Ana Itzel Cruz Palafox
Expediente 919/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/06/2023
Partes del expediente
- Ana Itzel Cruz Palafox
Actuaciones
- Principal
Estado procesal. Del estado procesal de los autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto que desechó la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente: Destrúyase este expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto de los previstos en el artículo 20 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General mencionado. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el nueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se concedió el amparo en el juicio en que se actúa. En consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Requiere cumplimiento. De conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. En la inteligencia de que la autoridad responsable deberá remitir a este Juzgado Federal, dentro del mismo plazo, las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los numerales 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Estado procesal. De las constancias que remitió la autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado, se puede apreciar la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de reclamación 490/2021/5C, promovido por Darío Demetrio Hernández Lima en su carácter de abogado patrono de José Baldomero Méndez Ortigoza, cuya resolución en su parte considerativa establece lo siguiente: ". Bajo ese contexto, de las presentes actuaciones la cuales tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 336 del Código Procesal de la Materia, se desprende, que la parte actora, promovió en la vía Ordinaria Civil Juicio de Nulidad Absoluta de Actos Jurídicos y Acción Reivindicatoria, en contra de: A) ALBERTO GARCÍA SUMANO. B) Sergio EUGENIO AVENDAÑO PRIEGO. C) VÍCTOR MANUEL A. CORTÉS PADILLA, en su carácter de NOTARIO AUXILIAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA número veintinueve DE ESTA CIUDAD. D) REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERClO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA; y D) JOSEFINA MÉNDEZ LIMA De la narrativa de los hechos de la demanda el accionante manifestó que, en unión con su esposa MARÍA ELENA MERCEDES LIMA RUGERIO, son legítimos propietarios del bien inmueble objeto de la litis. En ese sentido, la intervención MARÍA ELENA MERCEDES LIMA RUGERO, resulta indispensable, porque la sentencia que se dicte en el juicio reivindicatorio produce efectos directos y constitutivos en su esfera jurídica, de un lado, porque supone la declaratoria de dominio o propiedad sobre un bien cuya posesión originaria deviene de un título que la legítima corno copropietaria; y de otro, implica la desocupación del mismo, cuya condena, aunque se dirija en contra de los demandados, es está quién debe salir en defensa de la perturbación de su posesión originaria. Por otra parte, en el litisconsorcio pasivo necesario, las partes son autónomas en sus afirmaciones, hasta el punto de que pueden tener en un mismo juicio manifestaciones contradictorias, resultando necesario ser acreditado los hechos manifestados por los litisconsortes. (.) Así mismo, contrario a lo afirmado por el reclamante, deben ser llamado a juicio MARÍA ELENA MERCEDES LIMA RUGERIO, toda vez, que se actualiza la figura de litisconsorcio, en razón que, los litisconsortes al estar vinculados entre sí por un derecho litigioso deben ser afectados por una sola sentencia, conforme al artículo 353 inciso d) del Código de Procedimientos Civiles para el Estado. En ese sentido, aunque no medie petición de parte, en cualquier etapa del procedimiento está obligada esta Autoridad a mandar reponerlo de oficio el procedimiento, considerando en todo momento los principios de igualdad, seguridad jurídica y economía procesal, toda vez, que el litisconsorcio constituye un presupuesto, sin cuyos requisitos no puede dictarse una sentencia válida en tanto que involucra cuestiones de orden público; por lo que es procedente mandar a llamar a juicio a la copropietaria del inmueble objeto de la litis. Por los motivos expuestos, de conformidad con preceptos invocados esta Autoridad para esclarecer el derecho de las para y mejor proveer se encuentra facultada para mandar a llamar a juicio a la referida copropietaria del inmueble objeto de la Litis." Litis constitucional. Por otra parte, vista la demanda de amparo, y las constancias remitidas en el informe justificado, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. José Baldomero Méndez Ortiz por conducto de Darío Demetrio Hernández Lima. B.- Tercero interesado. 1.- Jorge Alberto García Sumano. 2.- Sergio Eugenio Avendaño Priego. 3.- Notario Auxiliar de la Notaría Pública Número 29 de la Ciudad de Puebla. 4.- Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla. C.- Autoridad(es) responsable(s). 