Ana Isela Suero Jiménez

Expediente 2820/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
2820/2014
Año
2014
Actuaciones
4
Última actuación
27/04/2015

Partes del expediente

  • Ana Isela Suero Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil quince. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 2820/2014, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintisiete de marzo de dos mil quince, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado JOSÉ LEOVIGILDO MARTÍNEZ HIDALGO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de marzo de dos mil quince. Se tiene por recibido, el oficio 1291/2015-JE2 suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copias certificadas de diversas constancias que obran en el juicio laboral 06/477/10-JE1, de las que se advierte que se señalaron las nueve horas con treinta minutos del seis de abril de dos mil quince, para la celebración de la audiencia de desahogo de la prueba confesional ofrecida por la parte demandada; lo anterior en aras de acreditar que dicha autoridad se encuentra realizando actos tendientes para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo; el que se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, tomando en consideración que la autoridad responsable se encuentra en vías de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, es procedente requerir a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de DIEZ DÍAS, que será computado legalmente, remita copia certificada de las constancias que acrediten el desahogo de la prueba que indica. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado, se procederá en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del despacho por licencia oficial del Titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio 2081/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte tercero interesada INGENIA MUEBLES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, POR CONDUCTO DE SU APODERADA LEGAL CARMEN PIMENTEL LUNA, la sentencia de veintisiete de marzo del dos mil quince, que en lo conducente establece: ...ÚNICO. Se sobresee...

