Ana Karina Reyna Rodríguez

Expediente 900/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
900/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2019

Partes del expediente

  • Ana Karina Reyna Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del veintidós al veintiocho de noviembre del año en curso, con exclusión de los días veintitrés y veinticuatro del presente mes y año, por corresponder a sábado y domingo, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra secretaria de juzgado quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 17505. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de autos, sin mayor trámite, agréguese el escrito signado por la quejosa Ana Karina Reyna Rodríguez, a través del cual manifiesta desistirse de la demanda de derechos promovida; lo anterior, toda vez que mediante auto de quince de noviembre del presente año se desechó la misma al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    CERTIFICACION. El quince de noviembre de dos mil diecinueve, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Certifica: Que se realizó la consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el que se advierte que en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, se encuentra registrado el juicio de amparo 920/2019, promovido por Ana Karina Reyna Rodríguez contra los actos reclamados al Congreso del Estado de Zacatecas, Gobernador del Estado de Zacatecas, Ayuntamiento de Zacatecas, Presidencia Municipal de Zacatecas, Secretario de Finanzas y Tesorería del Municipio de Zacatecas, consistentes en: "Del H. Congreso del Estado de Zacatecas, del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y del H. Ayuntamiento de Zacatecas, en el Ámbito de sus atribuciones, la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación: -De los decretos que contienen la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas y la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente. Específicamente los artículos 29, fracción I, 30, 31 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL SABADO 29 DE DICIEMBRE DE 1984 (ULTIMA REFORMA POG 28-12-2013)-; así como la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, en particular, los numerales 51 y 71, fracción XVII, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. b) De la PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS y el SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS: - La recaudación o recepción de pago de la cantidad de $12,138.37 (Doce mil ciento treinta y ocho pesos 37/100 M.N.), por concepto de IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y CERTIFICACION DE PLANO DE PREDIO URBANO, en términos de los artículos 29 a 33 de la Ley de Hacienda del Municipio del Estado de Zacatecas y 51, 71, fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2019, Zacatecas. Según el recibo Serie B Folio 1563183, el cual fue pagado el 22 de octubre de dos mil diecinueve, al Municipio de Zacatecas, Zacatecas". Tal y como se advierte de la correspondiente boleta de turno; lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. La Secretaria Lic. Rebeca Isabel Medina Becerra. El quince de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo electrónica promovida por Ana Karina Reyna Rodríguez, registrada con el número de folio 17194. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a quince de noviembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida de manera electrónica de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, y artículo 3 de la citada normatividad, por Ana Karina Reyna Rodríguez, contra actos del Congreso del Estado de Zacatecas y otras autoridades, por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en el artículo 31, fracción IV constitucional. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 900/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. En el caso, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo planteado, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, mismo que es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del referido precepto legal se advierte que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; en tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: III.-AUTORIDADES RESPONSABLES: H. CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS. (GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS. H. AYUNTAMIENTO DE ZACATECAS. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS. SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA DEL MUNICPIO DE ZACATECAS. IV.-ACTOS RECLAMADOS: "Del H. Congreso del Estado de Zacatecas, del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y del H. Ayuntamiento de Zacatecas, en el Ámbito de sus atribuciones, la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación: -De los decretos que contienen la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas y la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente. Específicamente los artículos 29, fracción I, 30, 31 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL SABADO 29 DE DICIEMBRE DE 1984 (ULTIMA REFORMA POG 28-12-2013)-; así como la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, en particular, los numerales 51 y 71, fracción XVII, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. b) De la PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS y el SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS: - La recaudación o recepción de pago de la cantidad de $12,138.37 (Doce mil ciento treinta y ocho pesos 37/100 M.N.), por concepto de IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y CERTIFICACION DE PLANO DE PREDIO URBANO, en términos de los artículos 29 a 33 de la Ley de Hacienda del Municipio del Estado de Zacatecas y 51, 71, fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2019, Zacatecas. Según el recibo Serie B Folio 1563183, el cual fue pagado el 22 de octubre de dos mil diecinueve, al Municipio de Zacatecas, Zacatecas". En ese contexto, este resolutor considera que en la especie se patentiza la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, que establece: "Art. 61.- "El juicio de amparo es improcedente: [.] X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;". La fracción trascrita contempla la improcedencia del juicio de amparo cuando los actos reclamados sean materia de otro juicio de amparo, esto es, cuando sobre lo planteado en la demanda de amparo existe una instancia constitucional en trámite. Para la actualización de esta causa de improcedencia es necesario que el amparo anterior sea promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos (en este último supuesto, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; subsistiendo el análisis de los actos de aplicación). En relación con la identidad de las autoridades responsables en los juicios de amparo de que se trate, debe precisarse que aun cuando exista diferencia respecto a éstas porque se señalen a diferentes autoridades ejecutoras, es posible que la causa de improcedencia se actualice en tanto el factor fundamental es que se trate del mismo acto y misma autoridad ordenadora se continúen dos juicios de amparo; esto, porque a fin de cuentas las autoridades ejecutoras sólo podrán realizar lo que la ordenara le indique, salvo que se les reclamen vicios propios. Así, esta causal impide que se realice el análisis de los actos reclamados en dos procedimientos de amparo de manera simultánea, lo que responde a un principio de seguridad jurídica a fin de que no se dicten sentencias contradictorias. Por tanto, cuando