Ana korey Hernández Pérez

Expediente 299/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
299/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Ana korey Hernández Pérez
  • Claudia Rocio López Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(vi)

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Claudia Rocío López Delgado, Sandra Verónica Lugo Palomino, Wendy de Guadalupe Barrera Becerra, Guadalupe del Rocío Cordero Lizaran, Ana korey Hernández Pérez, Karla Judith Morales Ramos, Rita América Martínez Briano, Brenda Cecilia Martínez Ornelas, Juana Angélica López Soto, Obdulia Sarai Reyes Lizama, María Guadalupe Hermosillo Esparza, Alma Lili Cosio Arellano, Jaqueline Janet Vera Ávila y Evelyn Elizabeth Romo Valadez, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por conducto de la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura y otras autoridades; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el número 299/2019-VI. -Análisis integral del escrito de demanda - En principio, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda de amparo, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, del mes de Abril de 2000, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: . Así las cosas, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como tal, el decreto mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, exclusivamente en lo que atañe a la reducción en el presupuesto asignado al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Programa el anterior que aduce la parte quejosa, se encuentra comprendido específicamente en los anexos y ramos siguientes: anexo 10 "Erogaciones para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ramo 20 "Bienestar"; anexo 13 "Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres ramo 12 "Salud" y ramo 20 "Bienestar"; anexo 14 "Recursos para la Atención de Grupos Vulnerables", ramo 12 "Salud" y ramo 20 "Bienestar"; anexo 18 "Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, ramo 12 "Salud" y ramo 20 "Bienestar" y anexo 19 "Acciones para la prevención del Delito, Combate de Adicciones, Rescate de Espacios Públicos y Promoción de Proyectos Productivos, ramo 20 "Bienestar". Como consecuencia de lo anterior, aduce la parte quejosa que les fue notificado que sus hijos menores de edad ya no seguirían siendo recibidos en la estancia infantil que les corresponde sin ninguna causa para ello, ya que el presupuesto combatido mantiene la vigencia del "programa" y a más tardar el quince de febrero del año en curso, debía hacerse la erogación correspondiente a los subsidios del mismo, lo que no ha ocurrido. - Desechamiento de la demanda de amparo - De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto legal transcrito autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. . En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 74, fracción IV Constitucional, que respectivamente establecen lo siguiente: .. Del precepto invocado en primer orden, se desprende que las causas de improcedencia del juicio de amparo se encuentran señaladas de forma enunciativa en las veintidós fracciones previas, más no de forma limitativa, porque pueden derivar de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo, de la Carta Magna o de criterio jurisprudencial, lo que de suyo implica que el artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establece algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esas hipótesis normativas no son las únicas en las que dicho juicio puede estimarse improcedente, dado que existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. . Ahora bien, de conformidad con el precepto constitucional expuesto en segundo orden, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto anual de gastos, pues a ella corresponde discutir primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrir aquél, conjuntamente con la Cámara de Senadores, mediante la expedición de la ley de ingresos anual relativa; empero, posteriormente y de manera exclusiva y soberana, la Cámara de Diputados debe aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación; facultad que se concede de esa manera, por ser la Cámara que se integra por los representantes del pueblo en el Congreso de la Unión, siendo quien debe determinar la forma de erogar el gasto público a través del ejercicio de los recursos, con lo cual se reafirma su calidad de representantes del pueblo y su principal encomienda, que es la de representar sus intereses y lograr que el gasto público se ejerza con eficacia, transparencia y honradez. Por ello, el texto constitucional confirma que es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, bajo las características de reservada, primordial, básica y originaria. De manera que si para efectos del artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la norma suprema confiere la facultad soberana a la Cámara de Diputados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación -la cual sin duda es una de las facultades más importantes-, dado que le permite incidir en el proyecto que le es remitido por el Poder Ejecutivo Federal; fuerza concluir que con la aprobación se crea un acto materialmente administrativo que es de observancia general para todos los Poderes de la Unión y órganos autónomos, para ejercer el gasto público y atender las obligaciones económicas del Estado, ya que a través de ese acto de aprobación se autoriza la erogación de los ingresos públicos. En