Ana Karen Torres Carrera

Expediente 402/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
402/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Ana Karen Torres Carrera

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda que dio origen a este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que este juicio carece de relevancia documental y que después de una búsqueda minuciosa en éste no se encontraron valores, ni documentos originales exhibidos por las partes. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN al haberse desechado la demanda de amparo y carecer de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    FEMENIL Visto el escrito de demanda y copias, presentado por ... por propio derecho, contra actos de la Directora del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno con el número 402/2022. DESECHAMIENTO En el caso, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia este juzgador estima que la demanda de cuenta debe desecharse. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el cambio del dormitorio B 206, al área de aislamiento o a cualquier otro del centro de reclusión el que se encuentra, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, la cual de acuerdo al diverso 62 del mismo cuerpo de leyes debe estudiarse de manera oficiosa. Respecto de dicho acto, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un medio de impugnación. En efecto, la citada legislación prevé varios regímenes relacionados con el tema que regula el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, siendo los principales los siguientes: Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de la legislación especial citada. Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la legislación especial en análisis. El régimen de condiciones de internamiento, es donde se ubica el acto reclamado consistente en la orden de cambio de dormitorio B 206, al área de aislamiento o a cualquier otro del centro de reclusión el que se encuentra, pues forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad, tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, artículos 30 y 31. Para mayor comprensión, resulta necesario transcribir los siguientes artículos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su orden establecen lo siguiente: "Artículo 30. Condiciones de internamiento Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." "Artículo 31. Clasificación de áreas La Autoridad Penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad. (.)" Para salvaguardar lo anterior, la legislación en cita prevé que las personas privadas de su libertad y demás legitimados (familiares, visitantes, defensores, Ministerio Público, organismos de protección de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil), pueden formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones que afecten sus condiciones de internamiento, en términos de lo que establecen los artículos 107, 108, 109 y 110, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin que obste a lo anterior, que si bien la ley en mención hace a alusión a la ejecución de las sentencias, cabe precisar que el artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone: "Artículo 1. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; (.)" Es decir, tratándose a los actos inherentes a la vida en internamiento, ya sea por prisión preventiva o ejecución de una pena será aplicable la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, como parte de la implementación del nuevo sistema de reinserción social, y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas, y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; y establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de esa ejecución penal; cuyas disposiciones, son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, de ahí que esta Ley resulte operable para las autoridades penitenciarias y jurisdiccionales de la Ciudad de México, en cualquier etapa del procedimiento penal. En efecto, la citada legislación prevé un procedimiento administrativo de peticiones a favor de las personas privadas de su libertad, para proteger la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión; peticiones que pueden efectuarse por escrito y, en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes. De igual manera, se establece, de manera específica, que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad alguna, ante el director del centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar la información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, para formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Por otra parte, el artículo 114, de la citada Ley Especial Penal señala que el Director del Centro de reclusión está obligado a resolver sobre las peticiones en un término de cinco días y notificar su determinación en un plazo no mayor a veinticuatro horas; asimismo, si dicha resolución es adversa a los intereses de la persona privada de su libertad, quien haya solicitado la petición administrativa, podrá formular controversia dentro del término de los diez días siguientes a la fecha de la notificación, ante el Juez de Ejecución, pero si los actos que se reclaman son continuos o permanentes, podrán plantearse en cualquier momento. Por su parte, el artículo 115, de la Ley Nacional de Ejecución establece: "Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega." Entonces, si las peticiones hechas valer sobre actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, la cuales de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. De ahí, que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución, en virtud de que los actos que pretende combatir en esta instancia son susceptible a través del medio de defensa previsto en la Ley en comento, sin que se trate de un caso de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. En ese sentido, el Juez de Ejecución de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Por lo que, el acto del que se duele la accionista de amparo, consistente en la reubicación, no puede ser sujeto al análisis inmediato en esta vía bi-instancial, toda vez que de lo antes expuesto, pone de manifiesto la existencia de un procedimiento administrativo de peticiones, relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a la