Ana Jael Arambula Guardiola

Expediente 563/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
563/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
28/01/2021

Partes del expediente

  • Ana Jael Arambula Guardiola

Actuaciones

  1. Principal

    Aguascalientes, Aguascalientes, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. -EJECUTORIA SOBRESEE- Visto el estado de autos, advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia de sobreseimiento, dictada en este juicio, le ha transcurrido a la parte quejosa, quien en su caso podría impugnarla, al ser contraria a sus intereses; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al diverso numeral 2 de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. - ARCHIVO - Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. - DESTINO DEL EXPEDIENTE - Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina: 1. El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en el inciso a), del artículo 21, en razón de que el cuatro de enero de dos mil veintiuno, se sobreseyó el presente juicio de garantías, y con esta fecha se ha dado como concluido el presente asunto, acorde con el artículo 3, fracción VII, del Acuerdo invocado. Se señala como fecha susceptible para tal efecto el veintinueve de enero de dos mil veinticuatro, toda vez que, cumplido el plazo de conservación, debe ser destruido después de tres años de haberse dictado el presente auto. Una vez cumplido el término antes indicado, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el presente expediente e inclúyase en el acta de baja documental correspondiente que deberá ser enviada a la Dirección General de Archivo y Documentación. - INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES - Conforme deriva de la certificación de cuenta, en el expediente no obran documentos originales recuperables por las partes. -INEXISTENCIA DE DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN RESERVADA - De conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 del Acuerdo General en consulta, en el presente asunto no existen documentos del expediente que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa, por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020.... 563/2020-III.

