Ana Karina Carrera Marcial

Expediente 134/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
134/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
01/03/2019

Partes del expediente

  • Ana Karina Carrera Marcial

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos, agréguese a sus autos el escrito presentado por la quejosa ********************, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el diecinueve de febrero del presente año, exhibe copia simple de la resolución de veintiuno de enero de dos mil diecinueve; dictada dentro del expediente PFC.ZAC.C.1-000534-18, por el Delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Zacatecas; que constituye el acto reclamado; en consecuencia, el secretario en funciones de Juez acuerda: Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.." De la lectura del precepto anterior se advierte el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, que consiste en la carga del impetrante de amparo de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de este. El citado principio (definitividad) tiene su razón de ser en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de amparo, los recursos o medios de defensa ordinarios tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Por su parte, el artículo 14, fracción XI de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dispone lo siguiente: "Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: . XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; ." Y, la aquí quejosa hace consistir el acto reclamado en: "En la resolución de fecha veintiuno de enero del año en curso (2019), dictada dentro del expediente PFC.ZAC.C.1-000534-18, que me fuera notificada el día treinta de enero del año en cuso por medio de la cual se declaran infundadas las consideraciones de agravios hechas valer en el Recurso de Revisión que interpuse contra la resolución administrativa fechada el día trece de septiembre del año dos mil dieciocho, dentro del expediente que dejo precisado, estimando que me correspondía la carga de la prueba para demostrar la ilegalidad del auto combatido y por lo tanto deja firme y confirma dicha resolución impugnada dejando establecido la legalidad de las multas que me impone como propietaria de un negocio que tengo donde se ofertan al público en venta autos usados, estimando en esta instancia que dicha resolución viola garantías en mi perjuicio." De lo antes expuesto se advierte que, la resolución de mérito debe considerarse como aquella que pone fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelve un expediente, lo anterior para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal. En ese contexto, es inconcuso que contra dicha determinación, previo a instar la acción constitucional, la impetrante del amparo debió promover juicio de nulidad respectivo, ya que de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para la suspensión de la ejecución del acto administrativo, este no exige mayores requisitos que los previstos en la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales y, por ende, no se actualiza la excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Tiene sustento lo esgrimido con antelación, en la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), con registro 2008807, página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Materia Administrativa, Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Por tanto, como se dijo, la parte promovente debió de agotar el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente a instar la acción constitucional. Máxime, que en el caso, no se está en la excepción al principio de definitividad consagrado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, relativa a que el acto reclamado carezca de fundamentación, o se aleguen violaciones directas a la constitución, o que el medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, por lo siguiente. La resolución reclamada, sí cuenta con fundamentación al apoyarse en los artículos 83 y 86 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 19, fracción XXIV, del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor; 1° del Acuerdo del Procurador Federal del Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro y 135 de la Ley Federal del Consumidor. Asimismo, no se alega una violación directa a la Constitución, ya que sólo señala violación a los derechos humanos de certeza y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que debió agotar, se encuentra previsto en una Ley Federal, y no en un reglamento; de ahí que no se actualice ninguna excepción prevista en el citado numeral. En esas condiciones, una vez acreditado que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo y, al ser manifiesta e indudable la causa de improcedencia, este Tribunal no está en aptitud legal para dar curso a la demanda de garantías promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Delegado en Zacatecas de la Procuraduría Federal del Consumidor con residencia en Guadalupe, Zacatecas, y lo procedente es desecharla de plano, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Vista, la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Delegado en Zacatecas de la Procuraduría Federal del Consumidor, el secretario en funciones de Juez acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que del análisis de íntegro de la demanda de amparo, se advierte que en la misma la quejosa señala como acto reclamado: "En la resolución de fecha veintiuno de enero del año en curso (2019), dictada dentro del expediente PFC.ZAC.C.1-000534-18, que me fuera notificada el día treinta de enero del año en cuso por medio de la cual se declaran infundadas las consideraciones de agravios hechas valer en el Recurso de Revisión que interpuse contra la resolución administrativa fechada el día trece de septiembre del año dos mil dieciocho, dentro del expediente que dejo precisado, estimando que me correspondía la carga de la prueba para demostrar la ilegalidad del auto combatido y por lo tanto deja firme y confirma dicha resolución impugnada dejando establecido la legalidad de las multas que me impone como propietaria de un negocio que tengo donde se ofertan al público en venta autos usados, estimando en esta instancia que dicha resolución viola garantías en mi perjuicio." Sin que de la narración de los antecedentes del acto reclamado se adviertan datos suficientes que permitan a este órgano jurisdiccional dilucidar la naturaleza y consecuencias del acto que reclama, ya que se abstuvo de narrarlos, lo cual es de esencial importancia para determinar la procedencia del juicio en que se actúa; por tanto, con apoyo en el artículo 114, en relación con el 108 ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del término de cinco días con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y bajo protesta de decir verdad, cumpla con la obligación que le impone la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, y Realice una transcripción de la resolución que constituye el acto reclamado o bien, exhiba una copia de la misma. Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la ley de la materia. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Amparo a los licenciados ********************,********************y ********************, y como domicilio para tal efecto, el ubicado en calle ********************número ******************** (********************), fraccionamiento ********************, en esta ciudad de Zacatecas.

  3. Principal

    CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA Vista, la demanda de amparo promovida por ********************, por su propio derecho, contra actos del Delegado en Zacatecas de la Procuraduría Federal del Consumidor, el secretario en funciones de Juez acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que del análisis de íntegro de la demanda de amparo, se advierte que en la misma la quejosa señala como acto reclamado: "En la resolución de fecha veintiuno de enero del año en curso (2019), dictada dentro del expediente PFC.ZAC.C.1-000534-18, que me fuera notificada el día treinta de enero del año en cuso por medio de la cual se declaran infundadas las consideraciones de agravios hechas valer en el Recurso de Revisión que interpuse contra la resolución administrativa fechada el día trece de septiembre del año dos mil dieciocho, dentro del expediente que dejo precisado, estimando que me correspondía la carga de la prueba para demostrar la ilegalidad del auto combatido y por lo tanto deja firme y confirma dicha resolución impugnada dejando establecido la legalidad de las multas que me impone como propietaria de un negocio que tengo donde se ofertan al público en venta autos usados, estimando en esta instancia que dicha resolución viola garantías en mi perjuicio." Sin que de la narración de los antecedentes del acto reclamado se adviertan datos suficientes que permitan a este órgano jurisdiccional dilucidar la naturaleza y consecuencias del acto que reclama, ya que se abstuvo de narrarlos, lo cual es de esencial importancia para determinar la procedencia del juicio en que se actúa; por tanto, con apoyo en el artículo 114, en relación con el 108 ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la quejosa para que dentro del término de cinco días con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia, y bajo protesta de decir verdad, cumpla con la obligación que le impone la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, y Realice una transcripción de la resolución que constituye el acto reclamado o bien, exhiba una copia de la misma. Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, en términos del artículo 114 de la ley de la materia. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Amparo a los licenciados ********************,********************y ********************, y como domicilio para tal efecto, el ubicado en calle ********************número ******************** (********************), fraccionamiento ********************, en esta ciudad de Zacatecas.

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