1.- Juzgado Quinto Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de la Ciudad de Puebla D.- Acto(s) reclamado(s). 1.- D.- Acto reclamado. La resolución interlocutoria de fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós, dictada en el recurso de reclamación interpuesto en contra del auto de fecha tres de noviembre de dos mil veintidós, que ordenó llamar a juicio a María Elena Mercedes Lima Rugerio toda vez que existe litisconsorcio pasivo necesario; lo anterior en autos del expediente 490/2021 del índice de la autoridad responsable. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, de la referida legislacion. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En resumen, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de juicio que no sean de imposible reparación. Análisis de la causa de improcedencia. La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: A.- Actos intraprocesales de imposible reparación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en sesión de 22 de mayo de 2014, interpretó el artículo 107, fracción V, de la nueva Ley de Amparo y concluyó que ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; y, en esencia, afirmó que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Derivado de la contradicción de tesis, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de jurisprudencia de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese orden de ideas, conforme a la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el amparo es improcedente contra actos intraprocesales cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos y no sólo derechos adjetivos o procesales, siendo inaplicable el criterio de "grado predominante o superior" conforme a la interpretación expuesta en la tesis de jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.). B.- El acto reclamado es intraprocesal y no es de imposible reparación. En el presente juicio de amparo indirecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado es intraprocesal y no es de imposible reparación, porque no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino sólo derechos procesales o adjetivos; porque: a.- Sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que el acto reclamado del que se duele, únicamente tiene que ver con derechos adjetivos, en virtud que el acto del que en realidad se duele es por el cual la autoridad responsable observó la existencia de litisconsorcio pasivo necesario, al reconocer el interés de María Elena Mercedes Lima Rugerio dentro del expediente 490/2021. Por tanto, al tratarse de una eventual violación de carácter adjetiva sin que afecte derechos sustantivos, es imposible analizarla a través del amparo biinstancial, pues el hecho de que se haya resuelto el recurso de reclamación desfavorable a los intereses de la parte quejosa, constituiría en todo caso, una violación procesal que podría trascender al fondo del juicio de origen, por lo que el peticionario puede seguir haciendo uso de sus derechos para obtener sentencia a su favor, pues de lo manifestado por la promovente y la resolución que adjunta, se advierte que el asunto de origen a la fecha se encuentra en trámite. De ahí que, la posible violación podrá reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva correspondiente en caso de que sea adversa a los intereses de la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en los artículos 171 y 172, fracción V, de la Ley de Amparo, y en tal juicio constitucional se podrán argumentar todas las irregularidades de tipo procesal que se hubiesen cometido en el procedimiento en las que considere haya incurrido la autoridad responsable, como lo es la que por esta vía impugna. Robustece lo anterior la tesis (X Región)4o.2 C (10a.) de Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2488, con registro digital: 2015272, que establece: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo." Así mismo, sirve de apoyo la tesis III.1o.T.Aux.3 K emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 1379, con registro digital: 163746 "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN QUE REVOCA LA DEL JUICIO NATURAL Y ORDENA AQUELLA ACTUACIÓN PARA LLAMAR A JUICIO A DIVERSOS LITISCONSORTES PASIVOS, SI EL QUEJOSO OBTUVO RESOLUCIÓN DESFAVORABLE EN PRIMERA INSTANCIA (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 106/2004). De la jurisprudencia 1a./J. 106/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 199, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE DEJA INSUBSISTENTE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRARLO, ES UN ACTO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", se obtiene que la sentencia de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, sólo es impugnable en amparo indirecto si satisface el atributo de ser un acto de imposible reparación, y esto no ocurre sino