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 563/2020-III, promovido por Ana Jael Arámbula Guardiola; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Aguascalientes, Aguascalientes, recibido al día siguiente en este Juzgado Segundo de Distrito, Ana Jael Arámbula Guardiola, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que precisó en el escrito de demanda en cita. La parte quejosa narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de garantías, la cual se registró bajo el número 563/2020-III; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se emplazó al tercero interesado, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial, y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado en términos del artículo 10 del Acuerdo General 31/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama el acto de autoridades que residen en la jurisdicción que ejerce este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. De una revisión integral del escrito de demanda de amparo, es factible establecer que la quejosa reclama: La omisión de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje responsable de requerir el cumplimiento de las providencias precautorias decretadas en el expediente del juicio laboral 3689/2019-3 en auto de radicación de ocho de enero de dos mil veinte, al Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], y la omisión de cumplimiento de las indicadas providencias por parte de dicho Instituto responsable. TERCERO. Existencia o inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsables Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje y el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Aguascalientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, admitieron la existencia del acto que se les reclamó, por tanto, los mismos deben tenerse por ciertos. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Quinta Época, Apéndice 2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Certeza que se corrobora con las pruebas que remitió la responsable citada en primer orden, al rendir su informe justificado, es decir, la totalidad de las actuaciones que integran el expediente laboral 3689/2019-3; constancias a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo atender las cuestiones de fondo planteadas por la quejosa, en cumplimiento al último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se aboca al estudio oficioso de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna de las causales que se establecen en dicho dispositivo legal, haría imposible el estudio de la litis [materia del juicio]. En el caso, a juicio de este juzgador, opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;". Para fijar el alcance de esta causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las transgresiones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido vulneradas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Así, conforme a la causal en análisis, el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, lo que implica que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Previo al examen del motivo de improcedencia invocado, se acota que en el caso, la quejosa reclama esencialmente la omisión de la Junta responsable de requerir al Instituto Mexicano del Seguro Social [IMSS], el cumplimiento de las medidas precautorias otorgadas por la propia Junta Especial en auto de radicación de ocho de enero de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 3689/2019-3, y como consecuencia la omisión en que ha incurrido el citado instituto de proporcionarle atención médica durante los periodos prenatal, durante el parto y posnatal. Para mayor ilustración, se destacan los hechos que anteceden al acto que se combate en esta vía, los cuales se obtienen de las constancias exhibidas por la autoridad responsable, que consisten en lo siguiente: Mediante escrito presentado el veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, Ana Jael Arámbula Guardiola, por conducto de sus apoderados legales Evangelina Méndez Ramírez, Julio César González Rodarte, Luis Fernando Martínez Rangel, Bruno Waldo José Sedano López y Brenda Paulina Sedano Méndez, demandó en la vía ordinaria laboral, a la empresa Star Médica, Servicios Administrativos SM de México Sociedad Anónima de Capital Variable; reclamando el pago de diversas prestaciones de orden laboral derivadas de su despido injustificado, acaecido el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, formándose el expediente 3689/2019-3; de igual forma, la actora solicitó a la Junta la medida precautoria innominada consistente en: (i) el reconocimiento y pago inmediato por los demandados de las cotizaciones de seguridad social, aun después de efectuar el despido injustificado y hasta el momento en que acceda a la prestación económica por licencia de maternidad; (ii) realizar el pago del salario de manera semanal a fin de garantizar el mínimo vital a la actora y en interés superior del menor; y, (iii) Girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro social, a fin de que se brinde la atención médica necesaria a la actora durante el embarazo y lactancia. (fojas 26 y 27 del expediente). Por acuerdo dictado el ocho de enero de dos mil veinte, la Junta Especial Número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje, admitió la demanda y ordenó correr traslado a los demandados con copia del escrito de demanda debidamente cotejado y sellado por el secretario de la Junta, asimismo en dicha determinación acordó lo siguiente: "[.] I. RADICACIÓN Y ORDEN DE EMPLAZAMIENTO, PROVIDENCIAS CAUTELARES Y NOTIFICACIÓN.