ese contexto, si la Cámara de Diputados, para expedir el Presupuesto de Egresos de la Federación hace uso de una facultad exclusiva, debe establecerse que el amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, porque esa calidad es una manifestación de la voluntad soberana del Poder Constituyente, por lo cual es un acto cuyo ejercicio reviste características de soberanía y discrecionalidad, respecto de la cual no puede tener injerencia un gobernado a través del juicio de amparo. Corolario de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la Acción de Inconstitucionalidad 4/98, valoró la naturaleza jurídica del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal y determinó su desechamiento, por estimar que ese medio de control constitucional sólo es procedente contra normas de carácter general. Luego, en referencia al Presupuesto de Egresos, indicó que su objeto es determinar la aplicación de una norma general (Código Financiero del Distrito Federal), por lo que lejos de considerarlo como una norma de carácter general, se le reconoce que se está en presencia de un acto materialmente administrativo. . Consecuencia de lo anterior, impone concluir que el Decreto de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, también es un acto de administración general y no una ley en sentido estricto, porque lo expide una sola de las Cámaras y no ambas, como sucede con las leyes que requieren de su concurrencia sucesiva. De modo que el Proyecto de Presupuesto no tiene su génesis en un estricto proceso legislativo, sino que materialmente es un acto administrativo de colaboración entre poderes, porque lo crea originariamente el Poder Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados lo aprueba anualmente, previo examen y discusión, inclusive modificación, con lo cual los representantes del pueblo electos democráticamente tienen una intervención constitucional exclusiva para determinar o fijar los montos y destinos del gasto público; máxime que al ser elaborado por el Poder Ejecutivo, no se presenta a la Cámara de Diputados como una iniciativa de ley, sino como acto de administración general, y aunque al final del proceso se aprueba con un Decreto, éste no es una norma jurídica ordinaria que tiene como destino directo regular una situación de la realidad para los gobernados. En conclusión, se trata de un Decreto expedido por los representantes del pueblo que los eligió en un sistema democrático, como una facultad exclusiva que es soberana y discrecional porque no tiene intervención la otra Cámara del Congreso, y ningún otro órgano ni poder. Asimismo, en la medida en que es una facultad exclusiva, se rige como una potestad soberana y discrecional porque únicamente puede ser ejercida por la Cámara de Diputados con exclusión de la Cámara de Senadores que en este rubro deja de ser colegisladora, por la sencilla razón de que no se está aprobando una iniciativa de ley, que dé origen a una ley en sentido formal y material. De modo que por tener la naturaleza de una facultad exclusiva reservada expresamente a la Cámara de Diputados en el artículo 74, fracción IV constitucional que implica una facultad con ejercicio soberano, el juicio de amparo es improcedente, cuando se reclama exclusivamente como acto de autoridad la aprobación del presupuesto, su publicación y ejecución; lo que surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, por lo que la demanda de amparo debe desecharse de plano con base en el artículo 113 del precitado ordenamiento jurídico. . Sin que lo resuelto con antelación implique desconocer que el Presupuesto de Egresos de la Federación, es un acto de ejecución de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, cuyas disposiciones tienen por objeto reglamentar, entre otros, el artículo 74 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos federales. Así como el mandato expreso para que los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de dicha Ley, como es la Cámara de Diputados, observen que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género. Ello, en la medida que las afectaciones a los derechos constitucionalmente reconocidos que pudieran resentir en lo individual o colectivo los gobernados, por el incumplimiento del objeto de dicha ley Federal y los criterios que deben ser observados a partir de ella, en el caso, respecto de los "programas de subsidio" y aquellos que deban sujetarse a reglas de operación (en el particular, conforme al artículo 77 de la indicada ley), como el que aducen las quejosas, por la supresión o modificación de los recursos asignados a los anexos transversales que se señalan en la demanda de amparo, pueden ser fiscalizados por la Auditoria Superior de la Federación conforme a sus atribuciones, o en su caso, controlados en su constitucionalidad por los jueces. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. -Domicilio- Por otra parte, toda vez que la parte quejosa no señala en su escrito de demanda domicilio para oír y recibir notificaciones, en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese el auto de mérito por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, así como las subsecuentes notificaciones. -Representante común- Téngase a Rita América Martínez Briano, como representante común, sin perjuicio de que pueda ser sustituida, en términos del artículo 13, primer párrafo de la Ley de Amparo.

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