  4. Principal

    Se tiene a la vista para resolver el juicio de amparo 2820/2014-III-B, promovido por Ana Isela Suero Jiménez por conducto de su apoderada legal Reyna Alicia Gómez Vargas y; RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil catorce, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito y remitido el trece del mismo mes y año a este Juzgado por razón de turno, compareció por derecho propio Ana Isela Suero Jiménez, por conducto de su apoderada legal Reyna Alicia Gómez Vargas, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que hizo consistir en: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama de la Responsable, el retardo injustificado del procedimiento que nos ocupa, al señalar fecha lejana para el desahogo de la audiencia de ley, en el juicio laboral número 01/1018/14-IV, en contravención al artículo 17 Constitucional." SEGUNDO. La demanda se registró bajo el expediente 2820/2014-III-B, el veinticinco de noviembre de dos mil catorce se admitió, por lo que se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se llamó a juicio a los terceros interesados y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional que se inició en términos del acta que antecede y; CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; que es el lugar donde se verificó el acto de aplicación de las leyes que se reclaman. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, en criterio jurisprudencial que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda integralmente, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar el alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que al enunciarla se haga sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en ocasiones esto es insuficiente, por lo que se deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable al caso la jurisprudencia P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, abril de dos mil cuatro, correspondiente a la Novena Época, cuyo rubro y cuyo texto son del tenor literal siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, de la lectura íntegra del escrito de demanda de garantías, atendiendo a los aspectos explicados en líneas precedentes, se precisa que el acto que se reclama en esta instancia es: El auto de once de noviembre de dos mil catorce en el expediente 01/1018/14-IV, por el cual la Junta responsable señaló fecha lejana para el desahogo de la audiencia de ley. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto que se reclama, ya que está probado en autos que el once de noviembre de dos mil catorce, dentro del expediente laboral de origen, la Junta responsable señaló el once de febrero de dos mil quince para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Lo anterior se comprueba porque en autos obra copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 01/1018/14-IV, de las que destacan el auto de once de noviembre de dos mil catorce; que ameritan valor probatorio pleno por tratarse de documentos públicos expedidos por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º. Con relación a lo anterior, es de observarse el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2a./J. 3/94, publicada en la página 15 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Además, así lo aceptó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio preferente. En ese sentido, respecto al acto que se hace consistir en el acuerdo de once de noviembre de dos mil catorce, por el cual la Junta responsable señaló fecha lejana para el desahogo de la audiencia de ley, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al artículo 77 fracción II del propio ordenamiento, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." El primero de los dispositivos legales contempla que, con relación a los hechos que se reclaman a través del juicio de garantías, exista un precepto legal del cual resulte la improcedencia que se contenga en alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de la propia Ley de Amparo, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 77 fracción II de la Ley de Amparo prevé que el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. El más Alto Tribunal de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; de ahí que, para la procedencia del mismo es indispensable que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo o constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Lo anterior se contiene en la jurisprudencia P./J. 90/97, emitida por el Pleno del mas alto Tribunal del país, visible en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época que se cita enseguida: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.". El quejoso considera inconstitucional el actuar de la responsable ya que la Junta Especial, dentro del juicio laboral 01/1018/14-IV emitió un acuerdo el once de noviembre de dos mil catorce, por el que difirió la audiencia bifásica para el once de febrero de dos mil quince. Es oportuno citar el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, para una mejor comprensión del presente sentido el que se transcribe a continuación: "Artículo 873.- La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." (Lo resaltado es del suscrito Juzgador) En estas condiciones, se pone de manifiesto que ningún fin práctico tendría la concesión del amparo, puesto que no sería posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual que eventualmente hubiera transgredido la autoridad responsable con el hecho de señalar una fecha lejana para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y, en caso de que se concediera el amparo, no podría cumplirse con la ejecutoria a fin de que se señalara una fecha más cercana para la celebración de la audiencia bifásica en el juicio laboral de origen, dado que esta sentencia se emite el veintisiete de marzo de dos mil quince y la fecha para el desahogo de la audiencia de ley señalada en el juicio laboral de origen fue para el once de febrero de dos mil quince. En estas condiciones, se pone de manifiesto que ningún fin práctico tendría la concesión del amparo, puesto que no sería posible restituir al quejoso en el goce de las garantías individuales que eventualmente hubiera transgredido la responsable, ya que es imposible retrotraer los efectos del transcurso del tiempo, a fin de que se señalara nueva data más cercana al once de febrero de dos mil quince, lo que en la especie ya aconteció. Es aplicable al criterio precedente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración, visible en la página noventa y nueve, Segunda Parte, Segunda Sala, del Informe correspondiente al año de mil novecientos ochenta y uno, que a la letra establece: "AMPARO IMPROCEDENTE, POR IMPOSIBILIDAD DE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funda en dos ordenamientos distintos y sólo se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió." Consecuentemente, por las razones apuntadas, debe considerarse actualizada la causal de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 77 fracción II, de la Ley de Amparo y, de conformidad con el 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, se sobresee en el presente juicio. Sin pase inadvertido para el suscrito juzgador que en el juicio laboral de origen está conformado por una serie de etapas procesales concatenadas entre sí, hasta su total conclusión; sin embargo el análisis del acto reclamado se limita únicamente a la etapa específica en donde se cometió la violación procesal; luego entonces, las nuevas violaciones que se llegaran a producir dentro del juicio laboral de origen, deberán recurrirse a través de un medio de impugnación diverso, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo Vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Como sustento a lo anterior se invoca la tesis 2a. CV/2013 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 732 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, trece de diciembre de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y cuyo texto se trascribe a continuación: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2A./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." De igual forma, no pasa desapercibido que el artículo 64 párrafo segundo de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste, lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo, como indirecto; por tanto, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que el suscrito juzgador cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo conforme a lo dispuesto por el artículo 62 y que permiten por una parte sobreseer el juicio de amparo, o bien por la otra desechar de plano una demanda de amparo y, de aplicar dicha hipótesis contravendría al segundo supuesto, toda vez que al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia impediría desechar de plano una demanda; que en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, se procedería a dar vista en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93 fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2660, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 2, Tomo IV, Enero de dos mil catorce, correspondiente a la Décima Época, cuyo rubro y texto se trascribe a continuación: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Ana Isela Suero Jiménez, contra el acto reclamado a la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente. En cumplimiento al acuerdo general 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogó los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinó el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como concluido. Así lo resolvió y firma el Licenciado José Leovigildo Martínez Hidalgo, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos; hoy veintisiete de marzo de dos mil quince, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa ante Blanca Fuentes Sánchez, Secretaria que da fe.

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