Ana Karen Matus Jauregui
Expediente 177/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/05/2017
Partes del expediente
- Ana Karen Matus Jauregui
Actuaciones
- Principal
Ensenada, Baja California, ocho de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito, con sede en Tijuana, Baja California; atento a su contenido, queda enterado este Juzgado que mediante proveído de diez de abril de dos mil diecisiete, dicho órgano colegiado aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la demanda promovida por Ana Karen Matus Jáuregui, por derecho propio, la cual quedó registrada con el número de juicio de amparo directo laboral 292/2017-II. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, se declara que el expediente de amparo en que se actúa no es de relevancia documental, al no satisfacer las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, con fundamento en el capítulo quinto, referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se declara que este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurran seis meses contados a partir de que se ordenó su archivo. Notifíquese.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.... Ensenada, Baja California, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda, formulado por Ana Karen Matus Jáuregui, por derecho propio, mediante el cual promueve juicio de amparo indirecto, contra actos de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar con el número de juicio de amparo indirecto 177/2017. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria reclama la determinación de diez de febrero de dos mil diecisiete, en la que se resolvió la tercería excluyente de dominio promovida por Margarita Morales López, dentro del expediente 327/2015, interlocutoria en la cual se declaró procedente dicha tercería excluyente de dominio, instaurada en contra del embargo de un bien mueble trabado el cuatro de julio de dos mil dieciséis, en los autos del expediente laboral citado, del índice interno de la Junta Especial número uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Ahora, el primer párrafo del artículo 16 Constitucional, prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad, uno de ellos consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que previo a cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada. Es aplicable la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 218721, consultable en la página 456, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así las cosas, la tercería excluyente de dominio que promovió Margarita Morales López, al tener la naturaleza de un juicio, la resolución que se dicta en aquélla pone fin al mismo, por ello, es un acto que solamente puede impugnarse a través del amparo directo. Para demostrar lo anterior es necesario trascribir el contenido de los numerales 976 y 977, ambos de la Ley Federal del Trabajo, que señalan: "Artículo 976. Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las primeras tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de terceros; las segundas obtener que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados." "Artículo 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el Pleno, por la Junta Especial o por la de Conciliación que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma incidental, conforme a las normas siguientes: I. La tercería se interpondrá por escrito, acompañando el título en que se funde y las pruebas pertinentes; II. La Junta ordenará se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las partes a una audiencia, dentro de los diez días siguientes, en la que las oirá y después de desahogadas las pruebas, dictará resolución; III. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo dispuesto en los capítulos XII, XVII y XVIII del título catorce de esta ley; IV. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate; la de preferencia el pago del crédito; y V. Si se declara procedente la tercería, la Junta ordenará el levantamiento del embargo y, en su caso, ordenará se pague el crédito declarado preferente." De la lectura de los artículos transcritos se desprende que las tercerías constituyen una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, la cual se ejerce por un tercero ajeno a la controversia; es decir, en ellas se discute un problema sustantivo diferente al que se controvierte en el procedimiento del que derivan. Asimismo, se advierte que su promoción no suspende el curso del negocio del cual derivan; que se ventilan por cuerda separada a través de un procedimiento propio en forma incidental, en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, como consecuencia de lo cual el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes. En ese orden, las tercerías son verdaderos juicios, tanto material como formalmente, dado que en las mismas se tramita una acción de oposición ejercida por un tercero respecto de la propiedad de bienes embargados, o en cuanto a la preferencia de los créditos que deban cubrirse con el producto de aquéllos, que forzosa y necesariamente debe resolverse mediante la sustanciación de un procedimiento contradictorio en el que se dé oportunidad a las partes de plantear sus pretensiones, rendir pruebas y formular alegatos, y la circunstancia de que se siga de manera incidental, no le hace perder esa naturaleza porque lo que se debate en ella difiere de la cuestión de fondo planteada en el juicio laboral con el que se vincula. Lo anterior es así, en atención a que la materia de la controversia en la tercería es distinta a la que se debate en el juicio principal, pues aun cuando éste es el que le da origen, lo cierto es que lo que a través de ella se pretende, es que no se afecten los derechos del tercerista por la resolución que se emita en el juicio principal, derechos que en ambas contiendas son distintos; por tanto, la resolución que recaiga a la tercería con carácter de cosa juzgada, no se ve afectada por lo que se resuelva en el juicio de donde derivó. Además, aunque el artículo 977 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las tercerías se tramitarán en forma incidental, ello no significa que participen de la naturaleza de un verdadero incidente, ya que esa disposición sólo se refiere al aspecto formal procesal en que se tramita, con semejanza al procedimiento que siguen los incidentes, pero su naturaleza y fines son propios del juicio, como anteriormente se estableció. En apoyo a lo anterior se cita, en lo conducente, la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, publicada en la página 952, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de dos mil cinco, materia laboral, que indica: "TERCERÍAS EXCLUYENTES DE DOMINIO O DE PREFERENCIA DE CRÉDITO EN MATERIA LABORAL. TIENEN NATURALEZA DE JUICIO Y NO DE INCIDENTE, POR LO QUE LA SENTENCIA QUE LAS RESUELVE ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. De los artículos 976, 977 y 978 de la Ley Federal