Ana Laura Adorno Salazar
Expediente 336/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 336/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Ana Laura Adorno Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se ordenó el archivo-
- Principal
Con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dé cumplimiento al fallo protector.
- Principal
Dígase al promovente que por el momento no ha lugar a proveer de conformidad su petición, toda vez que aún se encuentra pendiente de causar estado la determinación de doce de abril de dos mil veintiuno, por la cual se desechó la demanda que dio origen al presente asunto, de ahí que en el caso deban permanecer en poder de este juzgado federal hasta la conclusión del juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo establecido por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia.
- Principal
Se ordena notificar a la parte quejosa el proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, así como los subsecuentes por medio de lista, la cual se fija en los estrados de este juzgado federal; lo anterior, hasta en tanto señale señale domicilio certero para oír y recibir notificaciones. En virtud de lo anterior se notifica por lista auto en mención, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, a doce de abril de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por la quejosa-------------, por propio derecho, mediante la cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos que reclama del Director de Mercados del Ayuntamiento de Cuautla, y otras autoridades. Registro de la demanda. Fórmese el cuadernillo de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento. Se procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia o en su caso, improcedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 112, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la transcripción del artículo 113 citado, se aprecia que impone la obligación al Juez de Distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro1 , por indudable, aquello que no puede ponerse en duda, esto es, que se certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia2 . Debe señalarse que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo citado, establece que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, al tratarse de una cuestión de orden público, el suscrito considera que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo; que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos trascritos se observa que la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII, del artículo 61, de la ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217, de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del tomo II, segunda parte-1, julio a diciembre de 1988, la tercera del 145-150, sexta parte y la cuarta del tomo 43, séptima parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la 25/05/23 10:17:58 Federación, octava y séptima épocas, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA. "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". En efecto, respecto del tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia en el sentido de que se viola el derecho que consagra el artículo 8 Constitucional, si transcurren más de cuatro meses desde que una persona presenta un escrito y ningún acuerdo recae a él. Tal jurisprudencia aparece publicada en el Apéndice de mil novecientos setenta y cinco, quinta época, página setecientos sesenta y siete, de la parte III, sección administrativa, que establece: "PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional". Tiene igual aplicación la tesis I.4o.A.68 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo XIII, febrero de 1994, página 390, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso 25/05/23 sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses". En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO: Se constituye con ese carácter la AFECTACIÓN el derecho de petición y el derecho humano de acceder a la tutela judicial efectiva en los términos y plazos establecidos en la ley. Al no emitir las cédulas de empadronamiento por fallecimiento el comerciante Fernando Flores Colín, en el término de quince días posteriores a la presentación del escrito inicial en los términos del artículo 31 de la Ley de Mercados del Estado de Morelos". Lo anterior se corrobora con el acuse de la petición de la quejosa presentado ante la responsable el nueve de marzo de dos mil veintiuno y que anexó a su escrito de demanda. Asimismo la quejosa manifestó que a dicho escrito, le recayó el acuerdo de once de marzo del año en curso, por el que se autoriza la expedición de las cédulas de empadronamiento que refiere, mismo que adjuntó a su escrito de demanda; luego el veinticinco de marzo del año en curso, de nueva cuenta, reiteró su petición ante la responsable en el sentido de que se le otorguen las cédulas de empadronamiento. Por lo cual, es evidente que la autoridad responsable recibió las peticiones de la parte quejosa el nueve y veinticinco de marzo del año en curso>, y la demanda de amparo que ahora nos ocupa se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el ocho de abril de dos mil veintiuno; es decir, ha transcurrido un mes de haber ejercido el derecho de petición, de su escrito de nueve de marzo del año actual, y menos de un mes respecto de la diversa petición de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, por lo que, es claro que dicha demanda, conforme a los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta notoria e indudablemente improcedente. En ese sentido, al no haber trascurrido el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a sus escritos y hacerle conocer el acuerdo recaído y notificarle, así como para hacer la entrega de las cédula de empadronamiento que solicitó, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la instancia constitucional intentada. Apoya a lo anterior, por identidad de razón, la tesis XIX.1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, de septiembre de mil novecientos noventa y seis, novena época, página seiscientos treinta y tres, del tenor literal siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". Consecuentemente, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. Domicilio procesal y autorizados. Por otra parte, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en la demanda que se provee. Se tiene por autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas ------y ------, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y a las restantes personas, en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. Se conmina a la parte quejosa para que en caso de realizar manifestación alguna respecto al presente proveído, lo haga mediante el esquema de "Juicio en línea", por lo que, en caso de optar por este medio a través de su usuario, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se les efectuaran por dicha vía en términos de los artículos 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo. Lo anterior, tiene como finalidad privilegiar la administración pronta y expedita en los juicios constitucionales, derivado del fenómeno de salud social por el virus Covid-19 que enfrenta el país. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos para que en su caso realicen las notificaciones inclusive en días y horas inhábiles. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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