cuando se colman las condiciones siguientes: a) que el quejoso sea quien haya obtenido sentencia favorable a sus intereses en primera instancia y, por tanto, esté conforme con ella; y b) que por virtud de la resolución de alzada quede insubsistente aquel fallo para llamar a un sujeto hasta ese momento ajeno a la litis, que eventualmente puede no ser un litisconsorte pasivo. Lo anterior se explica porque la reposición de un procedimiento jurisdiccional, por más que cause, en mayor o menor grado, una molestia en los litigantes que tendrán que volver a intervenir en defensa de sus intereses, por sí misma no justifica la procedencia del amparo indirecto contra la sentencia de segunda instancia que la ordena, sino que se necesita una situación concreta, capaz de cambiar el sentido de la sentencia que llegue a dictarse en relación con la revocada, como por ejemplo, la anulación del desahogo de pruebas que, para el nuevo juicio que se instaure, podría ser imposible que se desahogaran nuevamente, ya sea por el fallecimiento de testigos o por la destrucción de documentos, o debido a nuevos requerimientos, bajo apercibimientos graves como el de desechar la demanda, formulados al actor para que cumpla con ciertas conductas al momento de reponer el procedimiento. Por ende, es improcedente el juicio de garantías biinstancial promovido contra la sentencia del recurso de apelación que revoca la del juicio natural y ordena reponer el procedimiento para llamar a juicio a diversos litisconsortes pasivos, si el quejoso obtuvo resolución desfavorable en primera instancia y, por ende, es inaplicable la indicada jurisprudencia, aun cuando se argumente retardo en la impartición de justicia, atento a la tesis 2a./J. 23/2008 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en la página 593 del Tomo XXVII, febrero de 2008, del indicado medio de difusión y Época, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO." b.- Lesión que no trasciende al resultado del fallo, toda vez que el acto reclamado no impide la debida integración de la litis; tampoco ocasiona el retardo de la solución del procedimiento o que se siga de manera ociosa; ni determina definitivamente el rumbo del juicio de origen, por la posibilidad de que la parte quejosa pueda obtener una sentencia favorable. c.- Además, como se mencionó en líneas anteriores (en el punto a.-) en caso de que la sentencia no fuese favorable, la parte quejosa, estaría en posibilidad de impugnarla a través del juicio de amparo directo, en el que podría hacer valer la violación alegada como vicio del procedimiento, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Amparo. Por lo que, tiene aplicación por identidad la tesis I.14o.T.7 K (10a.), emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, página 902, con registro digital: 2022115, de rubro y texto: "ACUERDO DE NO ADMISIÓN, DESECHAMIENTO, U ORDEN DE ARCHIVO DE LA DEMANDA POR LO QUE HACE A UNO O MÁS CODEMANDADOS. ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de título y subtítulo: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", que no es factible la admisión de demandas de amparo indirecto cuyo acto reclamado no represente una afectación material a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Este criterio induce a estimar que diversas tesis jurisprudenciales de las Salas del Alto Tribunal, en las que se trató la procedibilidad del amparo indirecto de asuntos cuyos actos eran considerados de imposible reparación conforme a la anterior Ley de Amparo, relativos al desechamiento parcial o la no admisión de una demanda por lo que hace a uno o más codemandados se consideren inaplicables. De ahí que, al reclamarse la decisión de la autoridad responsable de no admitir la demanda, desecharla u ordenar su archivo por lo que hace a uno o más codemandados, no afecta en forma material ninguna clase de derechos sustantivos; de ahí que este acto reclamado debe ser considerado como una violación procesal cometida durante el procedimiento, que afecta las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, analizable en amparo directo promovido en contra de la resolución reclamada, de conformidad con la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo vigente." Similar criterio estableció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver la queja número 46/2023, de su índice, correspondiente al día treinta de marzo de dos mil veintitrés. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se deja sin efectos audiencia constitucional. Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con el Secretario Alfredo Michell Rivera Méndez, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó a distancia por el titular de este órgano jurisdiccional y por el propio Secretario vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.
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