del Trabajo se advierte que las tercerías excluyentes de dominio o de preferencia, tanto material como formalmente, tienen la naturaleza de juicio y no de incidente, pese a que el segundo de los preceptos citados establezca que se tramitarán en forma incidental, pues esta mención sólo se refiere a la forma procesal, pero no a su naturaleza sustancial, toda vez que mientras el incidente resuelve generalmente cuestiones de carácter adjetivo, la tercería decide un aspecto sustantivo (la propiedad del bien embargado o la preferencia del crédito reclamado), ajeno a la cuestión ventilada en el juicio del que surge, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. Además, el tercero es ajeno a la controversia principal y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquélla; la nueva acción se ventila por cuerda separada a través de un procedimiento singular en el que el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes, y no suspende el curso del juicio preexistente, lo que evidencia que las tercerías excluyentes son formalmente juicios y, por ende, que las resoluciones que las deciden en cuanto al fondo, por tratarse de sentencias definitivas, son impugnables en amparo directo, en términos de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo." Así como, la Jurisprudencia 2a./J.54/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XXV, abril de dos mil siete, página quinientos treinta y uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, materia laboral, de rubro siguiente: "TERCERÍAS EN MATERIA LABORAL. A LAS RESOLUCIONES QUE SE DICTEN EN DICHOS PROCEDIMIENTOS NO LES SON APLICABLES LAS REGLAS DE LOS ARTÍCULOS 885 AL 890 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO." De lo anterior es dable concluir que, en materia laboral, las tercerías excluyentes de dominio tienen la naturaleza jurídica de un verdadero juicio; consecuentemente, las resoluciones que las deciden deben ser impugnadas a través del juicio de amparo directo, tal y como lo establece el artículo 170 de la Ley de Amparo, ya que constituye una resolución que puso fin al juicio. En ese sentido, este juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, pues el acto de reclamo consiste esencialmente en una resolución que pone fin al juicio (tercería excluyente de dominio derivada del expediente laboral 327/2015). La competencia constitucional de los Tribunales Colegiados está prevista por el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: [.]". Por otra parte, los artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales en lo conducente señalan: De la Ley de Amparo: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo." "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. [.]". De la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: [.]". Del análisis de los artículos transcritos, se colige que este Juzgado carece de competencia legal para proveer sobre la demanda, en términos de los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución reclamada puso fin al juicio; de ahí que al reclamarse dicha determinación, se está en el supuesto que prevén los citados artículos de la ley de la materia; por ello, es competente para conocer de dicha demanda, el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Tijuana, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, fracción I, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior porque, se reitera, las tercerías excluyentes de dominio tienen naturaleza de juicio y no de incidente; por ello, la resolución que las dirime debe combatirse a través del juicio de amparo directo. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase la demanda y sus seis copias de traslado al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Quinto Circuito en turno, con residencia en la ciudad de Tijuana, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, a fin de que en su oportunidad se sirva informar la determinación que se emita sobre el presente asunto. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden de ideas, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, quien esto provee autoriza la expedición a costa del promovente y de las partes que se lleguen a reconocer, de las copias simples de las constancias que integren el presente expediente, previa toma de razón que de su recibo se deje en autos, por persona autorizada para tal efecto. En esa misma tesitura, se considera que no existe inconveniente para que las personas autorizadas en el presente juicio de amparo, reproduzcan los acuerdos dictados en el sumario en que se actúa, mediante el uso de aparatos electrónicos como lo son cámaras o lectores ópticos, siempre y cuando no se trate de aquéllas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, dejando constancia en autos de la copia realizada. En vista de lo anterior, dígaseles que el uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en calle Mina, número ciento ochenta y nueve (189), fraccionamiento Bahía entre Cortez y boulevard Ramírez Méndez, de esta ciudad; y, por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alberto Muñoz Avilez, Ricardo Antonio Muñoz Salgado, Edgar Ramón Cázares Palacios, Ayuxi Rubí Verdugo Corchado y Edgar Manuel Ramírez Salgado. Lo anterior, no obstante que la quejosa autorizó a los citados profesionistas en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo; ello dado que es evidente el error de la promovente en la cita del mismo, por lo que, se insiste, en términos del dispositivo jurídico 76, del mencionado ordenamiento legal, se autoriza a los referidos profesionistas en términos del artículo 12 de la ley de la materia. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que los sujetos obligados, entre otros el Poder Judicial, serán responsables del cumplimiento de las obligaciones, procedimientos y responsabilidades establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor del artículo 68 de esta última legislación; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio pueden manifestar en forma expresa si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Además, que de conformidad con el artículo 97 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de los artículos 97 a 109 de la mencionada ley. Finalmente, que el derecho a oponerse a la publicación o difusión de sus datos personales, específicamente en las listas de notificación por estrados y/o medios electrónicos, será procedente hasta el momento en que el juicio se encuentre concluido; pues mientras esté en trámite el tratamiento de los datos personales que aparecen en esas listas, tiene como finalidad facilitar el seguimiento del juicio y evitar que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes que intervienen en el mismo, por lo que su difusión no requiere el consentimiento expreso del titular a quien pertenece. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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