vulneración de sus condiciones de internamiento, como lo es el cambio de dormitorio, y de no obtener una respuesta favorable, la Ley especial en comento, contempla, el acudir al Juez de Ejecución para la solución jurisdiccional de las peticiones que en su caso le formulen las personas privadas de su libertad. En tales condiciones, previo acudir al juicio de amparo debe la disconforme agotar el recurso que prevé la ley especial, en virtud de que el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, conforme dicha ley especial, ya que ésta prevé la suspensión de los efectos de los actos que en esta vía constitucional se reclaman teniendo los mismos efectos que regula la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que considera para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, por lo cual no se trata de un caso de excepción para acudir directamente al Juicio de Amparo. En razón de todo lo expuesto, la causa de improcedencia prevista en el artículos 61, fracción XX, y 113, ambos de la Ley de Amparo, DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, por resultar en este momento notoriamente improcedente la acción por la cual se pretende ejercer. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 79/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro es: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Así como, la jurisprudencia numero VI.1o. J/85 del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 51, tomo 67, julio de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO". No es óbice lo anterior, que la quejosa manifieste que el acto reclamado representa un estado de vulnerabilidad, que pone en riesgo su vida y salud, integridad personal, recibiendo golpes, maltratos, amenazas y agresiones físicas. Sin embargo, de acuerdo a lo plasmado por la parte quejosa, son actos que pudieran acontecer, lo que los convierte en actos futuros y de realización incierta y el juicio de amparo, en términos del artículo 1º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, únicamente procede en contra de actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las prerrogativas otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; es decir, procede contra actos ciertos y concretos y no probables o eventuales, razón por la que no es posible tener estos actos como reclamados en este sumario. Además, cabe precisar que en tratándose de los actos a que se refiere el artículo 126, fracción I, de la Ley de Amparo, en términos del último párrafo de dicho precepto legal, los efectos de la suspensión de oficio y de plano, únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro de los quejosos o la ejecución de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, razón por la cual resulta evidente que en relación con dichos actos deben existir situaciones de modo, tiempo y lugar, de las cuales se infiera que las violaciones al artículo 22 constitucional sean reales, y no simples expectativas o suposiciones de su posible existencia, por ello, no ha lugar a decretar la suspensión de plano. No obstante lo anterior, hágase del conocimiento del Director del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se encuentra interna la quejosa para que en el ámbito de sus facultades garantice los derechos humanos de aquella. DE LA PARTE QUEJOSA: La quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, por lo tanto, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle personalmente esta determinación, así como las subsecuentes en el lugar de su reclusión. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Y REQUERIMIENTO DE ALGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN En términos del artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les exhorta a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, esto es: a) Promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; b) Consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran sus expedientes de amparo; y, c) Solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Para lo cual, deberán solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. La actuación por este medio requerirá de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, conforme con lo dispuesto en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General en cita, se requiere a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DIGITALES. Con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y en atención a lo dispuesto en la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se permite fotocopiar los acuerdos que se emitan en el presente asunto a través del medio digital correspondiente, para lo cual se procurará evitar fotocopiar, fotografiar o escanear, las firmas y sellos que aparezcan en éstos; con excepción de las constancias respecto de las que, en su caso, se deba guardar sigilo, por lo que, únicamente las podrán tener a la vista en el plazo que para tal efecto establece la ley de la materia. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Con base a lo dispuesto por el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 9, 16, 68, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, este juzgado está constreñido a garantizar el acceso a la información pública, así como a proteger los datos personales con los que cuenta, con motivo de la demanda de amparo que se provee, llevando a cabo las versiones públicas correspondientes, en las que deberán testarse las secciones reservadas o confidenciales, ello en pleno respeto a una interpretación armónica de los artículos mencionados y en atención al principio pro persona, como así lo establece el último párrafo del artículo 6 del ordenamiento citado. NOTIFICACIONES El presente acuerdo, así como los que se dicten subsecuentemente, se publicarán en su totalidad -salvo datos sensibles o confidenciales- bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN AL ACTUARIO Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilita al actuario judicial para que en su caso, en días y horas inhábiles, realice las notificaciones personales que se ordenen, las cuales deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y, personalmente a la quejosa en el lugar de su reclusión.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,802 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano