Ana Karen Jackson Reyes

Expediente 1148/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1148/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Ana Karen Jackson Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de febrero del citado año, en la que se negó el amparo y protección de la justicia federal en el presente juicio de amparo 1148/2022-I, promovido por Ana Karen Yackson Reyes; con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se negó la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este Juzgado Federal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    I... de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico a la quejosa y al tercero interesado Irving Jahir López Pérez, la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, toda vez que no se presentaron a recibir la notificación respectiva de manera personal...

  3. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo 1148/2022-I, promovido por Ana Karen Jackson Reyes, contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, turnado a este Juzgado de Distrito el ocho siguiente, Ana Karen Yackson Reyes, solicitó la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad responsable y acto reclamado siguientes: "Autoridades responsables. 1.- Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado. Acto Reclamado: "Lo constituye el proveído dictado por la responsable el día catorce de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente 01219/2016, mil doscientos diecinueve diagonal dos mil dieciséis, en el cual se resuelve el recurso de revocación que la suscrita promoví contra el proveído de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el cual niega tener por precluido el derecho de la contraparte dentro del juicio de origen, para el efecto de que le sea impuesta la medida de apremio con la que fuera prevenido mi contraparte; apoyándose la autoridad responsable, en que el cumplimiento se dio al dar contestación el autorizado conforme al 68 Bis, sin que fuera tomado en cuenta que lo ordenado por el juzgado de origen fue requerimiento "bajo protesta de decir verdad", además de llevar una imposición de medida de apremio para el caso de ser omiso, lo que constituía una notificación personal directamente a la parte contraria de la suscrita, hecho que en la especia no se realizó, lo que provocó que bajo la información que proporcionó el autorizado sin que medie prueba fehaciente de que sean los ingresos reales del deudos alimentario, se determinó por parte de la Juez Familiar la cantidad de dos salarios mínimos pagaderos a la semana, para cubrir las necesidades alimentarias de un menor de edad, lo que conculca los derechos constitucional y convencionalmente consagrados del infante". Lo que estimó contrario a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. En proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda de garantías, la cual se registró en el libro de gobierno bajo el número que le correspondió; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual una vez integrado el expediente, tuvo verificativo según el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado el criterio de que el juez constitucional debe interpretar el escrito de demanda en su integridad con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, razón por la cual está constreñido a armonizar los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, de tal suerte que la sentencia que dicte en el juicio de amparo contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Sobre el particular se invocan los siguientes criterios: La Jurisprudencia 2a./J. 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 195745, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998, página 227, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Así también, la Tesis Aislada de Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 220045, correspondiente a la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Marzo de 1992, página 128, que señala lo siguiente: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado". De igual forma, la Tesis Aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181810, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, se tiene que el acto que Ana Karen Yackson Reyes reclama, consiste en: La resolución de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expediente 1219/2016, relativo al juicio ordinario civil sobre reglas de convivencia y alimentos promovido por la quejosa Ana Karen Yackson Reyes, en contra de Irving Jahir López Pérez, en la cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte actora en contra del auto de veintinueve de septiembre del año próximo pasado. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, ya que así lo señaló al momento de rendir su informe justificado. Además, su certeza se corrobora con las constancias que anexó derivadas del expediente 1219/2016, relativo al juicio ordinario civil sobre reglas de convivencia y alimentos promovido por la quejosa Ana Karen Yackson Reyes, en contra de Irving Jahir López Pérez; documentales a las que se otorga pleno valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 305, visible en la página 206, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio del fondo de este asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o que de oficio las advierta este órgano jurisdiccional, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza, salvo la que se estableció en el considerando tercero de esta sentencia. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En principio se destaca que no resulta necesario transcribir los motivos de disenso planteados, por así autorizarlo la siguiente jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Previo a analizar los conceptos de violación hechos valer, se estima oportuno precisar los siguientes antecedentes, los cuales se obtienen de las constancias que la autoridad responsable Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, allegó con su informe justificado: Mediante escrito presentado del veintinueve de junio de dos mil dieciséis, ante la Oficialía Común de Partes de los Juzgados Civiles del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, Ana Karen Yackson Reyes, promovió juicio ordinario civil sobre reglas de convivencia en contra de Irving Jahir López Pérez (fojas 31a 41). Por acuerdo de uno de julio de dos mil dieciséis, por razón de turno, el Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, radicó