Ana Julia Fernández Orozco
Expediente 1212/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1212/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/08/2022
Partes del expediente
- Ana Julia Fernández Orozco
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, veintidós de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, por medio del cual, informa que aceptó la competencia planteada en el presente asunto y admitió a trámite la demanda de amparo promovida por **********************. Téngase por recibido el oficio de cuenta y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, articulo 20, fracción a), del citado Acuerdo General, al ser un cuaderno de antecedentes y carecer de relevancia documental; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, diez de agosto de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por ******************, por derecho propio; contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1212/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Incompetencia. Sentido de la determinación inicial Al respecto, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara incompetente por razón de materia para conocer del presente juicio, por los motivos siguientes: Para que un órgano jurisdiccional tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás. Las leyes señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. De los factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación interesa destacar el referente a la competencia por materia. La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho (civil, familiar, laboral, penal, agraria, fiscal y constitucional, entre otras). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la competencia por materia se determina atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable; lo que permite que los juzgadores tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento en protección a los artículos 17 constitucional, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. . Los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que establecen la competencia de los jueces de distrito especializados en materia administrativa y de trabajo señalan lo siguiente: . El artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal señala que los jueces de distrito en materia administrativa conocerán de las controversias suscitadas con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; los juicios de amparo que se promuevan contra leyes federales y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa en los términos de la Ley de Amparo; de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo 51; contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio o fuera de él; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en la materia. De acuerdo con el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán de los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; de los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; de los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; de los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y de las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en la materia de trabajo; y de las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se explicó, si bien se advierte que las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de Juzgados de Distrito especializados por materia, toman como elemento para determinar la competencia material tanto el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado como la naturaleza del acto que emiten; sin embargo, las reglas para la distribución de las competencias ponen especial énfasis en el contenido material del acto reclamado, tal como sucede en las impugnaciones de leyes o de disposiciones de carácter general, en donde no infiere el carácter de la autoridad emisora para determinar la naturaleza del acto que se reclama en amparo; así como en los juicios de amparo promovidos por personas internas dentro de los Centros de Reinserción Social, en los que se reclama la omisión por parte de los Directores Generales de proporcionarles atención médica, en donde tampoco se considera la naturaleza de la autoridad omisa, sino las condiciones de internamiento previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, para fijar la competencia en favor de un Juzgado de Distrito de Amparo Penal. De lo que se sigue, que es un elemento fundamental para determinar la competencia material, la naturaleza del acto que prevalece sobre la calidad de la autoridad que lo emite. Orienta lo anterior, por analogía la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen cuarenta y cuatro, primera parte, página doscientos setenta y ocho, de rubro y texto: . En ese sentido, en el amparo biinstancial lo que define la competencia material del órgano jurisdiccional es la naturaleza del acto reclamado, puesto que es éste el que da la pauta y referencia para el análisis constitucional que debe realizarse, partiendo de la legislación en la cual se apoye. Dicho de otro modo, es el contenido del acto reclamado el que le otorga una naturaleza, de acuerdo a las disposiciones normativas en las que se sustente, por tanto, si el acto deriva o tiene como aplicación una ley de determinada materia, será precisamente esa materia la que defina la índole del acto en pugna. Resulta aplicable, por analogía a lo aquí razonado, la jurisprudencia P./J. 83/98, sostenida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, del contenido y epígrafe siguiente: . Así, conviene tener presente que por acto administrativo debe entenderse toda actuación voluntaria, unilateral y concreta realizada por un órgano de la administración pública federal, en ejercicio de su competencia administrativa, cuyos efectos jurídicos son directos e inmediatos, esto es, el acto de autoridad administrativa es todo acto jurídico unilateral que declara o implica la voluntad de un órgano del Estado, en ejercicio de una potestad administrativa que crea situaciones conducentes, con el fin de satisfacer las necesidades de la colectividad. Por otra parte, para poder establecer si alguna ley o acto es de competencia laboral debemos acudir, en principio, al numeral 123 de la Constitución Federal, que señala que el Congreso de la Unión deberá expedir leyes que promuevan la creación de empleos y la organización social de trabajo, las cuales regirán sobre las condiciones laborales de los empleados y patrones. En cuanto a la competencia en materia de trabajo, importa señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 178/2005-SS, en sesión de treinta de noviembre de dos mil cinco determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "(.) la materia laboral se sustenta en el artículo 123 constitucional, que tiene sentido ampliamente protector de los trabajadores, y que de acuerdo con la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo de 1931, supera la concepción individualista que sustenta la relación de trabajo en el contrato libre, para dar paso a una concepción social que niega como función de la relación de trabajo el simple intercambio de bienes patrimoniales como se concibe en la doctrina liberal al trabajo y al salario, para en la nueva tendencia valorar en la más amplia dimensión los derechos humanos de los trabajadores. - - - Por tanto, toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los referidos derechos o a la consecución de esas mejoras que superen los mínimos y máximos constitucionales, o que se dé dentro del ámbito sindical, quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral, bajo los principios rectores del artículo 123 constitucional y sus leyes reglamentarias, pues en ellos estará a discusión un derecho consagrado por la Constitución, por la ley o por contratos particulares en favor de los trabajadores o de los sindicatos de trabajadores o de los miembros de éstos. (.)