soberanía quiso dar a los conceptos "competitividad y seguridad ciudadana" para los que se aplicará la contribución; circunstancia que sin duda impide identificar los fines aludidos, con la consecuencia de que es imposible corroborar si dicho artículo cumple con el principio de equidad tributaria que tutela el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En congruencia con lo expuesto, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se desincorpore a la parte quejosa de cumplir con la obligación que establece el vigente artículo 49, párrafo primero, de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, y se le reintegren debidamente actualizados, los excedentes de las cantidades que con motivo del primer acto de aplicación de la referida norma legal actualizaron el supuesto normativo declarado inconstitucional, y ulteriores, en su caso. Es decir, para proceder a la devolución del numerario enterado con motivo del impuesto reclamado, deberán recalcularse los pagos que hubiere realizado la parte quejosa, aplicándose en su lugar el dos por ciento que la norma preveía antes de su reforma, y devolverse el remanente a la agraviada, se reitera, debidamente actualizado. En ese sentido, es aplicable la jurisprudencia 357, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 4043, del Tomo II, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Novena Época (registro 1005155), con el siguiente rubro y texto: "LEYES TRIBUTARIAS. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, CONLLEVA EL DERECHO A LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL).- El efecto de la sentencia que concede el amparo y declara la inconstitucionalidad de la norma tributaria en que se funda el pago de una contribución, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente de la respectiva obligación tributaria, que conlleva a la devolución del saldo a favor originado con motivo de tal declaratoria. Por tanto, aun cuando la norma declarada inconstitucional no establezca la actualización del monto a devolver, a fin de cumplir con el artículo 80 de la Ley de Amparo, la autoridad fiscal queda obligada a devolver el monto debidamente actualizado, toda vez que sólo así se restituye al gobernado en el pleno goce de la garantía individual violada." Por lo demás, quedan expeditas las facultades de la autoridad exactora para seguir realizando la recaudación a la persona moral agraviada, del dos por ciento relativo al impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, que establecía anteriormente el reformado artículo 49, párrafo primero, de la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas, para que la parte agraviada siga cumpliendo con la obligación contributiva que establece el numeral 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ese aspecto, tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 18/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 17, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 183828), del tenor: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO. La declaratoria de que un precepto que establece la exención parcial de un tributo es inequitativo, no tiene por efecto exentar al quejoso del pago en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte inconstitucional, es decir, tratándose de una norma que concede dicho beneficio a determinados contribuyentes en detrimento de otros que se encuentran en la misma situación, como el amparo se concede sólo respecto de dicha porción normativa y no de las normas que establecen los elementos esenciales del tributo, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, consiste en hacer extensiva en su favor únicamente la exención parcial otorgada a los demás." Lo expuesto en este considerando, además, teniendo como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las ejecutorias de quince de noviembre de dos mil dieciocho y treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, emitidas por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, en los recursos de revisión 63/2018 y 54/2018; las que aparecen en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Apoya lo último dicho, la jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 423/2016; publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Materia Común, registro digital 2017123, del rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Dado lo expuesto, se estima innecesario el pronunciamiento respecto de los restantes motivos de disenso que se hayan hecho valer en relación con el precepto legal que nos ocupa; asimismo, respecto del que se vertió con motivo del Decreto por el que se expide la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, específicamente el numeral 254, toda vez que si bien fue señalado como acto reclamado, del análisis integral de la demanda se desprende que se impugnó vía concepto de violación en estricta vinculación a la disposición hacendaria analizada en este considerando. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia número 107 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 85, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 (registro 917641), que es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.- Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar el peticionario de garantías la protección y amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 1002/2022-II, promovido por HOME DEPOT MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, respecto de los actos y por los motivos legales indicados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a HOME DEPOT MÉXICO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, por las consideraciones jurídicas y para los efectos expresados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa; hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés; con el secretario de juzgado José Luis González Arredondo, que autoriza y da fe.
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