- Por recibida y radicada la demanda de cuenta en DOS fojas útiles por ambas caras y tres anexos. Regístrese en el Libro General de Gobierno de esta Junta, tramítese bajo el número de expediente que le sea asignado, siendo éste el 3689/2019-3 en primer lugar se procede a resolver LA PROVIDENCIA CAUTELAR medida que se acuerda favorablemente en virtud de que en el hecho cuatro de su demanda la parte actora ANA JAEL ARAMBULA GUARDIOLA manifiesta que fue despedida por estar embarazada y de manera presuntiva se acredita el que efectivamente está embarazada con la constancia y recibo que acompaña a su escrito inicial de demanda donde se desprende que el número de seguridad social de la actora y para tales efectos se ordena girar atento oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social para que inmediatamente brinde a la actora ANA JAEL ARAMBULA GUARDIOLA con número de seguridad social 49078908198 atención medica durante los periodos prenatal, durante el parto y posnatal; a la parte demandada SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SM DE MÉXICO, S.A. DE C.V., en caso de ser la parte patronal, se le ordena que continúe pagando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social en favor de la actora ANA JAEL ARÁMBULA GUARDIOLA las cuotas patronales y reconozca a dicha actora las semanas cotizadas hasta el momento que le sea otorgada la incapacidad por maternidad, lo es 49078908198 número de registro patronal A0162730103, [.]"(foja 31 del expediente). [Se añade énfasis] Por oficio 02/2020 de ocho de enero de dos mil veinte, dirigido al Instituto Mexicano del Seguro Social, se solicitó a dicha dependencia que inmediatamente brindara a la hoy quejosa -Ana Jael Arámbula Guardiola-, atención médica durante los periodos prenatal, durante el parto y posnatal, haciéndole saber que la misma cuenta con número de seguridad social 49078908198 con número de registro patronal A0162730103 correspondiente a SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SM DE MÉXICO, S.A. DE C.V., acompañando copia del proveído de ocho de enero de dos mil veinte, dictado dentro de los autos del juicio de origen. (foja 32 del expediente). Por oficio número 63.L.00259/2020 firmado por el Encargado de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Aguascalientes, Jefatura de Servicios Jurídicos, del Instituto Mexicano del Seguro Social de Aguascalientes, informó que a la fecha del informe no se encontró vigente en el Régimen Obligatorio del Seguro Social a la hoy quejosa Ana Jael Arámbula Guardiola, por lo tanto, en términos de lo dispuesto por la Ley del Seguro Social vigente, el Instituto Mexicano del Seguro Social únicamente proporciona atención medica a los sujetos de aseguramientos según lo dispuesto por los artículos 2, 11, fracción II, 47, fracción I, 84, fracción I, 88 y 105 de la citada ley, de tal suerte que si la trabajadora se encuentra a la fecha en que se rinde el informe dada de baja del Régimen Obligatorio del Seguro Social, no es posible que a la misma le sean otorgadas las prerrogativas que solicita. (foja 35 del expediente). Mediante proveído de quince de junio de dos mil veinte, la autoridad responsable acordó lo siguiente: "[.] Se tiene por recibido el oficio número 63.L.00259/2020, suscrito por el MTRO. EDMUNDO REGALADO ORTEGA, en su carácter de Encargado de la Jefatura Delegacional de Servicios Jurídicos, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), escrito constante de una sola foja útil por una sola de sus caras y sin anexos y mediante el cual se le tiene por dando respuesta al informe requerido por esta H. Junta Especial número 3, dentro del expediente que al rubro se indica, por lo que el mismo se ordena agregar a los autos para todos los efectos legales a que haya lugar, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 685, 783, 803 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo [.]". (foja 36 del expediente). Determinación la anterior, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías. Ahora bien, como puede advertirse, la parte quejosa funda su reclamo de orden laboral en el hecho de que fue despedida injustificadamente, dada su condición de gravidez, misma que la Junta Especial responsable tuvo por presuntivamente acreditada para efecto de conceder la medida cautelar innominada antes descrita, con la constancia que acompañó a su demanda laboral, suscrita por el doctor Francisco J. Ruiloba Madero, con cédula profesional 917431, cédula de especialidad 3272490 y registro del ISEA 01E00417, expedida el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en la manifiesta en esencia lo siguiente: "El que suscribe médico Ginecólogo hace constar que la Sra. Ana Jael Arambula Guardiola de 29 años, cursa un embarazo de 12 semanas de gestación, por fecha de última regla del 01 de agosto de 2019. Actualmente tiene un embarazo normo evolutivo sin complicaciones. Se extiende la presente para los fines lícitos que a ella convengan". Luego, respecto del organismo descentralizado responsable, la medida cautelar decretada fue exclusivamente para el efecto de que inmediatamente brindara a la actora Ana Jael Arámbula Guardiola, con número de seguridad social 49078908198, la atención medica durante los periodos prenatal, durante el parto y posnatal. Ahora, si bien respecto de la autoridad responsable Instituto Mexicano del Seguro Social el juicio de amparo indirecto resulte procedente a pesar de tratarse de un acto relativo al carácter de ente asegurador y, por ello, surgido en un plano de coordinación con el particular -con entera independencia de que la medida cautelar fuera ordenada por la Junta Especial-, por ser necesario garantizar la salvaguarda efectiva del derecho humano señalado de la quejosa -así como la de su infante neonato-, reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cierto es que - como se anticipó - en el particular opera la diversa causal de improcedencia en análisis. En efecto, en el caso concreto, aun cuando subsista el acuerdo que se reclama de quince de junio de dos mil veinte emitido dentro del juicio laboral 3689/2019-3, no puede surtir efecto legal o material virtud de la situación de hecho y jurídica existente en la actualidad. Así es, porque de otorgarse a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, no podría tener como efecto restituirla en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, pues el acto reclamado, por una parte, no es de carácter positivo pues como se ha precisado se reclama la inactividad de las