Ana Karen Martínez Flores
Expediente 881/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/10/2018
Partes del expediente
- Ana Karen Martínez Flores
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para desahogar la prevención formulada en proveído de ocho del mes en curso (fojas 5 y 6), sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con que se conminó, esto es, este juzgado se pronunciará únicamente respecto de la autoridad que no fue materia de la citada prevención. Ahora, de la demanda se advierte que la quejosa reclama la ejecución de la orden de localización, presentación, arresto o cualquier otra que implique detención dictada en su contra, que atribuye al director de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los dispositivos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. .". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: . III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; .". Bajo este marco jurídico, es claro que los Tribunales de la Federación conocen de los juicios de amparo contra normas generales, actos u omisiones, de las autoridades que violen derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección; esto es, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, es necesario que el ente del Estado contra el que se sigue el juicio, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute, o trate de ejecutar una norma de carácter general o un acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En relación con lo que debe entenderse por autoridad responsable, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". Precisado lo anterior, del escrito de demanda se advierte que quien pudo haber librado la orden reclamada, es el responsable de la fiscalía mencionado en la misma, sin embargo, al no haberse desahogado la prevención formulada en autos, es que no se tiene como autoridad responsable en el presente juicio. Por tanto, es incuestionable que en el caso se actualiza la causal de improcedencia aludida, toda vez que no es jurídicamente posible admitir la demanda respecto de la ejecución de una orden como la reclamada, si la autoridad que fue señalada como ordenadora -quien pudo haberla emitido-, no fue emplazada al presente controvertido, más aún cuando dicha ejecución no se reclama por vicios propios. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria, se desecha de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente.
- Principal
Ciudad de México, a ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda promovida por Ana Karen Martínez Flores, contra actos del responsable de la Fiscalía Central de Investigación en Materia de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 881/2018. Previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que la justiciable esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevéngase a la quejosa para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos su notificación, subsane la deficiencia en que incurrió: - Esto es, mediante escrito y bajo protesta de decir verdad, señale como parte de los hechos y abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes de los actos reclamados o fundamento de los conceptos de violación, las razones por las que atribuye el carácter de autoridad ordenadora al responsable de la Fiscalía Central de Investigación en Materia de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad. Lo anterior es así, pues del capítulo de "HECHOS" de la demanda que se provee, no se advierte que exista relación alguna con los actos que reclama, de manera que deberá justificar mediante narrativa y bajo protesta de decir verdad los motivos del señalamiento de la autoridad cuestionada. Así, se considera necesario que realice una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo que resultan relevantes para conocer la verdad legal, pues dados los términos en que se encuentra redactada la demanda, no se cuenta con mayores elementos para acordar lo que en derecho corresponda. Y es que para la admisión de la demanda de amparo indirecto es necesario que se reúnan los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, entre los que se encuentra el precisado en la fracción V, que dice: "...Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación...". Sirve de apoyo, la tesis aislada emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, abril de 2006, del rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". En el entendido que al desahogar dicho requerimiento deberá proporcionar las copias del escrito del escrito aclaratorio, en términos del numeral 110 de la ley en cita. Apercibida que de no desahogar la presente prevención en los términos apuntados, se proveerá únicamente respecto de la autoridad que no fue materia de la misma. Por otro lado, ténganse como autorizadas a las personas que indica, en los términos que se precisan; asimismo, como lo solicita la quejosa, todas las notificaciones deberán de realizarse por lista de acuerdos que se publica en este juzgado, en virtud que señaló para tal efecto los estrados. Finalmente, en cuanto a su solicitud relativa a que se permita la toma de fotografías de escritos y diversas actuaciones que deriven de este juicio, dígasele que en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, el Pleno del Consejo de la Judicatura, dispuso: "no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos", de lo que se advierte que el uso de los citados aparatos, se permitirá exclusivamente para imponerse de acuerdos dictados en el expediente, y no de notificaciones, resoluciones, informes de ley o cualquier otro tipo de constancia que se encuentre integrada en autos, lo anterior a fin de no transgredir disposiciones relativas a la transparencia y acceso a la información pública, respecto de los expedientes que se tramitan en este juzgado. Por tal motivo, se autoriza hacer uso de los dispositivos necesarios, única y exclusivamente para imponerse de los acuerdos dictados en este controvertido. En el entendido que los servidores públicos adscritos al área de actuaría, deberán vigilar el estricto cumplimiento a lo acordado en el párrafo que antecede.
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