el expediente bajo el número 1219/2016 y ordenó la tramitación del mismo (fojas 60 a 62). Posteriormente, una vez seguido su trámite, el nueve de septiembre de dos mil veintidós, se requirió al demandado Irving Jahir López Pérez, para que manifestara bajo protesta de decir verdad, si contaba con una fuente laboral o bien si desempeñaba algún oficio, arte o profesión de la cual le remunerara ingresos (foja 249). En atención a lo descrito en el párrafo anterior, mediante acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, el licenciado Jesús José Payán Saldaña, autorizado del demandado en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, dio contestación al requerimiento realizado el nueve del mismo mes y año, a lo que manifestó que Irving Jahir López Pérez, no cuenta con una fuente laboral que le remunere ingresos, pero que como prestador de servicios desempeña el oficio de técnico electricista, mismo que le genera la ganancia de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100) semanales, dando un promedio de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100) mensuales (foja 169). Posteriormente, el veintinueve de septiembre del año próximo pasado, la licenciada Isis Abril Nájera Villanueva, autorizada en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, de la parte actora Ana Karen Yackson Reyes, compareció al expediente de origen a solicitar que se tuviera por precluido el término otorgado al demandado en el diverso proveído de nueve de septiembre del mismo año; sin embargo, la jueza de primera instancia determinó que no era procedente acordar lo pretendido, puesto que el abogado autorizado del demandado dio cumplimiento al citado requerimiento, por lo que eso fue suficiente para tenerlo por acatado (foja 269). Inconforme con lo anterior, la licenciada Isis Abril Nájera Villanueva, autorizada de la actora Ana Karen Yackson Reyes, interpuso recurso de revocación en contra del acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós (foja 277). Finalmente, en resolución de catorce de octubre de dos mil veintidós, la Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, determinó improcedente el recurso de revocación intentado por la parte actora, confirmando el auto recurrido de veintinueve de septiembre del mismo año (fojas 283 a 287). Hasta aquí los antecedentes. Una vez asentado lo anterior, se adelanta, el concepto de violación esgrimido por la quejosa Ana Karen Yackson Reyes, es infundado, aún suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, puesto que la quejosa alega que la Jueza de primer grado tuvo por admitida una manifestación que debe ser personal, pues conlleva una manifestación hecha bajo protesta de decir verdad, ya que la información de los ingresos que percibe la parte contraria determinará los alimentos que gozará un niño a lo largo de su infancia, y que validar la pronunciada por su autorizado, lo eximirá de responsabilidades en caso de que este faltare a la verdad. Sin embargo, como se dijo, deviene infundado dicho argumento aún suplido en su deficiencia, pues como bien lo señala la Juez responsable en la resolución recurrida, el abogado autorizado en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, tiene la facultad de realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos de su autorizante. En efecto, el dispositivo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 68 Bis.- Las partes podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia o hacer promociones para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas designadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado, debiendo proporcionar los datos correspondientes al registro de su título profesional ante el Tribunal Superior de Justicia, en el entendido que el autorizado que no cumpla, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiese designado, y únicamente tendrá las que se indican en el antepenúltimo párrafo de este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo serán responsables, ante quien las autorice, de los daños y perjuicios que causen de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para el mandato y las demás relacionadas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Las partes podrán autorizar personas solamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, quienes deberán ser cuando menos Pasantes en Derecho, y no gozarán de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores. El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo, deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada. Así mismo, las partes podrán solicitar la autorización para sí o por persona autorizada en los términos que establecen los párrafos anteriores, el acceso a la Página Electrónica que para tal efecto tiene el Poder Judicial del Estado, debiendo proporcionar el nombre del usuario previamente registrado en la base de datos del Órgano Jurisdiccional, lo que les permitirá consultar en forma completa el expediente electrónico. Igualmente, si así lo desean, las partes podrán autorizar que a través del correo electrónico, y mediante el sistema del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado, se les realicen notificaciones, aún las de carácter personal, ordenadas con posterioridad a la fecha en que se otorgue este tipo de autorización, generándose en cada diligencia electrónica un registro que contendrá folio, juzgado, expediente, fecha y hora de cada notificación, el cual será agregado a los autos y se tendrá por legalmente practicada la notificación hecha por este medio, surtiendo sus efectos en los términos previstos por el artículo 63 de este Código. Se excluye de la anterior forma de notificación el emplazamiento a juicio y las demás que el juez así lo considere conveniente. La consulta de expedientes electrónicos y las notificaciones personales electrónicas, que se realicen mediante la utilización del Tribunal Electrónico del Poder Judicial, se ajustarán a los lineamientos de operación para el uso de éste que se establezcan, por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, a través del reglamento que para tal efecto emita." Lo subrayado con negrita es por parte de este Juzgado. Del numeral transcrito con anterioridad se desprende que las partes podrán autorizar para oír y recibir notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, intervenir en la diligenciación de exhortos, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia o hacer