autoridades responsables. Tampoco tendría el alcance de obligar a las autoridades responsable a respetar el derecho involucrado en el caso y a cumplir lo que éste exija, pues aunque se reclamó un acto de carácter negativo (negativa de exigir y dar cumplimiento a la medida cautelar de brindar atención médica durante los periodos prenatal, de parto y posnatal), lo cierto es que a la fecha en la que demandó el amparo por ser el periodo de gestación en humanos de nueve meses, el estado de gravidez ya había desaparecido, atento a la constancia que la Junta responsable tomó en consideración para decretar la medida cautelar innominada cuyo incumplimiento ahora se reclama. Es decir, en el supuesto de que se concediera a la quejosa la protección constitucional, existiría la imposibilidad material y jurídica de que dicho fallo produjera efectos restitutorios en su favor, puesto que dicha sentencia no podría tener materialmente el alcance de establecer que se otorgara a la impetrante el servicio médico extendido para el caso de urgencia y, según el grado de embarazo presentado, pues se insiste, este último ya es inexistente a la fecha del fallo. Lo anterior es así, puesto que como se explicitó en párrafos precedentes, la Junta Especial responsable tuvo por acreditado el estado de gravidez de la quejosa, para efecto de conceder la medida cautelar innominada antes descrita, con la constancia que acompañó a su demanda laboral, suscrita por el doctor Francisco J. Ruiloba Madero, con cédula profesional 917431, cédula de especialidad 3272490 y registro del ISEA 01E00417, expedida el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, donde se refiere que a esa fecha cursaba un embarazo de doce semanas de gestación; esto es, a la fecha de la constancia en mención, contaba con una preñez de tres meses. De ahí que, es evidente que a la fecha de este fallo naturalmente ha ocurrido el parto de la quejosa, ya que las treinta y seis semanas en que se gesta acontecieron en la última semana del mes de febrero del año dos mil veinte, por lo que materialmente no podría obligarse a la junta que a su vez compeliera al Instituto responsable a otorgar la asistencia médica a la quejosa con motivo de dicha gestación y parto, ya que a la fecha ya no son requeridos por la reclamante los servicios de asistencia médica anterior y al momento del parto, pues inclusive desde el momento de la presentación de la demanda de amparo, atento la certificación del ginecólogo que la Junta responsable tuvo en consideración para apreciar su estado de gravidez, resulta visible que el parto ya había ocurrido con antelación, siendo precisamente aquel el motivo determinante para la concesión de la medida cautelar que fue solicitada, en relación con el organismo de seguridad social responsable. También existe imposibilidad jurídica para conceder la protección constitucional a la quejosa pues aun y cuando la providencia precautoria que le fue otorgada en el juicio laboral de origen tenía el alcance de proporcionarle ésta en la etapa de posparto lo cierto es que a la fecha, conforme a la propia Ley del Seguro Social y el Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, la asistencia médica posparto abarca hasta el puerperio, que comprende seis semanas posteriores al parto y, a lo sumo, comprendería asistencia obstétrica hasta por seis meses después al mismo, los cuales a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional en este juicio y, desde luego, del engrose de la presente determinación ya han transcurrido. Entonces, como se anticipó, de otorgarse a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, no podría tener como efecto restituirla en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni de obligar a la Junta responsable a obligarla a constreñir al Instituto responsable a proporcionarle asistencia médica con motivo de un hecho que ya no existe y que, por tanto, ha dejado de existir el objeto de la providencia cautelar concedida en el juicio laboral, lo que implica que jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho de asistencia médica que le fue reconocido provisionalmente por la Junta responsable, por lo que ningún efecto jurídico tendría la una sentencia concesoria de amparo. Luego, como el juicio de amparo no tiene finalidades o alcances distintos a los que constitucional y legalmente le han sido conferidos, como en el caso lo sería que se protegiera a la quejosa contra eventualidades futuras, es que este juzgador considera actualizada el motivo de improcedencia analizado. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia por reiteración en materia común P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, diciembre de 1997, página 9, con el rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." En mérito de todo lo expuesto, al actualizarse la causal de improcedencia en comento, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 73,74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por ............................, por las razones que se exponen en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa, personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (por correo electrónico), por oficio a las autoridades responsables, y por medio de lista a las demás partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 fracción I del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, aplicable conforme a la Circular CAP/3/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura, al ser considerado éste como un caso urgente tramitado físicamente, conforme al inciso a) de la fracción IX del artículo 4 del citado Acuerdo General. Así lo resolvió y firma electrónicamente ................, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido del Secretario ..................., quien autoriza y da fe en el juicio de amparo 563/2020-III, el cuatro de enero de dos mil veintiuno en que se terminó de engrosar la presente sentencia y lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Acta Audiencia Constitucional.

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