." Como se aprecia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que toda controversia que derive de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a la preservación de los derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho del trabajo y, por consecuencia, constituirá la materia que deben conocer los tribunales de amparo en materia laboral. Así, se estará en presencia de un asunto relacionado con la materia laboral, cuando el acto reclamado afecte algún derecho establecido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Precisado lo anterior, se debe dilucidar cuál es la naturaleza de los actos combatidos en el presente asunto. De las constancias que obran en autos, se advierte que la quejosa ********************* reclama de la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social y otras, el proceso para transferir recursos, que iniciaría el dieciocho de julio de los corrientes, y concluirá el nueve de agosto del año en curso, proceso derivado de lo dispuesto en el artículo 302 de la Ley del Seguro Social. En ese sentido, es necesario hacer hincapié en que el acto reclamado, atendiendo a su naturaleza, es de carácter laboral, pues la quejosa busca que se le realice la transferencia de los recursos que se encuentran en la subcuenta de retiro, cesantía y vejez, que durante su vida laboral, acumuló su concubino de nombre ************************. En efecto, de la demanda de amparo y sus anexos se desprenden los hechos que originaron el acto impugnado atribuible a las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los cuales se advierte que ante el deceso de su concubino, solicitó una de las prestaciones a que tiene derecho (transferencia de recursos). Situación que pone de relieve que se está en presencia de un acto que tiene su origen en una relación laboral, en virtud de que la quejosa estima que le es necesario obtener la transferencia de los recursos al haber sido concubina del citado trabajador. Lo cual demuestra que aún no surge su relación administrativa con el Estado, pues en todo caso, se está en presencia de una petición ante la autoridad competente, sin que esto delimite la competencia del asunto. En ese contexto, si como se anticipó, la competencia del asunto se concede en razón de la naturaleza del acto reclamado y no la autoridad que lo expida, el acto reclamado tiene naturaleza laboral, porque incide en la transferencia de los recursos que se encuentran en la subcuenta de retiro, cesantía y vejez, que durante su vida laboral, acumuló su concubino de nombre ***************************, que la quejosa solicita, la cual deriva de la relación laboral que sostuvo su concubino con el Estado y, en esa medida, solicita el otorgamiento de los recursos en mención. Efectivamente, a través del acto que se le atribuye a las responsables se está negando un beneficio de seguridad social, por lo que la esencia del acto reclamado es de naturaleza laboral, porque el problema jurídico a resolver se vincula con determinar si la quejosa puede ser considerada o no como beneficiaria de su concubino para el otorgamiento de una pensión. . Por ende, si la quejosa se inconformó con el proceso para transferir recursos, es inconcuso que se trata de una prestación de aquellas que integran el régimen obligatorio de seguridad social por lo que el órgano competente para resolver el juicio de amparo es el Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo. Sin que pase desapercibido para este Juzgado Federal el contenido de la jurisprudencia de rubro "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD."; sin embargo, se considera que dicho criterio no es aplicable al presente asunto, ya que éste se refiere a una cuestión de procedencia del juicio de amparo y no -de manera estricta y directa- a un tópico competencial entre jueces de distrito. Precedentes aplicables. Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 33/2019, determinó: "Ahora bien, visto el acto reclamado en el presente caso, se advierte que la quejosa busca que se le reconozca como beneficiaria de todas las prestaciones sociales a que tiene derecho, entre ellas la pensión por derecho de ascendencia, con motivo del fallecimiento de su hijo por el accidente de tránsito que sufrió al dirigirse a su trabajo, en que se desempeñaba como Guarda Tercero del Servicio de Protección Federal, y ser su única dependiente económica, derecho que refiere le fue negado por el ISSSTE.--- Atento a lo anterior, se advierte que se está ante un acto que tiene su origen en una relación laboral, sin que aún surja una relación administrativa de la quejosa con el Estado, ya que se está en presencia de una petición realizada por la impetrante ante la autoridad competente, la cual señala le fue negada, lo que incide en el otorgamiento de la pensión que solicita ante la autoridad competente, que aun siendo administrativa y el acto formalmente administrativo, su esencia deriva de la relación laboral sostenida por su hijo con el Estado ., por lo que solicita el otorgamiento de la pensión, lo que evidencia la afectación de una prestación de carácter laboral establecida en favor de la beneficiaria de un trabajador con derecho a una pensión ante su fallecimiento; hecho que denota la negación de un beneficio de seguridad social, lo que da lugar a que el problema jurídico a resolver se vincula con determinar si la impetrante puede o no ser considerada beneficiaria de su hijo para el otorgamiento de una pensión.--- En ese contexto, al ser el punto a debate la negativa de la responsable de otorgar una prestación que integran el régimen obligatorio de seguridad social, el competente para resolver el juicio de amparo interpuesto en su contra es el Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo.". Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ******************, razón por la cual remítase al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno, solicitando atentamente acuse recibo e informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio y Autorizados. Con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta. Téngase por autorizado en términos limitados a ********************* hasta en tanto, registre su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales, para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello.1 Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.2 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. 2 Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx, respectivamente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 4,184 expedientes
- Ana Betzabeth Damián Jiménez1621/2023
- Ana Cecilia Cortés Torres1358/2021
- Ana Celia Machado Navarro2139/2023
- Ana Enriqueta López Lagos2203/2023
- Ana Figueroa García488/2022
- Ana Gabriela Ortiz Álvarez924/2022
- Ana Karla Guzmán Romero401/2023
- Ana Laura Armada Lizardi333/2023
- Ana Laura Avelarde Gómez280/2022
- Ana Laura Chavero Virgilio1044/2021
- Ana Laura Cortés Flores956/2023
- Ana Laura Huerta Vélez343/2023