promociones para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. Asimismo, del segundo párrafo del mencionado dispositivo 68 Bis, se destaca que las personas autorizadas en los términos de ese artículo serán responsables, ante quien las autorice, de los daños y perjuicios que causen de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para el mandato y las demás relacionadas. En esa índole, lo infundado del concepto de violación recae en que el multicitado artículo 68 Bis, da la pauta para que el abogado autorizado, en este caso el licenciado Jesús José Payán Saldaña, entre otras cosas, realice cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante; sin embargo, tal encargo trae consigo una consecuencia en caso de que se causen daños y perjuicios con el ejercicio de su mandato. En efecto, en el proveído recurrido en revocación de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, la parte actora, por conducto de su autorizada licenciada Isis Abril Nájera Villanueva, solicitó que se tuviera por precluido el término otorgado al demandado Irvin Yahir López Pérez, en el diverso acuerdo de nueve de septiembre del mismo año, en el que se le requirió para que manifestara bajo protesta de decir verdad, si contaba con una fuente laboral o bien si desempeñaba algún oficio, arte o profesión de la cual le remunerara ingresos. Sin embargo, el licenciado Jesús José Payán Saldaña, autorizado del demandado en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, compareció mediante escrito acordado el veintiuno de septiembre del año pasado, en el cual dio contestación al requerimiento realizado y manifestó que Irving Jahir López Pérez, no cuenta con una fuente laboral que le remunere ingresos, pero que como prestador de servicios desempeña el oficio de técnico electricista, mismo que le genera la ganancia de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100) semanales, dando un promedio de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100) mensuales. Luego, tal y como lo señaló la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta ciudad, al resolver el recurso de revocación el catorce de octubre de dos mil veintidós, el licenciado Jesús José Payán Saldaña, tiene la facultad para realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos de su autorizante Irving Jahir López Pérez, por lo que en caso contrario, sería responsable al no cumplir con su mandato, pues de darse el supuesto, en el acuerdo de nueve de septiembre del año próximo pasado, se apercibió con multa conforme al numeral 16 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, en caso de incumplimiento al requerimiento o de faltar a la verdad. Ello es así, pues como lo destaca la Jueza de primera instancia, el objetivo principal era que se informara a ese juzgado la capacidad económica del demandado Irving Jahir López Pérez, para así poder determinar una pensión alimenticia provisional en favor del menor involucrado en el asunto, lo que sucedió en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el que se fijó como medida provisional a favor de la menor de iniciales J.A.L.J., el pago de la pensión alimenticia equivalente a dos salarios mínimos semanales, lo que es equivalente aproximadamente al treinta por ciento de la utilidad reportada por el deudor alimentista y mayor a la que recibía con anterioridad. Máxime que, el licenciado Jesús José Payán Saldaña, autorizado del demandado en el asunto de origen, en ningún momento refirió que a nombre propio dio cumplimiento al requerimiento hecho al demandado en el asunto de origen, sino que, del escrito presentado ante la Jueza responsable el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se advierte que Irving Jahir López Pérez, bajo protesta de decir verdad, le manifestó que no contaba con una fuente laboral que le remunere ingresos, pero que como prestador de servicios desempeña el oficio de técnico electricista, mismo que le genera la ganancia de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100) semanales, dando un promedio de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100) mensuales. Por lo que, es evidente que fue el propio demandado quien le hizo esa manifestación bajo protesta de decir verdad a su autorizado, mismo que la hizo llegar al Juzgado responsable, con las facultades y restricciones que le otorga el artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, como su autorizado. Por lo tanto, este Juzgado considera que el abogado autorizado en términos del artículo 68 Bis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, sí tiene la facultad de realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos de su autorizante, pues como se mencionó anteriormente, en caso de que sus manifestaciones faltaren a la verdad, será responsable, ante quien lo autorice, de los daños y perjuicios que causen de acuerdo a las disposiciones aplicables del citado código para el mandato y las demás relacionadas. Entonces, como se dijo, el concepto de violación esgrimido por la quejosa Ana Karen Yackson Reyes, es infundado, aún suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. En ese tenor, resulta acertada la resolución de catorce de octubre de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, en esta ciudad, que declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte actora y confirma el auto recurrido de veintinueve de septiembre de ese año. Sobre estas bases, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Ana Karen Yackson Reyes, pues el concepto de violación que plasmó en su demanda inicial resulta infundado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo en vigor, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA y NI PROTEGE a Ana Karen Yackson Reyes, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable citada en el considerando tercero, por los motivos que se expusieron en el último de los considerandos de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hasta el día veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, fecha en que se terminó de engrosar, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el informe justificado rendido por la Jueza del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. De igual forma, téngase a dicha autoridad cumpliendo con la exigencia establecida en el párrafo quinto del invocado precepto legal, ya que remite documentales para justificar su dicho. Notifíquese.

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