Ana Karen Galindo Rodríguez

Expediente 779/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
779/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/08/2021

Partes del expediente

  • Ana Karen Galindo Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 779/2021-IX. En veinte de agosto de dos mil veintiuno, Ana Laura Solis Flores, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, certifica: el plazo de cinco días previsto por el artículo 98 párrafo primero, de la Ley de Amparo, para recurrir el acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno, transcurrió del diez al dieciséis de agosto del actual, porque el quejoso fue notificado en forma electrónica el nueve de agosto del año en curso. Asimismo, hace constar: dentro del plazo antes computado, no se recibió promoción mediante la cual se recurriera dicho acuerdo. Doy fe En la misma data, se da cuenta a la jueza con la certificación precedente y el estado procesal del juicio. Conste. Puebla, Puebla, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de tres de agosto de dos mil veintiuno, por el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar al quejoso por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 779/2021-IX. Puebla, Puebla, tres de agosto de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos, suscrita por , contra actos del Agente del Ministerio Público de San Andrés Cholula, Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ..en la cual se desprende que la propietaria es una persona diversa a la quejosa, siendo la siguiente Irma Yolanda Rodríguez Castillo -la quejosa mencionó que el contrato de compra venta está a nombre de su madre-. Por tanto, a consideración de la suscrita, se surte la causa de improcedencia prevista en los artículos 6 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. El primero de dichos preceptos establece que puede promover el juicio de amparo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, y que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en dicha Ley; de igual manera, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que la propia Ley lo permita. El segundo precepto establece la improcedencia del juicio de amparo en todos los casos en que ésta resulte de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo. En consecuencia, la causa de improcedencia que deriva de la interpretación sistemática de los preceptos referidos, el primero de ellos contrario sensu, se actualiza cuando el juicio de amparo no es promovido por quien está facultado legalmente para ello. Tal circunstancia se actualiza en el presente caso. Para verificar tal afirmación, es necesario mencionar que quien promueve y suscribe la demanda de amparo, es Ana Karen Galindo Rodríguez, y lo hace por derecho propio, reclamando la omisión de las autoridades responsables de devolverle un vehículo que no está a su nombre -la quejosa menciona que el vehículo está a nombre de su madre-. Y, señala que se violan los derechos fundamentales tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución. Lo anterior descarta la hipótesis contenida en el artículo 6 de la Ley de Amparo, antes transcrito, pues la demanda no fue promovida en forma directa por la persona física a quien afecta el acto reclamado, esto es, Irma Yolanda Rodríguez Castillo. De igual forma, respecto de dichos actos reclamados, no está acreditada la hipótesis que permiten a un tercero promover juicio de amparo en nombre del quejoso, prevista en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." En el caso, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en la disposición legal transcrita, pues respecto a la omisión de devolverle un vehículo que está a nombre de una diversa persona, no controvierten actos que importen peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación o expulsión, proscripción o destierro. De ahí que no puedan considerarse dichos actos como de los prohibidos por el artículo 22 de la constitución. Por ende, si los actos reclamados no son algunos de los previstos en el artículo en comento, que permiten la promoción del juicio de amparo a personas diversas en nombre de la quejosa, es evidente que la promovente no está facultada, conforme a dicho precepto, para promover la demanda en la cual reclama la omisión de devolverle un vehículo que está a nombre de otra persona. Conforme a lo expuesto, es evidente que Ana Karen Galindo Rodríguez carece de legitimación para promover juicio de amparo, pues la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas físicas directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, por sí o a través de su representante legal o apoderado; sin que el caso se acredite alguna de las hipótesis que facultan a un tercero para promover el juicio de amparo en nombre de quien resulta directamente afectado por el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, tomo 76, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo. Por todo lo anterior, y al carecer de legitimación la promovente de la demanda para ejercer la acción constitucional, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo respecto de los actos reclamados en su demanda de amparo, al actualizarse en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 6 y 61, fracción XXIII, del mismo ordenamiento legal. Domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados, y autorización para acceder al expediente electrónico. Se tiene como domicilio de la promovente para recibir notificaciones, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, porque solicitó en forma expresa la modalidad de notificación electrónica y proporcionó un nombre de usuario para que fuera habilitada -también el acceso al expediente electrónico-. Además, el nombre de usuario proporcionado por aquél, fue encontrado desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, se instruye al secretario encargado del presente acuerdo, que habilite al promovente tanto la modalidad de notificación electrónica como el acceso al expediente electrónico, con el nombre de usuario ***** No pasa por alto para esta autoridad que la quejosa señala como medios para recibir notificaciones un correo electrónico y un número telefónico; empero, dichas vías electrónicas no se encuentran establecidas como herramientas para poder efectuar las notificaciones respectivas, pues el artículo 26, fracción IV de la Ley de amparo en relación con el diverso 3° de la citada ley, Notifíquese; de forma personal a la quejosa - vía electrónica-.

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