se reclamen actos que son materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, el segundo juicio de amparo resulta improcedente. Tampoco será impedimento para estimar actualizada la causal de improcedencia que nos ocupa, el hecho de que se encuentre o no demostrada la existencia del acto reclamado. Así se desprende, en lo conducente de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito del epígrafe y contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SATISFECHOS LOS PRESUPUESTOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO IMPORTA QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL OTRO AMPARO. No es óbice para que sea operante en el juicio de garantías la causal de improcedencia que consiste en la existencia de otro amparo, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, el que los agraviados afirmen que en el amparo precedente no aparece que exista el acto reclamado, ya que, en primer lugar, la causal de improcedencia señalada no se condiciona a que existan los actos combatidos en el primer amparo sino únicamente a que la ley o acto que se reclamen sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución y que ese juicio esté promovido por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables, y en segundo, no podría exigirse el requisito de que los actos reclamados sean ciertos, ya que la apreciación de las pruebas para tener o no por demostrada la existencia de los actos combatidos, se lleva a cabo hasta la sentencia, en los términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, y el artículo 73, fracción III, del ordenamiento citado, parte precisamente del supuesto de que dicha resolución no se ha dictado, esto es, que existe litispendencia". En la especie, para tener por demostrada la causa de improcedencia que se actualiza, se advierte de la certificación de cuenta que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), Ana Karina Reyna Rodríguez promovió demanda de amparo electrónica, la cual fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, el trece de noviembre del año en curso, turnada al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, al día siguiente, quedando registrada bajo el número 920/2019, en la que señaló como actos reclamados y autoridades responsables las siguientes: "Del H. Congreso del Estado de Zacatecas, del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y del H. Ayuntamiento de Zacatecas, en el Ámbito de sus atribuciones, la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación: -De los decretos que contienen la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas y la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente. Específicamente los artículos 29, fracción I, 30, 31 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL SABADO 29 DE DICIEMBRE DE 1984 (ULTIMA REFORMA POG 28-12-2013)-; así como la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, en particular, los numerales 51 y 71, fracción XVII, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. b) De la PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS y el SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS: - La recaudación o recepción de pago de la cantidad de $12,138.37 (Doce mil ciento treinta y ocho pesos 37/100 M.N.), por concepto de IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y CERTIFICACION DE PLANO DE PREDIO URBANO, en términos de los artículos 29 a 33 de la Ley de Hacienda del Municipio del Estado de Zacatecas y 51, 71, fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2019, Zacatecas. Según el recibo Serie B Folio 1563183, el cual fue pagado el 22 de octubre de dos mil diecinueve, al Municipio de Zacatecas, Zacatecas". Lo cual, es un hecho notorio para el suscrito juez federal. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud jurídica, la tesis de jurisprudencia del siguiente rubro y texto: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente". Ahora, en la presente demanda de amparo, la promovente señaló como actos reclamados y autoridades responsables: "Del H. Congreso del Estado de Zacatecas, del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y del H. Ayuntamiento de Zacatecas, en el Ámbito de sus atribuciones, la aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación: -De los decretos que contienen la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas y la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente. Específicamente los artículos 29, fracción I, 30, 31 y 43 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Zacatecas PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS, EL SABADO 29 DE DICIEMBRE DE 1984 (ULTIMA REFORMA POG 28-12-2013)-; así como la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, en particular, los numerales 51 y 71, fracción XVII, PUBLICADA EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. b) De la PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS y el SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS Y PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS: - La recaudación o recepción de pago de la cantidad de $12,138.37 (Doce mil ciento treinta y ocho pesos 37/100 M.N.), por concepto de IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES Y CERTIFICACION DE PLANO DE PREDIO URBANO, en términos de los artículos 29 a 33 de la Ley de Hacienda del Municipio del Estado de Zacatecas y 51, 71, fracción XVII, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2019, Zacatecas. Según el recibo Serie B Folio 1563183, el cual fue pagado el 22 de octubre de dos mil diecinueve, al Municipio de Zacatecas, Zacatecas". De lo anterior, queda evidenciado que el acto reclamado en la demanda que dio origen a este asunto, es materia de otro juicio de amparo previamente promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades en el diverso juicio de amparo 920/2019; por lo tanto, es inconcuso que en el caso se actualiza la figura de litispendencia. Resulta aplicable al caso, la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio". De ahí que, los actos impugnados en el presente juicio son materia del diverso sumario 920/2019, promovido por la propia quejosa, contra las mismas autoridades responsables, por los mismos acto reclamados, demanda que, se encuentra en trámite, en razón a que el día de hoy se admitió a trámite. Así entonces, es inconcuso que al ser el acto reclamado en el presente juicio de amparo materia de un diverso juicio para la protección de derechos fundamentales, promovido por la misma impetrante, contra los mismos actos reclamados atribuidos a las mismas autoridades responsables, se configura la causa de improcedencia en análisis. Así las cosas, al haberse actualizado la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso artículo 113, del cuerpo de leyes invocado, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías promovida por ANA KARINA REYNA RODRÍGUEZ. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizado Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado César López Ramos (4420739) toda vez que tiene su cédula profesional, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por así solicitarlo la quejosa se tienen como autorizadas únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Ivonne Rivera Rivero y María Hidalm Sughey Poblano Ibarra, y como domicilio para tal fin el ubicado en calle Lateral 1202, Torre "B", planta baja, colonia Cerro del Gato, Ciudad Gobierno, en esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

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