Ana Karen Guadalupe Meza Uribe

Expediente 1092/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1092/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Ana Karen Guadalupe Meza Uribe

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se desprende que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en el departamento de oficialía, no se tiene registro de promoción alguna que indique que la parte quejosa recurriera el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a este sumario, dentro del término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, considerando que ésta fue notificada el veintitrés siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veintisiete de diciembre de dos mil veintidós al tres de enero del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este juicio de amparo es DESTRUIBLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que se desechó de plano la presente demanda.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA

  3. Principal

    RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo firmada autógrafamente por la demanda de amparo presentada por Ana Karen Guadalupe Meza Uribe, por su propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, el juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, fórmense el expediente y radíquense con el número 1092/2022. PREVENCIÓN. A efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda, es necesario señalar lo que el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo establece: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; y (.) Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. Precisado lo anterior, en la demanda de amparo, la promovente señaló como acto reclamado lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO. PRIMERO. Del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Mazatlán, Sinaloa; se le reclama: La abstención e inhibición de implementar y ejecutar en contra del H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, las medidas distintas y necesarias más eficaces para obtener la ejecución del laudo ejecutoriado emitido el dos de mayo del año dos mil veintidós, dictado dentro del juicio laboral número TMCA-0175/2019, en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, facultades que le son conferidas por el artículo 131 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa; y que debido a su inopia o complacencia, ha dejado de aplicar e interpretar correctamente dicho dispositivo legal en perjuicio de la quejosa; es decir, ha dejado de aplicar los instrumentos o medidas legales idóneas en contra de la autoridad municipal demandada para vencer su contumacia; tendientes a lograr y garantizar la eficaz e inmediata ejecución y cumplimiento del laudo ejecutoriado, en franca violación a los artículos 16, 17 y 128 Constitucionales. Ya que con la omisión por parte de la autoridad señalada como responsable en proseguir con las diligencias de requerimiento de pago y embargo de bienes de la patronal enjuiciada, y con ello dilatar más el procedimiento con el que se pueda resarcir el daño causado a la quejosa con motivo del despido injustificado que fui objeto por la ahora patronal condenada. Dicho en otras palabras, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948 y 949 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que corresponde al presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, conocer de las actuaciones relacionadas con la ejecución de los laudos, al ser quien debe dictar las medidas necesarias para que dicha ejecución sea pronta y expedita. 'Que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. Que, en su caso, los gastos que se originen con su ejecución serán a cargo de la parte que no cumpla. Que debe despacharse para el pago específico de la cantidad líquida a que se haya condenado expresamente en el laudo, cuidando que ello se otorgue personalmente. SEGUNDO. Del C. Presidente Constitucional y Tesorero, como del propio H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, se reclama: Los actos negativos, consistentes en la abstención u omisión de cumplir con el laudo dictado el veintiséis de abril del año dos mil veintiuno dictados dentro del juicio laboral número TMCA-175/2019, esto a pesar que el mismo le fue notificado, en tiempo y forma, y no obstante que el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo señala lo siguiente: "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. De dicho preceptos se advierte que corresponde conocer al presidente de la Junta por cuanto a la ejecución de los laudos, quien debe dictar las medidas necesarias para que dicha ejecución sea pronta y expedita y que los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación y los gastos que se originen en su ejecución serán a cargo de la parte que no cumpla, además que su ejecución, debe despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago específico de cantidad líquida a que se haya condenado expresamente en el laudo y el presidente de la Junta cuidará que ello se otorgue personalmente. Por consiguiente, es necesario que la quejosa precise con exactitud: (1) la fecha exacta del laudo dictado en el juicio laboral TMCA-175/2019, toda vez que en el párrafo primero del capítulo relativo al acto reclamado refiere fue ejecutoriado el dos de mayo de dos mil veintidós y en el segundo señala el veintiséis de abril de dos mil veintidós; asimismo, (2) manifieste si luego de dictado el laudo y que haya quedado firme, solicitó al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, la ejecución del laudo correspondiente y, en su caso, cuál fue el sentido del acuerdo que recayó a esa petición, lo cual constituye la materia de su reclamo. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda sobre la admisión de la demanda de mérito, con fundamento en los artículos 112 y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción V, prevéngase a la quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y con copia para cada una de las partes, aclare su demanda de amparo, manifestando bajo protesta de decir verdad (1) la fecha exacta del laudo dictado en el juicio laboral TMCA-175/2019 y (2) manifieste si luego de dictado el laudo y que haya quedado firme solicitó al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, la ejecución del laudo correspondiente y, en su caso, cuál fue el sentido del acuerdo que recayó a esa petición, lo cual constituye la materia de su reclamo. APERCIBIMIENTO. Por tanto, de conformidad con el precepto 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de no atender puntualmente el anterior requerimiento, se tendrá por no presentada la demanda en que se actúa. En el entendido que, en caso de cumplir la prevención en la vía ordinaria deberá exhibir una copia del libelo aclaratorio para cada una de las partes en el juicio, ya que atendiendo a la deficiencia destacada, aquél en que se subsane integrará el libelo inicial, requisito que no tendrá que cumplir si la realiza mediante juicio en línea. Del mismo modo, se previene al ocursante que la aclaración de que se trata deberá formularla directamente, toda vez que sus autorizados no se encuentran facultados para ello. Lo anterior, encuentra fundamento en la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, por analogía, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Asimismo, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA." DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, en relación con el 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Río Nazas número 158-4, colonia Ferrocarrilera, en Mazatlán, Sinaloa. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Barnaby Miguel Cárdenas Rodríguez y Araceli Martínez Mendoza, quienes tienen registradas sus cédulas profesionales números 404385 y 5571838, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y con apoyo en la parte final del ordenamiento antes señalado, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Consuelo Guadalupe Pérez Valdez y Martha Judith Arroyo Cuevas, por no contar con dicho requisito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la secretaria para que dé fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente, sin perjuicio de que las partes puedan solicitas copias simples del expediente en que se actúa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". COMUNICACIONES NO PROCESALES. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I, y 22, fracción II, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.

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